CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VIENTOS DEL SUR SPA con BANCO SANTANDER - CHILE (ALEGATOS PENDIENTES)

Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece Miguel Ángel Vargas Olivos, abogado, en representación de nombre reservado, empresario, y de la sociedad Constructora E Inmobiliaria Vientos del Sur SpA, representada legalmente por el mencionado nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Banco del Estado de Chile, Banco Internacional, Banco Itaú Corpbanca, Banco de Crédito e Inversiones y Banco Santander Chile, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la negativa injustificada de abrir una cuenta corriente a nombre de la referida sociedad, lo que constituye una discriminación arbitraria, que vulnera las garantías consagradas en los numerales 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política, además de infringir la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

Relata que la sociedad Constructora e Inmobiliaria Vientos del Sur SpA, es una pequeña empresa dedicada al rubro eléctrico, cuyo único y actual accionista es nombre reservado, quien además tiene la calidad de administrador y representante legal.

Indica que la sociedad inició actividades ante el Servicio de Impuestos Internos el 9 de noviembre de 2018, teniendo hasta la fecha una impecable trayectoria empresarial, adjudicándose y realizando importantes obras eléctricas a lo largo del país, las que en el año 2019 le reportaron utilidades del orden de los $390.010.458.

Expresa que no obstante los buenos resultados financieros de la empresa y previendo eventuales necesidades de liquidez, a raíz de las dificultades económicas surgidas por la crisis social desatada en el país durante el mes de octubre de 2019, a mediados del mes de noviembre de ese año, el actor concurrió al Banco de Crédito e Inversiones para abrir una cuenta corriente para la sociedad que le permitiera acceder a financiamiento en caso de ser necesario.

Señala que en esa oportunidad, el ejecutivo del Banco le comentó al recurrente que habiendo recibido los documentos de la sociedad para evaluar la apertura de la Cuenta Corriente Empresa, aquello no era posible porque una empresa en la cual él tendría participación mantenía una deuda castigada judicialmente, publicada en el Registro SINACOFI. Agrega que al consultar cuál era la empresa, se le indicó que se trataba de Ingeniería Eléctrica AMELEC S.A. Sostiene que el reclamante no tiene participación en aquella sociedad, razón por la cual con fecha 2 de enero de 2020 presentó ante el Servicio Nacional del Consumidor un reclamo dirigido en contra de la empresa SINACOFI, solicitando la eliminación de dicha publicación por no ajustarse a la ley. Agrega que mediante carta de 9 de enero de 2020, SINACOFI evacuó respuesta al reclamo, señalando que su representado no registra deuda vigente en dicho registro.

Relata que una vez aclarada la publicación en SINACOFI, con fecha 27 de abril de 2020, el actor se dirigió esta vez a todos los bancos nombrados en su recurso, con el objeto de abrir una cuenta corriente para la empresa, cumpliendo en todas las instituciones los requisitos publicados para dicho efecto.

Expone que en todos los casos, los respectivos ejecutivos entregaron a su representado sus números y correos de contacto, quien a su vez, les remitió los antecedentes requeridos para la apertura de una cuenta corriente para la sociedad.

Señala, sin embargo, que los ejecutivos contactaron a su representado en forma telefónica para informarle que no podían abrir la cuenta corriente para su empresa, por contar él con antecedentes en el “Histórico”.

Agrega que su representado les manifestó que aquello no podía ser efectivo, toda vez que en ningún registro público aparece informado con algún tipo de deuda morosa o castigada en el sistema financiero, ya sea DICOM, BOLETIN COMERCIAL, SINACOFI, Comisión para el Mercado Financiero, presumiendo entonces que su representado se encuentra informado en un “registro oculto”, el cual las instituciones bancarias mantienen en absoluta infracción de la normativa legal vigente.

Explica que al solicitar a cada ejecutivo que le enviaran un correo electrónico con la justificación de la negativa a aperturar la cuenta corriente a nombre su empresa, respondieron todos -en distintas formas y expresiones- que, por instrucciones de los respectivos bancos, este tipo de avisos se realizaba telefónicamente, lo que demuestra que la negativa de los recurridos es absolutamente ilegal y arbitraria, toda vez que se asilaría en el hecho de que el actor se mantendría en una “lista negra de deudores históricos” que comparten los Bancos, que tiene el carácter ilegal y clandestino.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, se refiere en primer término al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, señalando que la negativa de los Bancos a aperturar una Cuenta Corriente Empresa a la sociedad recurrente, por estar registrado su accionista y representante legal en un “registro clandestino e ilegal”, vulnera dicha norma que asegura a todas las personas “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley.” Agrega que esto último, se encuentra regulado por la Ley N° 19.628 que norma el tratamiento de los datos de carácter personal.

Precisa que el inciso tercero del artículo 14 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, faculta a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (hoy Comisión para el Mercado Financiero) a mantener información permanente y refundida sobre los deudores de los bancos, para el uso permanente de las instituciones financieras sometidas a su fiscalización, lo que constituye una excepción de la reserva bancaria contenida en el artículo 154 del mismo cuerpo legal, que de ningún modo constituye una excepción a las obligaciones legales contenidas en la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, pues dicha información o registro debe efectuarse en conformidad a las normas legales del caso ya referidas.

En cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, señala que la negativa de los bancos de abrir una cuenta corriente a la sociedad, aun cuando esta última cumple con todos los requisitos para ello, es una acción arbitraria e injustificada que atenta contra dicho principio.

Termina solicitando que se ordene a los recurridos eliminar o cancelar los registros ilegales que tengan de cualquier deuda histórica de sus representados y, adicionalmente, ordenar a cada uno de los recurridos, la apertura de una cuenta corriente a la sociedad Constructora E Inmobiliaria Vientos del Sur SpA, por cuanto ésta cumple los requisitos establecidos para ello.

Con fecha 4 de junio de 2020, esta Corte declaró admisible el recurso, pero sólo en lo atinente a la “eliminación de información financiera”.

Comparece Andrés Acevedo Léniz, abogado, en representación del Banco Estado, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

Expone que el recurrente señaló en su libelo de protección que habría concurrido a una oficina del Banco Estado, oportunidad en que supuestamente se entrevistó con la ejecutiva de Pequeña Empresa Elizabeth San Martín, a quien según su relato, le hizo llegar los antecedentes comerciales para la apertura de una cuenta corriente a nombre de la sociedad cuya representación legal ostenta, y quien más tarde le habría informado acerca de la negativa de aperturar dicho producto financiero “por contar él [representante legal] con antecedentes en el Histórico”

Expresa que el único antecedente que al respecto el reclamante acompaña, dice relación con un correo electrónico de 30 de abril de 2020, remitido a las 14:30 horas por la Ejecutiva Comercial Natalia Paulina Zenteno Poblete, al correo electrónico correo reservado, mediante el cual se le informa por dicha ejecutiva que “El producto de chequera electrónica para empresa no se está gestionando hasta nuevo aviso por la contingencia”.

Sostiene que del mérito de los correos electrónicos acompañados por la propia recurrente, en caso alguno puede colegirse que el banco ha negado la apertura de una cuenta corriente. La consulta efectivamente planteada por el recurrente refiere a un producto financiero diverso, limitándose la ejecutiva de negocios a informarle que atendida la contingencia sanitaria actualmente no se está otorgando.

Pone de manifiesto que los meros dichos de la recurrente no resultan idóneos para concluir que haya una conducta arbitraria e ilegal, como tampoco una vulneración de las garantías constitucionales que se dicen conculcadas y que se indican en el libelo cautelar.

Comparece Alejandra Maulen Cornejo, abogada, en representación de la recurrida ITAÚ CORPBANCA, quien también solicita el rechazo del recurso, con costas.

Alega en primer término la improcedencia del recurso, señalando en síntesis que la imputación de la parte recurrente es falsa, por cuanto Itaú Corpbanca no ha incurrido en el supuesto acto que se le atribuye.

Expone que los hechos que motivan el presente recurso se sustentan únicamente en la afirmación del actor, consistente en que en algún momento habría recibido la supuesta respuesta que denuncia. Agrega que su parte controvierte expresamente lo señalado en el escrito de protección y niega que los hechos imputados a Itaú Corpbanca hayan tenido lugar.

Precisa que es efectivo que el recurrente nombre reservado manifestó interés en la apertura de una cuenta corriente para la sociedad que representa, a través del ejecutivo de Banca de Personas de la sucursal Santa Elena, Sr. nombre reservado, pero como consta de los documentos acompañados por el propio reclamante, luego de habérsele solicitado su RUT personal y el de su empresa y de ser derivado con nombre reservado, ejecutiva de empresa PYME de la misma sucursal, el proceso no siguió adelante.

Explica que tras haber sido derivado a la Banca Empresa, no hubo correspondencia posterior en que éste insistiera en la apertura de una cuenta corriente a quien correspondía, esto es a Banca Empresa, ni menos una negativa del banco a dicha solicitud.

Agrega que como el proceso no siguió adelante, naturalmente su representada tampoco estuvo en posición de efectuar una evaluación formal de la sociedad recurrente para la apertura de una cuenta corriente, presupuesto ineludible para que ello pueda siquiera ocurrir.

Menciona que sin perjuicio de lo anterior, Itaú Corpbanca efectúa las evaluaciones formales de productos según sus políticas de riesgos vigentes, las que aplica por igual a toda persona, según sea el producto de que se trate.

A continuación, remarca que el recurso debe ser rechazado porque su representada no tiene ningún registro clandestino o contrario a la ley.

Explica que siempre ha mantenido un estricto apego a la normativa vigente, entre otros, a la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, a la Ley General de Bancos –en particular su artículo 14– y a la Recopilación Actualizada de Normas N° 18–5 de la Comisión para el Mercado Financiero relativa a información sobre deudores de las instituciones financieras.

Afirma que lo señalado por la contraria corresponde a una imputación grave e infundada, en tanto no ha entregado antecedente alguno que la corrobore.

Comparece Óscar Fuentes Márquez, abogado, en representación de Banco Internacional, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

Explica que de acuerdo a los antecedentes con los que su parte cuenta, en ningún momento el recurrente inició la solicitud de manera presencial como indicó en su recurso, sino que fue efectuada mediante correo electrónico enviado el 27 de abril de 2020. Agrega que ante dicha solicitud, el ejecutivo envió por el mismo medio información acerca de toda la documentación requerida para poder evaluar la apertura de la cuenta corriente.

Agrega que con fecha 28 de abril del mismo año, el recurrente envió la información requerida en un formato no visible, lo cual impedía realizar la evaluación correctamente. Posteriormente, luego de poder analizar los antecedentes, se le informó que las ventas de la sociedad no calificaban para el segmento de la institución financiera, por lo cual se procedió a realizar algunas preguntas para buscar una solución, sin recibir información ni respuestas de su parte.

Destaca que lo anterior es de suma importancia, pues en caso alguno puede colegirse que su representado haya negado la apertura de una cuenta corriente, sino que únicamente la empresa no habría acompañado correctamente la información solicitada para proceder a la evaluación.

A continuación, sostiene que no existe un registro histórico ni clandestino, pues niega y controvierte absolutamente la existencia de este supuesto registro oculto, de hecho, la apertura de la cuenta corriente ni siquiera fue negada, por tanto, mal podría la contraria señalar como fundamento este supuesto registro clandestino si en principio no hubo tal negativa.

A mayor abundamiento, indica que Banco Internacional no mantiene ni tiene acceso a ningún tipo de registro al margen de lo permitido por ley, desde que siempre ha mantenido un estricto apego a la normativa legal vigente, obteniendo la información respecto de la situación financiera de los clientes a través de los antecedentes aportados por estos mismos y por registros públicos y, por lo tanto, completamente legales.

Concluye en este punto señalando que la imputación efectuada por la contraria resulta de suma gravedad y del todo infundada, pues es vaga en sus dichos y no aporta antecedente alguno que sustente tal acusación.

Comparece Cynthia Arredondo Alfaro, abogada, en representación del Banco de Crédito e Inversiones, quien solicita el rechazo de recurso, con costas.

Refiere que el recurrente alegó haber sido contactado telefónicamente por todos los bancos denunciados con el fin de informarle que se rechazaba su solicitud de apertura debido a que mantendría antecedenes en el “histórico”. Al efecto, señala que su representado jamás se ha contactado con el actor, a diferencia de lo que él asegura en su recurso, para indicarle supuestamente el rechazo de su solicitud de apertura, por lo que de ningún modo podría acusarse al banco de mantener un registro clandestino e ilegal de deudores.

Afirma que de los correos acompañados en el recurso, se puede ver que el reclamante mantuvo una comunicación fluida con dos ejecutivas, a fin de evaluar la posibilidad de celebrar un contrato de servicios bancarios con BCI, evaluación que no se pudo concretar. Agrega que los antecedentes de la empresa y de su representante no pudieron ser sometidos a la evaluación del banco, ya que habiéndose comunicado la ejecutiva de negocios con el señor nombre reservado, lo que omite arbitrariamente en su presentación, a fin de requerirle nuevamente el envío de los antecedentes (el archivo enviado originalmente se encontraba dañado), éstos no fueron acompañados por el recurrente como le fue solicitado, impidiendo, como se mencionó, que pudiera siquiera ser evaluado.

Añade que jamás se ha informado al recurrente que mantenía informadas deudas en algún “Histórico”, sino que al no contar la ejecutiva de negocios con los antecedentes requeridos, su solicitud simplemente no pudo ser evaluada.

Niega rotundamente la existencia de un registro clandestino e ilegal, ya que las únicas fuentes de información que utiliza son aquellas oficiales establecidas por ley, como lo es el registro de deudores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero.

Finalmente, comparece Felipe Duhalde Vera, abogado, en representación del recurrido Banco Santander Chile S.A., quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo con costas.

Explica que en relación con el uso de información comercial de deudas, dicha materia se encuentra regulada por el Decreto Supremo Nº 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, y sus modificaciones posteriores, y por la Ley Nº 19.628 sobre “Protección de la Vida Privada de las Personas”.

Expone que el artículo 4º del Decreto Nº 950 establece: “Asimismo, los bancos, sociedades financieras y administradoras de mutuos hipotecarios y cooperativas de ahorros y créditos podrán remitir la nómina de deudores morosos en el servicio de sus préstamos o créditos.

Estas nóminas se remitirán dentro de los quince primeros días de cada mes calendario y contendrán el nombre completo del deudor, Rol Único Tributario, su domicilio y el monto del servicio que estuviere debiendo.”

Indica que por otro lado, el artículo 17 de la Ley Nº 19.628 dispone: “Los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales.”

Puntualiza que el Boletín de Informaciones Comerciales o Boletín Comercial es un banco de datos de información económica, financiera, bancaria o comercial, administrado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS), la que efectúa sus publicaciones en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias previamente señaladas y consistentes principalmente en el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda del año 1928 y la Ley N° 19.628.

Asevera que la información revisada al momento de verificar las Condiciones de Contratación, no son, por tanto, parte de un registro oculto del Banco Santander, sino de uno establecido de conformidad a la legislación y reglamentación vigente.

Con fecha 19 de agosto último se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos: a) una conducta, por acción u omisión, contraria a derecho, expresada bajo las modalidades de ilegalidad o arbitrariedad; b) que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales protegibles por esta vía; y c) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección pedida.

A su turno, se ha diferenciado entre el acto u omisión ilegal, esto es, cuando dicho acto es contrario a las normas del derecho positivo vigente por el que debe regirse, y el acto u omisión arbitrario, en que existe una ausencia de fundamento racional, oponiéndose a la razón, la justicia y el bien común.

Segundo: Que la conducta reprochada por el actor a los bancos recurridos es haber negado la apertura de cuenta corriente a una sociedad en la que es único accionista, administrador y representante legal, aduciéndosele que supuestamente registraría deudas como persona natural, las que no obstante no constar en ninguno de los registros públicos que publican antecedentes financieros, sí aparecerían en un registro clandestino o ilegal (al que denominarían “Histórico”) que mantendrían dichas instituciones bancarias y que contendrían deudas morosas o castigadas por el sistema financiero.

Tercero: Que en sus respectivos informes, los bancos denunciados coinciden en que jamás han negado la apertura de un contrato de cuenta corriente con el actor, puesto que lo sucedido es que no acompañó debidamente la información solicitada para proceder a su revisión, evaluación que necesariamente debe desplegarse para acceder al producto financiero requerido por el recurrente, o en uno de los casos, efectivamente aparecía una deuda indirecta del recurrente en un registro público, que si bien luego fue aclarada, aquél no insistió con posterioridad en su solicitud.

A este respecto, en el escrito de protección se señaló que la respuesta que contendría la negativa a suscribir un contrato de cuenta corriente con la justificación antes descrita, se comunicó al reclamante “en distintas formas y expresiones”, principalmente por vía telefónica, no quedando plasmadas dichas respuestas por escrito.

Cuarto: Que, por otra parte, los bancos niegan absolutamente la existencia de un registro oculto, el cual dicen malamente pudieron haber esgrimido al recurrente si nunca recayó pronunciamiento alguno a la solicitud de apertura de una cuenta corriente. En este sentido, son enfáticos en recalcar que siempre han mantenido un estricto apego a la normativa que regula la publicación y difusión de los antecedentes financieros y comerciales de las personas, información que obtienen a través de registros públicos. Por el contrario, la tesis postulada por el reclamante en orden a la utilización de fuentes de información distintas de aquellas oficiales establecidas en la ley, no aparece corroborada por evidencia alguna.

Quinto: Que, en consecuencia, esta acción cautelar se construye a partir de un supuesto que no ha resultado demostrado, cual es que los bancos recurridos mantendrían un registro clandestino de deudores, de manera que no se advierte que se haya verificado una conducta -sea por acción u omisión- que pueda tildarse de ilegal o arbitraria ni menos que tenga la idoneidad de afectar la garantía constitucional invocada.

Sexto: Que, ahora bien, en el correo electrónico remitido por nombre reservado, Ejecutivo Pyme, Sucursal Santa Elena del Banco Santander, sí se le comunicó al actor lo siguiente: “Se revisó y se apeló. Denegada, con la deuda que tienes castigada como socio en banco Santander no puede hacer nada”.

Sobre el punto, el Banco Santander arguye que dentro de las Condiciones Objetivas de Contratación establecidas por el banco que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para acceder a los productos o servicios que ofrece, están las de no mantener deudas irregulares, vencidas o castigadas, directa o indirectamente, tanto en el sistema financiero como con el Banco Santander y Banefe, debiendo el interesado mantener buenos antecedentes comerciales por 60 meses, circunstancia que no cumplía el recurrente al momento de la evaluación. Seguidamente, pone en relieve el banco que los antecedentes que utiliza para examinar la solicitud de cuenta corriente se encuentran debidamente normados.

Séptimo: Que, en efecto, el uso de información comercial de deudas está regulado por el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, y sus modificaciones posteriores, y por la Ley N° 19.628 sobre “Protección de la Vida Privada de las Personas”, sin que la parte recurrente haya aportado antecedente alguno que revele que la deuda de la que se sirvió el Banco Santander, y que motivó el rechazo a su petición, sea parte de un registro oculto que no se halla establecido bajo las directrices de la normativa vigente.

Octavo: Que en razón de lo dicho y por no configurarse los requisitos que hacen procedente este arbitrio de protección, debe necesariamente concluirse que el recurso deducido ha de ser declarado sin lugar.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y de la sociedad Constructora E Inmobiliaria Vientos del Sur SpA, en contra de Banco del Estado de Chile, Banco Internacional, Banco Itaú Corpbanca, Banco de Crédito e Inversiones y Banco Santander Chile.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Rol Nº 45.325-2020.