nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, la abogado doña Pía Torres Garrido; y contra el mismo, el abogado del Servicio de Tesorerías don nombre reservado y la abogado de la Universidad de Chile, doña Valentina Suau Cot, todos por 10 minutos. Santiago, 11 de noviembre de 2020.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinte.

Proveyendo a los escritos folios 31, 32, 33 y 34: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, señalando como representante legal al otrora Tesorero General, quien dejó el cargo en el año 2018, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado y en contra de la Universidad de Chile, cuyo representante legal es don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber la primera retenido fondos de su propiedad correspondientes a su devolución de impuestos del año tributario 2019 (sic) y luego haberlos remitido al Administrador del nombre reservado del nombre reservado de la Universidad de Chile y en contra de la segunda por haberle informado a la Tesorería de la República como moroso de la deuda que indicará, atentando contra las garantías constitucionales del artículo 19 números 3 y 24 de la Constitución Política.

Pide se ordene a las instituciones individualizadas, que dejen sin efecto la retención realizada el 22 de abril de 2020 y en definitiva se le restituya la suma de $933.411.- correspondiente a su devolución de impuestos.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 1 de abril de 2020, realizó su declaración de impuestos a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos y solicitó la devolución de $919.617, la que fue autorizada el 15 del mismo mes. Sin embargo, el 21 de abril pasado constató que la Tesorería General de la República realizó una retención de $933.411.- sobre el monto autorizado y averiguando los motivos de la retención, se informó que correspondió a la deuda del nombre reservado de nombre reservado.

Expone que dicha deuda fue contraída para financiar sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile desde el año 2006 y a la fecha no ha sido emplazado en causa alguna vigente con la Universidad de Chile y tampoco figura en algún registro de deudores boletín comercial o DICOM.

En consecuencia, no ha tomado conocimiento de forma alguna.

Cita el artículo 3º del Decreto Supremo 297 de 2009 del Ministerio de Educación en relación con las notificaciones; artículo 5 en relación con la notificación del deudor; el 6° en relación con la interposición de aclaración. También cita el artículo 1º de la Ley N°19.989 que faculta a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287; el artículo 46 de la Ley 19.880.

Estima conculcada las garantías de los numerales 3° y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expresa que, la Universidad de Chile no procedió del modo que mandata la ley ni el Decreto Supremo 297, por cuanto no ha recibido carta certificada alguna que le notifique de la deuda que motivó la retención y la necesidad de la comunicación es el fundamento de publicidad de un acto administrativo cuando afecta a un interesado. Además de ser una causal de invalidación de dicho acto, constituye una privación del legítimo derecho de ejercer los mecanismos de impugnación que contempla el mismo Decreto Supremo en contra del cobro de la acreencia por crédito solidario que se hizo efectivo a través de la retención de la devolución de impuesto, pudiendo solicitar la concesión de plazos de espera, o de convenir con la misma cualquier mecanismo destinado a la solución efectiva del crédito solidario universitario impago.

Señala que, la omisión de la notificación por carta certificada implica que la Universidad recurrida se atribuyó facultades que no le están concedidas por la ley ni la Constitución, condenando a un pago compulsivo de una deuda cuyo monto, liquidez y exigibilidad ignora.

En cuanto a la vulneración al derecho de propiedad, estima que queda expuesto el daño patrimonial evidente que ha sido ocasionado por las recurridas, pues la retención corresponde a la totalidad de su devolución de impuestos.

Refiere que, el actuar de la Universidad es ilegal e arbitrario pues para realizar la retención indicada no ha mediado notificación por carta certificada ni menos aún resolución judicial que autorice al pago de una deuda de la cual no me consta su vigencia, liquidez ni monto.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el actor acompañó captura de pantalla de la página web del Servicio de Impuestos Internos en que informa la retención denunciada.

Tercero: Que, informa al tenor del recurso don nombre reservado, Fiscal de la Tesorería General de la República, domiciliado en domicilio reservado, quien solicita el rechazo del recurso.

Funda sus alegaciones señalando que, como es de público conocimiento, de acuerdo a las instrucciones del proceso renta 2020 difundidas por medios institucionales y de prensa, los contribuyentes que presenten su declaración el 1° de abril del 2020 debían recibir su transferencia el 21 de abril del 2020, pero en el caso de autos tal devolución no se verificó, puesto que el Administrador del nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile solicitó a Tesorería en tiempo y forma que, en cumplimiento al artículo 1° de la Ley N°19.989 y su reglamento, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N°19.287 y sus modificaciones, entre los cuales se encuentra el recurrente.

Señala que, el Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de ese mandato legal y a lo informado por la entidad acreedora, procedió a retener la devolución de renta del recurrente, como ya ha señalado, y a remitir la cantidad retenida al Administrador del nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile.

Refiere que, el recurso debe desestimarse, ya que no ha existido ninguna actuación u omisión arbitraria o ilegal de la recurrida, puesto que el artículo 1° de la ley N°19.989, facultó en términos amplios a la Tesorería General para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado en la ley 19.287 – que creó el fondo solidario de nombre reservado, de dominio y administración por cada una de las instituciones de educación superior que reciben aporte fiscal – los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la referida obligación.

Agrega que, el inciso final del artículo 12 de la ley N°19.848, agregado por el artículo 2° de la ley N°19.989, confirma el carácter amplio que el legislador dio a esa facultad de retener por parte de la Tesorería, al señalar que “son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes Nos. 18.591, 19.287 y 19.848”, entre los cuales se encontraría el recurrente. En consecuencia, el Servicio de Tesorerías al efectuar la retención de la devolución de renta del recurrente y remitirla al Administrador del nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile ha actuado en el ejercicio de una facultad legal que le ha sido concedida respecto de todos los deudores del crédito solidario universitario.

Estima que, queda de manifiesto que la actuación del Servicio de Tesorerías no es arbitraria, puesto que tiene justificación en la orden emanada del Administrador del nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile que certificó la deuda del recurrente.

Precisa que, tampoco es ilegal en virtud de la facultad contenida en el artículo 1° de la ley N°19.989, por lo que no existe violación al derecho de propiedad puesto que se trata de una retención establecida en la ley para los efectos de hacer pago de una deuda que el recurrente tiene con la referida casa de estudios. Adicionalmente, indica que es una de las causas por las cuales legalmente se puede alterar esa garantía, esto es, el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas.

Adiciona que, ante una eventual infracción al derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, estimándose que el Servicio de Tesorería se convierte en una comisión especial en razón de haber retenido la devolución sin notificar al contribuyente, con aparente infracción a la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo citado, no se divisa de qué forma podría configurarse aquello, toda vez que la actuación realizada se funda en una facultad legal, que determina, además, las condiciones y requisitos que deben seguirse para realizarla. Por consiguiente, no se trata del ejercicio de una facultad jurisdiccional ni menos de un proceso.

Señala que la Tesorería actúa como mero ente “recaudador”, pues la deuda no es con el Fisco, siendo el acreedor el nombre reservado de nombre reservado respectivo.

Añade que la Tesorería realiza una función simplemente administrativa, recaudadora de fondos, de ejecución de ley, por lo tanto, el recurrente tiene a salvo las vías jurisdiccionales para impugnar la retención.

Resalta que, existe jurisprudencia invariable que ha declarado que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna de parte de Tesorería ni de las Universidades en este actuar y cita fallos a modo de ejemplo.

Hace presente que, el Excmo. Tribunal Constitucional, desde el dictado del Reglamento de la ley N°19.989, ha rechazado las solicitudes de declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1° de esa ley, tal como consta en las sentencias que indica, apreciándose claramente que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

Cuarto: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, Director Jurídico de la Universidad de Chile, domiciliado en domicilio reservado, en nombre y representación de la referida Institución de Educación Superior, quien pide que la acción sea desestimada, con costas.

Como primera cuestión, opone la falta de legitimación pasiva de la Universidad de Chile, señalando que el recurrente ha incurrido en un error al dirigir su acción en contra de la Universidad de Chile, ya que todo lo relacionado con el nombre reservado, por expreso mandato legal, se encuentra entregado al nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile, que es administrado con amplias facultades por su Administrador General, lo que hace que el recurso esté mal entablado. En efecto, los artículos 70 y siguientes de la Ley N°18.591 establecieron los Fondos Solidarios de nombre reservado para cada una de las Instituciones de Educación Superior, que recibían aporte fiscal al 3 de enero de 1987.

Expone que dichos Fondos se encuentran regulados en los siguientes cuerpos legales: D.F.L. N°4, de 1981, del Ministerio de Educación Pública, que fija normas sobre financiamiento de las universidades y estableció el “nombre reservado Fiscal nombre reservado”; 3 y la Ley N°19.287, que modifica la Ley N°18.591 y establece normas sobre Fondos Solidarios de nombre reservado. Conforme a esos cuerpos legales, el nombre reservado del nombre reservado constituye jurídicamente un patrimonio separado en su administración de los demás bienes y obligaciones de la Institución de Educación Superior, en este caso de la Universidad de Chile y que sólo puede ser destinado a un fin específico: otorgar crédito a sus alumnos para pagar el valor anual o semestral de la matrícula o aranceles, según corresponda.

En lo que respecta a la atribución de solicitar la retención de la devolución de impuestos e imputar el monto retenido al pago de la deuda por nombre reservado, el artículo 1º de la Ley Nº19.989 la consagra específicamente en el Administrador del nombre reservado de nombre reservado respectivo, no siendo la Universidad de Chile la persona en contra de la cual debió ser dirigida la acción cautelar de autos.

Explica que el nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile, se encuentra a cargo de un Administrador General, con amplias atribuciones, quien es el que legalmente lo representa, ya que el propio legislador creó dicho cargo, ordenando expresamente que fuera una persona distinta del Rector (inciso final del artículo 71 de la Ley N° 18.591), quien es el responsable de mantener un sistema de seguridad y custodia de los activos del respectivo nombre reservado y cuenta con varias atribuciones para administrarlo con amplia autonomía. Entre dichas atribuciones se contemplan, las de proceder al cobro ejecutivo, en caso de incumplimiento del pago anual que corresponda efectuar en conformidad a lo establecido en la misma ley (artículo 15 de la Ley N° 19.287); certificar, cuando corresponda, la extinción de la deuda, sea por el pago efectivo del total del crédito, por el vencimiento del plazo o por otra causa legal (artículo 14 de la Ley N° 19.287); y, en general, ejercer todas las atribuciones inherentes a la función de administrar, y quedar sujeto a las obligaciones y responsabilidades propias del cargo.

Señala que, en el caso de la Universidad de Chile, ejerce el cargo de Administrador General del nombre reservado de nombre reservado, el Director de Finanzas y Administración Patrimonial de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.

Agrega que, el artículo 1° de la Ley N° 19.989 faculta al Administrador de nombre reservado de nombre reservado a solicitar la retención de la devolución de impuestos e imputar el monto retenido al pago de la deuda por concepto de nombre reservado, lo que ha ocurrido en el presente caso, citando jurisprudencia en apoyo de su excepción.

En cuanto al fondo, expresa que, según los antecedentes recabados del Administrador General del nombre reservado del nombre reservado de la Universidad de Chile, éste informó la morosidad del recurrente por concepto de nombre reservado y solicitó para el AT 2020 a la Tesorería General de la República la retención de la devolución de sus impuestos, puesto que efectivamente es deudor moroso del referido crédito solidario universitario.

Indica que, al 26 de mayo de 2020, el recurrente adeuda por concepto de crédito solidario la suma total de 346,04 UTM, equivalentes a $17.413.425, incluyendo capital moroso, reajustes e intereses correspondientes. En efecto, el recurrente obtuvo crédito solidario para financiar sus estudios en la carrera de Derecho, asumiendo las obligaciones establecidas en la Ley N°19.287. Posteriormente, se matriculó en calidad de “egresado regular” por última vez en el año 2016.

Destaca que durante los años 2017 y 2018 no formalizó matrícula, transcurriendo dos años completos desde su última matrícula, por lo que, conforme al inciso tercero del artículo 7° de la Ley N°19.287, el pago de la deuda de nombre reservado nombre reservado inició el año 2019.

Resalta que, el recurrente no presentó su declaración jurada de ingresos durante el año 2019, motivo por el cual, en cumplimiento al artículo 11 de la Ley Nº19.287, la Administración del nombre reservado de nombre reservado determinó un plan de pagos compuesto por 15 cuotas fijas, anuales y sucesivas de 24,24 UTM cada una y siendo el recurrente deudor moroso del crédito solidario, el señor nombre reservado, en conformidad al artículo 1° de la Ley N°19.989, solicitó a la Tesorería General de la República la retención de la devolución de impuestos en los procedimientos de Operación Renta del recurrente, hasta el monto del nombre reservado que se encontraba impago.

Señala que, de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley N°19.989, en enero de 2020, el Administrador General del nombre reservado de nombre reservado primero incluyó al recurrente en la Nómina de Deudores Morosos de nombre reservado afectos a la Retención de la Devolución de Impuesto a la Renta, nómina que fue publicada en diario electrónico de emol.cl el 10 de enero de 2020. Asimismo, como una medida complementaria para el conocimiento del recurrente, también le remitió una carta certificada de 10 de enero de 2020, enviada al domicilio informado por el recurrente y registrado en los sistemas corporativos del nombre reservado de nombre reservado.

Hace presente que es obligación del deudor informar cualquier cambio de domicilio al nombre reservado y en dicha carta, se advierte su situación de morosidad con el nombre reservado de nombre reservado; su incorporación a la nómina de deudores morosos informados, para la Retención de la Devolución de Impuesto a la Renta AT 2020 y el plazo que le asiste en virtud del artículo 6° del Decreto N°297, contados desde la notificación por carta certificada, para solicitar al Administrador respectivo que aclare la situación del deudor en aquellos casos en que éste considere que, o bien, ha operado algún modo de extinguir las obligaciones, o bien el monto que se consigna como adeudado no está correcto.

Afirma que, una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles, constatándose que el recurrente no hizo gestión alguna tendiente a aclarar su deuda conforme el citado Reglamento, se remitió, por vía electrónica y por escrito, al Ministerio de Educación, la nómina de deudores morosos de nombre reservado de nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile, para efectos que dicho Ministerio verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12° del Decreto Supremo N°297 de 19 de noviembre de 2009 MINEDUC.

Expone que establecido por el Ministerio de Educación la conformidad de la nómina de deudores morosos, se remitió a la Tesorería General de la República para los efectos de proceder a la retención de la devolución de impuesto en la Operación Renta del año 2020, la que retuvo la devolución de impuestos solicitada por el recurrente y remitió esa cantidad al Administrador General.

Precisa que, el nombre reservado, en ejercicio de sus facultades legales, realizó las gestiones para retener la devolución de impuestos del actor, imputando lo recibido desde la Tesorería al pago de la morosidad de la primera cuota de su plan de pagos, diligencia que se completó y permitió abonar a la deuda un monto ascendente a 18,59 UTM, que se desglosa en pago por concepto de capital por 17,63 UTM e interés por 0,96 UTM, quedando un saldo de morosidad por pagar de 6,68 UTM, al 28 de mayo de 2020.

Manifiesta que, al contrario de lo expuesto por el recurrente, el procedimiento de retención de devolución de impuestos a la renta fue llevado a cabo con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley N°19.989 y su Reglamento.

Luego, alega la extemporaneidad de la acción porque resulta evidente que el recurrente tomó conocimiento de que sería informado a la Tesorería como deudor moroso de crédito solidario para efectos de la retención según la Ley N°19.989 y su Reglamento, el 23 de enero de 2020, puesto que el 18 de enero pasado se entregó a la oficina de Correos de Chile una serie de cartas certificadas a despachar, entre ellas, la dirigida al recurrente.

Respecto la notificación por carta certificada, indica que el inciso 2° del artículo 46 de la Ley N°19.880, dispone que las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correo que corresponda y teniendo presente la presunción legal, la carta debe entenderse notificada el 23 de enero último.

En tal sentido, habiendo sido interpuesta la acción el 20 de mayo de 2020, es indudable que resulta extemporánea conforme la disposición primera del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Posteriormente, reclama que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria de la Universidad de Chile, ya que el recurrente es efectivamente deudor moroso del crédito solidario, por lo que el Administrador General del Fondo y la Tesorería ejercieron correctamente la facultad legal contemplada en la Ley N°19.989 y, según el procedimiento de su Reglamento, por lo que la retención y la remisión de los fondos al Sr. nombre reservado no son arbitrarias ni ilegales.

Añade que, tampoco estamos frente a un derecho claro e indubitado, donde esta acción cautelar no puede constituirse en una instancia válida para reclamar sobre la existencia derechos y/o obligaciones. No existiendo declaración judicial de un tribunal de la República, la deuda contraída por el recurrente está vigente y es de su cargo incoar los procedimientos necesarios para conseguir lo pretendido en estos autos.

Expone que, el recurrente indica que el procedimiento efectuado por las recurridas omite un trámite esencial de remisión de la carta certificada al domicilio de aquél, informándole de que sería incluido en las nóminas de deudores morosos para solicitar la retención de su devolución de impuesto, lo que queda descartado con los antecedentes que acompaña, pues la referida carta sí fue remitida al último domicilio registrado por el recurrente en el nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile, siendo obligación de aquél mantenerlo actualizado.

Atendida la circunstancia que el recurrente registraba una situación de morosidad del nombre reservado conforme la Ley N°19.287 y a que no se matriculó en dos años consecutivos (2017 y 2018), señala que debía presentar su declaración jurada ante el nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile, a más tardar, el día 31 de mayo de 2019, para efectos de que se determinase las cuotas a pagar por concepto de crédito solidario. No habiendo cumplido dicha obligación, el nombre reservado procedió a fijar la cuota a pagar por el recurrente, dividiendo el capital adeudado en 15 cuotas iguales, según dispone el artículo 11 de la Ley N°19.287, la primera de las cuales venció el 31 de diciembre de 2019 y la última al 31 de diciembre de 2033.

Resalta que, no cabe duda de que el señor nombre reservado de la Universidad de Chile ejerció correctamente la facultad legal contemplada en la Ley Nº19.989, al informar la morosidad al MINEDUC y percibir la retención de la devolución de impuestos de los deudores por este concepto, e imputarlas a sus deudas universitarias, ya que el Ministerio de Educación emitió el “Certificado de Conformidad”, y remitió electrónicamente a la Tesorería General las nóminas de deudas impagas, procediéndose a la retención de los impuestos.

Concluye que, no se ha actuado en forma ilegal o arbitraria alguna.

Añade que no existe afectación o amenaza de las garantías fundamentales del recurrente.

Respecto la afectación del derecho al “debido proceso” precisa que tal derecho no es de aquellos que autoricen la interposición del presente recurso, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política el mismo procede cuando se trate de la infracción a lo establecido en el inciso 4° (sic) del numeral 3° del artículo 19 del mismo texto legal, esto es, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, lo que ciertamente no acontece en el presente caso, ni tampoco se ha denunciado por el recurrente.

Reitera, incansablemente, que el Administrador General del nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile, mediante la publicación en un diario electrónico y la remisión de una carta certificada, informó al recurrente de su inclusión en la nómina de deudores morosos afectos a la retención de la devolución de impuesto a la renta, así como de su derecho de solicitar la aclaración de su situación, siendo evidente que tuvo la posibilidad de excepcionarse de pago, presentando sus medios de prueba o impugnar la obligación.

Indica que, el procedimiento cuestión no infringe el artículo 19 N°3 de la Constitución, toda vez que el mismo tiene naturaleza administrativa, no constituye ejercicio de jurisdicción y, en el mismo, el recurrente fue debidamente emplazado por el nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile.

Expone que, es un hecho no controvertido que parte de los estudios universitarios del actor fueron financiados por el Estado y que no ha pagado su crédito, rompiendo una cadena solidaria que busca beneficiar a otros, pues el nombre reservado se constituye principalmente por las devoluciones que hacen los deudores. El nombre reservado recauda sus créditos no para perjudicar a nadie ni para obtener lucro, sino para volver a prestar esos dineros a otros estudiantes necesitados.

Finalmente, manifiesta que no es efectivo que el nombre reservado de nombre reservado y la TGR estén utilizando medios de autotutela ilegítimos y no contemplados a favor de ningún acreedor. Muy por el contrario, ambas instituciones se han ceñido estrictamente al procedimiento establecido para el ejercicio de la facultad establecida en la Ley N° 19.989 y su Reglamento.

Respecto a la afectación del derecho de propiedad señala que al haberse demostrado que no se ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, dicha circunstancia se alza como argumento suficiente para que se desestime la presente acción cautelar, reiterando, innecesariamente, las alegaciones anteriores, concluyendo que no existe agravio alguno a dicha garantía constitucional, máxime si se alega la violación a un supuesto derecho de propiedad respecto al derecho de alegar la prescripción de la obligación. A mayor abundamiento, no puede estimarse que el recurrente tenga un derecho de propiedad sobre su solicitud de devolución impuesto a la renta, toda vez que este es de naturaleza condicional y se ve sujeto a las retenciones que establece la normativa vigente, citando jurisprudencia en tal sentido.

Quinto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Copia del Decreto nombre reservado N°001848, del 2000, en que se designa como Administrador General del nombre reservado del nombre reservado de la Universidad de Chile, al Directivo (Director del Departamento de Finanzas), Gr.04 ESU, de la Vicerrectoría de Economía y Administración; 2. Copia simple de carta enviada por el Administrador General de nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile a la recurrente, de 10 de enero de 2020; 3. Copia simple de nómina de deudores morosos con el nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile notificados para la Retención de la Devolución de Impuesto a la Renta año tributario 2020, según la Ley N°19.989; 4. Copia de Resolución Exenta N°0316, de 27 de marzo de 2020; 5. Certificado de conformidad para el proceso de retención de la Ley N°19.989, año tributario 2020; 6. Guía de admisión y despacho emitida por Correos de Chile de 18 de enero de 2020.

Sexto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Séptimo: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Octavo: Que, la recurrida, Universidad de Chile, ha opuesto la excepción de falta de legitimación pasiva, fundado en que la acción deducida debió ser incoada en contra del Administrador General del nombre reservado del nombre reservado de la Universidad de Chile, que corresponde al Director del Departamento de Finanzas de dicha Casa de Estudio, quien es el encargado de manejar dicho nombre reservado, ya que todo lo relacionado con el nombre reservado, por expreso mandato legal, se encuentra entregado al nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile, que es administrado con amplias facultades por su Administrador General, lo que hace que el recurso esté mal entablado. En efecto, los artículos 70 y siguientes de la Ley N°18.591 establecieron los Fondos Solidarios de nombre reservado para cada una de las Instituciones de Educación Superior, que recibían aporte fiscal al 3 de enero de 1987.

En relación con dicha alegación, es indudable que la acción de protección tiene como objeto y causa, el reproche realizado respecto de la facultad de retención de su devolución de impuestos, la que es ejercida, conforme al artículo 1° de la Ley N°19.989, por parte del Administrador General del nombre reservado del nombre reservado de la Universidad de Chile, lo que pone de manifiesto que es dicho funcionario el legitimado pasivo respecto de la acción incoada y no la Casa de Estudios recurrida, que no tiene injerencia alguna, legal o reglamentaria, en el manejo de dichos fondos y su exigibilidad, lo que conlleva al rechazo del recurso en dicho extremo, no siendo necesario pronunciarse sobre la extemporaneidad y sin perjuicio de lo que se analizará en cuanto al fondo.

Noveno: Que, en cuanto al fondo, es necesario analizar la normativa que regula el actuar del Administrador General del nombre reservado del nombre reservado. Al efecto, el artículo 1º de la Ley 19.989 establece que: “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de nombre reservado respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de nombre reservado, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

Por su parte, el Decreto 297 de 19 de noviembre de 2009, que aprueba Reglamento que fija procedimiento para retención de la devolución del impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República, señala en su artículo 1° que: “Ámbito de aplicación. El presente Reglamento regirá la forma en que las Instituciones Administradoras del nombre reservado del nombre reservado, en adelante indistintamente ‘Administrador’ o ‘Administradoras’, informarán a la Tesorería General de la República de las deudas que existan con éstas, por concepto de nombre reservado nombre reservado nombre reservado; los procedimientos de retención de las devoluciones de impuestos a que se refiere el inciso 1º del artículo 1º de la ley Nº19.989; la imputación de las retenciones de impuestos a las deudas informadas por los respectivos Administradores de los Fondos Solidarios de nombre reservado y de su respectivo pago, y el ejercicio de derechos por parte de los deudores afectados”.

El artículo 3° de dicho Reglamento señala que: “Notificaciones. Para todos los efectos del presente Reglamento, las notificaciones a los deudores, se realizarán de la siguiente manera:

1.- En caso de constar el domicilio del deudor respectivo, la notificación se realizará mediante carta certificada, entendiéndose notificado el deudor en este caso, a contar del tercer día de la recepción de dicha carta en la oficina de correos.

2. En caso de no constar o no existir domicilio conocido del deudor, la notificación se realizará por medio de un aviso, entendiéndose notificado el deudor desde la fecha de la respectiva publicación en un diario de circulación nacional”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 5° de dicho cuerpo reglamentario establece que: “Los Administradores deberán notificar a los deudores respectivos que serán sujetos de retención de impuestos por las deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario.

Los Administradores no podrán continuar adelante con el procedimiento establecido en este Reglamento, mientras no hayan dado cumplimiento cabal a lo dispuesto en el inciso anterior”.

El artículo 12 regula la remisión de las nóminas de deudores al prescribir que: “Remisión de nóminas de deudas vencidas e impagas. Una vez finalizado el proceso de reclamo ante los Administradores de Fondos Solidarios de nombre reservado, estos deberán remitir al Ministerio de Educación, antes del 30 de marzo del año respectivo, una nómina consolidada de los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº 19.287 y sus modificaciones, y de los montos de dicho crédito que se encontraren impagos.

Las nóminas serán remitidas vía electrónica y por escrito en una resolución formal del Administrador respectivo.

El Ministerio de Educación deberá verificar que las nóminas contengan las menciones indicadas en el inciso 2º del artículo 4º, que haya sido practicada la notificación ordenada en el artículo 5º, que en el caso de que haya sido interpuesta la solicitud de aclaración a que se refiere el Título III, ésta haya sido resuelta determinando que existe deuda a favor del Administrador del nombre reservado de nombre reservado nombre reservado nombre reservado, y que se haya enviado la carta a la que alude el artículo 11º. Para ello el Ministerio tendrá un plazo de 10 días, contados desde la fecha de recepción de las nóminas.

En el evento de cumplirse con los requisitos señalados en el inciso anterior, procederá a emitir un certificado de conformidad, respecto de las nóminas que den cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, el que será remitido al Administrador de nombre reservado de nombre reservado respectivo. Una copia de éste será enviado a la Tesorería General de la República.

Además, el Ministerio de Educación remitirá electrónicamente a la Tesorería General las nóminas de deudas impagas ya referidas para que, con el mérito de éstas y de la copia del certificado ya señalado en el inciso anterior, dé cumplimiento a lo indicado en el artículo 13º del presente Reglamento. Todo lo anterior deberá ser realizado por el Ministerio de Educación dentro del plazo señalado en el inciso 3º de este artículo.

Cuando las nóminas no cumplan con todos los requisitos establecidos en el inciso 3º de este artículo, o cuando contengan errores u omisiones, el Ministerio de Educación lo comunicará por la vía que estime más idónea al Administrador correspondiente para que las rectifique dentro del plazo de dos días contados desde la recepción de la comunicación respectiva. Una vez rectificada la nómina, el Administrador la remitirá al Ministerio de Educación, el que procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del presente artículo.

No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el Administrador de nombre reservado de nombre reservado respectivo será el único responsable de enviar y mantener actualizada la información respecto de las deudas mencionadas en las nóminas, incluso debiendo modificarla en los sistemas y bases de datos de la Tesorería General de la República en los términos y condiciones que ésta les permita a cada uno de ellos, cada vez que exista un pago u otra circunstancia que altere o modifique el crédito a favor del o los deudores, la individualización de la persona de éstos, así como las condiciones y/o los montos que deban ser retenidos y pagados por la Tesorería General de la República”.

Finalmente, el artículo 13 dispone que: “Una vez recibidas las nóminas de deudas vencidas e impagas, la Tesorería General de la República estará facultada para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

Por su parte, el artículo 9° de la Ley N°19.287 establece que: “Los deudores acreditarán sus ingresos mediante declaración jurada, a la que acompañarán, si procediere, la declaración de renta o, en su defecto, certificado de sueldo del o de sus empleadores. La información requerida en virtud de este artículo se presentará, a más tardar, el último día hábil del mes de mayo del año en que corresponda efectuar el pago. El reglamento establecerá las normas que regirán esta materia.

El administrador general del fondo de cada Institución podrá verificar la información suministrada por los deudores con todos los antecedentes de que dispongan el Servicio de Impuestos Internos, las instituciones previsionales, empleadores y demás organismos públicos y privados, todos los cuales estarán obligados a proporcionar dichos antecedentes. Para estos efectos, los deudores, cuando corresponda, dejarán constancia de la entidad previsional a que se encuentran afiliados y autorizarán expresamente la verificación de sus ingresos ante la misma (…)”.

Por último, el artículo 11 de la referida Ley N°19.287 dispone que: “Si un deudor no acreditare sus ingresos en el plazo señalado en el inciso primero del artículo 9º, el administrador general del fondo respectivo le determinará una cuota fija, anual y sucesiva, que se calculará en función del saldo deudor debidamente actualizado, dividiendo el monto de la deuda por el número de años de cobro, de acuerdo a la siguiente tabla:

Saldo deudor deuda (UTM)

Años de cobro Desde 0 a 50 6 Desde 51 a 100 9 Desde 101 a 200 12 201 o más 15 Para el cálculo de las cuotas anuales, la tasa de interés a utilizar ascenderá a un 2% anual.

La cuota fijada con arreglo a los incisos precedentes tendrá mérito ejecutivo y se hará exigible al 31 de diciembre del año respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de fuerza mayor debidamente calificado como tal por el administrador general del fondo, éste podrá ampliar el plazo a que se refiere el inciso primero hasta en noventa días”.

Décimo: Que, asentados los conceptos antes señalados y con el mérito de la documentación acompañada por la Universidad de Chile, no objetada de contrario, queda de manifiesto que el Administrador General del nombre reservado de nombre reservado de dicha Casa de Estudio remitió la correspondiente carta certificada al recurrente, en la que se indicó, expresamente que: “(…) se notifica que ha sido incorporado en la nómina de deudores morosos informados para la Retención de la Devolución de Impuesto a la Renta Año Tributario 2019, que realiza la Tesorería General de la República, en función de la morosidad indicada en el cuadro anterior. (…)”.

La decisión adoptada por el Administrador General obedece a que el recurrente no presentó su declaración jurada de ingresos durante el año 2019, motivo por el cual, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº19.287 se determinó un plan de pagos compuesto por 15 cuotas fijas, anuales y sucesivas de 24,24 UTM cada una, atendido el monto de la deuda que registra el actor, según la tabla que contiene dicha norma.

Undécimo: Que, el envío de la respectiva carta de deudor moroso consta, indubitadamente, en la nómina de envío de cartas certificadas a Correos de Chile, en el que expresamente aparece individualizado el actor, con domicilio en domicilio reservado.

Duodécimo: Que, no habiendo ejercido el derecho de aclaración que contempla el artículo 6° del Decreto 297, el Administrador General procedió a remitir la nómina de deudores morosos ante el Ministerio de Educación, mediante Resolución Exenta N°0316 de 24 de marzo de 2020. Dicho Ministerio, previo examen de los antecedentes remitidos, emitió el Certificado de Conformidad de 3 de abril de 2020, ordenando su remisión para ante la Tesorería General de la República, organismo que actuando como mero agente retenedor, dispuso la respectiva retención de la devolución de impuestos del actor, por haber sido debidamente ordenado por el Administrador General del fondo nombre reservado de nombre reservado de la Universidad de Chile, con la anuencia del Ministerio de Educación.

Del análisis de la documentación acompañada, queda de manifiesto que la recurrida Tesorería General de La República y el Administrador General han actuado en conformidad a la ley, sin que en sus actuaciones exista ningún atisbo de arbitrariedad, máxime cuando ha sido el propio recurrente quien se expuso, voluntariamente, a la situación que hoy reprocha, por cuanto, no concurrió ante el referido Administrador a extender la declaración jurada de ingresos, en conformidad al artículo 9° de la Ley N°19.287, aplicándose a su respecto, la determinación de las cuotas fijas a pagar, conforme la tabla contenida en el artículo 11 de la referida normativa.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, no existiendo ilegalidad, ni arbitrariedad en el actuar de la Tesorería General de la República o del Administrador General del nombre reservado del nombre reservado de la Universidad de Chile, ni menos, de dicha Casa de Estudios, que no tiene legitimación pasiva en estos autos, es que el presente arbitrio debe ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que, se acoge, con costas, la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de la recurrida Universidad de Chile, rechazándose en todas sus partes la acción deducida a su respecto;

II.- Que, se rechaza, con costas, el recurso de protección intentado por don nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-44.681-2020.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el el Ministro señor Fernando Carreño Ortega, e integrada por los Ministros (S) señora María Inés Lausen Montt y señor Mauricio Rettig Espinoza. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, once de noviembre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.