nombre reservado con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Santiago, siete de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que con fecha 25 de abril de 2022, don nombre reservado dedujo recurso de protección en contra del Ministerio de Obras Públicas, fundando su acción, en lo medular, en que el Servicio habría incurrido en un acto arbitrario e ilegal al dictar la Resolución RA N° 273/540/2022, de fecha 25 de marzo de 2022, que dispuso el término anticipado de su contrata.

Alega que la decisión de poner término anticipado a su contrata es ilegal y arbitraria y vulneradora de los derechos y garantías constitucionales contemplados en el artículo 19 N° 2°, 16° y 24° de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho y se adopten las medidas necesarias con el fin que se respeten los derechos y garantías vulneradas y consecuentemente se invalide el procedimiento administrativo que ha dispuesto su desvinculación.

Relata que por Resolución Exenta RA N° 273/486/2020 de 08 de abril de 2020 se dispuso su designación a contar del 9 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 y mientras fueran necesarios sus servicios como profesional, asimilado a grado 5° EUS de la planta de profesionales, para desempeñarse en la Subsecretaría de Obras Públicas, designación que fue prorrogada para los años 2021 y 2022 por Resolución Exenta RA N° 273/873/2020 y Resolución Exenta RA 273/1152/2021.

Agrega que por Resolución Exenta RA N° 273/569/2020 se efectuó una encomendación de funciones de carácter directivo, para que ejerciese la Jefatura de la Subdivisión de Planificación y Gestión Financiera del Ministerio de Obras Púbicas a contar del 16 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Hace presente que dicha situación fue renovada en los años 2021 y 2022.

Subraya que, durante su permanencia en el organismo recurrido, en su hoja de vida no tuvo anotaciones de demérito ni fue objeto de ninguna medida disciplinaria. Señala que la resolución contra la cual se recurre utiliza en forma expresa la fórmula “por no ser necesarios sus servicios” y que la argumentación para ponerle término a su contrata, en resumen, se basa en que el servicio recurrido considera que por el sólo hecho de que a su parte le hayan sido encomendadas funciones de jefatura, implicaría que pasa a tener la calidad de funcionario de confianza y, por ende, no se encontraría amparado por el principio de la confianza legítima.

Alega que no existe motivación para poner término anticipado a su contrata, sino que existe sólo un actuar arbitrario y caprichoso de la autoridad, por cuanto el puesto de trabajo existe y su parte no posee una deficiente evaluación funcionaria.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema, entre ella la contenida en el fallo Rol 35-2022, de 12 de enero de 2022, en que el máximo tribunal dispuso, en su considerando cuarto, “que la expresión ‘mientras sean necesarios sus servicios’ permite, en esta clase de nombramientos, que la autoridad administrativa pueda prorrogar la vigencia de la contrata más allá de su plazo original, pero no que pueda ponerle término antes de que éste finalice, como ocurrió en la especie, ya que esto último, además de importar una actuación de la autoridad contraria al acto propio consistente, precisamente, en establecer dicho plazo, infringe la norma del artículo 2 de la Ley N° 18.833, citada en el motivo que antecede, que discurre sobre la base de que los cargos a contrata tienen un plazo de duración determinado que, si bien no puede exceder del 31 de diciembre de cada año, debe ser respetado por la autoridad, sin perjuicio de su facultad para prorrogarlo en la medida que sean necesarios los servicios que le dan origen”.

SEGUNDO: Que el Ministerio de Obras Públicas evacuó su informe y solicitó el rechazo con costas del recurso, dado que el acto que lo motiva no sería ilegal ni arbitrario. Refiere que el Dictamen N° 48.251, de 2010, de la Contraloría General de la República, resolvió que la aplicación de la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que a aquel se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario.

El cargo del recurrente era de jefatura y por tanto de confianza, de modo que no se aplicaría a su respecto el principio de confianza legítima. Tampoco advierte arbitrariedad en su obrar pues el acto impugnado está fundado.

Por lo mismo, entiende que no se han vulnerado los derechos establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, mencionados por el recurrente.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el Ministerio de Obras Públicas no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a terminar anticipadamente la contrata del actor por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio.

QUINTO: Que, en efecto, lo cierto es que el acto está motivado —se puede leer en la resolución impugnada que el señor nombre reservado fue contratado mediante la Resolución Exenta RA N° 273/486/2020, como profesional asimilado al grado 5° EUS en la Subsecretaría de Obras Públicas para realizar labores de jefatura de la Subdivisión de Planificación y Gestión Financiera de la aludida Subsecretaría, a contar del 9 de marzo de 2020; que el acto anterior fue renovado dos veces, la última vez del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso; que a través de la Resolución Exenta RA N° 273/569/2020 se efectuó una encomendación de funciones de carácter directivo para que el señalado funcionario pudiera ejercer la jefatura de la Subdivisión de Planificación y Gestión Financiera del MOP a contar del 16 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, renovándose por períodos sucesivos y hasta el 31 de diciembre de 2022; que el denominado “principio de confianza legítima no se aplica a “asesores de gabinetes de jefes de servicios”; que el señor nombre reservado era, entonces, un funcionario “de confianza” de las pertinentes autoridades— y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos del MOP no lo torna en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar la fundamentación pues en tal caso abandonarían su papel de juzgadores y se convertirían en administradores, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que, según lo informado por el recurrido, se tiene desde el 8 de abril de 2020, mientras eran necesarios sus servicios, decidiendo la misma repartición, por un acto motivado, que procedía poner término anticipado a la última contrata, que vencía el 31 de diciembre de 2022.

SEXTO: Que, por lo demás, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en el MOP “y mientras sean necesarios sus servicios”, venciendo la última prórroga el 31 de diciembre de 2022. Y la resolución impugnada decidió poner término anticipado a esta contrata.

SÉPTIMO: Que, por todo lo expresado, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la Administración plasmada en la resolución impugnada de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880.

OCTAVO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley —N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República—, debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido; el N° 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil; y en lo que respecta al N° 16 del aludido artículo 19, el artículo 20 de la Constitución sólo lo protege en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

N° 44.459-2022.