nombre reservado con TESORERÍA REGIONAL METROPOLITANA

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, el abogado don Alejandro Ramírez Valdivia, por 5 minutos; y contra el recurso, el abogado don Rafael Mellado Sobarzo, por 8 minutos. Santiago, 30 de julio de 2018.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, treinta de julio de dos mil dieciocho.

Proveyendo escrito folio 274928: A sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Alejandro Ramírez Valdivia, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, factor de comercio, del mismo domicilio, quien recurre de protección en contra de la Tesorería General de Republica, representada por don nombre reservado, Tesorero General de la República, ignoro profesión y de la Tesorería Regional Metropolitana, representada por don nombre reservado, Tesorero Regional Metropolitano, de quien ignoro profesión, todos domiciliados en domicilio reservado, por estimar conculcada la garantía de propiedad con ocasión de una compensación administrativa realizada por la recurrida.

Pide se deje sin efecto la compensación realizada y se proceda a la devolución establecida por el Servicio de Impuestos Internos emitiendo a favor del recurrente un cheque por la suma de $4.865.941.-, mas reajustes, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que el recurrente se enteró el 25 de mayo, al consultar el estado de su declaración renta 2018, informado por el Servicio de Impuestos Internos, advirtió que: “Su declaración no presenta diferencias con respecto a la información que el SII tiene en sus sistemas, por lo tanto, se autorizó a la Tesorería General de la República a que deposite o emita cheque por $4.865.941”.

Agrega, que posteriormente, la Tesorería efectuó una rebaja de $4.924.332 por concepto de compensación por lo que no se emitió cheque o depósito y consultado a la recurrida, la referida compensación se realizó por una deuda que mantenía el actor, la que fue declarada prescrita por sentencia del 2° Juzgado Civil de San Miguel, en autos rol C-162100-2015, notificada a la Tesorería Regional Metropolitana Santiago Sur el 11 de enero de 2018, apelada por dicha Tesorería y confirmada por la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, en autos rol Civil-265-2018, el 4 de mayo pasado.

Estima que la compensación efectuada es un acto arbitrario e ilegal que atenta contra la garantía de propiedad del N°24° del artículo 19 de la Constitución Política, respecto de su devolución de impuestos, dado que al momento en que Tesorería General de la República, procede a realizar indebidamente la compensación, ya se había declarado por el tribunal de primera instancia y confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, la Prescripción respecto de los folios por los cuales la recurrida procedió a realizar la compensación.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: a) Consulta de Estado Declaración Renta 2018; b) copia de Sentencia en autos rol C- 162100-2015 del 2° J. Civil de San Miguel; c) copia de confirmación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, en autos de apelación rol Civil-265-2018.

Tercero: Que, evacua el informe requerido la Juez Suplente del Segundo Juzgado Civil de San Miguel doña nombre reservado quien expuso que en dicho tribunal se tramitan los autos rol C-162100-2015 por demanda de declaración de prescripción extintiva interpuesta por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República por la cual se solicitó la referida declaración respecto de los impuestos con vencimiento desde el 12 de agosto de 1998 al 30 de abril de 2000, haciendo presente que los autos rol C-13.960-2006 seguidos ante dicho tribunal que pretendían dicho cobro se declaró el abandono del procedimiento.

Refiere que en la causa Rol C-162100-2015 se declaró la prescripción de los F. 21 cuyos folios individualiza, siendo notificada la demandada y recurrida de la sentencia el 11 de enero de 2018, quien interpuso recurso de apelación que fue resuelto mediante sentencia confirmatoria de 4 de mayo pasado, sin que se haya interpuesto recurso alguno, decretándose el cúmplase el 1 de junio último.

Cuarto: Que, contestó el informe requerido don nombre reservado, abogado, por la recurrida y solicitó el rechazo del recurso impetrado.

Funda su alegaciones señalando que el contribuyente nombre reservado, mantenía una deuda con el Fisco derivada principalmente de formularios 21, emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, la que se encontraba demandada en los Expedientes Administrativos roles 500-2005 y 501-2003, ambos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y el 14 de diciembre de 2015, dedujo demanda de prescripción extintiva en causa Rol C-162100-2015, seguida ante el 2° Juzgado Civil de San Miguel.

Agrega que el 10 de mayo de 2017, se dicta sentencia de primera instancia en la aludida causa, la que declaró prescrita las acciones de cobro de impuestos, por formularios 21, folios Nos 1000056794; 1000056854; 100845742; 100845812; 100845872 y 100845892, notificada a esta parte con fecha 11 de enero de 2018 y el Servicio de Tesorerías, el 24 de enero de 2018, interpuso recurso de apelación respecto a lo resuelto por el 2° Juzgado Civil de San Miguel, siendo confirmada por la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel el 4 de mayo de 2018.

Precisa que el 20 de mayo de 2018, el Servicio de Tesorerías compensó las deudas que el recurrente mantenía a la fecha con esta entidad, con su devolución de renta correspondiente al año tributario 2018 y el 1 de junio de 2018, el tribunal a quo dicta el "cúmplase”, momento a partir del cual la sentencia se encuentra ejecutoriada.

Luego, alega la extemporaneidad de la acción constitucional impetrada, fundado en que la compensación efectuada por el Servicio de Tesorerías el 20 de mayo de 2018, de la que según declara el mismo recurrente, se enteró el 25 de mayo, al Consultar el Estado de su Declaración Renta 2018...” debió ser interpuesta dentro de los 30 días siguientes, plazo que estaría vencido el 26 de junio de 2018, fecha que estima en que se interpuso dicha acción cautelar.

Posteriormente, alega que el recurso es inadmisible, toda vez que el legislador estableció un procedimiento para ejecutar y hacer cumplir lo resuelto en una sentencia definitiva, como aquella que declara la prescripción, ya que del análisis de la acción interpuesta, deduce que don nombre reservado recurre porque a su entender, el Servicio de Tesorerías no habría dado cumplimiento a lo sentenciado por el 2° Juzgado Civil de San Miguel, efectuando la compensación de una deuda que ya había sido declarada prescrita por el aludido tribunal, controversia que se circunscribe al cumplimiento -o incumplimiento - de la sentencia dictada por el 2° Juzgado Civil de San Miguel, en causa Rol C-162100-2015, materia que se encuentra expresamente regulada en el Título XIX del Libro I del Código de Procedimiento Civil, denominado “De la ejecución de las resoluciones judiciales”, tratado en los artículos 231 y siguientes.

Agrega que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos cuando para ello existen procedimientos ordinarios, de tal manera que el derecho reclamado por el recurrente, de encontrarse afectado, está protegido por los mecanismos preestablecidos por el legislador. En consecuencia, resulta improcedente atacar por la vía de esta acción constitucional un conflicto suscitado con motivo del cumplimiento de una sentencia judicial.

Finalmente, sostiene que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal de parte del Servicio de Tesorerías, ya que la facultad que le asiste a la recurrida para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

Cita el artículo 1.656 del Código Civil, señalando que la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas, y 4) Que ambas sean actualmente exigibles.

Estima que en la especie, concurrió el primero de los requisitos para que operara la compensación. En relación a los requisitos 2° y 3°, no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al 4° requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, cabe consignar que de acuerdo a lo informado previamente, a la fecha de la compensación su deuda era plenamente exigible, la sentencia no se encontraba ejecutoriada, por lo que los giros en cuestión estaban en Tesorerías en “condiciones de ser pagados”, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6° del D.FL. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y por ende, en relación a estas deudas recíprocas operó por el sólo ministerio de la ley una compensación aún sin el conocimiento del deudor.

Conforme a lo anterior, dado que la deuda fiscal era exigible y líquida al momento de efectuarse la compensación, dicho modo de extinguir operó por el sólo ministerio de la ley, no existiendo en Tesorería al 20 de mayo de 2018, constancia de haber recibido ninguna comunicación que dejara sin efecto el cobro de las deudas.

Quinto: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, la cuestión central de la presente acción cautelar, dice relación con establecer si existió arbitrariedad o ilegalidad en el ejercicio de la recurrida de compensar administrativamente la devolución de impuesto del actor correspondiente al año tributario 2018, respecto de las deudas perseguidas por el Servicio de Tesorerías.

Séptimo: Que, antes de entrar en el análisis del fondo, conviene precisar, en relación a la alegación de extemporaneidad, que la misma carece de fundamento, desde que el propio recurrente reconoció haber tomado conocimiento de la compensación efectuada el 25 de mayo pasado, presentando la acción de protección el 24 de junio último, esto es, al día 30 contado desde la fecha antes señalada.

No existiendo otro antecedente más que el señalado por el propio actor y atendido a que la compensación administrativa es un acto que no se notifica formalmente al contribuyente, al emanar de una potestad ejercicio discrecionalmente por la recurrida, el arbitrio intentado debe tenerse por interpuesto dentro de plazo.

Octavo: Que, en relación a la alegación de no ser la vía proteccional el medio idóneo para hacer cumplir la sentencia de prescripción, dicha apreciación no será tomada en consideración, desde que la demanda interpuesta por el recurrente sólo tuvo por objeto declarar la prescripción de las deudas que motivaron el ejercicio de la acción de cobro por parte del Servicio de Tesorerías en los expedientes administrativos roles 500-2005 y 501-2003- Pedro Aguirre Cerda, siendo la compensación un acto ejecutado con posterioridad, incluso, a la dictación de las sentencias respectivas, cuestión que escapa de la competencia de dichos tribunales y del objeto mismo del juicio de prescripción.

En consecuencia, el procedimiento incidental de ejecución de la sentencia no alcanza a satisfacer la problemática planteada a partir de la compensación efectuada por el Servicio de Tesorerías. Por ello, la acción se protección se alza como un remedio posible para reparar aquellos casos en que se haya lesionado o amenazado alguno de los derechos constitucionales taxativamente mencionados por la Carta Fundamental.

Noveno: Que, en relación al fondo del asunto debatido, conviene precisar que mediante los informes evacuados se han asentado como hechos indiscutidos los siguientes:

a) Que, el Servicio de Tesorerías inició dos causas administrativas en contra del recurrente roles 500-2005 y 501-2003, ambas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

b) Que, pasados dichos expedientes administrativos a segunda etapa para perseguir el cumplimiento forzado de los embargos practicados ante el 2º Juzgado Civil de San Miguel, por sentencia de 22 de abril de 2014 se declaró abandonado el procedimiento ejecutivo.

c) Que, por sentencia de 10 de mayo de 2017, notificada a la recurrida el 11 de enero de 2018, se declaró la prescripción de la acción de cobro de impuestos a favor del recurrente, respecto de los folios consignados en los referidos expedientes administrativos.

d) Que, el 4 de mayo pasado se dictó sentencia confirmatoria del fallo antes mencionado por la I. Corte de Apelaciones de San Miguel.

e) Que, el 1 de junio último se dictó el cúmplase de dicha sentencia.

Décimo: Que, como primera cuestión, conviene precisar que esta Corte ha establecido de manera uniforme y reiterada que, la declaración de abandono es plenamente procedente decretarla tanto en sede administrativa como en sede civil, y que los efectos de la sentencia que así lo establece, debe entenderse que afecta a todo el procedimiento, es decir, desde la fase administrativa en adelante.

En consecuencia, la sentencia dictada en los autos Rol C-139.962-2006 del 2º Juzgado Civil de San Miguel que declaró abandonado el procedimiento, afectó, indefectiblemente a los expedientes roles 500-2005 y 501-2003, ambos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y por este motivo, el Servicio de Tesorerías no se encontraba legalmente facultado para ejercer la compensación administrativa, al faltar uno de los requisitos fundamentales para ello, esto es, que las deudas cuya obligación se persigue hayan sido actualmente exigibles. En efecto, desde que los expedientes administrativos perdieron eficacia jurídica al dictarse el abandono del procedimiento a su respecto y al no existir constancia que se haya dado cumplimiento a las instrucciones impartidas por la División Jurídica de dicha Tesorería, en cuanto a que deben confeccionarse nuevos expedientes administrativos para perseguir el cobro de las obligaciones tributarias en caso que se haya establecido su abandono, es indudable que no podía operar la compensación realizada, tornándose dicha actuación en ilegal, al incumplirse los mandatos normativos que la hacía procedente; y también arbitraria, al erigirse como una verdadera autotutela sin razón suficiente, que ha causado perjuicio en el patrimonio del actor.

Undécimo: Que, por otra parte, conviene precisar que la sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de San Miguel que confirmó la prescripción extintiva de las deudas compensadas ilegalmente, fue dictada con anterioridad al ejercicio de dicha potestad, toda vez que dicha resolución judicial fue notificada por el estado diario el 4 de mayo de 2018 y conforme la interpretación armónica de los artículos 773 y 38 del Código de Procedimiento Civil, la misma causaba ejecutoria desde el momento de su notificación en la fecha indicada.

Luego, al haberse compensado parcial y administrativamente la deuda el 20 de mayo de 2018, dicha potestad fue ejercida en abierta infracción a lo decidido en una sentencia definitiva que causaba ejecutoria y que declaró la prescripción extintiva de la acción de cobro del Fisco de Chile, perdiendo desde ese momento la exigibilidad, sin perjuicio que las causas que dieron origen a dicha acción de cobro también se encontraban abandonadas.

Por todo lo anterior, el Servicio de Tesorerías, en tanto órgano que ejerce jurisdicción conjunta, ha infringido el ordenamiento jurídico, ya que no pudo actuar en un procedimiento abandonado de oficio, compensando deudas cuya acción de cobro se encontraba declarada su prescripción por sentencia que causaba ejecutoria, contraviniendo con ello el principio de legalidad.

Duodécimo: Que, por todas estas consideraciones, la compensación efectuada ha de ser calificada como arbitraria e ilegal, debiendo procederse a dejarla sin efecto y disponer las medidas que se indicarán en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, con costas, la acción interpuesta por don Alejandro Ramírez Valdivia, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio de Tesorerías y, en consecuencia, se declara:

a) Que, la compensación efectuada por la recurrida el 20 de mayo de 2018, respecto de la devolución de impuestos del recurrente correspondiente al año tributario 2018 es arbitraria e ilegal, la que se deja sin efecto;

b) Que, la recurrida deberá disponer la devolución de impuestos aprobada por el Servicio de Impuestos Internos, debidamente reajustada, por la suma original de $4.924.332.- Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-44.364-2018.