TRANSPORTES COMETA S.A con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CERTIFICO: Que se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, la abogado doña Gabriela Velasco, por 20 minutos y por la recurrida, la abogado doña Daniela Allende Muñoz, por 10 minutos. Santiago, 7 de septiembre de 2017 nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, siete de septiembre de dos mil diecisiete.

Proveyendo escritos folios 354791, 355994, 356427 y 356430: A todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Dagoberto Enrique Paredes Maldonado, abogado, en representación de Transportes Cometa S.A., del giro de su denominación, todos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, representada por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, Santiago y conjuntamente en contra de la Tesorería General De La República, representada por el Tesorero General don nombre reservado, ignora profesión u oficio, con domiciliado en domicilio reservado, por compensar indebidamente la suma de $8.030.596, de los dineros que le correspondía recibir a la recurrente por concepto de la devolución de impuestos del año tributario 2017, por supuestas deudas impagas que derivarían de multas laborales.

Pide restablezca el imperio del derecho, ordenando que la Dirección del Trabajo y la Tesorería General de la República, retrotraigan los actos arbitrarios e ilegales, anulando lo obrado respecto de las multas eliminando la morosidad de la recurrente respecto de las 3 multas referidas de sus registros y del Dicom Laboral y se proceda a la devolución de $8.030.596 por concepto de multas compensadas indebidamente o la suma que se estime procedente conforme al mérito de los antecedentes. En subsidio, se ordene a la Dirección del Trabajo, una vez que comunique la eliminación de las morosidades referidas, ordene a la Tesorería General de la República se realice la devolución de los fondos compensados indebidamente por $8.030.596.-, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que en el proceso de declaración de renta año tributario 2017, se le retuvo la recurrente Transportes Cometa S.A. de su devolución de impuestos la suma de $47.520.608 por concepto de "compensación deuda” a raíz de multas laborales impagas, según la información que fue cargada en la cuenta única tributaria de la Tesorería General de la República por parte de la Dirección del trabajo, que corresponden a 17 multas laborales, cursadas por diversas Inspecciones Provinciales del Trabajo del país.

Indica que de las 17 multas laborales que fueron compensadas, 3 de ellas que equivalen a $8.030.596, no correspondía que fueran compensadas por no reunir los requisitos legales, a saber:

Uno. La multa N° 1722160391, respecto de la cual operó compensación por $3.405.920, no se encontraba ejecutoriada a la época de su extinción, pues el 10 de abril de 2017 el Juzgado del trabajo de Concepción, mediante resolución ejecutoriada ordenó a la Inspección Provincial pronunciarse sobre el fondo del asunto, por tanto se encontraba en sede administrativa a la época de la compensación.

Dos. La multa N° 8043160021, respecto de la cual operó compensación por $3.065.328, originariamente había sido cursada por 3 Ingresos mínimos mensuales, pero fue rebajada a 1.8 Ingresos mínimos mensuales mediante sentencia del Juzgado del Trabajo de Curicó, que quedó ejecutoriada el 20 de septiembre de 2016, siendo compensados indebidamente $2.758.796.

Tres. La multa N° 9993160381, respecto de la cual operó compensación por $1.865.880, fue rebajada judicialmente desde 40 UTM a 20 UTM y a la fecha se encuentra en proceso de reclamación judicial, siendo discutida ante la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta a raíz de un recurso de nulidad interpuesto por la Inspección del Trabajo, sin que posea sentencia ejecutoriada.

Agrega que el 25 de mayo de 2017, la Tesorería General de la República retuvo indebidamente parte de los dineros correspondientes a la devolución de impuestos de Transportes Cometa S.A. ascendentes a $8.030.596.-, por concepto de 3 multas laborales que no reunían los requisitos legales para ser compensadas y en este contexto, la arbitrariedad que se imputa a la Dirección del Trabajo es el hecho de haber informado y cargado a la cuenta única tributaria del contribuyente , 2 multas que a la fecha no se encontraban ejecutoriadas y haber entregado información errónea respecto de la cuantía de la otra multa, provocando perjuicios a mi representada, pues la suma informada supera a la que efectivamente fue condenada la recurrente.

Por su parte, agrega que la Tesorería General de la República compensó las 3 multas, sin que a la época de la compensación se reunieran los requisitos legales para ello, además de haber omitido el procedimiento de cobranza judicial o administrativo, exigido por el artículo 35 del D.L. 1263 de 1975, ya que si la Tesorería hubiera iniciado los procedimientos de cobranza, tenido podido oponerse a la ejecución.

Sostiene que la actuación de la Dirección del Trabajo, realizada con la colaboración de la Tesorería General de la República, ha transgredido las garantías constitucionales de igual protección en el ejercicio de sus Derechos; el Debido Proceso; y el Derecho de Propiedad.

En cuanto a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso primero de la Constitución Política, señala que se ve afectada y vulnerada puesto que la propia norma señala que toda persona tiene Derecho a la Defensa Jurídica en la forma que señala la Ley, defensa que la recurrente no ha podido realizar y en el caso que nos ocupa, ha sido vulnerada respecto de aquellas Multas Compensadas que aún no se encuentran ejecutoriadas, ya que mientras no se dicte una sentencia que rechace las reclamaciones interpuestas, no existe certeza respecto de la imposición de las multas que son objeto del reclamo.

Señala que el procedimiento de reclamación de multas regulado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, carece de sentido y pierde importancia, pues están establecidos para que quien se vea afectado con una resolución del órgano administrativo tenga la posibilidad de defenderse, garantía igualitaria para toda persona y que lleva implícito el desarrollo de un procedimiento judicial, hasta la dictación de una sentencia que establezca de manera fidedigna e irrefutable el derecho de una de las partes a exigir de la otra una determinada conducta o prestación. Estima que esta garantía se ha vulnerado, pues compensar multas que aún se encuentran en estado de tramitación judicial, implica desconocer el derecho que le asiste a la recurrente a incoar un procedimiento de carácter judicial.

Respecto de la multa compensada en exceso, sostiene que obtuvo sentencia favorable, siendo rebajada la misma a 1.8 ingresos mínimos mensuales, equivalentes a $306.532 y en consecuencia al Fisco sólo le asistía el derecho a cobrar dicho importe no otro, estimando que el organismo administrativo ha desobedecido una orden emanada de un tribunal y ha obrado fuera del ámbito de sus competencias y facultades al tenor de artículo 6 de la Constitución Política de la República.

Reclama conculcada la garantía del debido proceso en variadas formas, ya que al informar como morosas y compensar multas que se encuentran aún en proceso de reclamación judicial, se ha negado la posibilidad de hacer valer sus pretensiones legítimas, tal como lo garantiza la Constitución. Además, pese a que la recurrente ha obtenido sentencia favorable y el tribunal respectivo ha ordenado rebajar la multa, la recurrente no ha podido hacer valer sus pretensiones, pues la Dirección del Trabajo desobedeciendo la orden del Tribunal, ha informado y ordenado a la Tesorería General de la República que proceda al cobro de la misma en un monto incluso superior al establecido originariamente, sin tener título o derecho para dicho cobro.

En relación al derecho de propiedad, sostiene que la afectación de este derecho se concreta en que se compensó por concepto de multas laborales la suma de $8.030.596.-, en circunstancias de que dicha suma de dinero debió haberse incluido en los dineros que por ley le correspondía recibir a la recurrente por concepto de devolución de impuestos, dineros que debieron haber ingresado a su patrimonio y que han sido retenidos por concepto de compensación.

Señala que al no existir sentencia judicial que establezca el derecho de cobrar el importe de las multas o a percibir los dineros correspondientes a éstas, la Dirección del Trabajo ha ordenado el cobro de la mismas, sin tener un título que la ampare para ello, actos concretados por la Tesorería General de la República, por lo que dicha cobranza ha devenido en ilegal y arbitraria. - Agrega, finalmente, como garantía conculcada la no discriminación arbitraria en materia económica, consagrado en el artículo 19 N° 22 de la Constitución Política, fundado en que ha debido solicitar en varias oportunidades a los tribunales de la instancia que se ordene al organismo del trabajo se elimine del registro de morosidad la multa que está en proceso de reclamación judicial, provocando graves perjuicios, al ser ingresada al Boletín de infractores laborales.

Finalmente, destacar que todo Acto Administrativo que lleva involucrado un Derecho Administrativo, se caracteriza porque ostenta una posición de preeminencia y supremacía sobre los ciudadanos. Sin embargo, el ordenamiento jurídico reserva un ámbito en ese Ius Eminens, del Estado no puede adentrarse con facilidad en la esfera íntima del Individuo, que aparece Constitucionalmente protegida frente a las agresiones del Poder Público. Es así como las Prerrogativas Administrativas chocan frente a la Propia regulación Constitucional y según nuestra Constitución Política de la República de Chile, estos Derechos y Garantías fundamentales se encuentran protegidos por nuestra Carta Fundamental.

Segundo: Que en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- Acta de audiencia preparatoria en causa RIT 28-2017 del Juzgado de Trabajo de Concepción, que contiene la sentencia dictada en dicha causa que acoge la reclamación judicial de Transportes Cometa S.A., respecto de la multa N° 1722160391, reabriendo el procedimiento de reclamo; 2.- Certificación de ejecutoria; 3.- Acta de audiencia única en causa RIT 20-2016 del Juzgado del Trabajo de Curicó, que contiene sentencia dictada en dicha causa, respecto de la Multa N° 8043160021, la que rebaja la multa cursada de 3 IMM a 1.8 IMM; 4.- Certificación de ejecutoria; 5.- Sentencia dictada en causa RIT 45-2017 del Juzgado del Trabajo de Antofagasta, de 2 de junio de 2017 respecto de reclamación de multa N°999316038l que la rebaja a 20 UTM; 6.- Resolución de 16 de junio de 2017 del Juzgado del Trabajo de Antofagasta en causa RIT 45-2017; 7.- Certificación de la I. Corte de Apelaciones de Antofagasta de 22 de junio de 2017, que certifica ingreso de causa virtual RIT 45-20107; 8.- Carta certificada remitida por La Tesorería General de la República recibida por la recurrente que da cuenta de compensación de deuda por $47.520.608; 9.- Comprobante de Correos de Chile N° de envío 9951572477749; 10. Detalle consulta Renta de la empresa Transportes Cometa S.A, que da cuenta de compensación efectuada.

Tercero: Que evacua su informa doña nombre reservado, abogada, por la Dirección del Trabajo, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto.

Funda su resistencia señalando que en el marco de sus facultades fiscalizadoras de la aplicación de la legislación laboral, la Dirección del Trabajo, a través de las Inspecciones Provinciales de Antofagasta, Curicó y Concepción, procedió a imponer una serie de sanciones a la recurrente, luego de constatar hechos que importan conculcación de leyes laborales. Así, se dictaron las siguientes resoluciones de multa:

1.- N° 1722/16/39-1 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción;

2.- N° 8043/16/2 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Curicó;

3.- N°9993/16/38 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.

Señala que estas sanciones fueron objeto tanto del recurso de reconsideración administrativa como de reclamación judicial, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 511 y 503 del Código del Trabajo, respectivamente.

Precisa que la recurrente incurre en algunas imprecisiones al especificar el estado de las mencionadas multas y de las acciones administrativas y judiciales interpuestas en contra de ellas, dado que la multa N°1722/16/39 se resolvió la reconsideración y se procedió a la rebaja de un 50% del valor de la multa; en cuanto a la multa N°8043/16/2 la sentencia definitiva efectivamente rebajó su valor de 3 IMM a 1,8 IMM, la cual se encuentra pagada; y en relación a la multa N°9993/16/38, sostiene que el recurso de nulidad interpuesto judicialmente fue acogido por lo que se dictó sentencia de reemplazo que mantuvo la sanción originalmente impuesta, es decir, se mantuvo la sanción de 40 UTM.

Explica que el recurso de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran, es decir, constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado y en el presente caso, la recurrente afirma que la Dirección del Trabajo ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal al informar a Tesorería General de la República la morosidad de 2 multas que se encontraban judicializadas y una que se encontraba en procedimiento de reconsideración administrativa.

Destaca que respecto de la multa N° 1722/16/39-1, con fecha 23.08.2017 se dictó la resolución N° 384, en virtud de la cual el Inspector del Trabajo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 511 del Código del Trabajo, rebajó el monto de la multa de 20 IMM a 10 IMM, resolución que se encuentra pendiente de plazo para una eventual reclamación judicial. Hace presente que la multa fue cargada automáticamente el 07 de noviembre de 2016 por 20 UTM, procediendo posteriormente a su descarga el 17 de enero de 2017. Atendido que no se ingresó el reclamo administrativo, la multa volvió a cargarse de forma automática con fecha 17/04/2017, situación enmendada por el Servicio, siendo descargada la multa de la Tesorería general de la República, a fin de ingresar el estado actual (“reconsideración finalizada: rebajar en 50%”), y de ingresar el nuevo monto de la misma.

En cuanto a la Multa N° 8043/16/2 efectivamente el monto de esta multa fue rebajado de 3 IMM a 1,8 IMM, información que se encuentra actualizada en su sistema informático. Ahora bien, con fecha 22/08/2016 fue cargada de forma automática en el sistema el valor original de la multa y el 08/09/2016 fue solicitada la descarga a fin de ingresar el reclamo judicial. Con fecha 13/03/2017 fue cargada de forma automática el valor de 18 IMM y el 08/08/2017, habiendo constatado el error, fue descargada la multa a fin de corregir el monto de la sanción. Finalmente, el 09/08/2017 fue cargada la multa por 1,8 IMM, la que se encuentra actualmente pagada.

Finalmente, en relación a la Multa N° 9993/16/38 señala que el 08.08.2017, la lltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de nulidad Interpuesto por la Inspección del Trabajo de Antofagasta, dictando sentencia de reemplazo que rechaza íntegramente el reclamo deducido por Transportes Cometa S.A. De este modo, el valor de la multa se mantiene en 40 UTM. Ahora bien, hace presente que el 02/05/2017 fue cargada en forma automática la multa. A su vez, con fecha 31/05/2017 fue solicitada la descarga e ingresado el reclamo judicial, estado que se mantiene hasta el día de hoy a la espera de que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

Explica que el sistema informático institucional de la Dirección del Trabajo, denominado DTPIus, opera de forma tal que, si los recursos administrativos o los reclamos judiciales presentados en contra de las multas cursadas por este Servicio no son ingresados dentro de un determinado lapso de tiempo, éstas se entienden ejecutoriadas y son cargadas automáticamente para su cobro en la Tesorería General de la República.

Cuando se toma conocimiento de algún error, se adoptan las medidas correspondientes para enmendar la situación de la forma más expedita posible, así que una vez que se tomó conocimiento -lo que ocurrió con anterioridad a que fuera notificada del recurso - ya se había regularizado la situación en DTPIus respecto de las multas N° 9993/16/38 y 8043/16/2. En el caso de la multa 1722/16/39, esta situación también se encuentra regularizada.

Expone que el presente recurso de protección ha perdido oportunidad, debido a que no existe en la actualidad acto u omisión, arbitraria o ilegal de la Dirección del Trabajo que implique privación, perturbación o amenaza de los derechos de la recurrente. De este modo no puede prosperar la solicitud realizada por la recurrente, en específico respecto de la eliminación de la base de datos de la morosidad respecto de las 3 multas, por cuanto la empresa no se encuentra morosa. Asimismo, Transportes Cometa S.A. se encuentra en el Boletín de Infractores Laborales, pero no por las multas individualizadas, por lo que tampoco puede prosperar la acción respecto de este punto.

En cuanto a la compensación de dineros provenientes de la devolución de impuestos año tributario por concepto de multas laborales, alegada por la recurrente, tanto la retención de la devolución de impuestos como la posterior compensación son acciones realizadas por la Tesorería General de la República en estricto uso de sus facultades legales, siendo actos ajenos a la Dirección del Trabajo, la cual sólo puede limitarse a descargar las multas no ejecutoriadas que fueron previamente cargadas en el mencionado Servicio recaudador.

Cuarto: Que en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Impresión del sistema informático institucional de la Dirección del Trabajo, DTPIus, de 24.08.2017, que da cuenta que la multa N°9993/2016/38 figura en estado de Reclamada Judicialmente; 2. Impresión del sistema informático institucional de la Dirección del Trabajo, DTPIus, de 24.08.2017, que da cuenta que la multa N°8043/2016/2 figura en estado de Pagada, y que el valor actual es de 1,8 IMM; 3. Impresión del sistema informático institucional de la Dirección del Trabajo, DTPIus, de 24.08.2017, que da cuenta que las multas N°1722/2016/39 figura en estado de Reconsideración Finalizada: rebajar en 50%; 4. Resolución N° 384 de 23.08.2017, que resuelve reconsideración administrativa presentada en contra de la multa N°1722/2016/39; 5. Impresión de 24.08.2017 de Boletín de Infracciones- Dicom, correspondiente a la empresa Transportes Cometa S.A.; 6. Sentencia de 08.08.2017, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, dictada en causa rol 170-2017.

Quinto: Que evacua su informe don nombre reservado, abogado, por la recurrida Tesorería General de la República, quien solicita se rechace el recurso por cuanto la Tesorería General de la República no ha cometido ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que lesione los derechos constitucionales del recurrente, con costas.

Funda su alegación señalando que la recurrida Tesorería General de la República no tiene legitimación pasiva en la presente causa, ya que la legitimación procesal o legitimatio ad causam presenta como características que es personal, subjetiva y concreta respecto de un conflicto determinado. Ella debe existir al momento de constituirse la relación procesal respecto del demandante y del demandado, y determina quienes deben estar presentes en un proceso para que sea posible emitir una sentencia sobre la pretensión que se ha formulado.

Recuerda que el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado, dispone que: “La función recaudadora de todos los ingresos del sector público será efectuada por el Servicio de Tesorerías, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los servicios...”.

El artículo 35 de dicho Decreto Ley, asimismo, expresa que: “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos servicios.

Para tal efecto, aplicará cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos”.

De lo expuesto por la recurrente, se puede determinar que se estarían planteando como presuntos actos arbitrarios o ilegales, las siguientes compensaciones efectuadas por el Servicio de Tesorerías:

N° Formulario folio Fecha vencimiento deuda Fecha compensación Monto compensado Estado de la deuda 9993160381 18-05-2017 20-05-2017 $ 1.865.880 Deuda compensada, y descargada por la Dirección del Trabajo 1722160391 08-10-2016 20-05-2017 $ 3.405.920 Deuda compensada, y descargada por la Dirección del Trabajo 8043160021 05-07-2016 20-05-2017 $ 3.065.328 Deuda compensada y descargada parcialmente por la Dirección del Trabajo En lo que respecta a los aludidos formularios, señala que revisada la Cuenta Única Tributaria de la empresa Transportes Cometa S.A. -y según da cuenta la documentación acompañada-, se registran los movimientos efectuados por la Dirección del Trabajo mediante la cual se cargaron los precitados formularios 42, por lo cual el Servicio de Tesorerías procedió a compensar su devolución de renta del año tributario 2017, dado que al 20 de mayo de 2017 (fecha en que se realizaron las compensaciones), no existían antecedentes que hicieran presumir que las multas en proceso de compensación fueran a ser descargadas por el Organismo Girador.

Hace presente que respecto a los formularios 42, folios 9993160381 y 1722160391, el Servicio de Tesorerías ante el recurso deducido por la recurrente, así como lo informado por la Dirección del Trabajo en éste, realizó las verificaciones pertinentes, detectando que dicho organismo descargó las deudas provenientes de los precitados formularios, por lo que se solicitó dejar sin efecto dichas compensaciones y restituir las sumas compensadas de la devolución de renta del año tributario 2017, tal como se acredita con documento que acompaña.

En lo que se refiere al formulario 8043160021, en la cuenta Única Tributaria consta la descarga parcial efectuada por la Dirección del Trabajo, lo cual se condice por lo informado por dicha entidad al indicar que la multa habría sido rebajada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, por lo que se ha ordenado restituir la suma compensadas en exceso.

Precisa que la facultad para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones. De acuerdo al artículo 1.656 del Código Civil, la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas, y 4) Que ambas sean actualmente exigibles.

En consecuencia, en la especie, concurrió el primero de los requisitos para que operara la compensación. En relación a los requisitos 2° y 3°, no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al 4° requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, consigna que de acuerdo a lo informado por la Dirección del Trabajo, su deuda es plenamente exigible, por lo que los giros en cuestión estaban en Tesorerías en condiciones de ser pagados, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6° del D.FL. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y por ende, en relación a estas deudas recíprocas operó por el sólo ministerio de la ley una compensación aún sin el conocimiento de los deudores.

Conforme a lo anterior, dado que la deuda fiscal era exigible y líquida al momento de efectuarse la compensación, dicho modo de extinguir operó por el sólo ministerio de la ley, no existiendo en Tesorería al 20 de mayo de 2017, constancia de haber recibido ninguna comunicación de la Dirección del Trabajo que dejara sin efecto el cobro de las deudas.

Según los certificados de cuenta obtenidos desde la Cuenta Única Tributaria de la empresa Transportes Cometa S.A., se registra que se cargaron los formularios 42, folios 9993160381, 1722160391 y 8043160021, derivados de multas cursadas por la Dirección del Trabajo.

Señala que queda en evidencia que el Servicio de Tesorerías, no tiene conocimiento sobre los motivos de los cargos, modificaciones o descargos que pudieron ocurrir en este caso particular, ya que como se ha indicado, es la Dirección del Trabajo el organismo girador responsable de la información que se registra en el Sistema de Cuenta Única Tributaria, lo que guarda plena concordancia con lo informado por dicho organismo en estos autos.

Añade que para la procedencia del recurso de protección, se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

En razón de lo anterior y de los antecedentes tenidos a la vista, queda de manifiesto que en el acto que motivó la acción cautelar en contra del Servicio de Tesorerías, de manera alguna existen elementos de convicción para estimar como acreditado un acto de nuestra Institución que haya privado, perturbado o amenazado los derechos constitucionales de la empresa Transportes Cometa S.A., toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

Sexto: Que para justificar sus asertos, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Certificados de cuenta de fecha 30.05.2017, de formularios 42, folios 9993160381, 1722160391 y 8043160021, obtenidos desde la Cuenta Única Tributaria de la empresa Transportes Cometa S.A., Rut N° RUT reservado, que dan cuenta de las operaciones de cargo y descargos efectuadas; 2.- Copia de Minuta N° 415, de 28.08.2017, de la División Jurídica de Tesorería General de la República.

Séptimo: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Octavo: Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario-, producto del mero capricho de quién incurre en él-, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Noveno: Que, como primera cuestión a dilucidar es que el recurso se centra en tres multas aplicadas por la Dirección del Trabajo, compensadas administrativamente por el Servicio de Tesorerías, exponiendo que respecto de la N°1722160391 esta habría quedado sin efecto, debiendo pronunciarse la Inspección Provincial sobre el fondo del asunto. Del mérito de los antecedentes consta que la recurrida se pronunció sobre el fondo del asunto, rebajando dicha multa en un 50% y ordenó a la Tesorería General de la República descargar la deuda, cuestión que fue cumplida según dan cuenta los certificados de cuenta del contribuyente.

Décimo: Que en relación a la multa N°8043160021, efectivamente la recurrida reconoce que la misma fue rebajada a 1,8 IMM, cuestión que fue debidamente informada al Servicio de Tesorerías, procediéndose a su rebaja, como da cuenta el certificado de cuenta del contribuyente.

Undécimo: Que, en cuanto a la multa N°9993160381 que fue rebajada a 20 UTM, dicha disminución fue debidamente informada por la recurrida Dirección del Trabajo al Servicio de Tesorerías, procediéndose a su descarga de la Cuenta Única Tributaria, como da cuenta el certificado de cuenta del contribuyente.

Duodécimo: Que, sin perjuicio de haberse realizado actuaciones que podrían haber conculcado el derecho de propiedad de la recurrente, respecto de su devolución de impuestos, ante el estado actual de cosas, los agravios reclamados por el recurrente han desaparecido, toda vez que las anomalías denunciadas han sido debidamente reparadas por los organismos públicos involucrados, cuestión que hace perder toda eficacia a la presente acción cautelar, desde que esta Corte no tiene ninguna medida que adoptar. En efecto, el derecho del actor ha sido restablecido con las actualizaciones efectuadas en los sistemas de control y de la cuenta única del contribuyente, disponiéndose las rebajas de los montos compensados administrativamente.

Décimo Tercero: Que, en cuanto a la devolución de los montos que fueron compensados de manera errónea, basta que la recurrente presente la correspondiente petición administrativa ante el Servicio de tesorerías para que se disponga la devolución de los montos, debidamente reajustados, atendido que se ha regularizado sue cuenta única tributaria, como dan cuenta los documentos allegados por dicho Servicio.

Décimo Cuarto: Que, finalmente, esta Corte hace presente que al día de hoy se encuentran debidamente ejecutoriadas las sentencias y resoluciones que fijaron el monto de las multas respectivas y cuestionadas en la acción constituicional, siendo improcedente que se ordene la devolución del monto total compensado sin realizar las deducciones correspondientes, desde que el recurrente es deudor del Fisco de Chile de las sanciones que devienen del incumplimiento de las obligaciones laborales.

Décimo Quinto: Que, por todo lo anterior, se omitirá analizar la eventual conculcación de las garantías constitucionales supuestamente afectadas.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Dagoberto Enrique Paredes Maldonado, en representación de Transportes Cometa S.A., en contra la Dirección del Trabajo y la Tesorería General de la República.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Zepeda, quien fue del parecer de acoger la acción constitucional intentada, fundado en que la conducta adoptada por los recurridos resulta ilegal, desde que la Dirección del Trabajo informó y ordenó registrar en el Sistema de Cuenta Única Tributaria 3 multas cursadas a la Empresa de Transportes Cometa S.A., antes que estas tuvieren la condición de firmes o ejecutoriadas, lo que le permitió a la Tesorería General de la República, compensar tales deudas con créditos que dicho contribuyente tenía en contra del Fisco, sin cerciorarse si concurrían los requisitos legales para aplicar tal forma de extinguir obligaciones, lo cual le provocó a la recurrente un menoscabo del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, desde que la privó de percibir la suma de $8.030.596.-, por concepto de devolución de impuestos correspondiente al año tributario 2017.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-44723-2017.