nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, ocho de febrero de dos mil diecisiete.

Proveyendo al escrito folio 55423, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, con fecha 23 de enero de 2017, don nombre reservado, recurre de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en avisar a su empleador el descuento de sus remuneraciones del mes de diciembre de 2016 la suma de $314.473 por concepto de “préstamo CCAF”.

Funda su recurso en el hecho que el año 2009 su compañero de trabajo, nombre reservado, le solicitó que fuera su aval para gestionar un crédito ante la recurrida, siendo firmado dicho pagaré por $6.505.414 el 23 de abril de 2009, que se pagaría en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $175.993.- a contar del día 31 de mayo de 2009, venciendo la última cuota el 30 de abril de 2014. El deudor pagó sólo hasta la cuota N°8 con vencimiento en diciembre de 2009.

Alega que estando prescritas las acciones que emanaban del pagaré indicado, en el mes de diciembre de 2016, la recurrida solicitó a su empleador Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas S.A. descontar de su remuneración del mes de diciembre de 2016, la suma de $314.473 por concepto de “préstamo CCAF”. En virtud de ello, revisó la página web del Poder Judicial, sin que exista constancia que la recurrida haya iniciado alguna causa en contra del deudor principal.

Estima que el actuar de la recurrida vulnera su derecho a la propiedad previsto en el artículo 19 N°24, toda vez que se le ha privado el derecho de dominio sobre sus remuneraciones.

Pide que se deje sin efecto el descuento de su remuneración del mes de diciembre de 2016, por la suma de $314.473, que la recurrida debe eliminar de sus registros al recurrente y que se ordene a la recurrida abstenerse de informar y de requerir a su empleador, actual o futuro, el descuento de sus remuneraciones por estos conceptos, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, con fecha 26 de enero de 2017, informando abogado en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicita el rechazo del recurso señalando que efectivamente se otorgó un crédito a don nombre reservado, con fecha 23 de abril de 2009, constituyéndose el recurrente en fiador y codeudor solidario. Este crédito fue pagado hasta la cuota N°8 por el obligado principal quien con posterioridad incurrió en mora en el pago de su deuda, al haber perdido la calidad de afiliado a Caja de Compensación los Andes. Su sistema de registro de créditos impagos, alertó de un crédito con cuotas impagas, por lo que se solicitó al empleador del recurrente la retención de las cuotas impagas, pagándose la cuota N°9 por el descuento efectuado en diciembre de 2016 y que fue remesado a la recurrida el 10 de enero de este año.

Sostiene que de acuerdo a la normativa legal, la Caja de Compensación Los Andes, tiene expresa facultad de informar a la entidad empleadora la existencia de créditos impagos para que procedan a retener y remesar los fondos respectivos, mandato que es irrenunciable para la recurrida, por lo que no habría que realizar ningún aviso adicional a la recurrente.

Arguye que la recurrida no ha incurrido en ninguna conducta arbitraria al efectuar los descuentos señalados porque está facultada por ley para descontar las cuotas del crédito social de acuerdo al artículo 22 de la ley N°18.833, y artículo 22 de Ley N°17.322 que establece las normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social. El acto denunciado está motivado por el contrato de mutuo y la garantía personal constituida por la recurrente, quien obligó parte de su patrimonio en favor de su mandante, que no puede ser dejado sin efecto sino por mutuo consentimiento de las partes.

En cuanto a la mención que hace la recurrente que la acción de cobro estaría prescrita, hace presente que de acuerdo al Código Civil quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla y que ésta debe ser declarada por sentencia judicial, lo que no ha ocurrido en la especie, y que no puede por esta vía cautelar.

Por último, alega la inexistencia de la afectación de la garantía constitucional recogida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, porque el recurrente se obligó en virtud de su capacidad para disponer de su patrimonio y constituyó una garantía persona respecto del crédito social concedido.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

QUINTO: Que los antecedentes aportados por la parte recurrente y por la recurrida, apreciados conforme a las normas de la sana crítica, no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que los hechos invocados en el recurso, constituyan un acto ilegal o arbitrario que amague, altere o prive a la actora del legítimo ejercicio de derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, puesto que lo alegado por la actora como actuar ilegal o arbitrario de la recurrida consiste en informar a su actual empleador la deuda contraída con la recurrida, en su calidad de fiador y codeudor solidario y que, en virtud de ello, se efectuó el descuento a las remuneraciones del mes de diciembre de 2016.

SEXTO: Que, en efecto, el acto que se reclaman como arbitrario e ilegal, es materia del cumplimiento de contrato crédito social suscrito por el recurrente con la recurrida, en su calidad de fiador y codeudor solidario, en el cual consta que lo adeudado por prestaciones de crédito social, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora, según lo dispone el artículo 22 de la ley 18.833 y que además la parte recurrente otorgó mandato para efectuar dichos descuentos en caso de incumplimiento del deudor principal.

Que, asimismo, no puede ser materia de esta vía constitucional excepcional, que se declare que las cuotas que se le están cobrando se encuentran prescritas, pues ello debe ser demandado y declarado en la sede civil correspondiente.

SEPTIMO: Que, por lo tanto, la acción cautelar intentada debe ser rechazada al no haberse comprobado su fundamento.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en lo principal fecha 23 de enero de 2017, don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Sin perjuicio de lo resuelto, la recurrida deberá tener presente y aplicar lo prescrito en la Circular N°2824 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece tramos ascendentes de remuneraciones o pensiones y los respectivos porcentajes máximos de descuento mensual por cuota de crédito social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-4510-2017.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por y los Ministros señor Hernan Alejandro Crisosto Greisse, señor Hernan Alejandro Crisosto Greisse, señor Fernando Ignacio Carreño Ortega, señor Alejandro Rivera Muñoz, señor Alejandro Rivera Muñoz.Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.En Santiago, ocho de febrero de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.