TRANSPORTES COMETA S.A con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.

Proveyendo al escrito folio 338902, téngase presente.

VISTOS:

PRIMERO: Que don nombre reservado, en representación judicial de Transportes Cometa S.A., interponiendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada legalmente por el Tesorero General de la República, don nombre reservado, por el acto que reprocha de ilegal o arbitrario consistente en haber compensado en forma unilateral de compensar 14 multas laborales con los dineros que le correspondía recibir por concepto de devolución de impuestos del AT 2017, sin que se hayan iniciado los procedimientos de cobranza establecidos en la legislación vigente.

Como antecedente de hecho de su recurso señala que la recurrida compensó en forma indebida la suma de $39.183.480, de los dineros que le correspondía a su representada por concepto de devolución de impuestos del AT 2017 por deudas impagas que resultan de 14 multas laborales, sin haberse sustanciado previamente un procedimiento de cobranza por parte de la recurrida.

Indica que se le retuvo una suma mayor, de $47.520.608 que corresponden a 17 multas laborales impagas cursadas por distintas inspecciones provinciales del trabajo, según el detalle que adjunta y de estas multas, 14 de ellas que equivalen a $39.183.480 fueron compensadas sin que, a su respecto, se hayan iniciado un procedimiento de cobranza administrativo o judicial por parte de la Tesorería General de la República el procedimiento exigido por la legislación vigente.

Alega como acto arbitrario la ausencia de un procedimiento de cobranza, debido a que incluso para el cobro de cualquier tipo de obligación tributario, la recurrida debe por ley iniciar el procedimiento de cobranza respectivo y en caso de decidir no aplicarlo, debe cumplir con los requisitos de fundamentación establecidos para la dictación de los actos administrativos contenidos en la ley 19.880. Esta facultad, no anula o contraviene la facultad de compensar que posee el Tesorero General, según el artículo 6 de la Ley Orgánica de Tesorerías, norma que debe conciliarse con las normas del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias, y por ello, sólo se puede compensar una vez que exista una sentencia firma y ejecutoriada en el procedimiento de cobranza que establezca indubitadamente el derecho del Fisco a percibir dichos ingresos.

De esta forma, el hecho de haber operado la compensación respecto de estas multas respecto de las cuales ni siquiera ha iniciado procedimiento de cobranza establecida en la ley.

Alega que el actuar de la Tesorería General de la República recurrida ha vulnerado, el derecho a la igual protección en sus derechos, específicamente el derecho al debido proceso, el derecho de propiedad y el derecho a la no discriminación arbitraria en materia económica, consagrados en el artículo 19 N°3 inciso 1, N°24 y N°22 de la Constitución Política de la República, debido a que esta garantía se ha visto vulnerada porque se ha omitido el proceso de cobranza, porque compensó estos $39.183.480, que se transforma en ilegal, carente de títulos y sin sustento legal.

Pide que se declare que la Tesorería General de la República retrotraiga los actos arbitrarios e ilegales, anulando todo lo obrado respecto de las multas singularizadas y se ordene a este organismo, el inicio de los procedimiento de cobranza respectivos, como en derecho corresponde, que se eliminen de su base de datos la morosidad de su representada respecto de las 14 multas, que se eliminen a su representada del Boletín de infractores laborales respecto de las 14 multas referidas, que la recurrida proceda a realizar la devolución de la suma de $39.183.480 por concepto de multas compensadas sin previa realización del procedimiento de cobranza respectivo o la suma que esta Corte estime, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informa don nombre reservado, abogado por la Tesorería General de la República, quien solicita el rechazo del recurso deducido, con costas, en virtud de los argumentos que se pasan a exponer.

En primer lugar, indica que no existen actos u omisiones arbitrarias e ilegales, puesto que la Tesorería General de la República tiene a su cargo la recaudación, cobranza judicial y administrativa de los impuestos, patentes, multas y demás créditos, según lo dispone el artículo 35 del decreto Ley N°1263 sobre administración financiera del Estado. El procedimiento de cobro realizado por el Servicio de Tesorería se encuentra reglamentado en el Título V del Libro III del Código Tributario, por lo que la Tesorería General de la República se encuentra legalmente facultado para ejercer el cobro de las multas adeudadas por la sociedad recurrente.

En segundo lugar, sostiene que la facultad de compensar deudas por parte de la Tesorería General de la República, deriva del artículo 2 del DFL N°1 de 1994, que fija el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería, que señala que corresponde a esa repartición efectuar el pago de las obligaciones fiscales, y en general, las de entidades del sector público que las leyes le encomienden, contando con la facultad de compensar deudas de los contribuyentes con créditos en contra del Fisco. La facultad de compensar se encuentra contemplada en el artículo 6 de dicho DFL N°1, la que se debe interpretar en forma armónica con el artículo 1656 del Código Civil, que dispone los elementos de la esencia de dicho modo de extinguir las obligaciones, esto es, a) Que dos personas sean deudoras una de otra; b) Que ambas deudas sean de dinero; c) Que ambas deudas sean líquidas y d) Que ambas sean actualmente exigibles.

Para el caso de marras, se aplican las normas de los artículos 96 y siguientes de la Ley de Impuesto a la Renta, al hacerse exigible la declaración y pago de los impuestos a la renta del año tributario respectivo, los pagos provisionales que realizaron los contribuyentes se imputan en orden sucesivo a pagar los impuestos de categoría, impuesto global complementario o adicional, entre otros impuestos de declaración anual. Conforme dicho artículo, cuando la suma de los impuestos anuales resulta superior al monto de los pagos provisionales debidamente reajustados, la diferencia también reajustada, se paga en una sola cuota al instante de presentarse la declaración anual.

Ahora bien, en la declaración de impuesto a la renta presentada por la recurrente, año tributario 2017, arrojó un excedente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma de $ 702.640.128.- incluidos los reajustes, cantidad que debía serle devuelta por Tesorerías. Sin embargo, tal devolución no se verificó totalmente, por cuanto a esa data operó por el sólo ministerio de la ley una compensación entre deudas reciprocas del Fisco y de la sociedad recurrente por la suma de $47.520.608.

En consecuencia, en la especie, concurrió el primero de los requisitos para que operara la compensación. En relación a los requisitos b) y c), no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al último requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, cabe consignar que durante el período en que se hizo exigible el crédito del recurrente en contra el Fisco, su deuda tributaria era plenamente exigible, los giros emitidos por la Dirección del Trabajo estaban en Tesorería en “condiciones de ser pagados”, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6º del D.FL. Nº 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y por ende, en relación a estas deudas recíprocas operó por el sólo ministerio de la ley una compensación aún sin el conocimiento de los deudores.

En virtud de ello, no es efectivo que la deuda no era exigible al momento de efectuarse la compensación, por cuanto el modo de extinguir operó por el sólo ministerio de la ley, no existiendo ninguna orden que suspendiera el cobro de las multas adeudadas.

En tercer lugar, se avoca a explicar cómo opera la compensación de los giros emitidos por la Dirección del Trabajo, señalando que la Dirección del Trabajo sólo remite los antecedentes a la recurrida cuando las multas se encuentran ejecutoriadas, es decir, cuando los plazos para interponer reclamos o recursos han expirado, por ello, no es efectivo que sea una compensación automática, como lo propone la recurrente. Además hace presente que la compensación opera de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley, aun sin el conocimiento de los deudores.

En cuarto lugar se refiere a la necesidad de iniciar un procedimiento de cobranza para que sea procedente la compensación, puesto que la recurrente pretende abrir un debate sobre las facultades otorgadas la Tesorería General de la República para compensar las deudas provenientes de los giros efectuados por la Dirección del Trabajo, alterando los requisitos propios de la compensación. La recurrente pretende establecer un requisito adicional, cual es la existencia de un proceso de cobranza incoado en su contra.

Por último, alega que la acción de protección tiene por objetivo principal restablecer el imperio del derecho, recuperando el orden jurídico cuando éste ha sido alterado por actos ilegales o arbitrarios que atentan contra las garantías constitucionales, situación que no se presenta en este caso, lo cual nos lleva a concluir este recurso carece de fundamentos y en consecuencia deba ser rechazado.

TERCERO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, en síntesis, en el presente recurso de protección lo que se solicita es que se anule todo lo obrado respecto de las multas singularizadas y se ordene a la Tesorería General de la República, el inicio de los procedimiento de cobranza respectivos, que se eliminen de su base de datos la morosidad de su representada respecto de estas 14 multas, y que la recurrida proceda a realizar la devolución de la suma de $39.183.480.

SEXTO: Que, en ese sentido, y en relación con la materia objeto del recurso, el artículo 35 del Decreto Ley 1263 de 1975 dispone que “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios”.

En este mismo sentido, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio de Tesorería se indica que dicho Servicio, tiene dentro de sus funciones las de “Recaudar los tributos y demás entradas fiscales, y las de otros servicios públicos” y de “efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de: a.- Los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones; b.- Las multas aplicadas por autoridades administrativas;”

Para llevar a efecto sus funciones, la misma ley orgánica del Servicio en su artículo 6, le concede al Tesorero General la facultad de compensar, ya que dispone que “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.”

SÉPTIMO: Que valorados los antecedentes aportados por la parte recurrente de acuerdo a las normas de la sana crítica, resulta que el acto que se reclama como arbitrario e ilegal, supuestamente cometido por parte del organismo recurrido, no es tal, toda vez que, siendo la parte recurrente deudor de diversas multas laborales, tenía a su vez derecho a devolución de impuesto a la renta en el año tributario 2017, operando por ello, la compensación de dichas deudas.

Que, además se debe tener presente, que según lo informado por el órgano recurrido, se cumplen en la especie, todos los requisitos necesarios para que opere la compensación de acuerdo al artículo 1656 del Código Civil, toda vez que ambas partes son deudoras entre sí; se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza; en lo referido a la exigibilidad de ambas deudas, cabe consignar que durante el período en que se hizo exigible el crédito del recurrente en contra el Fisco, su deuda tributaria era plenamente exigible y los giros emitidos por la Dirección del Trabajo estaban en Tesorería en “condiciones de ser pagados”.

Que así, las cosas, el actuar de la Tesorería General de la República está amparada en la facultad de compensar que posee dicho órgano, en virtud de su función recaudadora que la ley le ha encomendado.

En virtud de ello, no existe acto que pueda estimarse arbitrario e ilegal que vulnere o conculque alguna de las garantías constitucionales que ha denunciado la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 19 N°3, 4 y 24 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto don nombre reservado, en representación judicial de Transportes Cometa S.A., en contra de la Tesorería General de la República, sin condena en costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-44712-2017.