nombre reservado con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de enero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, chileno, abogado, soltero, funcionario profesional grado 7 de la EUS, del Servicio Agrícola y Ganadero, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por su Director Nacional, don Horacio Bórquez Conti, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber dictado la Resolución Exenta Nº 1499/2021, que lo sanciona con una multa del 10% de su remuneración mensual.

Expone sus antecedentes como funcionario del servicio recurrido, al que ingresó por concurso público en el año 2012 como abogado de la sección jurídica regional, siendo ascendido al año siguiente a encargado del área jurídica de la Región de Valparaíso, para lo cual se capacitó académicamente.

Describe las labores desarrolladas y alude al despido, en julio de 2019, de la funcionaria nombre reservado, quien realizó posteriormente una serie de denuncias en contra del equipo jurídico y del actor, acusando faltas administrativas y a la probidad, lo cual ocasionó se iniciara la respectiva investigación sumaria, instruida en el mes de septiembre de ese año.

Refiere que en el proceso administrativo recién aludido se le aplicó la medida disciplinaria de multa del 10% de su remuneración mensual, por haber solicitado a doña nombre reservado, el día 13 de diciembre de 2018, la ejecución de trabajos, a pesar de encontrarse ésta con licencia médica; lo que se realizó a través de WhatsApp al señalar: “Revisa la causa de protección, pide alegatos. Tendrás que ir tú".

Cuestiona la proporcionalidad de la sanción aplicada -justificando los dichos como propios de una conversación entre amigos y no como un imperativo-, así como el no haberse tenido en consideración las circunstancias atenuantes que le benefician, esto es, la carrera funcionaria impecable y sobresaliente durante sus años en el servicio. Asimismo, acusa un actuar ilegal de parte de la recurrida al utilizarse una conversación privada para fines distintos a los destinados originalmente, calificándola en definitiva de prueba ilícita, mientras que la arbitrariedad deriva de la consideración de esta conversación como atentatoria contra la dignidad.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene que el actuar de la recurrida afecta aquellas consagradas en el artículo 19 N° 3 inciso 5°, N° 4 y N° 5 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho al debido proceso en el sentido de comisión especial, a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones.

Solicita en definitiva se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 1499/2021 y se ordene eliminar la anotación de demérito realizada en la hoja de vida del recurrente; en subsidio, pide se ordene rebajar la multa del 10% de su remuneración mensual al 5%, y la calificación jurídica que le indicaba haber “atentado contra la dignidad de las personas” sea eliminada y/o cambiada por la que esta Corte estime conforme a derecho.

Segundo: Que evacuando su informe, la recurrida solicita el rechazo de la presente acción de protección, con costas, por no haber incurrido en acción u omisión que pueda ser tildada de arbitraria o ilegal y que haya hecho sufrir al recurrente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución Política.

Indica que la resolución impugnada tiene su origen en una Investigación Sumaria elevada a la categoría de Sumario Administrativo mediante Resolución Exenta Nº 8281, de 25 de octubre de 2019, de la Jefa de la División Jurídica del Servicio, tendiente a establecer las eventuales responsabilidades que pudieran caber respecto de la denuncia efectuada por dos ex funcionarias del SAG de la Región de Valparaíso, doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de su ex jefe y encargado jurídico de la señalada Región, don nombre reservado, por presuntos actos de acoso laboral e irregularidades que habrían acontecido cuando eran funcionarias de dicha repartición.

Respecto a la denuncia de la abogada señora Astete, señala que ella expuso los hostigamientos, incluso de índole sexual, y los malos tratos, principalmente a través de gritos, que habría recibido de su ex Jefe desde fines del año 2017, precisando que producto de ello y del mal clima laboral, comenzó a presentar problemas de salud con crisis de angustia y ansiedad que la llevaron a consultar al psiquiatra, quien le prescribió licencias médicas con el respectivo tratamiento médico y terapia psicológica.

Por otro lado, en relación a la denuncia de la señora nombre reservado, expresa que ella tomó conocimiento de los hechos denunciados por doña nombre reservado con posterior a su desvinculación del Servicio, por lo que decide entregar su testimonio, dando cuenta que no se le permitió ejercer su cargo y que nunca participó de capacitaciones; que el actor la amenazaba con su continuidad laboral cada vez que no estaba de acuerdo con sus respuestas, generándole una constante presión psicológica, a la par que en espacios laborales íntimos la trataba como una amiga.

Alude a las probanzas recabadas en el sumario administrativo, principalmente conversaciones a través de la aplicación WhatsApp y declaraciones de testigos, consignando que los cargos formulados en contra del recurrente fueron los siguientes:

“1. Haber solicitado a doña nombre reservado, el día 13 de diciembre de 2018, la ejecución de trabajos, a pesar de encontrarse ésta con licencia médica. Esto se realizó a través de WhatsApp al señalarle: “Revisa la causa de protección, pide alegatos. Tendrás que ir tú".

2. Haber utilizado horas de trabajo de la funcionaria nombre reservado para ejecutar trámites particulares de don nombre reservado, al solicitarle el día 4 de octubre de 2017 a través de WhatsApp, concurrir al Servicio de Impuestos Internos a realizar trámites de su interés particular, para presentar un requerimiento a Contraloría General de la República, pidiéndole que revise documentos, insistiendo en apurar la entrega y finalmente solicitando la presentación de documento a nombre de un tercero Sergio.

3. Haber ejercido, entre los años 2014 y 2016, en su calidad de Encargado Regional de la Sección Jurídica de la Dirección Regional de Valparaíso, las siguientes conductas de acoso laboral/maltrato laboral: a. En el periodo comprendido entre mayo de 2014 y enero de 2015, no le permitió desempeñar su cargo a doña nombre reservado, al impedirle participar de capacitaciones, a pesar de ser citada, enviando en su reemplazo a otra funcionaria, bajo el cupo de la Sra. nombre reservado. b. En el periodo comprendido entre julio de 2014 y junio de 2016, marginó laboralmente a doña nombre reservado, al no asignarle trabajo, excluirla de las resoluciones como participante de la comisión SIRSD, a pesar de ser ésta una de sus funciones, quitarle la subrogancia de la sección, y que derivó en que la Sra. nombre reservado no regresara al Servicio después de sus vacaciones”.

Luego, expresa que habiendo el actor efectuado sus descargos, se realizó la vista fiscal, concluyendo en síntesis que en cuanto a los cargos N° 1 y N° 2, el inculpado no realizó descargos, mientras que referente al cargo N° 3, se estimó que no existió por parte del recurrente agresión u hostigamiento reiterado, por lo que no se configura acoso laboral, sin perjuicio que sí existió maltrato laboral. En definitiva, se propuso la sanción de multa de un 15% de su remuneración mensual, por única vez.

Expone que mediante Resolución Exenta N° 441 de 21 de enero de 2021, del Director Nacional del SAG, se aprobaron parcialmente las conclusiones del sumario administrativo, aplicándose la medida disciplinaria de multa de un 15% de la remuneración mensual, dejándose constancia en la hoja de vida, mediante anotación de demérito de tres puntos en el factor de calificación correspondiente. Aclara que respecto al cargo N° 3 de la vista fiscal, procedía aplicar la prescripción extintiva de la acción disciplinaria, por cuanto estos hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2016. Sin embargo, concuerda con las conclusiones del fiscal en lo relativo a los cargos N° 1 y 2, conductas que infringen, por un lado, el artículo 84 letra l) del Estatuto Administrativo, en relación al derecho que le asiste a todo funcionario amparado por licencia médica, conforme al artículo 111 del mismo cuerpo legal, y por el otro, el artículo 62 N° 4 del DFL N° 1/19.653, de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Refiere que el actor interpuso un recurso de reposición, el que fue resuelto por Resolución Exenta N° 963, de 16 de febrero de 2021, por el Director Nacional del SAG, acogiendo en parte su defensa en lo relativo al cargo N° 2 formulado. En efecto, se concluye que las gestiones encomendadas por el recurrente a la Sra. nombre reservado, que da cuenta el cargo N° 2 de la acusación, guardaron relación con sus labores propias como funcionaria del Servicio, pues se expresa que éstas tenían por finalidad recabar información para dar respuesta a una solicitud de informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, relativa a don nombre reservado en su calidad de Director Regional (S). En virtud a lo anterior, se acogió parcialmente la reposición del actor, rebajándose la medida disciplinaria a una multa del 10% de su remuneración mensual, y dejándose constancia en su hoja de vida mediante anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente. Enseguida, a través de la Resolución Exenta N° 1499, de 12 de marzo de 2021 del SAG, se aplica la medida disciplinaria precedentemente señalada y cuyo acto es el impugnado en estos autos.

Por último, niega haber incurrido en la vulneración de garantías constitucionales que por el recurso se denuncia, atendido que la conversación mantenida entre el actor y la funcionaria señora nombre reservado a través de WhatsApp lo fue en un contexto laboral y no uno de amistad, siendo improcedente la alegación referida a la inviolabilidad de las comunicaciones, sin que haya podido existir una razonable expectativa de privacidad. Luego, afirma que el SAG respetó todos y cada uno de los derechos y garantías constitucionales del recurrente, habiendo dado estricto cumplimiento a las garantías constitucionales y estatutarias que se refieren a un justo y racional procedimiento disciplinario, sin verificarse la vulneración que sostiene en su recurso.

Tercero: Que como reiteradamente se ha sostenido el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que el acto arbitrario e ilegal, acorde lo determina el actor, radica en la circunstancia de haber dictado la recurrida la Resolución Exenta Nº 1499/2021, que lo sanciona con una multa del 10% de su remuneración mensual, ello en el marco de un sumario administrativo seguido en su contra, en el cual, finalmente, se lo pena por uno de los tres cargos que se le imputaron en un inicio; solicitando se deje sin efecto dicha Resolución Exenta y se ordene eliminar la anotación de demérito realizada en su hoja de vida; en subsidio, pide se rebaje la multa del 10% de su remuneración mensual al 5%, y la calificación jurídica que le indicaba haber “atentado contra la dignidad de las personas” sea eliminada y/o cambiada por la que esta Corte estime conforme a derecho.

Quinto: Que por su parte la recurrida, Servicio Agrícola y Ganadero, afirma que el SAG respetó todos y cada uno de los derechos y garantías constitucionales del recurrente, habiendo dado estricto cumplimiento a las garantías constitucionales y estatutarias que se refieren a un justo y racional procedimiento disciplinario, sin verificarse la vulneración que sostiene en su recurso.

Sexto: Que resulta preciso dejar asentado que la recurrente, mediante su arbitrio, busca la revisión del procedimiento disciplinario, lo que implica conocer el fondo del mismo, en los hechos, la prueba rendida, efectuando una ponderación de ésta, de su mérito y conducencia y, eventualmente, una revisión de la cuantía de la sanción impuesta considerando circunstancias atenuantes que en su concepto le asisten, todo lo que resultaría conducente a su absolución, en cuanto dejar sin efecto la Resolución sancionatoria o, en subsidio, a la aplicación de una sanción de menor entidad.

Séptimo: Que así lo pretendido, como ha quedado dicho, es que por esta vía se evalúen aspectos de fondo, en relación a las actuaciones llevadas a cabo en un sumario administrativo, sin que se cuestione el haber adolecido tal proceso de una instancia de defensa eficaz, o haber incumplido el proceso reglas de procedimentales que vulneren el debido proceso garantizado en nuestra Carta Fundamental, como tampoco se vislumbran argumentos tendientes a descalificar la competencia del órgano sancionador .

En este escenario por tanto, resulta del todo improcedente, revisar, a través de esta acción constitucional cautelar de derechos indubitados garantizados por nuestra Constitución, la calificación de los hechos, de los medios probatorios allegados en dicha sede, y de la decisión a la que se arribó por la autoridad en uso de las atribuciones y facultades que la ley le ha conferido, como asimismo la medida disciplinaria impuesta conforme al mérito del sumario, en cuanto tal y en lo que dice relación a su cuantía, razón por la que el presente arbitrio será desestimado, en cuanto a su pedimento principal y subsidiario.

Octavo: Que sin perjuicio de lo expuesto, y a mayor abundamiento, en cuanto a la única alegación vertida por el recurrente como basamento de vulneración del debido proceso, la ilicitud de la prueba consistente en un registro de whatsapp, la que vincula además con trasgresión a las garantías de privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones, baste para su desestimación considerar que la misma forma parte del suministro de la denunciante que dio lugar, entre otras, a la instrucción del sumario administrativo, por lo que la calificación de registro privado, corresponde a la interpretación unilateral del sumariado de la cual se hace cargo el instructor, desestimándola; de aquí que tal alegación se erige como una cuestión de fondo debatida y resuelta, válidamente, en la sede correspondiente, proceso que, como quedara dicho, no corresponde por el presente recurso, cautelar, de carácter excepcional y urgente, revisar.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas la acción de protección, interpuesta en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Agrícola y Ganadero tanto en lo que respecta a su solicitud principal como a la subsidiaria.

Redacción Ministra (s) Doris Ocampo Méndez.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4504-2021.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Doris Ocampo Méndez e integrada por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y por el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia. No firma la Ministra (S) señora Poza por haber terminado su suplencia.