Protección contra Director del Servicio Nacional de Geología y Minería

Santiago, a once de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo en consideración:

Primero: Que el abogado Gonzalo Sánchez García-Huidobro, actuando en representación de nombre reservado, dedujo acción de protección en contra del Director del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), don nombre reservado, por haber incurrido en el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 0549/2020, del pasado 19 de marzo, en virtud de la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 0170/2020, de 28 de enero del corriente, por la que se puso término al sumario administrativo incoado contra su representado disponiendo la medida disciplinaria de destitución, lo que afecta las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expresa que mediante Resolución N° 208, de 24 de enero de 2019, se inició un procedimiento sumario en contra del actor por un presunto acoso laboral y sexual, materia regida por la Ley N° 20.005, pero que además comprende un procedimiento especial contenido en la Resolución Exenta N° 2156/2016 del Servicio, sobre “Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato y Acoso Laboral y Sexual”.

La indicada Resolución N° 208 señala: “1. Que mediante Memorándum N°098 de fecha 15 de enero de 2019, la Jefa del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas remite al Jefe del Departamento Jurídico ambos del Servicio Nacional de Geología y Minería, el Memorándum N°793 de fecha 20 de diciembre de 2018 de la Jefa del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas al Director Nacional de este Servicio por el que le informa sobre el resultado del procedimiento por denuncia de acoso sexual contra el funcionario de la Oficina Técnica de Puerto Varas de este Servicio, Sr. nombre reservado, de conformidad al Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual del Servicio Nacional de Geología y Minería, aprobado mediante Resolución Exenta N°2156 de fecha 07 de octubre de 2016, en el mismo memorándum solicita la instrucción de un sumario administrativo a objeto de investigar los hechos denunciados y adoptar las medidas que en el indica, para dar resguardo a la integridad psicológica de la denunciante.”

Dado el texto de la Resolución, en concepto del recurrente, para determinar en qué consiste el ilícito administrativo, hay que estarse a la normativa contenida en la Ley N° 20.005, que en su artículo 2° tipifica el acoso sexual en materia laboral y, en cuanto al procedimiento específico aplicable al caso, éste se encuentra definido y reglamentado por la Resolución Exenta N° 2156, de 2016, que precisamente se invocó en el numeral 1° de la Resolución Nº 0280/2019, sin perjuicio de la aplicación de las Leyes N° 18.834, N°18.575 y N° 19.880, entre otras.

En ese contexto, siendo rigurosa la sujeción al procedimiento reglado, resulta fundamental la existencia de una denuncia formalmente suscrita por parte de la presunta víctima, quien se ha de responsabilizar de sus dichos conforme lo establece la preceptiva vigente. En la especie, sin embargo, el sumario habría sido tramitado con infracción a los principios de celeridad y probidad administrativa, ocultándosele los cargos y el tenor de la denuncia, sin perjuicio de destacar el hecho que durante todos sus años de servicio registra solo una censura, el 8 de abril de 2005.

En síntesis, sostiene que las Resoluciones Exentas Nros. 549 -que rechazó el recurso de reposición- y 170 -que aplicó la sanción- establecen arbitraria e ilegalmente como efectivos un conjunto de hechos en los que le habría cabido participación, los que según la equivocada apreciación del Jefe de Servicio tendrían las características de acoso sexual, lo cual no se conforma con el tipo infraccional de la Ley N° 20.005, aplicable a los funcionarios públicos, incumpliendo lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 2156 del SERNAGEOMIN y lo establecido en la Ley N° 18.834, en abierta contravención, además, a lo que prescriben los artículos 6°, 7° y 19 Nros. 2, 4, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

De igual forma, aduce que la sanción resulta desproporcionada en relación a los hechos, los que no permitían acreditar la existencia de acoso sexual ni falta de probidad administrativa, transgrediéndose la igualdad ante la ley y los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Se afecta también el derecho a la honra del actor por cuanto califican de acoso sexual y laboral y falta de probidad hechos que no se ajustan al tipo infraccional, como indicó, y por último, considera afectada la estabilidad en el empleo y la libertad de trabajo, dado que con la medida de destitución está impedido de desempeñarse durante cinco años en el ámbito del sector público.

Con tales argumentos termina por solicitar que se acoja la acción ejercida dejando sin efecto las resoluciones antes señaladas y la medida de destitución, ordenando retrotraer el procedimiento al estado inicial, de manera que el fiscal administrativo cuente materialmente con la denuncia por acoso sexual que se habría formulado en contra del recurrente o bien, según estime esta Corte, se adopte cualquier otra medida pertinente para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que al informar el abogado Walter Traub Ramos, en representación del recurrido, asegura que éste no ha incurrido en acto arbitrario e ilegal alguno, pues aquél cuya anulación se solicita, de acuerdo al artículo 3° de la Ley N° 19.880, goza de presunción de legalidad.

Indica que la Resolución Exenta N° 2156, fue dictada el 7 de octubre de 2016 para dar cumplimiento a instrucciones de la Presidencia de la República del año 2015, referidas a las buenas prácticas laborales en el nombre reservado en el Estado, como es contar con un procedimiento acorde a las normas legales de denuncia e investigación de conductas de acoso y/o maltrato laboral y acoso sexual, que propendan hacia ambientes de trabajo libres de conductas de esa naturaleza. Dicho instrumento, puntualiza, es una herramienta que proporciona el SERNAGEOMIN a sus funcionarios para defenderse en caso de verse afectados por conductas que pueden ser constitutivas de acoso o maltrato laboral o acoso sexual, facilitando la formulación de sus denuncias, fijando para la institución un protocolo de tratamiento con el fin de evitar que se desatiendan problemáticas de esta índole. Aclara que el proceso que establece la citada Resolución tiene el carácter de reservado, con el fin de que las personas contribuyan en la investigación de hechos que vulneran la dignidad sin temor a represalias a consecuencia de sus declaraciones, además de aludir a los comportamientos que son objeto del indicado procedimiento, tanto de maltrato como acoso laboral y sexual, ilustrando tales situaciones en un catálogo de conductas. En relación a los hechos constitutivos de acoso sexual, indica que no se encuentran limitados a acercamientos o contactos físicos, sino que incluyen cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar un requerimiento de carácter sexual indebido, desde tocamientos innecesarios, palmaditas, pellizcos o roces en el cuerpo de otra persona, hasta el intento de violación y la coacción para las relaciones sexuales; suma también las insinuaciones verbales de carácter sexual, insistencia para una actividad social fuera del lugar del trabajo, flirteos ofensivos, comentarios insinuantes u obscenos, la exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o materiales escritos, correos electrónicos, miradas impúdicas, silbidos o gestos que hacen pensar en el sexo. Por ende, contrariamente a lo que sostiene el actor, afirma el informe que la Resolución N° 2156 no restringe la definición legal de acoso sexual.

En seguida reseña las etapas del procedimiento, señalando que el de la especie fue tramitado de conformidad con la normativa correspondiente, a partir de los hechos denunciados por una funcionaria de la oficina técnica del SERNAGEOMIN en Puerto Varas en contra de su jefe, el actor. No existió ocultación de antecedentes, pues el denunciado pudo ejercer una adecuada defensa en sede administrativa. La investigación realizada de acuerdo al procedimiento que fija la Resolución Exenta N° 2156, de 2016, fue solamente el antecedente que determinó la decisión de que se iniciase un sumario administrativo, cuya instrucción se dispuso mediante la Resolución Exenta N° 208, de 24 de enero de 2019, dando lugar a un nuevo procedimiento regulado íntegramente por la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en el que se llevó a cabo la investigación suficiente para formular los cargos -5, en la especie- y aplicar las medidas disciplinarias correspondientes tras su acreditación en el expediente sumarial, antecedentes que reseña latamente en el informe, sin que su proceder pueda calificarse de parcial o vulnerador de la probidad administrativa, teniendo en cuenta que la demora en el procedimiento no afecta su validez, tal como lo establece el artículo 144 del Estatuto Administrativo y el Dictamen N° 13.022, de 2010, de la Contraloría General de la República. Aclara por último que el recurrente ejerció su derecho a reponer lo resuelto por la recurrida ante la Dirección Nacional, lo que confirma la legalidad del acto de destitución, conforme al artículo 10 de la Ley N° 18.575.

Respecto a las garantías constitucionales supuestamente afectadas de la igualdad ante la ley y el debido proceso, refiere que la decisión de destituir al actor se sustenta en la verificación de diversas conductas reñidas con el actuar funcionario, acreditándose su responsabilidad administrativa, sin que se produjere discriminación arbitraria en su contra. Además, por imperativo legal, el SERNAGEOMIN debe instar porque los procedimientos sumariales se ajusten estrictamente a los principios de juridicidad y del debido proceso, establecidos en los artículos 6, 7 y 19 N° 3 de la Constitución Política, fiscalizando que se sustancien con estricto apego al ordenamiento jurídico, emitiendo decisiones justas, exentas de discriminaciones arbitrarias, aplicando sanciones que se correspondan con la gravedad de los hechos y la participación de los servidores en ellos, resguardando de este modo el principio de proporcionalidad contemplado en el inciso segundo del artículo 121 de la Ley N° 18.834, lo que en el caso del proceso disciplinario dirigido en contra del señor nombre reservado se cumplió, ejerciéndose las potestades con la debida imparcialidad.

En relación al derecho a la honra, expresa que conforme al inciso final del artículo 137 de la Ley N° 18.834, los procesos sumariales son secretos durante la etapa indagatoria, y en el lapso que media entre la formulación de los cargos y la fecha en que el proceso queda afinado, sólo pueden ser conocidos por los inculpados y su defensa, lo que tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, el resguardo de la garantía constitucional del debido proceso y de la honra y el respeto a la vida pública de los funcionarios que podrían tener comprometida su responsabilidad, dado que las conclusiones a que se arribe quedan a firme una vez que esté totalmente tramitado.

Tampoco considera vulnerado el derecho a la libertad del trabajo, atendido que la medida disciplinaria impuesta se sustenta en el actuar del funcionario, acreditada su responsabilidad administrativa por diversos medios de prueba que constan en el expediente, y porque aquélla tiene asociada la imposibilidad de reintegrarse a la Administración por un lapso de cinco años, de acuerdo con el artículo 12 letra e) del Estatuto Administrativo, vale decir, es parte del régimen estatutario que rige a los funcionarios públicos.

Por último, respecto al derecho de propiedad, refiere que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha establecido que no existe propiedad sobre el empleo de los funcionarios públicos sino que sólo se asegura la admisión a dicha ocupación cuando se cumplen los requisitos legales, consideraciones que lo llevan a instar por el rechazo del recurso.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, resultando entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -es decir producto del mero capricho de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que el acto que se tacha de atentatorio contra las garantías constitucionales del recurrente está constituido por la Resolución N° 549, de 19 de marzo de 2020, que rechazó el recurso de reposición intentado contra la Resolución N°170 que puso término al sumario administrativo imponiendo al recurrente la sanción de destitución.

Quinto: Que de acuerdo a lo expresado en el recurso, la ilegalidad derivaría, en primer término, a partir de la imputación de conductas que no son subsumibles en el acoso sexual definido por la Ley N° 20.005, de 8 de marzo de 2005. También se cuestiona la falta de conocimiento de piezas relevantes de la investigación, la ausencia de otras que estima necesarias para la instrucción, la tardanza en la indagación y la desproporcionalidad de la medida que le fuera impuesta.

Sexto: Que para mayor claridad de lo que debe decidirse es conveniente recordar los cargos atribuidos al actor y los hechos que los integran:

Cargo 1: Conductas de acoso sexual y de carácter sexual en contra de la funcionaria de la Oficina Técnica del SERNAGEOMIN, en la ciudad de Puerto Varas, doña nombre reservado, de parte de quien fuera su jefe en dicha oficina, don nombre reservado, que produjeron aflicción a la citada funcionaria en su espacio laboral y respecto de las cuales ella expresa su rechazo. Hechos: nombre reservado toma a nombre reservado de la cintura por la espalda cuando ella se encontraba trabajando inclinada sobre unos mapas; le pellizca la cara en su oficina; la invita a participar junto a él en un seminario en Perú con la intención solapada de viajar con ella, sin comunicárselo a nadie dentro del SERNAGEOMIN, proponiéndola a los organizadores a pesar que ella no cumplía con las condiciones prestablecidas, lo que gestiona personalmente; existencia de comentarios que incomodan a nombre reservado tales como que “se encontraba pasadita para él”, le cuenta de sus aventuras sexuales en otros congresos, le pregunta si tenía amigas jovencitas en el sur que les guste tener relaciones con hombres mayores. Con ocasión de la entrega de ropa de trabajo llamó a nombre reservado a su oficina, y para comprobar que la talla era correcta nombre reservado le comentó que se sacará la ropa para probarse la polera. Finalmente, el modo en que el recurrente saluda a nombre reservado, con cercanía corporal inadecuada.

Cargo 2: Conductas de nombre reservado con contenido sexual inadecuadas en un ámbito de trabajo en contra de la funcionaria de la Oficina Técnica del SERNAGEOMIN, en la ciudad de Puerto Varas, nombre reservado, que incomodaron y avergonzaron a la citada funcionaria en su espacio laboral. Hechos: nombre reservado saludaba a la funcionaria acariciándole la espalda o tomándole la cara con las dos manos para darle un beso; cuando nombre reservado trabajaba en una oportunidad junto a su compañera nombre reservado inclinada sobre el escritorio viendo la pantalla del computador, nombre reservado al verla le dice que se quedara en esa posición.

Cargo 3: Conductas de nombre reservado con contenido sexual inadecuadas en un ámbito de trabajo en contra de la funcionaria de la Oficina Técnica de SERNAGEOMIN, en la ciudad de Puerto Varas, nombre reservado, que incomodaron a la citada funcionaria en su espacio laboral. Hechos: nombre reservado comentó a la funcionaria nombre reservado durante la jornada laboral aspectos de su vida personal, tales como que se había traído una niña de Indonesia; le exhibió fotos de niñas con las que él salía preguntándole cuál de ellas se veía mejor, situarse muy cerca de la funcionaria, por su espalda, tomándola de la cintura, así como también ponerse a su espalda tomándola de los hombros acercándole su cabeza.

Cargo 4: Tener un comportamiento inadecuado en un espacio laboral compartido, haciendo comentarios con contenido sexual y sexista, así como referidos a aspectos de su vida íntima, sexual, incomodando al entorno, ello durante la jornada laboral y ocupando medios del SERNAGEOMIN. Hechos: Con ocasión de una campaña de salud pública que promovía el uso del condón, nombre reservado comentó un par de veces cómo le encantaba que le pusieran el condón con la boca; mostrar o comentar páginas web en las que venden accesorios sexuales; hacer alarde de sus conquistas; comentar sobre el tamaño de los pechos de una mujer; referir respecto de una geóloga extranjera que nunca la había visto en una película porno.

Cargo 5: Maltrato físico y sicológico de parte de nombre reservado hacia la funcionaria nombre reservado, a quien durante una actividad de terreno dio un trato hostil, cuya mayor expresión consistió en una palmada en la frente.

Séptimo: Que, precisado lo anterior, en relación a la primera cuestión propuesta por el libelo de protección, cabe señalar que la Ley N° 20.005 introdujo el siguiente inciso segundo al artículo 2° del Código del Trabajo: “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”.

Octavo: Que, además de dicho precepto, hay que tener en vista el texto de la Resolución Exenta N° 2156, de 7 de octubre de 2016, que Aprueba el Procedimiento y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual del Servicio Nacional de Geología y Minería. Según dicha Resolución consigna, la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, el 26 de enero de 2015, firmó el Instructivo General N° 001, Sobre Buenas Prácticas Laborales en nombre reservado en el Estado, cuya implementación fue dada a conocer mediante Oficio N° 743, de 27 de marzo de 2015, de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Entre sus instrucciones se contienen acciones específicas para el Servicio concernientes a la necesidad de contar con un procedimiento de denuncia e investigación de los comportamientos que afectan el buen ambiente laboral. Entre los principios orientadores del aludido procedimiento que destaca la Resolución N° 2156 se encuentran el de confidencialidad, cuyo fin se extiende a que los funcionarios(as) tengan y perciban que se les otorga garantía de privacidad y que el proceso tendrá el carácter de reservado, y el de responsabilidad, que apunta a la persona denunciante, pues ante la comunicación de hechos falsos, ésta podrá ser objeto de medidas disciplinarias.

Noveno: Que aun cuando se esboza en el recurso pero no se aborda específicamente en relación a los hechos imputados al recurrente, la Resolución N° 2156 también entrega el marco teórico y conceptual del maltrato y acoso laboral, identificando las conductas constitutivas de uno y otro.

Décimo: Que en el caso particular del acoso sexual, la Resolución N° 2156 refiere que la Ley N° 20.005 expresa en su definición que las relaciones laborales siempre deberán fundarse en un trato compatible con la dignidad de las personas, siendo contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, destacando entre sus exigencias que sea realizado por una persona sin el consentimiento del otro(a), objeto del acoso, por cualquier medio, no limitado, por ende, a los acercamientos o contactos físicos, sino cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar un requerimiento de carácter sexual indebido, con la amenaza de perjuicio laboral o en las oportunidades en el empleo, lo que crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo sufre.

Sin embargo, al momento de identificar las conductas del tipo “acoso sexual”, distingue entre: a) el comportamiento físico de naturaleza sexual no deseado; b) la conducta verbal de naturaleza sexual, que incluye insinuaciones molestas, proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios insinuantes u obscenos y, en general, comportamientos que asignan al acosado un papel de objeto sexual; c) el comportamiento no verbal de naturaleza sexual, que se refiere a la exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o materiales escritos, miradas impúdicas, silbidos o gestos que hacen pensar en el sexo, los que pueden hacer que el afectado se sienta incómodo o amenazado, afectando su situación laboral; y d) los comportamientos basados en el sexo que afectan la dignidad de la persona en el lugar de trabajo, precisándose en esta parte que el acoso no es una tentativa para iniciar relaciones sexuales, sino la expresión del uso del poder de una persona por sobre otra. Se trata de una conducta de carácter sexual que denigra, es intimidante o físicamente abusiva, por ejemplo, los insultos que están relacionados con el sexo y los comentarios de ese carácter, sobre el aspecto o la vestimenta y que son ofensivos, lo que puede crear un ambiente degradante para el(la) acosado(a).

Adicionalmente distingue la Resolución entre acoso jerárquico, vertical o quid pro quo, que supone necesariamente que el acosador se encuentra en una situación de superioridad jerárquica respecto de la víctima, de la que se vale para ejercer presión sobre ella, del acoso horizontal o ambiental, cuando el comportamiento indeseado proviene de un compañero de trabajo o de un superior distinto del empleador. Junto a ellos surge el tercero involucrado, que no forma parte de la situación de acoso, pero puede verse afectado a pesar de su calificación, si la víctima, menos calificada, ha cedido a los avances sexuales del agresor.

Undécimo: Que, como se observa, la Resolución N° 2156 de manera casuística aborda un universo de conductas que califican como acoso sexual en el ámbito de la relación laboral, regulación que específicamente se ha adoptado por el Director Nacional del SERNAGEOMIN para ese Servicio, en cumplimiento al Instructivo Presidencial de 2015 ya aludido, normativa que no restringe la definición legal de acoso sexual a conductas basadas en el sexo o en que el requerimiento sea estrictamente de carácter sexual, sino que también abarca otros comportamientos de índole sexual.

Duodécimo: Que, ahora bien, la Resolución N° 2156 también contempla el procedimiento para la investigación dentro del SERNAGEOMIN de situaciones que pudiesen constituir acoso sexual, en los términos antes referidos, el que se compone de una etapa de denuncia, una fase de recolección de antecedentes y una mediación, si ella fuere posible. En caso de no prosperar ésta, los resultados del procedimiento, junto a la denuncia y demás antecedentes, se remiten al Director Nacional, quien puede desestimar la denuncia o instruir que se active el procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad a la Ley N° 18.834, que es lo que sucedió en la especie en contra del actor, quien ejercía un cargo de jefatura en relación a la víctima denunciante. Entonces, existe un procedimiento particular y previo ante el Servicio, cuya finalidad es inhibir conductas inadecuadas al interior del SERNAGEOMIN que pueden ser constitutivas de acoso sexual.

Décimo tercero: Que tal es el contexto en que se dictó la Resolución N° 208, de 24 de enero de 2019, que dio inicio al sumario administrativo que el actor tacha de ilegal, procedimiento que se sujeta al Estatuto Administrativo, no a otra normativa particular, pues la fase anterior, como se dijo, que se ajustó a la Resolución N° 2156, es solo el antecedente de un eventual sumario, que en la especie sí le sucedió, pero se trata de indagaciones independientes.

Es menester poner en relieve que en la tramitación del sumario propiamente dicho todos los antecedentes fueron puestos en conocimiento del actor, incluidos los sucesos denunciados en el formulario de denuncia por acoso sexual, con los datos de identificación de las víctimas, el resultado de la investigación desplegada de conformidad con la Resolución Exenta N° 2.156, las diligencias investigativas desarrolladas en el curso de un extenso procedimiento, la declaración de las ofendidas y testigos, la formulación de cargos, entre otros, permitiéndole ejercer todos los mecanismos que la ley prevé en su favor, plantear descargos, aportar prueba e impugnar la decisión adversa.

Décimo cuarto: Que el principio de la probidad administrativa -cuestión medular del debate- según previene el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo, “implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”. Un concepto similar se registra en el artículo 54 de la Ley N° 18.575.

Por su parte, el artículo 84 letra l) del mismo estatuto prohíbe “realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria”.

Décimo quinto: Que, para la procedencia de la medida disciplinaria de destitución, el artículo 119 del texto referido requiere que los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y dado que la situación que se imputa en este caso, según quedó de manifiesto, abarcó ese particular elemento normativo, en conexión con lo que prescribe el último precepto reseñado en el motivo precedente, no hay reproche que por esta vía cautelar pueda formularse a la decisión.

En efecto, en el caso del actor, los hechos acreditados que sirvieron de fundamento a los cargos y a la sanción se enmarcaron como conductas de acoso sexual, otras con contenido sexual y una de maltrato físico y psicológico. Y si bien algunas de ellas efectivamente no encuadran en actos de hostigamiento sexual explícito, como acusa el actor, una exigencia tal es más bien propia de la sede penal, pero en el ámbito administrativo sancionador sí es posible encuadrarlas dentro de los atentados contra la dignidad de las personas.

Décimo sexto: Que adicionalmente el estatuto del ramo dispone que las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes, todo lo que influirá en la aplicación de una u otra sanción, teniendo en consideración que van de menor a mayor intensidad partiendo por censura, siguiendo con la multa, después con la suspensión y terminando con la destitución.

Décimo séptimo: Que, sin que corresponda evaluar el mérito de la investigación, la decisión contenida en la Resolución N°0549/2020, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N° 0170/2020, que puso término al sumario y dispuso la medida disciplinaria de destitución, aparece debidamente fundada, en lo fáctico y en lo jurídico, abarcando cada uno de los planteamientos esgrimidos por el sancionado, y es la expresión de haber hecho uso el actor de los mecanismos que la ley le franquea para revertir la decisión. En tal virtud, dados los hechos establecidos, cuya demostración es corolario del desarrollo de un procedimiento reglado, ajustado a los términos contenidos en los artículos 129 a 144 de la Ley N° 18.834, la medida adoptada no aparece desproporcionada ni desprovista de la racionalidad que debe orientar los actos sancionadores de la Administración.

Así las cosas, no hay vulneración de derechos adquiridos del actor, pues el acto que se impugna por esta vía responde a la consecuencia lógica de la instrucción de un sumario administrativo, cuyos efectos se hallan completamente ajustados a la normativa vigente, por lo que no merecen reproche de ilegalidad. Asimismo, la actuación reprobada cuenta con fundamento suficiente, excluyéndose así cualquier atisbo de arbitrariedad.

En efecto, en tales condiciones, no puede haber afectación a las garantías constitucionales señaladas en el arbitrio si no se revelado en modo alguno que el procedimiento adoptado se haya apartado de las formas que lo regulan, en desmedro del recurrente. En todo caso, como ya se dijo, el juicio de mérito del ejercicio de la potestad disciplinaria excede el ámbito de este recurso de naturaleza cautelar. Y si el cargo de servidor público se detenta en la medida que se cumplan los requisitos para estar en su posesión, ante su ausencia, como en la especie, este mecanismo constitucional no puede constituir la vía para garantizarlo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección formalizado por el abogado Gonzalo Sánchez García-Huidobro, en representación de nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. P. Plaza G. No firma la Ministra señora Plaza, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrase ausente.

Rol Protección N° 44969-2020.- 5