nombre reservado con COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES, COMISIÓN INGRESA

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de septiembre de dos mil veinte.

Proveyendo los escritos folios 18, 19 y 20, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, deduce recurso de protección de Garantías Constitucionales en contra de la Tesorería General de la República, representada Legalmente por el Tesorero General don nombre reservado, domiciliados ambos Teatino Nº 28, Santiago y en contra de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), representada legalmente por el Ministro de educación don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber vulnerado la Garantía Constitucional de Propiedad consagrada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, al retener y negarse a reintegrar, en forma arbitraria e ilegal, la suma correspondiente a mi devolución de impuestos de la Operación Renta del presente año 2020 correspondiente a $376.349.- por concepto de la retención realizada el día 21 de abril del presente año; y $ 120.448.- por concepto de la retención realizada el día 24 de abril de 2020; existiendo, a su vez, una sentencia ejecutoriada que declara el abandono del procedimiento pronunciada por parte de un Tribunal de la República en razón de los fundamentos que expone.

Que la recurrente señala haber estudiado una carrera universitaria con crédito con aval del Estado, que no pudo pagar oportunamente, motivo por el cual y encontrándose en mora de cumplir la obligación, el Banco del Estado de Chile la demandó ejecutivamente, en la causa ROL C-8102-2016 del 20º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago notificando válida y personalmente dicha demanda en el 26 de abril de 2016, fecha desde la cual no se realizo ninguna gestión en el procedimiento. De forma posterior el 6 de mayo de 2019 se solicito el abandono del procedimiento y previos los trámites procesales se dictó sentencia que hizo lugar al mencionado incidente de abandono del procedimiento, que se encuentra ejecutoriada.

Que existiendo una sentencia que declaro el abandono del procedimiento en relación al Banco ejecutante y a su mandante, es decir, el fisco, dicha resolución ejecutoriada afecta a la Tesorería al estar imposibilitada de realizar la retención en cuestión, careciendo a su vez de titularidad para compensar unilateralmente lai deuda, por cuanto tampoco cabe posibilidad de una nueva ejecución, sea tanto por la posibilidad de una defensa en base a una excepción de cosa juzgada, como también en cuanto a la viable prescripción extintiva que, de acuerdo a sus requisitos, se configuraría.

Agrega la recurrente que si Tesorería es quien finalmente retiene cada año el monto que figura en la declaración anual de impuestos, esto lo realiza por la solicitud de retención que efectúa la Comisión Ingresa.

Que en cuanto a la vulneración del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, se indica que las retenciones efectuadas con fecha 21 y 24 de abril de 2020 afectan el derecho de propiedad, toda vez que se le está privando, dentro de la esfera del patrimonio, de recibir y disponer libremente de los montos de dinero, que por derecho le corresponde percibir a la recurrente por concepto de devolución de impuestos del presente año tributario.

Este acto ilegal y arbitrario ha afectado evidentemente el derecho de propiedad, generando un agravio inconmensurable para su patrimonio, teniendo en especial consideración el contexto que vive domicilio reservado, siendo un monto de vital importancia para su subsistencia en los meses venideros.

Finalmente solicita previos los trámites procesales se acoja el recurso de protección y en definitiva se ordene a Tesorería General de la Republica y a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), que cese el acto arbitrario e ilegal, ordenando la devolución de impuestos ascendente a $376.349.- por concepto de la retención realizada el día 21 de abril del presente año; y a $ 120.448- por concepto de la retención realizada el día 24 de abril de 2020; todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacuado informe por don nombre reservado, Director Ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto sobre la base de los argumentos que expone.

Que doña nombre reservado obtuvo el beneficio del Crédito con Garantía Estatal en el año 2008, para financiar sus estudios de Derecho en la Universidad Andrés Bello, siendo la institución financiera Banco del Estado Chile, la encargada de otorgarle financiamiento. Durante los años posteriores y hasta el 2012, la beneficiaria renovó su financiamiento en la misma carrera e institución de educación superior ya referida.

Luego, en el proceso correspondiente al año 2014, la referida casa de estudios informó el egreso de la estudiante, circunstancia que, de acuerdo con la normativa propia de este Sistema de Crédito, generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la Ley N° 20.027 y su Reglamento, a partir del día 5 del decimonoveno mes contados desde la fecha de término del plan de estudios de la beneficiaria. En este contexto, con fecha 06 de julio de 2015, se inició el calendario de pagos de cuotas del Crédito con Garantía Estatal.

Que revisados los registros de la Comisión, y de acuerdo con la información proporcionada por la institución financiera administradora del crédito, la deudora entró en mora en el cumplimiento de su obligación de pago en el mes de abril del año 2016. En razón de lo anterior, Banco del Estado de Chile debió iniciar las acciones judiciales tendientes a obtener el pago de la obligación crediticia antes referida, dando estricto cumplimiento a la normativa de este Sistema de Créditos.

Que iniciadas las acciones judiciales destinadas al cobro de la deuda y, acreditado el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito, se aprobó la Garantía Estatal, con fecha 23 de diciembre de 2016, remitiendo la Comisión a la Tesorería General de la República el formulario de cobro de la garantía, registrando en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente, una deuda por 351,37 Unidades Tributarias Mensuales, que equivale al 90% de la deuda total de la estudiante.

Se agrega en el informe que corresponde al banco administrador del financiamiento proporcionar, de acuerdo a los antecedentes de los estudiantes beneficiarios de este Sistema, la información referida a quiénes se encuentran en incumplimiento del pago de su crédito mientras esta morosidad se mantenga, aun cuando se hayan iniciados procesos judiciales o se hayan hecho efectivas las garantías del Sistema de Financiamiento de la Ley N° 20.027, por cuanto la ejecución de estas garantías no extinguen las obligaciones contraídas por los deudores. En particular, el artículo 44 del Reglamento, reconoce expresamente la existencia de más de un acreedor, situación que se generaría únicamente una vez pagada la Garantía Estatal y/o por Deserción Académica. Y para que operen las antedichas cauciones, de acuerdo a los requisitos establecidos en la Ley N° 20.027 y su Reglamento, resulta necesario iniciar las acciones judiciales tendientes a obtener el pago de la obligación crediticia.

De forma posterior la Comisión en cumplimiento de sus funciones, para efectos del Proceso de Retención de Impuesto a la Renta, Operación 2020, remitió la nómina de deudores morosos a la Tesorería General de la República a través de Oficio N° 113, del 03 de abril de 2020, en base a la información proporcionada por las instituciones financieras participantes del Sistema de Créditos para Estudios Superiores. Haciendo presente que el artículo 18 bis de la Ley N° 20.027, establece que la Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo con la normativa.

En cuanto al abandono de procedimiento alegado, refiere que resulta menester recordar lo dispuesto en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que “No se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes, pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio.

Subsistirán, sin embargo, con todo su valor los actos y contratos e que resulten derechos definitivamente constituidos.”

De la disposición citada en el párrafo anterior, resulta posible colegir que la sentencia que declaró el abandono, citada por la recurrente, únicamente le impide al actor continuar la tramitación del procedimiento abandonado, pero en ningún caso el fallo judicial extingue las acciones de los acreedores de la deuda que doña nombre reservado mantiene vigente con el Fisco de Chile y con la institución financiera administradora, para exigir su cobro.

Sobre la base de lo expuesto, y no habiendo suscrito doña nombre reservado algún convenio de pago de su deuda con el Servicio de Tesorerías, manteniendo una deuda vigente, originada por el pago de la Garantía Estatal, el ente recaudador procedió en la Operación Renta del año 2020 a retener el monto de $381.994.-, siendo aplicado dicho monto directamente a la deuda que mantiene la recurrente con el Fisco de Chile, toda vez que entre las facultades del organismo recaudador, se encuentra aquella contenida en el artículo 6 del DFL N° 1, de 1994 que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías. El referido precepto legal habilita al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos en contra del Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

Que respecto de la eventual vulneración al Derecho de Propiedad, aparece que la acción reprochada a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores y a la Tesorería General de la República, se ha realizado con apego a la legalidad vigente, ya que este servicio ha verificado el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del pago de la Garantía Estatal, y el ente recaudador ha procedido al cobro de una obligación de carácter fiscal, utilizando los medios que el ordenamiento jurídico le ha conferido.

En este sentido, la retención de la devolución de impuesto a la renta se configura como un mecanismo especial y excepcional de cobro de los financiamientos otorgados en virtud de la Ley N° 20.027, el cual considera la especial naturaleza de este Sistema de Créditos.

Asimismo, se debe destacar que la devolución de la retención de impuestos debe ser considerado un derecho de carácter eventual, ya que la misma sólo podría existir en aquellos casos donde la ley permite su concreción. Es decir, es un derecho que se materializa cuando no existe causa legal que habilite al Servicio de Tesorerías para efectuar su retención. En el caso particular, la deuda que doña nombre reservado mantiene en virtud del Sistema de Créditos para Estudios Superiores faculta a la Tesorería General de la República para efectuar la retención de la devolución de impuestos ya que constituye una especial forma de realizar el pago del Crédito con Garantía Estatal, no existiendo por tanto vulneración de la Garantía Constitucional establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente se solicita, tener por evacuado el informe solicitado y en atención a lo expuesto, rechazar el recurso de protección interpuesto por el recurrente, por cuanto no existe vulneración alguna a la garantía contenida en el artículo 19 numeral 24, por un accionar imputable a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, por cuanto la Comisión y su Secretaría Administrativa han actuado con estricto apego a la normativa vigente.

TERCERO: Que evacuado informe por don nombre reservado, Abogado de la Tesorería General de la República, ambos con domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien solicita el rechazo de la acción de protección, en virtud de las consideraciones que expone.

Que la declaración de impuesto a la renta, año tributario 2020, presentada por la recurrente, arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma de $ 381.994.-, remanente que la Tesorería General debía restituir en el mes de abril del presente año.

Adicionalmente, y en concordancia con lo que fuera dispuesto mediante el decreto N° 420, de 2020, del Ministerio de Hacienda, el Servicio de Tesorerías debía devolver la suma de $120.448, correspondiente a los pagos provisionales mensuales de los meses de enero y febrero del año 2020.

Que en el Decreto N° 420, de fecha 1 de abril de 2020, del Ministerio de Hacienda, en su numeral 7, dispone: Instrúyase al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente, en abril de 2020, la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020, conforme a los artículos 74 Nº 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Que de los artículos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se desprende que estas normas se refieren a la determinación anual del impuesto a la renta de los contribuyentes indicados en el artículo 42 N° 2 de ese texto legal, los que en síntesis preceptúan, lo siguiente: “Art. 42 N° 2, señala que se aplicará, calculará y cobrará un impuesto, sobre los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera otra ocupación lucrativa”. Así como lo dispuesto en los artículos 74 N° 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de dicha ley, cuya restitución ordenó el decreto N° 420, de 01 de abril de 2020, del Ministerio de Hacienda. Artículos en los cuales faculta para retener las sumas provenientes de una devolución anticipada de renta correspondiente al año tributario 2021, por lo que resulta procedente respecto de ellas que Tesorería cumpla con lo mandatado por el artículo 1° de la ley 19.989.

Se indica en el informe que el Servicio de Tesorerías en cumplimiento de un deber legal (Ley 19.989, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario) procedió a retener la devolución de pagos provisionales mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero del presente año, de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora y cumpliéndose con lo preceptuado en el reglamento, de lo cual se colige que el presunto acto que se califica de ilegal o arbitrario no es imputable a la Tesorería General de la República, por consiguiente, no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

Que en el caso que motiva el presente recurso de protección consta que verificado el incumplimiento de la obligación de pago del Crédito con Garantía Estatal, con fecha 23 de diciembre de 2016, la Comisión Ingresa remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrando ésta en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente, una deuda por 351,37 UTM.

Esta obligación legal de pago de la acreencia fiscal nace cuando se certifica por parte del organismo girador (Comisión Ingresa) el cumplimiento de las obligaciones de administración de los créditos, que en el caso de autos, ocurrió con la dictación de la Resolución Exenta N° 121, del 3 de agosto de 2016, esto es, con anterioridad a la declaración de prescripción de la acción ejecutiva, lo cual aconteció por sentencia de fecha 24 de septiembre de 2019.

Se refiere además que en el caso de la recurrente, la devolución de renta correspondiente al año tributario 2020, no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas de la recurrente y del Fisco. Misma situación ocurrió en lo que respecta a la devolución de los pagos provisionales mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero del presente año.

Al momento de verificarse el pago, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda tributaria de la recurrente de que da cuenta el formulario 34, folio 47480, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado, con la devolución que arrojó su declaración de impuesto a la renta ascendente a la suma de $731.181.-, así como con la devolución autorizada por el decreto N° 420, que correspondía a la cantidad de $120.448.-, lo que consta en certificados de compensación que se acompañan en un otrosí.

Ahora bien, la facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

En lo que respecta a las garantías constitucionales eventualmente transgredidas.

Que respecto del articulo 19 N° 24 se indica que no ha existido violación al derecho de propiedad por cuanto la devolución de impuestos de un contribuyente a través de Tesorería, no es un derecho absoluto que se materializa en forma automática, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no exista una causa legal de retención Que, para la procedencia del Recurso de Protección se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional. Pudiendo apreciarse claramente que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

Finalmente solicita tener por evacuado el informe requerido en estos autos, y, en definitiva, no dar lugar al recurso por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

QUINTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

SEXTO: Que constituyen hechos no indubitados los siguientes: a) Que la recurrente cursó una carrera universitaria con un crédito otorgado por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, por medio del Banco Estado y que este no fue pagado; b) Que Banco del Estado de Chile demandó ejecutivamente el cobro del Crédito Solidario para Estudios Superiores, en la causa rol C-8102-2016 del 20º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, causa en la cual se dictó sentencia que hizo lugar al incidente de abandono del procedimiento, sentencia que se encuentra ejecutoriada; c) Que para efectos del Proceso de Retención de Impuesto a la Renta, Operación 2020, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, remitió la nómina de deudores morosos a la Tesorería General de la República a través de Oficio N° 113, del 03 de abril de 2020, en base a la información proporcionada por las instituciones financieras participantes del Sistema de Créditos para Estudios Superiores; d) Que la Tesorería General de la Republica con fecha 21 de abril de 2020, retuvo declaración de impuesto a la renta, año tributario 2020, la suma de $ 381.994.- y con fecha 24 de abril del corriente se retuvo la suma de $120.448, correspondiente a los pagos provisionales mensuales de los meses de enero y febrero del año 2020.

SEPTIMO: Que el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil señala que: “No se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes, pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio.

Subsistirán, sin embargo, con todo su valor los actos y contratos e que resulten derechos definitivamente constituidos.”

Como indica la norma, por consiguiente, los efectos del abandono del procedimiento únicamente impiden continuar la tramitación del procedimiento abandonado, no extinguiendo las acciones de los acreedores respecto de la deuda.

Que conforme lo expresado, la recurrente doña nombre reservado, mantiene una obligación con la Comisión de Crédito Solidario, quien podría exigir su cobro en el juicio que corresponda.

OCTAVO: Que el artículo 1 de la Ley 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley Nº 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario, establece: “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, la Tesorería General de la República en cumplimiento de un mandato legal, y previamente informada por la entidad acreedora, -Fondo Solidario de Crédito Universitario-, que el recurrente era deudor del crédito universitario, procedió a retener la devolución de impuestos de la Operación Renta del presente año 2020 correspondiente a $376.349.- por concepto de la retención realizada el día 21 de abril del presente año; y $120.448.- por concepto de pagos provisionales mensuales correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020.

OCTAVO: Que de lo anterior se colige que la parte recurrida sólo se limitó a cumplir con una obligación legal, al practicar la retención singularizada en el motivo anterior, por lo que su actuar aparece justificado legalmente, y por lo tanto, la presente acción de protección tampoco puede prosperar a su respecto.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Tesorero General don nombre reservado y en contra de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores representada por su Director Ejecutivo don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-44318-2020.