ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORAS con nombre reservado con DIRECCIÓN DEL TRABAJO

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: nombre reservado, por sí y en representación de la ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORAS/nombre reservado, RUT RUT reservado, interpone recurso de protección en beneficio de doña nombre reservado, y doña nombre reservado, ambas funcionarias de la Dirección del Trabajo y socias de la ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORAS/nombre reservado en adelante “ANTRAMEF”, en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, representada por su Director Nacional don PABLO ZENTENO MUÑOZ por el acto ilegal y arbitrario que se verifica con ocasión del pago de la remuneración de marzo de 2023 verificada el día 23 de marzo de 2023, a través del cual se efectuó un descuento irregular a las remuneraciones de los recurrentes debido a una supuesta doble afiliación respecto de asociaciones de funcionarios. Pide a esta Corte se ordene dejar sin efecto el descuento en cuestión y se ordene la devolución de tales emolumentos; por considerar conculcados los derechos garantizados en los números 3 y 24 del art. 19 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se ven privados los recurrentes.

Cita como antecedentes de hecho que ANTRAMEF es la organización sindical de trabajadores de la Dirección del Trabajo, constituida en agosto de 2022, con 248 socios, regida por la Ley 19.296 que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado y nuestros propios Estatutos.

Relata que de liquidaciones de remuneraciones que se acompañan a este recurso se verifican descuentos a la asociación que se encuentran afiliados ANTRAMEF y además la cuota sindical de la asociación a las que habían estado afilados con anterioridad ANFUNTCH Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile. o APU Asociación de Profesionales Universitarios de la Dirección Del Trabajo.

Destaca que la Ley 19.296 señala expresamente “Artículo 3°.- La afiliación a una asociación de funcionarios será voluntaria, personal e indelegable. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a una organización de funcionarios para desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedirse su desafiliación. Ningún funcionario podrá pertenecer a más de una asociación, simultáneamente, en razón de un mismo empleo. Las asociaciones de funcionarios no podrán pertenecer a más de una asociación en el ámbito regional y a no más de una en el ámbito nacional de grado superior del mismo nivel”. Artículo 4°.- “En caso de contravención de las normas del artículo precedente, la afiliación posterior producirá la caducidad de cualquier otra anterior y, si los actos de afiliación fueren simultáneos, o si no pudiere determinarse cuál es el último, todas ellas quedarán sin efecto””. Refiere que por su parte el Artículo 5° de la citada ley dispone “No se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación o desafiliación a una asociación de funcionarios. Del mismo modo, se prohíbe impedir o dificultar su afiliación o perjudicarlo en cualquier forma por causa de su afiliación o de su participación en actividades de la asociación.” Señala la recurrente que la ley es clara en indicar que los funcionarios solo pueden pertenecer a una asociación y que la nueva afiliación, produce la caducidad de la anterior, no pudiendo ser perjudicados en razón de su afiliación, los recurrentes han debido soportar descuentos ilegales en relación a una asociación a la cual no pertenecen.

Por su parte, refiere que los Artículos 43, 44 y 45 de la Ley 19.296 disponen: “Artículo 43.- La cotización a las organizaciones de funcionarios será obligatoria respecto de los afiliados a éstas, en conformidad con sus estatutos. Esta cotización se descontará a los afiliados por planilla de remuneraciones. Las cuotas extraordinarias se destinarán a financiar proyectos o actividades previamente determinadas y serán aprobadas por la asamblea, mediante voto secreto, con la voluntad conforme de la mayoría absoluta de sus afiliados”. Artículo 44.- “Los estatutos de la asociación determinarán el valor de la cuota ordinaria con que los socios concurrirán a financiarla. La asamblea de la asociación base fijará, en votación secreta, la cantidad que deberá descontarse de la respectiva cuota ordinaria, como aporte de los afiliados a la o a las asociaciones de superior grado a que la asociación se encuentre afiliada o fuere a afiliarse. En este último caso, la asamblea será la misma en que hubiere de resolverse la afiliación a la o a las asociaciones de superior grado. El acuerdo a que se refiere el inciso anterior significará que la institución empleadora deberá proceder al descuento respectivo y a su depósito en la cuenta corriente o de ahorro de la o de las organizaciones de superior grado respectivo”. Artículo 45.- La jefatura superior de la respectiva repartición, cuando mediaren las situaciones descritas en el artículo anterior, a simple requerimiento del presidente o tesorero de la directiva de la asociación respectiva, del presidente de la federación o confederación, o cuando el afiliado lo autorice por escrito, estará obligada a instruir a quien corresponda con objeto de deducir de las remuneraciones de los funcionarios afiliados las cuotas mencionadas en los artículos 43 y 44 y depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro de la o de las asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias, cuando correspondiere.” Las cuotas se pagarán dentro del mismo plazo fijado para enterar las imposiciones o aportes previsionales.”

Indica que, de las normas transcritas, no hay duda de que existe la obligación de descuento de la cuota sindical respecto de los afiliados a la asociación de funcionarios y, como se indica, un funcionario no puede pertenecer a dos asociaciones en razón de un mismo empleo y la afiliación posterior producirá la caducidad de cualquier otra anterior. Habiendo informado la nómina de socios siendo las recurrentes socias de ANTRAMEF, es ilegal y arbitrario realizar descuentos en sus remuneraciones en relación a una asociación a cual no se encuentran afiliados, como se da cuenta en las liquidaciones de remuneraciones de los recurrentes, que indican en tabla inserta en el recurso.

Destaca que es un principio universal que “En Derecho público sólo se puede hacer lo que la ley expresamente autoriza”, el que se encuentra plasmado en el art al establecer que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. / Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes. / Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.” Por su parte el artículo 6º de la Constitución Política señala que los “órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. / Los preceptos de esta constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. / La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley” Los órganos del Estado sólo pueden actuar dentro de sus competencias y ajustados al principio de legalidad según lo mandatan los artículos 7 y 6 de la Carta Fundamental, respectivamente, que es claro que la Dirección del Trabajo actúa de manera ilegal por cuanto no existe ninguna norma que permita realizar un doble descuento a las remuneraciones por afiliación a organizaciones gremiales por cuanto la Ley 19.296 en su articulo 3° que lo señala expresamente. Concluye que la conducta de la autoridad recurrida no solo no se ajusta al texto vigente o normativo, sino que, además, la acción carece de razonabilidad, lo que vulnera en consecuencia la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, y en este caso el bien privado es de naturaleza incorporal, correspondiente a una cosa mueble.

Segundo: Que, informando por la recurrida, se refiere en primer lugar a los antecedentes de hecho del recurso. Refiere que los hechos pertinentes al caso, datan de agosto del año 2022, cuando se constituye ANTRAMEF, organización gremial a nivel nacional. Señala que desde el inicio no ha existido claridad, entre esta organización y las que ya existían dentro del Servicio, ANFUNTCH (Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile) y APU (Asociación de Funcionarios Profesionales del Trabajo), respecto de la afiliación de algunos funcionarios, y por lo mismo, respecto de cuál organización gremial debe recibir el descuento de la denominada “cuota sindical”. Indica que, en términos sencillos, tanto ANTRAMEF como ANFUNTCH – APU señalan que tienen funcionarios asociados a sus organizaciones gremiales, justificando, por un lado, que con la simple nueva filiación se considera la renuncia a la organización sindical anterior, y por otro lado, las Asociaciones no reconocen las renuncias de algunos asociados, desconociendo su nueva filiación.

Relata que, luego de la constitución de ANTRAMEF, en agosto de 2022, tanto ANFUNTCH como APU, recibieron decenas de renuncias de socios/as, que se cambiaron a la nueva organización gremial. El mes de septiembre de 2022, las 3 organizaciones gremiales informan al Servicio sus socios para que se realice el descuento mensual de la cuota sindical en la remuneración correspondiente. Al recibir los listados indicados, el Servicio observa que existen funcionarios que se encuentran incorporados en más de una lista.

Ante esto, en principio se tomó la decisión de utilizar el criterio establecido en los Art. 3 y 4 de la Ley 19.296 que establece Normas Sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, que en definitiva significó respetar la última afiliación informada. Es decir, ante la doble filiación, se asumió por parte del Servicio que la última afiliación correspondía a la Asociación de funcionarios recién creada (ANTRAMEF), por lo cual era está a quién correspondía hacer el pago de la cuota sindical.

Con fecha 2 de octubre de 2022, tanto ANFUNTCH y APU, presentan una carta con requerimiento firmado por sus presidentes –nombre reservado y nombre reservado, respectivamente- al Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas y al Departamento de Relaciones Laborales, solicitando “dejar sin efecto la negativa ilegal a efectuar el descuento de la cuota sindical respecto de funcionarios/as socios/as que se señalan, y efectuar las correcciones pertinentes”, en donde argumentan que no tienen noticias algunas, ni formal ni pública y notoria, de que, aproximadamente, 100 socios hayan renunciado a la afiliación. En otros términos, no reconocen la renuncia en sus asociaciones de más o menos cien funcionarios, por lo cual, solicitan al Servicio que se realice el descuento respectivo de la cuota sindical y se le deposite a su respectiva asociación gremial, ya que en su entendimiento, aún son funcionarios asociados de ANFUNTCH y no de ANTRAMEF.

Con fecha 19 de octubre de 2022, la Jefa(s) del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de la época, mediante Carta N°4, da respuesta a las asociaciones gremiales, previa consulta con la Oficina de Contraloría interna del Servicio y la revisión de la Doctrina de la Contraloría General de la República. Al efecto, se informa que se ha actuado según los establecido por la normativa que regula la materia, ya que no es posible que exista una afiliación simultánea a más de una asociación de funcionarios en razón del mismo empleo, como sucedería en la especie, y que la nueva afiliación produce la caducidad de la anterior, de lo cual resulta procedente el descuento de la cuota sindical efectuado a favor de ANTRAMEF, en armonía con lo manifestado por la Contraloría General de la República mediante Dictamen N°67.578 de 2009, en que se asienta que no pueden existir dos afiliaciones simultáneas, y que la afiliación posterior importa la caducidad de la anterior. Luego, con fecha 9 de noviembre de 2022, ANFUNTCH y APU solicitan por escrito a la Jefa(s) del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas de la época “reconsideración, reiterando, en forma terminante, y por última vez antes de interponer acciones judiciales en caso de negativa, requerimiento de dejar sin efecto negativa ilegal a efectuar el descuento de la cuota sindical respecto de funcionarios/as socios/as que se señalan, y efectuar las correcciones pertinentes a los procedimiento respectivo, incluyendo la posibilidad de un trabajo conjunto y acuerdo entre el Servicio, como empleador, y las organizaciones sindicales, para hacer efectiva la imposibilidad de dobles afiliaciones”. En ella piden en concreto que “se proceda a disponer, como debió ser con arreglo a la ley y a la doctrina vigente, y en conjunto con las cuotas sindicales que correspondan al mes de noviembre y sucesivos, a concretar el descuento de las cuotas sindicales de los meses de septiembre y octubre respecto de todos los funcionarios que en nuestro concepto siguen siendo socios de nuestra organización, al no constarnos la renuncia a ellas (ni ante ellas, ni ante el Servicio u otra instancia), o la afiliación posterior a otra distinta, ya sea de manera formal o a través de hechos público y notorios que nos hagan decidir en tal sentido”. Argumentan en esta reconsideración que no existen renuncias formales por parte de los socios, y que, por lo mismo, el Servicio no puede simplemente desconocer los listados mensuales que envían las asociaciones para realizar los descuentos de la cuota sindical. Fundamentan su petición en doctrina de la propia Dirección del Trabajo, en especial el Dictamen Ord. N°4582/71 de 19 noviembre de 2014, donde se establece que “una vez verificado el requerimiento por la organización sindical respectiva, el órgano empleador está obligado a efectuar los descuentos aludidos, no resultando viable, por ende, que aquel pueda cuestionar tal petición, debiendo limitarse a aplicar dichas deducciones y depositar los montos respectivos en la cuenta corriente o de ahorro de la organización. (…) la circunstancia de tratarse de afiliaciones que no se ajustan a la norma (…) no puede importar que la jefatura superior del Servicio de que se trata se encuentre autorizada en tal caso para cuestionar la procedencia de prácticas los aludidos descuentos, ni menos negarse a ello. Lo anterior se justifica si tiene en consideración que las afiliaciones en comento, efectuadas en conformidad a los estatutos de las referidas organizaciones pero en contravención a la ley, son válidas mientras no se declare su nulidad. Con todo, nada obsta a que sean las propias organizaciones afectadas las que, en ejercicio de la autonomía sindical de que gozan, acuerden reformar sus estatutos a fin de adecuarlos en ese aspecto a la ley. Ello, sin perjuicio de las instancias judiciales de que disponen los afectados por dichas afiliaciones. Acorde con lo expresado, aun cuando una actuación sindical adolezca de un vicio de nulidad, su declaración no compete a la autoridad administrativa, sino que debe ser sometida a conocimiento y resolución judicial.” Recepcionada la reconsideración, el mismo día, estos es el 9 de noviembre de 2022, el Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas por medio de un correo electrónico, solicita al Departamento Jurídico un pronunciamiento sobre la materia. Con fecha 15 de noviembre, mediante Pase N°199, se emite Informe por parte del Departamento Jurídico y Fiscalía de la Dirección Nacional del Trabajo, la cual contiene la doctrina vigente sobre la materia. Así, se da cuenta de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 19.296, el artículo 262 del Código del Trabajo y los Dictámenes de la Dirección del Trabajo Ord. N°4582/71 de 19.11.2014 y Ord. N°4148/70 23.9.2010, siendo este último ejemplificador para establecer el criterio adoptado por el Servicio: “ORD. Nº4184/70. 23-sep-2010. 1) Una vez requerido por la respectiva organización sindical para efectuar los descuentos de la cuota ordinaria mensual de sus afiliados, el empleador se encuentra obligado a efectuar dichas deducciones de las remuneraciones de los señalados dependientes, con prescindencia de encontrarse algunos de ellos registrados en las nóminas de socios de más de un sindicato. 2) La Dirección del Trabajo carece de facultades para fiscalizar las actuaciones de las organizaciones sindicales y, por ende, no tiene atribuciones para intervenir en una situación como la planteada, en que dos o más sindicatos han requerido el descuento de la cuota 6 ordinaria respecto de un mismo trabajador, correspondiendo a aquéllos, en virtud de la autonomía sindical de que gozan, la revisión y rectificación de sus registros de socios, sin perjuicio de su derecho a someter los conflictos que de ello puedan derivarse a conocimiento de los Tribunales de Justicia.” En concreto, en atención a la solicitud realizada y la revisión de la doctrina pertinente, desde el mes de noviembre de 2022 en adelante, se realiza doble descuento en caso de aquellos funcionarios que fueran requeridos por más de una organización gremial en sus planillas para realizar la deducción de sus remuneraciones de la cuota sindical. Lo anterior, pues son las propias organizaciones, quienes, en virtud de la autonomía sindical, deben revisar y rectificar los registros de sus socios, sin perjuicio de los derechos que tienen para someter los conflictos a conocimiento de tribunales. Este Servicio no posee las facultades legales para resolver conflictos entre organizaciones de trabajadores, lo cual significa realizar el doble descuento de la cuota sindical. Así, en todos aquellos casos en que esta Dirección no tiene certeza absoluta respecto de la afiliación de un funcionario, y que dos Asociaciones han requerido el descuento de la cuota sindical respecto de un mismo funcionario, se realizará doble deducción. En principio, la recurrida asumió que las Asociaciones de Funcionarios tenían claridad respecto de las renuncias y afiliaciones de sus socios. Sin embargo, al enterarnos de la conflictividad existente entre las distintas asociaciones y revisados todos los antecedentes del caso, con la finalidad de evitar cualquier tipo de injerencia en la Autonomía Sindical, se comienza a realizar el doble descuento. Las discrepancias existentes entre los Asociaciones deben ser resueltas por ellas, mediante las vías que consideren adecuadas y por lo mismo, no corresponde a este Servicio dirimir las afiliaciones de los funcionarios. Cada Asociación tiene sus propios procesos de afiliación y renuncia, por lo cual, para hacer cesar el doble descuento, se pidió que la renuncia o término de la afiliación a una u otra Asociación debe ser puesta en conocimiento de aquella a la cual el funcionario se retira, para evitar cualquier tipo de alegación de inoponibilidad de las renuncias o afiliaciones. De esta manera, de forma operativa se intenta dar una salida al problema, dando tiempo a las Asociaciones para que clarifiquen su nóminas y registros de socios. Las personas que son enumeradas por el recurso de protección, se encuentran dentro de este caso (ANFUNTCH-APU no reconocen la renuncia de los socios, por lo cual continúan enviando dentro de su nómina de asociados para realizar el descuento,) razón por la cual el Servicio realiza las deducciones de la cuota sindical respecto de diversas asociaciones de funcionarios, según sus propios requerimientos.

En cuanto a los antecedentes de derecho, el Informe expone que existen normas y doctrina administrativa que establecen criterios disímiles para la resolución del caso en que existan doble solicitud de descuento de la cuota sindical; a saber: 1) No debe realizarse un doble descuento, ya que no es posible que exista una doble afiliación por parte de un funcionario. De existir, se considera que la inscripción posterior caduca la afiliación anterior., sustentado este criterio en la a) Ley 19.296 (art. 3 y 4); b) Dictamen N° 67.578, 3.12.2009 Contraloría General de la República (que aplica el criterio contenido en los dictámenes N°s 42.738, de 2005 y 43.272, de 2008); c) Dictamen N° 52.393, 1.07.2015 Contraloría General de la República Por su parte, el artículo 45 de la citada ley N° 19.296; c) Dictamen N° 65.246, de 2011, de la Dirección del Trabajo, que señala no se requiere la autorización expresa del interesado para descontar las mencionadas cuotas ordinarias, ya que basta el simple requerimiento del presidente o tesorero de la directiva de la aludida organización. 2) Por su parte, el criterio que sustenta el deber de realizar un doble descuento de la cuota sindical, sostiene que la Dirección del Trabajo, en tanto jefatura superior y por carecer de facultades legales al respecto, no puede cuestionar los listados que envían las organizaciones sindicales para realizar la deducción mensual de las remuneraciones de los funcionarios, bastando el simple requerimiento del presidente o tesorero de la directiva de la asociación respectiva; sustentado en a) Ley 19.296 que Establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración en los artículos 43, 44 y 45; b) Código del Trabajo Artículo 262, que dispone que los empleadores, cuando medien las situaciones descritas en el artículo anterior, a simple requerimiento del presidente o tesorero de la directiva de la organización sindical respectiva, o cuando el trabajador afiliado lo autorice por escrito, deberán deducir de las remuneraciones de sus trabajadores las cuotas mencionadas en el artículo anterior y las extraordinarias, y depositarlas en la cuenta corriente o de ahorro de la o las organizaciones sindicales beneficiarias, cuando corresponda. Las cuotas se entregarán dentro del mismo plazo fijado para enterar las imposiciones o aportes previsionales; c) Dictamen ORD. Nº4184/70, 23.09.2010 Dirección del Trabajo.

Añade el Informe que, una vez requerido por la respectiva organización sindical para efectuar los descuentos de la cuota ordinaria mensual de sus afiliados, el empleador se encuentra obligado a efectuar dichas deducciones de las remuneraciones de los señalados dependientes, con prescindencia de encontrarse algunos de ellos registrados en las nóminas de socios de más de un sindicato.

A su turno, agrega que la Dirección del Trabajo carece de facultades para fiscalizar las actuaciones de las organizaciones sindicales y, por ende, no tiene atribuciones para intervenir en una situación como la planteada, en que dos o más sindicatos han requerido el descuento de la cuota ordinaria respecto de un mismo trabajador, correspondiendo a aquéllos, en virtud de la autonomía sindical de que gozan, la revisión y rectificación de sus registros de socios, sin perjuicio de su derecho a someter los conflictos que de ello puedan derivarse a conocimiento de los Tribunales de Justicia, citando al efecto nutrida normativa de la Dirección del Trabajo relativa a la Libertad sindical. Señala que, una vez verificado el correspondiente requerimiento de descuento de la cuota ordinaria fijada por la organización respectiva, el órgano empleador está obligado a aplicar dichas deducciones de las remuneraciones de los socios de la primera; por ende, no resulta viable que aquel pueda cuestionar tal petición, debiendo limitarse a cumplirla y depositar los montos respectivos en la cuenta corriente o de ahorro de la organización.

Destaca que la Dirección del Trabajo carece de facultades para intervenir en una situación como la planteada, que dice relación con las afiliaciones llevadas a cabo en contravención a la ley por las asociaciones regionales de funcionarios de que se trata, sin perjuicio del derecho que asiste a los afectados de impugnar la validez de dichas afiliaciones, ya sea en las instancias previstas en la estructura de las propias organizaciones sindicales o mediante la interposición de las correspondientes acciones ante los Tribunales de Justicia.

Luego, el Informe enfatiza que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar de la Dirección del Trabajo, señalando no existe amenaza, perturbación o privación del Derecho de Propiedad, indicando que la actuación de la Dirección del Trabajo se ajusta a la normativa que regula la materia discutida. Refiere que el actuar del Servicio, esto es, realizar el doble descuento, tiene fundamento normativo y sigue la doctrina administrativa del propio Servicio, que implica abstenerse de resolver cualquier conflicto que afecte a las asociaciones de funcionarios, en virtud de la autonomía sindical de la cual gozan. Por lo mismo, reitera, no es posible que se configure una ilegalidad o arbitrariedad. Corresponde a las organizaciones de funcionarios que resuelvan la falta de certeza de las afiliaciones, y no es facultad de la recurrida cuestionar los listados que envían las Asociaciones para realizar el descuento. Informado el descuento, el Servicio se encuentra obligado a realizar la deducción. Si existe algún tipo de cuestionamiento o nulidad de la afiliación, reitera que no es competencia de esta Dirección declarar dicha situación, existiendo plena justificación de la actuación del Servicio para la deducción de las remuneraciones, tal como lo establece los arts. 43 y ss. De la Ley 19.296.

Tercero: Que la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en mérito de los elementos de convicción allegados apreciados conforme a la sana crítica es posible establecer los siguientes hechos:

a) ANTRAMEF es la organización sindical de trabajadores de la Dirección del Trabajo, constituida con fecha agosto de 2022, con 248 socios, regida por la Ley 19.296.

b) Consta de las liquidaciones de remuneraciones que se acompañan en autos que se han materializado descuentos a ANTRAMEF (asociación a la que se encuentran afiliadas) y además se ha retenido la cuota sindical de la asociación a las cuales la las recurrentes habían estado afiladas con anterioridad (ANFUNTCH Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile o APU Asociación de Profesionales Universitarios de la Dirección Del Trabajo).

c) La Dirección del Trabajo ha realizado estos descuentos duplicados, aduciendo estar obligado a ello por lo dispuesto en los artículos 43,44 y 45 de la Ley 19.296.

Quinto: Que, por su parte, los artículos 3 y 4 de la Ley 19.296 citados previamente en este fallo son muy claros en el sentido de que ningún funcionario puede pertenecer a más de una asociación simultáneamente, en razón de un mismo empleo; en tanto que el artículo 4 de la referida ley no admite dos interpretaciones al señalar de manera prístina que, caso de contravención de las normas del artículo tercero ya citado, la afiliación posterior producirá la caducidad de cualquier otra anterior y, si los actos de afiliación fueren simultáneos, o si no pudiere determinarse cuál es el último, todas ellas quedarán sin efecto.

Lo anterior, ha sido confirmado por la Contraloría General de la República mediante Dictamen N°67.578 de 2009, en relación a los artículos 3 y 4 de la Ley 19.296, señalando expresamente “no es posible la afiliación simultánea a más de una asociación de funcionarios, en razón del mismo empleo, y que una nueva afiliación produce la caducidad de la anterior, no resulta procedente efectuar descuentos de las remuneraciones de los funcionarios por dicho concepto, a favor de dos de esas entidades”.

Sexto: Que, en la especie, queda de manifiesto que el actuar de la recurrida ha contravenido lo dispuesto expresamente por los artículos 3° y 4° de la Ley 19.296 citados precedentemente. El imperativo legal es claro, no procediendo realizar la doble deducción en ningún caso, ya que frente a dos afiliaciones, la posterior produce la caducidad de la anterior.

Así las cosas, el actuar de la recurrida, al realizar la doble deducción ha incurrido en una ilegalidad que conculca garantías fundamentales protegidas por la acción cautelar de autos, especialmente el derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental; razón por la cual la acción interpuesta deberá ser acogida.

A mayor abundamiento, aunque la recurrida no esté llamada a dirimir conflictos entre las diferentes asociaciones, ello no implica que se encuentra autorizada para practicar la doble deducción, dado que el tenor de la ley es claro al respecto; sin perjuicio de lo que pudiera resolverse sobre dichos conflictos entre las diferentes asociaciones en la sede que corresponda.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, y doña nombre reservado, ambas funcionarias de la Dirección del Trabajo y socias de ANTRAMEF, en contra de la Dirección del Trabajo, ordenándose a esta última la restitución de las cuotas sindicales retenidas ilegalmente en las liquidaciones de remuneración de fecha 23 de marzo de 2023 de las recurrentes - esto es, las correspondientes a cuotas sindicales de cualquier otra asociación que no corresponda a ANTRAMEF -, a partir de la fecha de afiliación de las recurrentes a esta asociación y cesar de dicha doble retención, debiendo solo retener respecto de la afiliación vigente en los términos de los artículos 3 y 4 de la Ley 19.296.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Bárbara Vidaurre Miller N°Protección-4500-2023.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecinueve de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.