nombre reservado con SCOTIABANK-CHILE

Santiago, uno de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece el abogado don Pablo Castro Dibsi, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, gerente, de su mismo domicilio, deduciendo acción constitucional de protección contra el banco SCOTIABANK.

Señala que es titular de una cuenta corriente en el banco recurrido y que el 31 de enero de 2019 recibió un llamado de una persona que se identificó como funcionario del banco, diciéndole que estaban haciendo el cambio de plataforma de Sistema de un Banco a otro, por lo que necesitaban migrar los datos de su cuenta corriente. Dicha persona le mencionó todos los datos de su cuenta corriente y personales, indicándole también que recibiría en su teléfono celular varias claves que debía digitar. Como no le pidieron ningún dato asumió que se trataba de una llamada veraz y efectiva, de manera que entregó todos los antecedentes que se le indicaron. Así, se le solicitó desinstalar las aplicaciones de su celular y las reinstalar otras para que quedaran enlazadas con Scotiabank Azul. Tuvo que modificar sus claves al instalar las nuevas aplicaciones. Terminado el proceso, esa persona le señaló que todo estaba correcto y que su cuenta se había migrado al nuevo Banco Scotiabank Azul, sin mayores inconvenientes.

Al revisar su celular se percató que no se encontraba en funcionamiento, por lo que comenzó a revisar desde el celular de trabajo, observando que desde su cuenta corriente del ex BBVA, actual Scotiabank Azul, le habían sustraído $12.603.942, mediante diversas operaciones. Llamó al banco recurrido solicitando explicaciones y también presentó el respectivo requerimiento. Paralelamente, formuló su denuncia en Carabineros de Chile por el delito de uso fraudulento de tarjetas bancarias, la que está en tramitación en la Fiscalía de Las Condes.

El banco no se ha hecho cargo de la totalidad del dinero defraudado y sólo le han abonado a su cuenta la suma $8.718.350.-, correspondiente a la cobertura del seguro por fraude.

Sostiene que el acto ilegal y arbitrario se produce cuando la institución financiera no contó con los medios de seguridad adecuados para evitar la sustracción del dinero y cuando se negó a responder por estos hechos, incumpliendo la Circular N° 3451 (2008) de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en cuanto a que los bancos están obligados a garantizar la seguridad de las transacciones y transferencias electrónicas de dinero, debiendo mantener sistemas y procedimientos que les permitan identificar, evaluar, monitorear y detectar operaciones con patrones de fraude de manera que puedan abortar actividades u operaciones potencialmente dolosas.

Solicita que se ordene a la recurrida restituir a su cuenta corriente $10.603.912.-, con costas.

Se apersona en esta causa don Juan Manuel Errázuriz Pomés, abogado, en representación de SCOTIABANK Chile, continuador legal del banco BBVA Chile, evacuando el informe requerido.

Indica que las transferencias y pagos cuestionados se realizaron a través de la aplicación de pago llamada “BBVA Pass” o “Scotiabank Azul Pass”, que es una aplicación móvil que genera claves únicas para que los usuarios autoricen transacciones desde el teléfono celular, sin necesidad de utilizar una tarjeta de coordenadas ni una tercera clave, entregando un mayor dinamismo y velocidad sin comprometer la seguridad de las transacciones bancarias. Para su activación este mecanismo requiere de 4 contraseñas (clave web, pin de seguridad, clave de coordenadas y el código especial que envía el Banco por mensaje de texto). Destaca que el recurrente afirma que nunca entregó su clave, sino que la digitó en su teléfono a requerimiento de un tercero. Sin embargo, olvida que cada tecla tiene un sonido o tono propio, lo que basta para que el tercero identifique cada tono y de ese modo determina la clave. Cuando el actor reclamó ante SERNAC indicó que sus claves le fueron solicitadas, sin referirse a este requerimiento de “digitar” sus claves en el teléfono. En todo caso, desconoce si se está en presencia de una hipótesis de fraude. De ser efectivo, significa que sólo pudo ocurrir con la entrega por parte del cliente de información privada como son sus claves de seguridad, sin que haya sido necesario vulnerar los sistemas de seguridad del Banco, lo que está respaldado por documentación.

El actuar el banco no ha sido arbitrario ni ilegal: ya que obró de acuerdo a lo instruido por la superintendencia de bancos, hoy comisión para el mercado financiero, pues ha dado cumplimiento a las circulares N° 3400 y 3451, y al capítulo 8-41 de la recopilación actualizada de normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa en la Quinta Sala.

Considerando:

Primero: El recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Segundo: El acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido en la especie por la falta de medidas de seguridad del banco que, mediando un acceso indebido a la cuenta corriente del recurrente, hizo posible que terceros sustrajeran de esa cuenta la suma de $12.603.942;

Tercero: De la regulación impartida en la materia por la Superintendencia del rubro se colige que efectivamente los bancos deben implementar sistemas o procedimientos que garanticen la seguridad de las operaciones bancarias efectuadas por vía electrónica, resguardos que comprenden -entre otras medidas-, la generación de claves, el uso de sistemas de coordenadas, de dispositivos electrónicos especiales, mensajería de texto de advertencia, etcétera;

Cuarto: Ocurre en la especie que de los antecedentes reunidos no logra formarse convicción en orden a que el acceso indebido al sistema de tratamiento de información de la entidad bancaria y, con ello la ejecución de las operaciones cuestionadas, se hubieran producido por la falta o falencia de las medidas de seguridad exigibles a la recurrida. Antes bien, si se atiende al relato efectuado en el mismo recurso de protección, hay espacio para inferir que la vulneración de las medidas de seguridad se produjo por la entrega de claves por parte del recurrente.

Quinto: En tales condiciones, al no estar demostrados los supuestos de la arbitrariedad e ilegalidad atribuidos al banco SCOTIABANK, cabe desestimar la acción constitucional ejercida.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se rechaza recurso de protección, sin costas por estimarse que hubo motivo plausible.

Redactó el Ministro señor Astudillo.

Regístrese y archívese, si no se apelare.

Rol Nº 45.010- 2019.-