Protección contra Inspectora Comunal del Trabajo Norte Chacabuco

Santiago, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Comparece Smilax Sorhaburu Alcocer, abogada, en representación del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Maper, RSU N° 1323 0984, RUT RUT reservado, representado legalmente por su presidente nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Inspectora Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien actuando como tal, dictó la Resolución N°301 del 30 abril de 2019, que declaró extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por la comisión negociadora del Sindicato de Trabajadores de la empresa Maper, en contra de la Resolución N° 268 de 24 de abril de 2019.

Funda el recurso en que el 24 de abril pasado, interpuso un recurso de reposición administrativa, en contra de la Resolución N°268, que acogió en parte la reclamación, y la rechazó en lo referente a la falta de respuesta de una de las empresas negociadoras, las que en virtud de un acuerdo conciliatorio debían responder conjuntamente, solicitando que se aplicara a la empresa el artículo 337 del Código del Trabajo, recurso que fue declarado inadmisible, en razón de haber sido presentado extemporáneamente, según lo expone la Resolución Ex N° 301 en los considerandos séptimo y octavo, pues se estimó que el plazo para presentar el recurso es de tres días corridos, y no hábiles.

Afirma que la Resolución N°301 es ilegal y arbitrara, de conformidad a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y la emanada de la Excma. Corte Suprema, que cita, conforme a la cual se concluye que los plazos cuyo procedimiento es de naturaleza administrativa deben ser de días hábiles por aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Precisa que la resolución no cuenta el plazo como corresponde, y atenta contra la igualdad ante la ley, garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política, puesto que la recurrida, en el ejercicio de sus funciones propias, de manera arbitraria, resolvió declarar inadmisible un recurso de reposición administrativo que debiera conocer, de acuerdo a la normativa de rango legal y a la jurisprudencia sentada de la Contraloría General de la República y de la Excelentísima Corte Suprema.

Previas citas legales y jurisprudenciales solicita se ordene conocer y resolver el recurso de reposición administrativo que fue ingresado por el recurrente el 24 de abril de 2019, con costas.

SEGUNDO: Que comparece Amanda Gaete Santelices, abogada, por la parte recurrida, doña nombre reservado, Inspectora Comunal del Trabajo de la Dirección del Trabajo Norte Chacabuco, quien informa el recurso y solicita su rechazo en todas sus partes, con costas.

Refiere que la Resolución N° 301 se enmarca dentro del contexto de una negociación colectiva reglada, cuyo procedimiento se encuentra regulado en el Libro IV del Código del Trabajo, la que se inició con la presentación del Proyecto de Contrato Colectivo por parte del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Maper, con fecha 20 de marzo de 2019.

Agrega que, con fecha 29 de marzo de 2019, la empresa Servicios Generales Maper Limitada, presentó su respuesta al proyecto, en la que impugnó la participación de ciertos trabajadores en la negociación, ante lo cual la comisión negociadora sindical, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 340 letra b) del Código del Trabajo, formuló dos reclamaciones de legalidad, y conforme lo dispuesto en las letras c) y d) del mismo artículo, se citó a las partes para el día 10 de abril de 2019 a la audiencia correspondiente, en la que no se concilió sobre los puntos en discusión, procediendo el servicio a dictar el 18 de abril de 2019 la Resolución N° 268, que se pronuncia sobre los puntos controvertidos, la que fue notificada a las partes el mismo día, mediante correo electrónico. En contra de esta resolución el 24 de abril pasado, la comisión negociadora sindical presentó un recurso de reposición, con el objeto de modificar lo resuelto, pero considerando las fechas de notificación de la resolución, presentación del recurso de reposición, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 340 f) y 312, ambos del Código del Trabajo, que establece que el cómputo de los plazos regulados en el Libro IV del Código del Trabajo es de días corridos, salvo los previstos para la mediación obligatoria del artículo 351, que no es el caso; se emitió la resolución N° 301, rechazando el recurso interpuesto por ser extemporáneo.

En cuanto a las Facultades de la Dirección del Trabajo, en el marco del principio de legalidad o juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, la actuación de la recurrida se ajusta plenamente a sus facultades, teniendo en cuenta que el artículo 340 del Código del Trabajo regula expresamente el procedimiento para impugnaciones y reclamaciones que se realicen sobre del proyecto de contrato colectivo que presente un sindicato y la respuesta a dicho proyecto presentada por un empleador, dentro del cual se faculta a la recurrida a pronunciarse respecto de las materias que no sean conciliadas por las partes, estableciendo la procedencia de un recurso de reposición, dentro de tercero día, el que deberá ser resuelto por la Inspección del Trabajo actuante o la Dirección del Trabajo, según correspondiere.

Manifiesta que el argumento de la actora de que el plazo sería de días hábiles administrativos, ya que se trataría de un recurso administrativo, lo que funda en lo sostenido por la Contraloría de la República en el Dictamen N° 25891-2018, y lo dispuesto por la Corte Suprema en fallo emitido en la causa Rol N° 16942-2016, emitido con fecha 05 de mayo de 2016, confunde la discusión al pretender aplicar los mismos fundamentos del dictamen y fallo señalados, siendo que la discusión resuelta en ambos documentos dista de la que se presenta en el recurso pues se refieren a la discusión surgida sobre la naturaleza del plazo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Precisa que la situación del caso es completamente distinta, toda vez que, se está ante un procedimiento regulado dentro del artículo 340 del Código del Trabajo, contenido en el Libro IV del Código del Trabajo, lo que no es menor ya que sí existe norma expresa que determina la forma de cómputo de los plazos, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 312, por lo que la decisión de la recurrida en cuanto a rechazar el recurso es ajustada a derecho.

En segundo término alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales, ya que los hechos referidos carecen de todo sustento jurídico y hacen ineficaz la acción constitucional ejercida, ya que la acción impugnada es totalmente legal.

En este punto afirma la ausencia de un acto arbitrario e ilegal y en cuanto a la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos y garantías alegados por el recurrente, la que solo se limitó a señalar que el Servicio había vulnerado con su actuar la garantía establecida en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dado que, a su parecer, se habría incurrido en una discriminación arbitraria e ilegal en contra de su representada, al no conocer su presentación por no estar dentro de plazo, sin dar mayor explicación sobre cómo es que el actuar de la recurrida ha afectado su derecho con la resolución emitida.

TERCERO: Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que el acto que el recurrente califica de arbitrario e ilegal es la Resolución Exenta N° 301 de 30 de abril de 2019, dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, que desestimó, por extemporáneo, el recurso de reposición que dedujo el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Maper en contra de la Resolución N° 268, que a su vez rechazó la reclamación referente a la falta de respuesta de la parte empleadora, acogió parcialmente la reclamación respecto a los trabajadores impugnados por el empleador en razón de encontrarse afectos a instrumentos colectivos vigentes y, finalmente se acogió parcialmente la reclamación deducida por la Comisión Negociadora Sindical en lo que corresponde al piso de la negociación.

Es decir, en concepto del actor, la ilegalidad y arbitrariedad radica en la forma como la recurrida contabilizó el plazo para reponer contemplado en el artículo 340 letra f) del Código del Trabajo, considerándolo de días corridos en circunstancias que –estima el recurrente- se trata de días hábiles.

QUINTO: Que para examinar la legalidad del acto, basta con citar el artículo 312 del Código del Trabajo que señala que: “Todos los plazos establecidos en este Libro son de días corridos, salvo los previstos para la mediación obligatoria del artículo 351. Con todo, cuando un plazo venciere en día sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente”.

El Libro a que se refiere la norma, es el “Libro IV De La Negociación Colectiva”, y dentro de ese libro, se encuentra el artículo 340, por lo que no cabe duda alguna que se trata de un plazo de días corridos, pues la ley lo dice expresamente, y por lo tanto no es necesario acudir a normas supletorias como son las que rigen los procedimientos administrativos, porque existe un texto expreso que regula la materia.

De esta forma se descarta la ilegalidad que acusa el recurrente. De igual forma, debe desestimarse un actuar caprichoso o carente de razonabilidad, pues no se entiende cómo una autoridad puede ser acusada de arbitraria por cumplir el texto expreso de la ley.

SEXTO: Que la doctrina y la jurisprudencia que cita el recurrente no corresponden a la materia que aquí se ventila sino a recursos y plazos establecidos en el Libro V del Código del Trabajo.

SEPTIMO: Que al descartarse una actuación arbitraria o ilegal se hace innecesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, sin perjuicio que tampoco se citó o indicó algún caso concreto en el que dentro del proceso de negociación colectiva haya contabilizado el plazo del artículo 340 letra f) del Código del Trabajo como días hábiles y no corridos como indica la ley.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Maper en contra de la Inspectora Comunal del Trabajo Norte Chacabuco doña nombre reservado.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol N° 44.274-2019 Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y la Abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

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