INSTITUTO HELEN KELLER LIMITADA con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Foja: 158 Ciento Cincuenta y Ocho C.A. de Santiago Santiago, cinco de marzo de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 2 recurre de protección don Lautaro Ríos Alvarez, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación del Instituto Profesional Helen Keller Limitada, sociedad educacional, con domicilio en domicilio reservado, representado por su Rectora doña nombre reservado, Profesora, ambas domiciliadas, para estos efectos en aquel dado en Santiago, en contra de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Educación, -la primera representada por su Contralor General, don Ramiro Mendoza Zúñiga, abogado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y el segundo recurrido, representado por el Ministro señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, ambos con domicilio en domicilio reservado por los actos que estima arbitrarios e ilegales consistente en haber emitido el primero el Dictamen N° 43.184 y el segundo el Ordinario N° 6/2545. Estima que dichos acto la privan del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 11, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, según los antecedentes de hecho y de derecho que expone. Solicita, se tenga por interpuesto el recurso y en definitiva se restablezca el imperio del derecho, anulando o dejando sin efecto los referidos actos, con costas.

Fundamentando su recurso señala que la recurrente se constituyó en el año 1988, con el fin de formar profesionales en el área de la educación especial, para intervenir integralmente a niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales, no cubiertas por otras entidades de educación superior. Da cuenta que mediante el Decreto Supremo N° 90 de 1989, se autorizó el funcionamiento del Instituto Profesional de Ciencias y Educación nombre reservado, impartiendo la carrera profesional de pedagogía en educación diferencial, y dos carreras técnicas: asistente técnico diferencial e intérprete de lenguaje de señas, mención en integración y cultura sorda. Indica que por D.S. N° 1245 de 11 de diciembre de 2002, el Ministerio de Educación liberó al instituto de la examinación externa que hasta entonces estaba a cargo de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación con sede en Santiago, y quedó en condiciones de otorgar independientemente el título profesional de profesor de educación diferencial en las menciones de trastornos de la visión, trastornos de la audición y lenguaje, deficiencia mental y trastornos del aprendizaje. Indica que la carrera de pedagogía en educación diferencial concentra el 72% de su matrícula, siendo el único instituto que la ofrece en horario vespertino en la Región de Valparaíso y da cuenta de los costos asumidos para adecuar el local que arriendan y así contar con instalaciones adecuadas.

Hace una exposición de la normativa aplicable al instituto profesional recurrente, dando cuenta que conforme al inciso 1 del artículo 2 del DFL N° 5 de 1981, que fija Normas sobre Institutos Profesionales, corresponde a estos organismos otorgar toda clase de títulos profesionales con excepción de aquellos respecto de los cuales la ley requiera haber obtenido previamente el grado de licenciado en una disciplina determinada; asimismo, el artículo 12 del DFL N° 1 de 1980, indica los títulos profesionales que requieren haber obtenido el grado de licenciado, dentro de los cuales no se contemplaba el título de Profesor de Educación Diferencial, el que fue agregado al listado -junto con los Títulos de Profesor de Educación Básica y de profesor de Educación Media en las asignaturas científico-humanista- al dictarse la Ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, ampliándose de esta manera de 12 a 15 los títulos profesionales que requieren del grado de Licenciado, conforme a su artículo 52. Hace presente que esta última ley reconoció los derechos de aquellos Institutos Profesionales que a la fecha de entrada en vigencia de la ley se encontraban impartiendo las carreras agregadas al listado, señalando su artículo 7 transitorio que los institutos profesionales que se encontraren impartiendo carreras de pedagogía conforme a esa ley, podían seguir impartiéndolas en las mismas condiciones, pero no podían crear nuevas carreras de ese tipo. Finalmente indica que el artículo 70 de la Ley N° 20.370 derogó las normas del DFL N°1 de 2005, a excepción de “lo dispuesto en el Título III -salvo el párrafo 2°- y del Título IV”. Refiere que el Ministerio de Educación solicitó al Contralor pronunciarse sobre la situación en que se encuentran los Institutos Profesionales con relación a la posibilidad de impartir carreras de pedagogía, después de la derogación de la norma, en la forma antes indicada, cuya respuesta se encuentra contenida en el Dictamen N° 43.184 (primer acto arbitrario e ilegal), el cual fue puesto en conocimiento de los Rectores de los Institutos Profesionales mediante el ordinario N° 06/002545 (segundo acto arbitrario e ilegal).

Da cuenta que el Instituto Helen Keller es una institución de educación superior reconocida oficialmente por el Estado y autorizada para funcionar regularmente y, en su concepto, dichos actos administrativos favorables –tanto el reconocimiento oficial como la autorización- no pueden ser revocados, por existir disposición legal expresa que así lo indica en la letra a) del artículo 61 de la Ley N° 19.880. Por ende, alega que las recurridas cometen un grave error jurídico al dictaminar la Contraloría y resolver el Ministerio de Educación lo que concluye es la revocación de la autorización oficial concedida al Instituto para impartir la educación que actualmente proporciona.

Respecto de la ilegalidad del Dictamen N° 43.184, estima que tanto la interpretación realizada en el sentido de estimar que el artículo 70 de la Ley 20.370 deroga el artículo 7 transitorio de la Ley 18.692, como la conclusión de que el Ministerio de Educación debe adoptar medidas en ese sentido, es errónea y abusiva, pues la referida ha excedido su competencia legal. Indica que la recurrida ha infringido el artículo 8 de la Ley N° 10.336, pues su Dictamen no se circunscribe a asuntos que se relacionen con la aplicación del Estatuto Administrativo ni al funcionamiento de los servicios públicos, sino que se atribuye la facultad de interpretar la ley y los efectos de su derogación, materia que en su concepto es de la competencia exclusiva del legislador y de los tribunales de justicia en atención a su naturaleza litigiosa. Considera entonces que se han infringido los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República pues la Contraloría actúa fuera de su competencia. Agrega que el artículo 7 transitorio de la Ley 18.692 no concede ningún derecho sino que sólo lo reconoce, por lo que su derogación no implica la revocación del derecho preexistente que emana no de la ley sino de la Constitución. Estima que al exigir la Ley en las carreras de pedagogía, educación parvularia y periodismo la obtención del grado de licenciado para obtener el título profesional, sólo podía regular las situaciones hacia el futuro, ya que a sus normas no podía otorgárseles efecto retroactivo y no obstante ello, la Contraloría interpretó erróneamente que al derogarse dicho artículo transitorio los Institutos Profesionales quedaron impedidos de seguir ejerciendo su derecho a partir del 12 de septiembre de 2009. Asevera que se estaría pretendiendo ilegalmente revocar el reconocimiento oficial para impartir la carrera profesional de educación diferencial, lo que sólo procede por Decreto Supremo del Ministerio de Educación, con el acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación adoptado por la mayoría de sus medio en sesión convocada al efecto y fundada en alguna de las causales contempladas en el artículo 74 del DFL N° 2/2009, cuyo no es el caso.

En cuanto a la arbitrariedad del Dictamen de Contraloría, señala que una medida tan drástica como es la cesación progresiva del funcionamiento de un Instituto Profesional que imparte pedagogía a 180 alumnos en educación diferencial, que no ha sido pronunciada por ninguna de las razones que contempla la ley, es “irrazonable” y por ende, arbitraria y opuesta a la libertad de enseñanza.

En relación a la ilegalidad del Ordinario N° 6/2545 del Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación indica que, si bien es esa división la encargada de velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la educación superior en el ámbito de competencia del Ministerio, ella carece de competencia para revocar la autorización; porque la referida autorización fue emitida por el Ministro y no puede sustituirla un funcionario subalterno no habilitado para ello y, porque el reconocimiento oficial con que cuenta el Instituto para impartir la carrera profesional de Educación Diferencial lo fue a través de un Decreto Supremo y su revocación debe materializarse del mismo modo.

De igual forma, estima se ha infringido el principio de la confianza legítima, pues pese a lo expuesto, el Ministerio pretende disponer ahora que la recurrente se abstenga de abrir matricula en esa carrera, desconociendo sus propios actos. Hace presente que el Ministerio ha fiscalizado al menos en 2 oportunidades al instituto, con posterioridad al 2009, sin haber hecho reparo alguno acerca de la carrera de educación diferencial.

Respecto de la arbitrariedad, indica que antes de revocar los actos analizados, el Ministerio debió examinar las razones que lo facultan para actuar de esa forma, pues el artículo 16 del DFL N° 5 de 1981 prescribe las causales que justifican la revocación del funcionamiento de esos institutos, y ninguna de ellas respalda la decisión adoptada, por lo que ésta adolece de manifiesta arbitrariedad.

Estima vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, pues priva a los institutos de la posibilidad de seguir impartiendo la carrera, cuando no existe fundamento que lo justifique; la libertad de enseñanza, el derecho al emprendimiento económico en la medida que la ausencia de nuevas matrículas obligue al recurrente a despedir a su profesorado y el derecho de propiedad sobre el reconocimiento oficial del Estado para el funcionamiento del instituto y a cuyo amparo imparte la carrera de educación diferencial.

Segundo: Que, a fojas 71 evacua informe la Subsecretaria de Educación por la recurrida, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, con costas.

Hace presente que el artículo 2 del DFL N° 5 de 1981 del Ministerio de Educación que fija normas sobre Institutos Profesionales dispone que a estos les corresponde otorgar toda clase de títulos profesionales, con excepción de aquellos respecto de los cuales la ley requiera haber obtenido previamente el grado de licenciado en una disciplina determinada, y podrán además otorgar títulos técnicos dentro del área o ámbito de las profesiones respecto de las cuales otorguen títulos. A su vez, el artículo N° 3 transitorio dispone que tanto las Universidades como los Institutos Profesionales que se deriven de la reestructuración de las Universidades existentes al 31 de diciembre de 1980, podrán otorgar independientemente grados académicos y títulos profesionales, según corresponda. A su vez, da cuenta que el artículo 31 de la Ley N° 18.962 cuyo texto refundido fue fijado por el DFL N° 1 de 2005, de ese Ministerio, señalaba que los Institutos Profesionales sólo podrán otorgar título profesional de aquellos que no requieran de licenciatura y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que otorgan los anteriores, y establecía que corresponderá a las Universidades otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de licenciado en las carreras que impartan. Da cuenta que el artículo 2° transitorio de esa norma permitió que los Institutos Profesionales creados en virtud del DFL N° 5 de 1981 y que optaron por el sistema de acreditación establecido en la Ley N° 18.962, pudieran continuar rigiéndose por esa norma, obtener su autonomía y otorgar independientemente toda clase de títulos profesionales y grados académicos; agrega además que el artículo 7 transitorio disponía que los Institutos Profesionales que estén impartiendo carreras de pedagogía, educación parvularia y periodismo que de acuerdo a esa ley requirieran de licenciatura de licenciatura previa para obtener el título profesional correspondiente, podrán seguir impartiéndolos en las mismas condiciones, pero no podrán crear nuevas carreras de ese tipo. Señala que posteriormente, el DFL N° 2 de 2009 de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1 de 2005, en su artículo 70 derogó expresamente esta última norma, con excepción “de lo dispuesto en el Título III, salvo su párrafo 2° y el Título IV”; y entre las normas subsistentes se encuentra el artículo 31 de la Ley N° 18.962 –actual artículo 54 del DFL 2 de 2009- que prescribe que los institutos profesionales sólo podrán otorgar título profesional de aquellos que no requieran licenciatura y títulos técnicos de nivel superior en las áreas que otorgan los anteriores. A su vez, el artículo 63 del DFL N° 2 de 2009 de Educación, en su inciso 2° enumera aquellos títulos profesionales que requieren haber obtenido el grado de licenciado entre ellos, letra ñ) Título de Profesor de Educación Diferencial: Licenciado en Educación, respectivamente. Que así las cosas, el artículo 70 de la Ley N° 20.370 al derogar el DFL N° 1 de 2005, si bien deja subsistente los títulos ya señalados, nada dice respecto de las normas transitorias del mismo, razón por la cual deben entenderse derogadas. En virtud de lo expuesto, concluye que después de que la Ley 20.370 ha entrado en vigencia, esto es a partir del 12 de septiembre de 2009, se entiende de todos conocida u nadie puede sustraerse de su cumplimiento bajo pretexto de desconocimiento y por consiguiente, los Institutos Profesionales debieron haberse abstenido de ofrecer vacantes de primer año para las carreras ya referidas.

Hace presente que mediante Ordinario N° 06/2651 de 3 de mayo de 2013 la División de Educación Superior de esa cartera solicitó a la Contraloría General de la República emitiera un pronunciamiento respecto de la situación en que se encuentran los Institutos Profesionales en relación a la posibilidad de impartir las citadas carreras luego de la dictación de la Ley N° 20.370, y su pronunciamiento se contiene en el Dictamen N° 43.184 de 13 de junio de 2014 que al respecto estableció “que la norma aplicable actualmente a los Institutos Profesionales se restringe al artículo 54 del D.F.L. N° 5 de 2009, en orden a que esas instituciones de educación superior sólo pueden otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieren de licenciatura”, agregando que esa Secretaría Ministerial deberá arbitrar las medida a fin de que los institutos se abstengan de “ofrecer dentro de sus alternativas académicas carreras que requieran de licenciatura previa”, ello sin perjuicio del respeto a las situaciones jurídicas consolidadas de los alumnos que de buena fe ingresaron a cursar dichas carreras. Asevera que el Dictamen en comento es obligatorio para ese Ministerio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 10.336 y demás normas pertinentes, siendo la División de Educación Superior la encargada de velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la educación superior en el ámbito de competencia del Ministerio y por ello, a través del Oficio Ordinario N° 06/002545 de 27 de junio de 2014, puso en conocimiento de los Rectores de los Institutos Profesionales, indicándoles que de aquel se desprende que los estudiantes hasta esa fecha matriculados en las carreras en cuestión podían continuar sus estudios hasta su término, debiendo adoptar las medidas necesarias para adecuarse al Dictamen e inhibirse de iniciar nuevos procesos de matrícula respecto de aquellas carreras que requieran de licenciatura previa.

Indica que su actuar ha sido conforme a la normativa vigente en la materia, pues se trató de un simple comunicado del deber de abstenerse de abrir nuevos procesos de matrícula en las carreras contempladas en el artículo 63 del DFL N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación, pero en ningún caso constituye una revocación del reconocimiento oficial del Estado con que cuenta el instituto recurrente, como inexplicablemente pretende señalar esa parte.

En cuanto a la supuesta vulneración del principio de confianza legítima, señala que no existe en nuestra legislación un fundamento que sustente la existencia y aplicación de aquella en términos que limite una potestad reglada, teniendo presente que la autoridad administrativa debe observar en todo momento el imperio del derecho. Con respecto a las garantías constitucionales que se dicen amenazadas, hace presente en lo que se refiere a la igualdad ante la ley, que se ha apegado estrictamente a las facultades que le confiere la ley, existiendo una total razonabilidad para la emisión del actor recurrido, mediante el cual se instruye a todos los Rectores de Institutos Profesionales a tomar medidas a partir de lo dictaminado por la Contraloría, por lo que no ha existido un trato distinto con respecto a otros institutos. En lo que se refiere al ejercicio de la libertad de enseñanza, indica que no ha existido tal vulneración, y en todo caso, da cuenta que la recurrente ha conservado el reconocimiento oficial del Estado con que cuenta como instituto profesional, y se han respetado las situaciones consolidadas de sus alumnos, por lo que no se le ha privado de su ejercicio. En cuanto al derecho al emprendimiento económico, señala que no advierte de qué forma se habría afectado la misma. Finalmente en cuanto al derecho de propiedad reitera que el mismo no ha sido afectado pues en la especie no se ha revocado a la recurrente de su reconocimiento oficial, ni menos se la ha privado de su derecho de propiedad sobre parte alguna de su establecimiento educacional.

Tercero: Que, a fojas 95, evacua informe la recurrida Contraloría General de la República, solicitando que el recurso sea desestimado, por cuanto el Dictamen en cuestión no es ilegal ni arbitrario y, en consecuencia, no vulnera ninguna de las garantías constitucionales mencionadas por la recurrente.

Hace presente que el Dictamen tiene su origen en la consulta que el Ministerio de Educación realizó a esa entidad en cuanto a determinar si los Institutos Profesionales podían seguir impartiendo carreras de pedagogía que requieran de licenciatura previa para su titulación, luego de la derogación del artículo 7 transitorio de la Ley 18.962.

Realizando un análisis cronológico del marco jurídico aplicable, señala la recurrida que el inciso 1° del artículo 2 del DFL N° 5 de 1981 del Ministerio de Educación que fija normas sobre Institutos Profesionales dispone que a estos les corresponde otorgar toda clase de títulos profesionales, con excepción de aquellos respecto de los cuales la ley requiera haber obtenido previamente el grado de licenciado en una disciplina determinada, los cuales estaban establecidos en el DFL N° 1 de 1981. Seguidamente el artículo 31 de la Ley N° 18.962 señalaba que los Institutos Profesionales sólo podrán otorgar título profesional de aquellos que no requieran de licenciatura y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que otorgan los anteriores, y establecía que corresponderá a las Universidades otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de licenciado en las carreras que impartan. Da cuenta que el artículo de la Ley N° 18.962, incluyó en sus letras m), n) y ñ) los títulos de profesor de educación básica, profesor de educación media en las asignaturas científico-humanísticas y de profesor de educación diferencial, requieren haber obtenido en forma previa la pertinente literatura en educación. Da cuenta que el artículo 2° transitorio de esa norma permitió que los Institutos Profesionales creados en virtud del DFL N° 5 de 1981 y que no optaron por el sistema de acreditación establecido en la Ley N° 18.962, pudieran continuar rigiéndose por esta última norma, obtener su autonomía y otorgar independientemente toda clase de títulos profesionales y grados académicos; luego, en su artículo 7 transitorio disponía que los Institutos Profesionales “que estén impartiendo carreras de pedagogía, educación parvularia y periodismo que de acuerdo a esa ley requirieran de licenciatura previa, para obtener el título profesional correspondiente, podrán seguir impartiéndolos en las mismas condiciones, pero no podrán crear nuevas carreras de ese tipo”. Destaca que el DFL N° 2 de 2009 de Educación, prescribe que los institutos profesionales sólo podrán otorgar título profesional de aquellos que no requieran licenciatura y títulos técnicos de nivel superior en las áreas que otorgan los anteriores.

En primer lugar, alega que fue el propio legislador quien dispuso la continuidad de las carreras que los institutos estuvieren impartiendo, atendido el objeto de la acción cautelar constitucional de proteger a los individuos ante actos arbitrarios e ilegales que hayan privado, perturbado o amenazado un derecho indiscutido a través de medidas que eviten las consecuencias de tales actuaciones, restableciendo el imperio del Derecho, tal acción no puede constituir la instancia idónea para formular cuestionamientos sobre interpretación jurídica y/o la correcta aplicación de las normas, como se pretende en la especie.

En cuanto a la legalidad del Dictamen recurrido, indica que ha actuado con estricto apego a las atribuciones que le otorgan el artículo 98 de la Constitución Política de la República y los artículos 5, 6 y 9 de su Ley Orgánica Constitucional, aseverando que dicho pronunciamiento se ha emitido de acuerdo a la habilitación que las normas constitucionales y legales le han otorgado a la Contraloría para determinar la correcta aplicación de la preceptiva educacional por parte del Ministerio de Educación, entidad -que siendo parte de la administración del Estado- se encuentra sujeta al control de legalidad a que se refiere el artículo 98 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, es dable concluir a su juicio que no puede estimarse que la potestad dictaminante de dicha entidad fiscalizadora pueda generar un vicio de legalidad cuando ha sido ejercida acorde con sus atribuciones.

En cuanto a la arbitrariedad que se le reprocha al mismo, alega que ella no existe y por el contrario, da cuenta que al establecer la correcta aplicación de la preceptiva que rige los Institutos Profesionales cumplió a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 54 del DFL N° 2 -en orden a que esas instituciones sólo pueden otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieran licenciatura- y concluir algo distinto la habría llevado a faltar a su deber constitucional y legal de informar por medio de Dictámenes, la correcta aplicación de las leyes.

Respecto del fondo del asunto debatido, realiza un análisis cronológico del marco jurídico aplicable y señala que el artículo 2 del DFL N° 5 de 1981 del Ministerio de Educación que fija normas sobre Institutos Profesionales dispone que a estos les corresponde otorgar toda clase de títulos profesionales, con excepción de aquellos respecto de los cuales la ley requiera haber obtenido previamente el grado de licenciado en una disciplina determinada, y podrán además otorgar títulos técnicos dentro del área o ámbito de las profesiones respecto de las cuales otorguen títulos. A su vez, da cuenta que el artículo 31 de la Ley N° 18.962 señalaba que los Institutos Profesionales sólo podrán otorgar título profesional de aquellos que no requieran de licenciatura y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que otorgan los anteriores, y establecía que corresponderá a las Universidades otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de licenciado en las carreras que impartan. Por su parte, el artículo 52 de la Ley 18.962 incluyó en sus letras m), n) y ñ) que los títulos de Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media en las asignaturas científico-humanísticas y de Profesor de Educación Diferencial, requieren haber obtenido en forma previa la pertinente Licenciatura en Educación. Hace presente que el artículo 7 transitorio de dicho cuerpo legal contempló situaciones jurídicas surgidas bajo el régimen permanente anterior, al disponer la continuidad de las carreras que los institutos ya estuvieran impartiendo no obstante requerir de licenciatura previa, con la limitación de no crear carreras nuevas de ese tipo, situación excepcional y transitoria que se mantuvo hasta la derogación de la referida disposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley N° 20.370. En virtud de lo expuesto, concluye que en la actualidad el artículo 54 del DFL N° 2 de 2009 se encuentra plenamente vigente y dicha Contraloría se limitó a señalar lo antes expuesto.

Respecto de la alegación de que al emitir este Dictamen la recurrida hubiere revocado el reconocimiento oficial y la autorización de funcionamiento del instituto, señala que -a su juicio- ello constituye una confusión acerca del alcance y procedimiento para hacer efectiva la revocación de la autorización de funcionamiento de un instituto, de conformidad a la legislación vigente. Precisa que al emitir su Dictamen se limitó a advertir sobre la derogación de una norma transitoria que permitía a los Institutos Profesionales continuar dictando los estudios en comento.

Indica que no se han afectado las garantías constitucionales referidas por la recurrente, puesto que no existe discriminación arbitraria alguna atendido que los efectos dispuestos por la ley son iguales para todos los Institutos Profesionales que estuviesen dictando las carreras en cuestión. En cuanto a la libertad de enseñanza, ella tampoco se ve vulnerada pues el dictamen no se opone a que dicha institución siga impartiendo enseñanza, sino que no pueden impartir carreras que deban contar con una licenciatura previa pues el legislador ha encargado dicha función únicamente a las Universidades. En cuanto a la garantía relativa a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, tampoco observa vulneración alguna, pues precisamente la actividad debe desarrollarse respetando las normas legales que la regulen, como ya se ha expuesto.

Finalmente en lo que se refiere al derecho de propiedad, indica que no puede estimarse que el ejercicio de las atribuciones de dicha entidad de control pueda tener tal consecuencia y que en la situación de que se trata. No se generó para la institución recurrente un derecho permanente respecto de las carreras en examen, las cuales tuvo la posibilidad de impartir en virtud de una norma transitoria actualmente derogada.

Cuarto: Que, de acuerdo a lo que se asentado por la jurisprudencia el denominado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado también que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal.

Recurso que, además, debe cumplir con lo dispuesto en el “Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”.

Quinto: Que, en atención a lo declarado en el motivo anterior, debemos en primer lugar analizar la existencia o no del primer presupuesto enunciado allí, esto es, de una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible a los recurridos, es decir, a la Contraloría General de la República al dictar el Dictamen que origina este reclamo de protección y al Ministerio de Educación, al emitir el Ordinario N° 6/2545 del Jefe de la División de Educación Superior de dicho Ministerio.

Así, la acción u omisión arbitraria e ilegal se hace consistir por quien acciona en la emisión por parte del Contralor General de la República del Dictamen N° 43.184 de 13 de junio de 2014, con motivo del cual se ordena al Ministerio de Educación impartir medidas para que los recurrentes de varios recurso vistos en forma conjunta -que son Institutos Profesionales, en este caso, Instituto Profesional Helen Keller de Chile S.A.- se abstenga, en lo sucesivo, de impartir carreras que requieren de licenciatura previa desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.370, lo que lo privaría del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que menciona en su libelo, consagrados en los numerales 2, 11, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; como, también, en la dictación por parte del Ministerio de Educación del Ordinario N° 6/2545 del Jefe de la División de Educación Superior de ese Ministerio, por medio del cual se comunica a los Rectores de los Institutos Profesionales el primer acto impugnado, esto es, el Dictamen N° 43.184, de la Contraloría General de la República, ya referido, en el que se señala que “se mandata a esta Secretará de Estado a exigir el cumplimiento de la legislación vigente.”, luego agrega: “En consecuencia, vuestra institución deberá de abstenerse de abrir nuevos procesos de matrículas en las carreras contempladas en el artículo 63 del DFL N° 2, de 2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 20.370, Ley General de Educación, con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1, de 2005, de Educación, dentro de las cuales se encuentran las carreras de pedagogía, educación parvularia, periodismo, trabajo social, entre otras.”

Sexto: Que, debe entenderse respecto de este primer requisito que es indispensable de la acción cautelar de protección, que el acto u omisión resulte ser ilegal, y lo es, cuando es contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil, es decir, todo aquello que implica antijuridicidad, violación o vulneración del ordenamiento jurídico; o que resulte ser arbitrario, siéndolo solo cuando es producto del mero capricho o voluntarismo de quien incurre en él, esto es, no tener razonabilidad suficiente.

Que en cuanto a la ilegalidad o arbitrariedad del Dictamen N° 43.184, de la Contraloría General de la República:

Séptimo: Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, puede concluir que el acto que corresponde al Dictamen N° 43.184, de la Contraloría General de la República, no aparece como ilegal ni arbitrario, toda vez que corresponde al ejercicio de una facultad que el ordenamiento jurídico le entrega a la recurrida para actuar como lo ha hecho y contiene fundamentos suficientes que descartan arbitrariedad en su dictación, por lo que, además, no ha afectado ninguna de las garantías constitucionales alegadas como conculcadas por la recurrente.

Octavo: Que, en cuanto a la ilegalidad que se le atribuye al acto recurrido en cuestión, baste para rechazar dicha alegación el decir que el dictamen impugnado a través de la presente acción constitucional de protección y que corresponde al N° 43.184, de 13 de junio de 2014, dictado por la Contraloría General de la República, resulta ser una emanación de una facultad constitucional y legal de la misma, por lo que desde este punto de vista no puede ser considerado como un acto ilegal, como lo pretende la recurrente.

Así, es como dicho dictamen aparece dictado por la recurrida en virtud de una actuación que se ha realizado con estricto apego a las atribuciones que le otorgan el artículo 98 de la Constitución Política de la República y los artículos 5, 6 y 9 de su Ley Orgánica Constitucional, por lo que dicho pronunciamiento se ha formulado en conformidad a las facultades que las normas constitucionales y legales le han otorgado y habilitado a la Contraloría para determinar la correcta aplicación de la normativa educacional por parte del Ministerio de Educación, órgano que por formar parte de la administración del Estado, también, se encuentra sujeta al control de legalidad a que se refiere el artículo 98 de la Constitución Política de la República, razón por la que la potestad dictaminante de la recurrida, como entidad fiscalizadora no puede dar origen a un vicio de legalidad ella la ha ejercido en concordancia a las atribuciones que le ha entregado el orden jurídico interno, como se aprecia que a ocurrido en este caso.

Noveno: Que, analizado el concepto de arbitrariedad que se le atribuye al acto impugnado -mismo Dictamen N° 43.184, ya mencionado- tampoco esta Corte lo estima concurrente en el presente caso, por cuanto, dicho Dictamen no hace más que dar cuenta del establecimiento de la correcta aplicación de la preceptiva que rige los Institutos Profesionales, de manera tal, que ha cumplido con lo que dispone el artículo 54 del DFL N° 2, en orden a que esas instituciones sólo pueden otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieran licenciatura, que es justamente lo mandatado por dicha disposición legal, cumpliendo, además, de este modo con su deber constitucional y legal de informar por medio de Dictámenes, la correcta aplicación de las leyes.

De este modo, la dictación del acto impugnado por la recurrente, no ha obedecido a la mera voluntad o capricho de la recurrida, si no por el contrario, teniendo su origen en una facultad constitucional y legal, se encuentra debidamente justificada y conteniendo fundamentos suficientes, esto es, debidamente razonada, todo lo cual hace descartar la arbitrariedad en su dictación.

Décimo: Que, en todo caso y, además, de lo ya dicho, lo que aparece verdaderamente impugnándose en el presente recurso de protección -de acuerdo a los hechos expresados en dicho libelo- corresponde a una interpretación jurídica realizada por el ente fiscalizador recurrido en su Dictamen N° 43.184 de 13 de junio de 2014, situación que esta Corte estima que excede los márgenes de una acción constitucional cautelar, como lo es la de protección intentada en autos.

Décimo Primero: Que, por lo demás, como ente fiscalizador la recurrida goza de la facultad de interpretar la normativa de educación de acuerdo a lo señalado en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que encomienda a la recurrida entre otras atribuciones la de ejercer el control de la legalidad de los actos de la administración, fiscalizar el ingreso e inversión de los fondos del fisco, municipalidades y demás organismos y servicios que determinen las leyes y desempeñar las demás funciones que otorga su ley orgánica; Luego la ley N° 10.336, disponen, especialmente, en sus artículo 5, 6 y 9, que corresponderá en forma exclusiva al Contralor informar por medio de dictámenes, entre otras materias, sobre el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que lo rigen. Luego de los Dictámenes N° 30.276 de 1986; 24.375, del año 1993 y N° 14.199, de 1996, emana que siendo la Contraloría General de la República el órgano al cual la Constitución Política y la legislación encomienda el ejercicio del control de la juridicidad de los actos de la administración y, teniendo, conforme a ello facultad para emitir informes en derecho, estos resultan ser obligatorios, cuando nada agrega a una disposición legal, limitándose solo a realizar un juicio declarativo sobre la correcta aplicación de la misma.

Décimo Segundo: Que, de acuerdo a lo anterior, y analizado el Dictamen impugnado, esta Corte estima que el recurrido en dicho acto no hace otra cosa, -ante la consulta que le formulara el Ministerio de Educación en orden a determinar si los Institutos Profesionales podían seguir impartiendo carreras de pedagogía que requieran licenciatura previa para su titulación, luego de la derogación del artículo 7° transitorio de la ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza (Decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005 de dicho ministerio)- que declarar lo que expresamente dispone el actual artículo 54 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del MINEDUC -que reproduce en iguales términos el inciso tercero del artículo 31 de la Ley 18.962, que posteriormente correspondió al artículo 35 del D,F,L. N° 1 de 2005, del MINEDUC- en el sentido que los institutos profesionales sólo podrán otorgar título profesional de aquellos que no requieran licenciatura, y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que los otorgan los centros de formación técnica, concluyendo que los títulos profesionales que actualmente requieren de licenciatura previa, como es el caso de todas las carreras de pedagogías -entre ellas, el título de Profesor de Educación Diferencial, que requiere licenciatura en educación, a contar de la dictación de la Ley N°.18.962, esto es, del año 1990- no pueden seguir siendo otorgados por los institutos profesionales, ya que éstos de manera excepcional pudieron hacerlo bajo la vigencia del mencionado artículo 7° transitorio.

De este modo la recurrida no hace otra cosa que sólo fijar y declarar el sentido mismo que dicha norma ha establecido, sin agregar o quitarle ningún efecto, por lo que no se aprecia, que con dicho acto se produzca un efecto revocatorio de una autorización que en la ley no existía, como lo sostiene la recurrente, sino que solo fija su sentido y alcance, observándose que en ninguna parte de dicho dictamen se esboza siquiera un efecto como el mencionado. Sólo aparece que se limitó a advertir sobre la derogación de una norma transitoria que permitía a los Institutos Profesionales continuar dictando los estudios en comento.

Es la propia recurrente que en su libelo expresa que su funcionamiento fue autorizado por el Ministerio de Educación a través del Decreto Supremo exento N° 90, de 5 de mayo de 1989, señalándose en el mismo que “el fin del Instituto será impartir docencia en el área de las Ciencias y la Educación, con excepción de aquellas carreras que la Ley reserva exclusivamente a la Universidades.” Al efecto, cabe recordar, que ya desde la dictación de los DFL 1 y 5 de Educación del año 1981, ya se estableció que sólo a las Universidades les correspondía dictar las carreras que requirieran de licenciatura previa, y como ya se dijo, la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, desde el año 1990, requiere de licenciatura en educación.

Así, es como, se pretende por quien recurre, que una norma transitoria, como lo fue el artículo 7° de la ley N°18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza Ley LOCE (cuyo texto refundido fue posteriormente fijado por el Decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005 de dicho ministerio) que se dictó para resolver una situación practica existente al momento dictarse dicha ley, siga surtiendo sus efectos hoy, en circunstancias que, además, de dictarse para regular una situación transitoria y temporal, actualmente se encuentra derogado expresamente en virtud del artículo 70 de la ley 20.370, de fecha 12 de septiembre de 2009 (actual D.F.L. N° 2 de 2009 del MINEDUC, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de dicha ley), que dispuso la derogación del D.F.L. N° 1°, que lo contenía, a excepción de algunas de sus normas, entre ellas, su artículo 31 que actualmente corresponde al artículo 54 del mencionado D.F.L. N° 2 de 2009.

Por lo demás, quien recurre alega que el régimen normativo aplicable a los Institutos Profesionales a contar de 1990, ha tenido por finalidad confirmar y ratificar la vigencia de situaciones preexistentes, no obstante la dictación de leyes que han procurado excluir las carreras de educación del ámbito de los institutos, sin explicar cuáles son esas normas existentes que establecen dicho régimen normativo, en circunstancias que nunca ha existido una norma expresa que autorice a los Institutos Profesionales para impartir carreras que requieran licenciatura previa, como es el caso de las de pedagogías, salvo, la situación especial del ya tantas veces mencionado artículo 7° transitorio de la Ley LOCE, que está abrogado.

Décimo Tercero: Que, cabe expresar que fue la misma ley 18.962, ya referida, -que entró en vigencia el año 1990- la norma que incorporó a las carreras de pedagogías dentro de aquellas que únicamente podían ser impartidas por universidades, sin mencionar a los Institutos profesionales, salvo, la situación regulada en su artículo 7° transitorio. Así es como, de acuerdo a las distintas normativas sobre la materia dictadas en el año 1981, -DFL N° 1 de 1980, que “Fija Normas Sobre Universidades”, publicado en el Diario Oficial de 03 de enero de 1981 y DFL N° 5 de 1981, que Fija Normas Sobre Institutos Profesionales”, publicado en el Diario Oficial de 16 de febrero de 1981- aparece una intencionalidad desde sus orígenes en orden a crear una especie de “monopolio legal” de carreras que requieren licenciatura, que se radica en la Universidades; en cambio los Institutos profesionales lo serían para carreras que no requieren licenciatura, sino que fuera una enseñanza superior profesional- técnica.

Décimo Cuarto: Que, de este modo, ya al momento de la creación de dichos Institutos se sabía desde sus orígenes que no podían dar carreras que requirieren licenciaturas -porque así se dispuso en el inciso 1° del artículo 2° del citado DFL N° 5, que los creó- ya que éstas estaban en manos de las Universidades, aun cuando a esa fecha no se contaba entre dichas carreras las de pedagogías -entre ellas el de Profesor de Educación Diferencial, que requiere licenciatura en educación- incorporadas por la Ley 18.962 o Ley LOCE, disposición que como ya se argumentó más arriba, se incorporó al Decreto Supremo exento N° 90, de 5 de mayo de 1989, que autorizó el funcionamiento de la recurrente como Instituto profesional.

Así es como en el citado inciso 1° del artículo 2° del citado DFL N° 5, que Fija Normas Sobre Institutos Profesionales” y que creó a dichos institutos, se dispuso que “Corresponde a estos organismos otorgar toda clase de títulos profesionales con excepción de aquellos respecto de los cuales la ley requiera haber obtenido previamente el grado de Licenciado en una disciplina determinada.”

Luego en el año 1990, como ya se dijo, expresamente se establece lo anterior por la ley 18.962, respecto de las pedagogías, con la salvedad transitoria establecida en su artículo 7° transitorio, que luego es derogada 19 años después, esto es, en el año 2009, con la dictación de la ley 20.370, que termina con aquella situación especial de dicha disposición transitoria. Así, ninguna retroactividad ha establecido la recurrida en su Dictamen impugnado y ningún derecho adquirido por la recurrente ha sido afectado.

Que en cuanto a la ilegalidad o arbitrariedad del ordinario N° 6/2545 del Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación:

Décimo Quinto: Que, el otro acto impugnado a través de este recurso, es el acto del Ministerio de Educación que resulta ser el Ordinario N° 6/2545 del Jefe de la División de Educación Superior de dicho Ministerio que comunica a los Rectores de los Institutos Profesionales el Dictamen N° 43.184 de la Contraloría General de la República, en el cual se señala, que se “mandata a esta Secretaría de estado a exigir el cumplimiento de la legislación vigente.”

En relación a la ilegalidad alegada de este Ordinario N° 6/2545 del Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, se indica que, si bien es esa división la encargada de velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la educación superior en el ámbito de competencia del Ministerio, ella carece de competencia para revocar la autorización; tanto, porque la referida autorización fue emitida por el Ministro y no puede sustituirla un funcionario subalterno no habilitado para ello y, porque el reconocimiento oficial con que cuenta el Instituto para impartir la carrera profesional de Educación Diferencial lo fue a través de un Decreto Supremo y su revocación debe materializarse del mismo modo.

De igual forma, estima se ha infringido el principio de la confianza legítima, pues pese a lo expuesto, el Ministerio pretende disponer ahora que la recurrente se abstenga de abrir matricula en esa carrera, desconociendo sus propios actos. Hace presente que el Ministerio ha fiscalizado al menos en 2 oportunidades al instituto, con posterioridad al 2009, sin haber hecho reparo alguno acerca de la carrera de educación diferencial.

Décimo Sexto: Que, de acuerdo a la legislación vigente, el Dictamen N° 43.184, ya tantas veces referido, resulta ser obligatorio para ese Ministerio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 10.336 y demás normas pertinentes, siendo la División de Educación Superior la encargada de velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la educación superior en el ámbito de competencia del Ministerio y por ello, a través del Oficio Ordinario N° 06/002545 de 27 de junio de 2014, que se impugna, se comunicó dicho Dictamen a los Rectores de los Institutos Profesionales, indicándoles que de aquel se desprende que los estudiantes hasta esa fecha matriculados en las carreras en cuestión podían continuar sus estudios hasta su término, debiendo adoptar las medidas necesarias para adecuarse al Dictamen e inhibirse de iniciar nuevos procesos de matrícula respecto de aquellas carreras que requieran de licenciatura previa.

Es decir, la comunicación contenida en el oficio Ordinario cuestionado en este recurso, fue realizada en conformidad a lo mandatado en el mismo Dictamen que ordenó dicha comunicación, estando obligada a acatarlo, como, además, se encuentra ajustada a sus facultades legales y reglamentarias, que rigen la materia, por lo que dicho actuar se conformó a la normativa vigente en educación; advirtiéndose , en todo caso, que dicho oficio Ordinario impugnado, no es más que un simple comunicado del deber de abstenerse de abrir nuevos procesos de matrícula en las carreras contempladas en el artículo 63 del DFL N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley General de Educación, dentro de las cuales se encuentran las carreras de Pedagogías, Educación Parvularia, Periodismo, Trabajo Social, y otras, por lo que ello de ninguna manera se puede entender, que constituye una revocación del reconocimiento oficial del Estado con que cuenta el instituto recurrente para su funcionamiento, como lo señala quien recurre. En todo caso, lo comunicado, es sin perjuicio del respeto a las situaciones jurídicas consolidadas de los alumnos que de buena fe ingresaron a cursar dichas carreras.

Décimo Séptimo: Que, así las cosas no tratándose de un acto revocatorio, como se alega por la recurrente, no necesitaba ser emitido por el Ministro de Educación, ni, tampoco, a través de un Decreto Supremo exento, sino que por la autoridad que lo emitió, en este caso, por el Jefe de la División de Educación Superior, por ser esta unidad la encargada de velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la educación superior en el ámbito de competencia del Ministerio. Entonces, de este modo, se descarta cualquier vicio de ilegalidad que contenga este oficio ordinario cuestionado en este recurso.

Décimo Octavo: Que, sobre, sobre la arbitrariedad que se le atribuye a dicho acto, indica el recurrente que antes de revocar los actos analizados, el Ministerio debió examinar las razones que lo facultan para actuar de esa forma, pues el artículo 16 del DFL N° 5 de 1981 prescribe las causales que justifican la revocación del funcionamiento de esos institutos, y ninguna de ellas respalda la decisión adoptada, por lo que ésta adolece de manifiesta arbitrariedad.

Décimo Noveno: Que, sobre la supuesta arbitrariedad que contendría el acto impugnado, no es dable atribuirle tal condición por no fundarse en alguna causal de las establecidas en el artículo 16 de la norma legal que se menciona por la recurrente, por cuanto, como ya se dijo, no tiene ningún carácter de acto revocatorio la comunicación contenida en el oficio ordinario cuestionado, como erróneamente lo sostiene quien acciona en estos autos. No es más que una comunicación de un deber de abstención que pesa sobre el propio recurrente, que por supuesto, no emana del mero capricho o voluntad de quien lo emite, sino del propio acto comunicado, como es el Dictamen de Contraloría, ya tantas veces referido, como, también de la normativa legal vigente en el ámbito educacional ya analizada más arriba, todo lo cual descarta cualquier viso de arbitrariedad en su emisión. Por lo demás, contiene fundamentos suficientes que justifican su dictación.

Vigésimo: Que, por último, en relación a la posible infracción del principio de la confianza legítima, que se alega por quien recurre, basada en que el Ministerio pretende disponer ahora que la recurrente se abstenga de abrir matricula en la carrera de educación diferencia, desconociendo sus propios actos, haciendo presente que el Ministerio ha fiscalizado al menos en 2 oportunidades al instituto, con posterioridad al 2009, sin haber hecho reparo alguno acerca de esa carrera, baste decir, para desecharla, que en la especie la administración no ha dictado acto ilegal o irregular alguno, de acuerdo al cual pueda ser invocado tal principio, para proteger a sus beneficiarios, ya que a la recurrente no se le ha revocado su reconocimiento oficial del Estado, que se ha otorgado en virtud de lo que disponen los artículos 52 y 67 del D.F.L. N° 2, del año 2009, a consecuencia de lo cual no pueda continuar funcionando, sino que la comunicación que se impugna, solo se limita a dar aplicación a lo que estatuye la Constitución Política de la República, y la normativa que regula la educación en nuestro país, entre ellos el principio de legalidad. Es la propia Ley la que dispuso que los Institutos Profesionales, como es la recurrente, solo pueden otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieren licenciatura previa. Así el MINEDUC recurrido, solo actúo, en este caso, con estricto apego a la legislación vigente, por lo que no resulta procedente invocar en esta situación el principio de la confianza legítima alegada, principio, que por lo demás, no tiene reconocimiento legal que sustente su existencia y aplicación en nuestra ordenamiento jurídico interno.

Vigésimo Primero: Que, en atención y sobre la base de todo lo ya razonado, puede concluirse, que no concurren los presupuestos que permitan acoger la acción de cautela de derechos constitucionales, pues, como ya se dijo, los presupuestos de hecho en los que discurre su análisis sobre lo ilegal y arbitrario de la resolución que impugna, no han sido justificados por quien recurre y no se dan en la especie.

Vigésimo Segundo: Que, en consecuencia, de lo relacionado en los motivos anteriores, a juicio de esta Corte, aparece que el acto impugnado, como arbitrario ilegal y conculcador de garantías constitucionales del recurrente, se ajustó en su dictación a los procedimientos legales que rigen la materia y a las facultades constitucionales y legales entregadas para dichos efectos a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Educación, y, en tales condiciones, no existe en este caso algún acto ilegal o arbitrario cometido por la recurrida que autorice la intervención de esta Corte, como tampoco, que éste haya vulnerado garantías constitucionales del recurrente, por lo que no resulta necesario analizar las invocadas como supuestamente conculcadas, motivo por el cual la acción constitucional deducida debe ser desestimada.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, el recurso deducido, en lo principal de fojas 1, por don Lautaro Ríos Alvarez, en representación del Instituto Profesional Helen Keller Limitada, representado por su Rectora doña nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Educación, -la primera representada por su Contralor General, don Ramiro Mendoza Zúñiga, y el segundo recurrido, representado por el Ministro señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.

El presente recurso fue visto en forma conjunta con los ingresos N°s 41.236-2014; 44.236-2014; 44.757-2014; 45.737-2014 y 49.475, uno en post de otro, los que se refieren a la misma problemática planteada en estos autos, con pequeños matices, de los que se ha hecho cargo esta Corte en cada caso, en forma debida.

Redacción Ministro señor Poblete.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 44.254-2014.- Pronunciada por la Séptima Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Rosa Kittsteiner Gentile y conformada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Abogado Integrante señor Franco Devillaine Gómez, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cinco de marzo de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.