MONSANTO CHILE S.A. con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Manuel Jiménez Pfingsthorn, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Monsanto Chile S.A., domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Tesorería General de la República, representada por doña nombre reservado, ingeniera civil, ambos domiciliados en domicilio reservado, Santiago por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en compensar automáticamente la devolución de IVA exportador a que la recurrente tenía derecho para el período correspondiente a marzo de 2020, por $914.001.609, atentándose en contra de las garantías establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que en agosto de 2013 el Servicio de Impuestos Internos, mediante Liquidación N° 38, determinó una diferencia de impuestos en su contra por $861.335.703, correspondientes al año comercial 2009, por lo que interpuso reclamo tributario ese mismo año ante el 4° Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago. Señala que el día 14 de diciembre de 2018, el referido tribunal, dictó sentencia definitiva acogiendo parcialmente el reclamo, dejando sin efecto la multa del artículo 97 N°11 del Código Tributario y ordenando una reliquidación de impuestos, resolución contra la que interpuso recurso de apelación que corresponde al ingreso Corte N°40-2019. Indica que, en febrero de 2019, el Servicio de Impuestos Internos emitió el Giro Folio N° 2585023 en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tributario y Aduanero.

Afirma que el día 26 de noviembre de 2019 dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto del inciso 3° del artículo 53 del Código Tributario, que incide en la causa de reclamo tributario cuya apelación se encuentra pendiente ante esta Corte. Dice que solicitó la suspensión del procedimiento, la que fue decretada por el Tribunal Constitucional el día 04 de diciembre de 2019, y por resolución de 11 de diciembre de 2019, se decretó la suspensión de la tramitación del recurso de apelación.

Indica que producto de los retrasos en sede administrativa y judicial, se vio expuesta a cobro de intereses penales y multas respecto del Giro Folio N°2585023 por $1.795.487.349, de acuerdo con el artículo 53 del Código Tributario, precepto que finalmente fue declarado inaplicable por el Tribunal Constitucional en sentencia de 28 de abril de 2020, comunicada a esta Corte el día 29 de abril de 2020.

Explica respecto del recurso de apelación pendiente, que el 4 de febrero de 2019 solicitó la suspensión del cobro del Giro N° 2585023 por la suma de $2.924.723.676 y mediante resolución de 1 de abril de 2019 se ordenó la suspensión del procedimiento de cobro de impuestos correspondientes a la Liquidación N° 38 por el término de 6 meses, comunicando lo anterior a Tesorería el 3 de abril de 2019.

Precisa que el 27 de marzo de 2019 la recurrida procedió unilateralmente a compensar el IVA Exportador correspondiente al mes de febrero de 2019, decisión que impugnó pero que fue rechazado por Tesorería.

Refiere que los días 13 y 16 de septiembre de 2019, solicitó la renovación de la de suspensión del cobro ante esta Corte y por resolución de 25 de septiembre de 2019, se accedió a la renovación referida, por el término de 6 meses.

Destaca que, por orden del Tribunal Constitucional, mientras se tramitaba el recurso de inaplicabilidad, el procedimiento se mantuvo suspendido por un período de 4 meses y 17 días, reanudándose una vez comunicado el fallo por el Tribunal Constitucional el día 29 de abril de 2020.

Explica que, el día 21 de abril de 2020, solicitó al Servicio de Impuestos Internos la devolución del IVA Exportador correspondiente a marzo de 2020, sin embargo, el día 21 de abril de 2020 se realizó una compensación automática de $914.001.609, imputándolos a la deuda contenida en la Liquidación N° 38, pese a haber sido declarado inaplicable el artículo 53 del Código Tributario, de manera que la compensación efectuada por la Tesorería es ilegal y arbitraria, puesto que ha violado las garantías del artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución.

Manifiesta que esta Corte ha decretado la suspensión de las acciones de cobro, los días 1 de abril y 25 de septiembre ambos del 2019, por el plazo de 6 meses y este último término se paralizó por resolución del Tribunal Constitucional de 4 de diciembre de 2019 que decretó la suspensión.

Sostiene que la Tesorería General de la República estaba sometida a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, ya que había intervenido en la causa tributaria, puesto que debió informar y se opuso a la suspensión. Agrega que la suspensión del procedimiento produjo efectos erga omnes, por lo que no es válida la compensación efectuada por Tesorería porque vulnera el principio de supremacía constitucional. Además, refiere que dicha compensación es ilegal, porque la suspensión de las acciones de cobro es incidental al proceso principal, por lo que, encontrándose suspendido el procedimiento principal su efecto se extiende a las cuestiones accesorias. Del mismo modo, sostiene que la compensación no expresa fundamento, pese a que corresponde a un acto administrativo de gravamen, lo que lo torna en arbitrario e ilegitimo.

Estima conculcada la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución al haberse ejercido un trato discriminatorio en contra de la actora con relación al resto de contribuyentes que se encuentran en una situación similar, a quienes no se les ha privado de su devolución de IVA exportador producto de una compensación mientras se encontraban suspendidas las acciones de cobro respecto a un impuesto reclamado judicialmente. Además, el actuar arbitrario e ilegitimo de Tesorería ha conculcado el derecho a un debido proceso, puesto que se produjo un trato discriminatorio respecto de aquellas personas que, habiendo reclamado y obtenido la suspensión de las acciones de cobro, no han sido sujetos de compensaciones ilegitimas por parte de la Tesorería General de la República.

Por último, estima conculcada la garantía del derecho de propiedad por habérsele privado del pago del IVA exportador a que tenía derecho. Pide que se deje sin efecto la compensación de 21 de abril de 2020 y se proceda a la restitución de los montos compensados con costas.

Segundo: Que en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó copia de Giro y Comprobante de Pago de Impuestos y Multas; Formulario N°21 del Servicio de Impuestos Internos de 1 de febrero de 2019; copia de recurso de apelación; resolución de 09 de enero de 2019; resolución de 4 de diciembre de 2019 dictada por el Tribunal Constitucional y su comunicación; resolución de esta Corte de 11 de diciembre de 2019; sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de fecha 28 de abril de 2020 y su comunicación; solicitud de Devolución IVA Exportador, Formulario 3600 de fecha 21 de abril de 2020 y registros de la compensación efectuada por la Tesorería General de la República.

Tercero: Que, evacuando el informe requerido, don nombre reservado, abogado del Servicio de Tesorerías, solicita el rechazo del recurso fundado en que el Servicio de Impuestos Internos emitió liquidación el día 28 de agosto de 2013 reclamada por el contribuyente ante el 4° Tribunal Tributario Aduanero, que acogió parcialmente el reclamo mediante sentencia de fecha 14 de diciembre de 2018, la que fue impugnada ante esta Corte, recurso del que el Servicio de Tesorerías no es parte.

Señala que una vez resuelto por el Tribunal Tributario Aduanero el reclamo del contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos reliquidó el folio y emitió un nuevo giro, con los respectivos reajustes e intereses, el día 01 de febrero de 2019, formulario 21 folio 2585023, que dio origen al cargo en la cuenta única del contribuyente y, en definitiva, generó el expediente de cobro del Servicio de Tesorerías. Añade que, con esa fecha, se cargó en la cuenta tributaria del recurrente, con ocasión de una devolución de IVA exportador del año 2019, un crédito a su favor y existiendo una deuda en dicha cuenta, el día 27 de marzo de 2019, se realizó una compensación en el folio individualizado, generando una rebaja parcial del monto adeudado.

Hace presente que el 3 de abril de 2019, esta Corte por Oficio N°886 de 2019, ordenó la suspensión del procedimiento de cobro generado por la Liquidación N°38, por 6 meses, expediente que a esa fecha no existía.

Señala que Tesorería procedió a generar el expediente administrativo de cobro, el 5 de abril de 2019, Rol N°12.489-2019 - Las Condes, que contiene la cobranza del formulario 21 folio 2585023, por concepto de Impuesto a la Renta y la suspensión de cobro ordenada por esta Corte por el plazo indicado.

Refiere que la primera compensación señalada se verificó antes de que la Tesorería tomara conocimiento de la suspensión respectiva, razón por la que la compensación se verificó sin reparos.

Explica que el 16 de mayo de 2019 la contribuyente solicitó la devolución de la compensación practicada en marzo de 2019 y no se dio lugar, porque había operado con anterioridad a la suspensión decretada por la Corte y respecto de dicha resolución se interpuso recurso de invalidación, que por resolución de 22 de enero de 2020 se encuentra resuelto, rechazado y notificado.

Indica que la segunda suspensión se ordenó por 6 meses, plazo que vencía el día 25 de marzo de 2020, disponiéndose la reanudación del proceso de cobro el 6 de abril de 2020. Agrega que el contribuyente dedujo recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, respecto del inciso 3 del artículo 53 del Código Tributario, que se acogió a trámite y el 6 de diciembre de 2019, se ordenó la suspensión del procedimiento de la gestión pendiente consistente en la apelación del fallo emitido por el Tribunal Tributario y Aduanero.

Indica que, a la fecha de interposición del recurso de inaplicabilidad, el contribuyente estaba en conocimiento de la existencia de la cobranza judicial y pese a que el Tribunal Constitucional decreta la suspensión, el Servicio de Tesorerías no fue parte del recurso de inaplicabilidad, por lo que no pudo enterarse de esta nueva suspensión y que el recurrente no informó al Servicio de Tesorería la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional ni aquella decretada por esta Corte.

Sostiene que la extensión de la suspensión de la causa Rol Corte Nº40-2019 a la cobranza tributaria no afecta el proceso ejecutivo de cobro tributario, porque se rige por normas de carácter especial y sólo se paraliza su ejecución en virtud de lo dispuesto en el artículo 147 del Código Tributario. Señala que, las normas que regulan la suspensión de una cobranza tributaria son de aplicación restrictiva y si bien el Tribunal Constitucional puede paralizar una cobranza, tiene que manifestarlo y no se admiten extensiones.

Estima que estando vencida la suspensión decretada el 25 de marzo de 2020 y no habiendo ingresado un nuevo Oficio de esta Corte o una solicitud del contribuyente que hubiere informado la suspensión vigente decretada por el Tribunal Constitucional, el 21 de abril de 2020, con ocasión de un crédito generado en favor del contribuyente por devolución de IVA exportador del año 2020, se produjo una compensación respecto de la suma de $914.001.609, imputándolos a la deuda contenida en la liquidación N° 38 y con posterioridad a la compensación, el Tribunal Constitucional dictó sentencia, acogiendo el requerimiento en orden a que el interés previsto en el inciso 3° del artículo 53 del Código Tributario es inconstitucional, dejando sin efecto la suspensión decretada. Afirma que el objeto de la inaplicabilidad se refiere al interés moratorio del inciso 3° del artículo 53 del Código Tributario, por lo que, no ha quedado sin efecto el giro folio 2585023.

Agrega que el día 25 de mayo de 2020, a petición de la recurrente esta Corte ordenó una nueva suspensión del procedimiento de cobro.

Dice que, si se estima que la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional era extensiva al juicio de cobro, sólo ha declarado la inconstitucionalidad de los intereses del artículo 53 del Código Tributario, pero no respecto del monto neto y los reajustes.

Estima que la acción de protección no es la vía idónea para resolver si la actuación de la Tesorería es ilegalidad o arbitrariedad, por cuanto el recurrente pretende se deje sin efecto la compensación de 21 de abril de 2020, por $914.001.609, con costas, lo que corresponde a un pronunciamiento declarativo.

Afirma que no ha existido ninguna actuación u omisión arbitraria o ilegal que vulnere o amenace garantías constitucionales, ya que el Servicio de Tesorería compensó la deuda tributaria del recurrente, por el crédito a su favor, facultad contemplada en el artículo 34 del DL 1263 de 1975 Ley Orgánica de Administración Financiera Del Estado y 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías.

Refiere que no ha existido violación al derecho de propiedad por cuanto la devolución de IVA exportador como cualquier devolución no es un derecho absoluto, sino eventual que sólo se hace efectivo si se cumplen los presupuestos legales y no existan deudas pendientes de pago.

Adiciona que tampoco hay un tratamiento desigual ya que estas facultades de compensación operan por el sólo ministerio de la ley, respecto de cualquier contribuyente que se encuentre en la misma situación.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompaña copias del expediente administrativo Rol 12.489-2019 – Las Condes, sustanciado ante la tesorería Provincial de Las Condes.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo que el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopten las providencias que fueren necesarias para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que, es un hecho indiscutido que, en la causa substanciada ante esta Corte, Rol de ingreso Tributario y Aduanero 40-2019, se decretaron dos suspensiones de cobro, en conformidad al artículo 147 del Código Tributario y, mientras estaba vigente la suspensión dispuesta por resolución de 25 de septiembre de 2019, informada a la recurrida al día siguiente, se dispuso la suspensión del procedimiento por resolución del Excmo. Tribunal Constitucional, que fue notificada a este Tribunal de Alzada el día 06 de diciembre de 2019, dictándose al efecto, el día 11 de diciembre del mismo año, la respectiva resolución que dispuso la suspensión de la tramitación de dicha causa tributaria.

De esta manera, estando vigente la suspensión del procedimiento decretada por el Tribunal Constitucional el 6 de diciembre de 2019 en causa fallada el 28 de abril de 2020; y considerando, por lo tanto, únicamente, el plazo de suspensión concedido por esta Corte, vencido el 25 de marzo de 2020 y sin verificar el cambio de las circunstancias a raíz de la pandemia que dio lugar al estado de excepción constitucional, la Tesorería procedió a reanudar las acciones de cobro y producto de ello, compensó administrativamente, la deuda que actualmente mantiene el actor con el Fisco de Chile, por concepto de impuestos, sin reparar en que la causa tributaria substanciada en esta Corte se encontraba suspendida, justificándose en el hecho que no fueron notificados.

Octavo: Que esta Corte no puede soslayar la arbitrariedad e ilegalidad en el actuar de la recurrida, que se desprende de la existencia del procedimiento de reclamación y su actual tramitación en esta Corte, en el que se han decretado diversas suspensiones del cobro en conformidad al artículo 147 del Código Tributario siendo la más relevante, aquella que estaba vigente por seis meses a contar del día 25 de septiembre de 2019 y que vencía, en principio, el día 25 de marzo de 2020, fecha en que se manifestaron los principales efectos de la pandemia y que motivó incluso, el dictado del Decreto Supremo Nº104, de fecha 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que dispuso un Estado de Excepción Constitucional, lo que motivó que la tramitación de las causas seguidas ante esta Corte quedaran, prácticamente, paralizadas, a falta de protocolos de actuación en tiempos de confinamiento, por lo que asilarse en el mero vencimiento del plazo, sin ponderar los acasos derivados de la pandemia del Covid-19 no resulta atendible.

A mayor abundamiento hay que considerar que el día 02 de abril de 2020 se dictó la Ley N°21.226, que dispuso en su artículo 3° que: “Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, los tribunales ordinarios y especiales no podrán decretar diligencias ni actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las partes o intervinientes, a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado de excepción constitucional referido, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19. En estos casos, los tribunales respectivos deberán postergar la realización de dichas diligencias y actuaciones judiciales para la fecha más próxima posible, posterior al cese de referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso”. De esta manera no se puede argumentar válidamente, la simple constatación del vencimiento de un plazo, sin atender a las especialísimas circunstancias que afectaban al país y a los diversos servicios del Estado, las que implicaban el deber de observar un mínimo de diligencia, en la verificación del estado de tramitación del procedimiento de reclamación y la consideración de la imposibilidad de la reclamante para solicitar la suspensión del cobro respectivo por las razones de fuerza mayor antes aludidas.

Noveno: Que, aun cuando los argumentos referidos son suficientes para acoger el recurso en análisis, hay que considerar que en resolución dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional en el mes de diciembre de 2019, se dispuso la suspensión del procedimiento de reclamación tributaria, lo que motivó la dictación de la resolución de fecha 11 de diciembre de 2019 en causa rol N° 40-2019, notificada por el estado diario, que dispuso, explícitamente, la paralización de la referida causa, consecuencias que por cierto afectaron el término de suspensión del cobro ejecutivo realizado por el Servicio de Tesorerías puesto que ambas causas se encuentran íntimamente relacionadas debiendo incluso la Tesorería General de la República intervenir en la causa tributaria, emitiendo el respectivo informe solicitado por esta Corte cuya respuesta fue recibida con fecha 3 de abril de 2019, oponiéndose a la suspensión, y aun así, sin dar cumplimiento con lo ordenado, procedió a compensar una deuda que, en estricto rigor, no era actualmente exigible en los términos del artículo 1656 del Código Civil. En tal sentido, hay que considerar que suspendido el procedimiento principal tributario no es posible proceder a la compensación efectuada por Tesorería, porque encontrándose paralizado el primero, sus efectos se extienden a las cuestiones accesorias directamente relacionadas con la causa principal, no pudiendo por lo tanto sostenerse que el procedimiento de cobro del giro llevado a cabo por la recurrida, y que proviene de la Liquidación impugnada ante esta Corte, se trate de un proceso ajeno y desconocido para la Tesorería.

Décimo: Que conforme con lo razonado precedentemente y habiéndose verificado un actuar ilegal y arbitraria por parte de la recurrida al compensar los impuestos referidos pese a encontrarse suspendido el procedimiento, evidentemente se afectaron los derechos patrimoniales del recurrente garantizados en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, cuestión que esta Corte debe enmendar como se dirá en lo resolutivo.

Que no obstante lo anterior, y habiéndose invocado una afectación a la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, esta no se acreditó en la especie por cuanto no fueron acompañados antecedentes que permitan concluir que, ante una misma situación, la recurrida procedió de una manera distinta frente a otros contribuyentes, razón por la que el presente recurso únicamente prosperará por la causal del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por don Manuel Jiménez Pfingsthorn, en representación de Monsanto Chile S.A., en contra de la Tesorería General de la República, dejándose sin efecto la compensación administrativa realizada el 21 de abril de 2020 por $914.001.609, efectuada por la Tesorería General de la República, debiendo procederse a la restitución de dicha suma a la recurrente, sin perjuicio de reliquidar la deuda respectiva, conforme lo dispuesto por la sentencia dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro Suplente sr Mauricio Rettig Espinoza.

N°Protección-44955-2020.