nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, a ocho de septiembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 19 de mayo de 2020, comparece don nombre reservado, arquitecto, deduciendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por su directora doña nombre reservado, RUN RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quienes actuando de forma ilegal y arbitraria han vulnerado de forma continua y permanente sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política, lo anterior por los argumentos que expone.

Explica que el día jueves 23 de abril, el Ministerio de Hacienda anuncio una medida extraordinaria por la prensa, para que dentro del marco de la Pandemia Covid-19, le fueran devueltas a los contribuyentes con fecha 24 abril del 2020, las retenciones por boletas de impuestos de honorarios, retenidos en cada cuenta fiscal de los contribuyentes y correspondientes a aquellas sumas que aparecían efectivamente integradas de los meses de enero y febrero del mismo año, para ello se ordenó al Servicio de Impuestos Internos calcular los referidos montos y comunicar a Tesorería General de la República que hiciera llegar dichos montos a los contribuyentes, ya sea por transferencia o cheque.

Relata que en su caso el SII calculó que le correspondía recibir un monto de $ 1.973.241, instruyendo así al ente pagador, en este caso a la Tesorería General de la República a hacer llegar ese monto al recurrente.

Sin embargo, refiere que al revisar el día 24 de abril, y comprobó que ningún deposito había aparecido en su cuenta vista del Banco Estado, y después de solo lograr una respuesta por el Twitter de Tesorería, ya que los teléfonos estaban colapsados, se me dijo que revisara en la página web de Tesorería en sección “renta” que habría sucedido con la devolución prometida por las autoridades de sus propios fondos retenidos provisionalmente en mi cuenta fiscal.

Expresa que la sorpresa fue máxima al entrar al sitio indicado y comprobar que Tesorería había hecho una compensación con antiguas deudas fiscales del año 1996 y 2004, deudas ya prescritas y no exigibles por ningún otro medio, manifestando que en ese momento se sintió “robado” por las autoridades, ya que Tesorería aprovechó una oportunidad única en la historia de, sin tener que esperar siquiera el resultado de la operación renta anual fiscal de cada contribuyente, aprovechó de pagarse automáticamente de antiguos créditos con cargo a una devolución incluso “no solicitada”, en vez de respetar el espíritu de la medida que la autoridad había dispuesto y que era precisamente ayudar a los contribuyentes en periodos de crisis.

Por lo anterior, estima que esta esta supuesta medida que beneficiaría a seiscientos cuarenta mil contribuyentes se transformó en una cobranza ilegal” o encubierta, donde el Fisco aprovechó esta oportunidad con la excusa de una pandemia para recuperar dineros y deudas de los contribuyentes que ya no eran exigibles por los medios legales que establece nuestras normas jurídicas.

Refiere que está en conocimiento que Tesorería está mandatada legalmente para efectuar estos cobros, pero solo cuando se ha terminado la operación de renta anual y se vea su resultado, y solo que una vez pagados los impuestos y la nuevas leyes de protección social, definidos en la nueva ley de honorarios, Ley N°21.133, ahora vigente para independientes, y que define que solo en el caso si existieran excedentes disponibles, después de pago de leyes sociales e impuestos del periodo, podrá Tesorería, y solo a partir de ese momento, dar otros cursos a los excedentes o potenciales devoluciones, y que son los que la ley fija, o los que tribunales han solicitado en forma especial, a Tesorería, como por ejemplo deudas universitarias, pensiones alimenticias, etc.

Señala que el SII es el guardián de las cuentas fiscales individuales de cada contribuyente y no es para nada dueño de los pagos provisionales o provisorios que los contribuyentes depositan periódicamente o hacen a su cuenta fiscal, es decir los fondos son de propiedad del contribuyente hasta que termine al año fiscal, se determinen los resultados y se determine que se debe pagar al estado, y que corresponde devolver de a acuerdo al ejercicio particular de cada contribuyente, pudiendo darse incluso el caso que se deban devolver íntegramente aquellos fondos, es decir al 100%, porque así el ejercicio fiscal lo determinó.

Es decir, en este caso el SII, con la instrucción de Hacienda, se habría metido en la billetera privada de cada contribuyente, se habrían apropiado ilegalmente de miles de millones de pesos, lo que equivale técnicamente a una “expropiación”, y que para lo cual, es necesario constitucionalmente que se deberían haber dictado leyes especiales, al respecto, para poder siquiera haber pensado en llevar adelante estas medidas.

En cuanto al derecho, refiere que el artículo 19 de la Carta Fundamental, señala que: “La Constitución asegura a todas las personas:

24º. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.”

Así, indica que en la especie se le ha privado de su derecho de propiedad sobre el dinero que tenía derecho a percibir, proveniente de la devolución proveniente de la retención de impuesto a las boletas de honorarios emitidas por trabajadores independientes en los meses de enero y febrero del 2020, ascendente a la suma de $1.973.241.-, y que ya había sido autorizada por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 24 de abril pasado, sin respecto de este monto la Tesorería General de la República realiza una retención que no procede toda vez que ha compensado créditos con deudas prescritas , siendo improcedente toda vez que dispone el Código Civil en su artículo 1656 lo siguiente:

La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes:

1a. Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad;

2a. Que ambas deudas sean líquidas;

3a. Que ambas sean actualmente exigibles.

Atendido al punto tercero nos encontramos claramente que no se cumplen los requisitos para que dicha compensación sea realizada ya que las deudas respecto de las cuales se ha intentado este pago por compensación son sobre créditos que no se encuentran actualmente exigible, lo que consta en certificado de compensación emitido con fecha 24 de abril de 2020, indica que las compensaciones se efectuaron respecto a deudas fiscales de los años 1996 y 2004, debiendo tenerse presente la prescripción de las deudas de acuerdo con el artículo 200 del Código Tributario, el cual establece un plazo de prescripción para el cobro de los impuestos que se requieren en estos autos de tres años, contados desde la fecha en que expiró el plazo para efectuar su pago.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 201 del Código citado, la acción del Fisco para perseguir el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos, se interrumpe desde que intervenga requerimiento judicial.

Hace presente que respecto de los créditos no existe causa alguna, y en caso de existir, el plazo de prescripción desde el requerimiento de pago de dichas deudas no puede ser superior a 10 años, así lo señala un fallo de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, el cual en lo pertinente señala:

“6°.- Que no parece razonable lo sostenido por el juez del grado, en orden a que los efectos de la interrupción de la prescripción en materia tributaria, deben mantenerse mientras subsista el procedimiento que ha dado lugar el acto interruptivo, por cuanto atenta contra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, lo que en la práctica implicaría que la acción de cobro del Fisco sería imprescriptible, sin que exista fundamento legal para ello. También, tal situación contrasta con la regulación que nuestro Código Civil establece para tal institución, para la cual fija un plazo máximo para que opere de 10 años.” (Sentencia Civil Rol N° 199-2017)

Siguiendo por tanto el criterio de esta Ilustrísima Corte, los plazos antes referidos se encontrarían totalmente extintos atendido a la fecha de los créditos compensados por la Tesorería General de la República, y no puede esta última aprovecharse y revivir plazos que se encuentran caducos, toda vez que en el mejor de los plazos el crédito más actual, considerando trece años desde su exigibilidad se encontraría prescrito el año 2017.

Señala que la recurrida ha violado de manera flagrante el art. 7º de la Constitución Política de la República, en cuanto esta norma dispone que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

“Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.

“Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.”

Así en el supuesto de hecho que le afecta no habría norma legal alguna que admita a la Tesorería General de la República apropiarse de dineros para pago de deudas prescritas.

Con su obrar omisivo la Tesorería General de la República lo ha privado o, cuando menos, ha perturbado su derecho de propiedad sobre los dineros ascendentes a $ $1.973.241.- cuya devolución el Servicio de Tesorería ha negado, por lo que señala haber sido despojado de sus facultades de usar, gozar y disponer de los mismos, con lo cual se ha vulnerado su derecho que le asegura el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clases de bienes, corporales e incorporales, a la vez que prohíbe la privación de la propiedad salvo en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública calificada por el legislador, posibilidad que de ninguna forma concurre en la especie.

Asimismo, con su ilegal y arbitraria omisión el Servicio de Tesorerías ha dado un trato discriminatorio en relación con el dispensado a otras personas que, en similar situación jurídica, no han sido objeto de omisión de devolverles los valores cuya devolución han solicitado en sus declaraciones anuales de impuesto a la renta, con lo cual además ha infringido la garantía contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, luego de lo cual dispone que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, mandato que precisamente la recurrida ha infringido Por otra parte, por medio de esta acción arbitraria se ha vulnerado mi derecho a la seguridad social relativo al artículo 19 N°18 el cual en lo pertinente señala que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas.

En este sentido, es que la acción ilegal de la privación o retención de los fondos por parte de la Tesorería, corresponden a dineros que inicialmente iban destinados al pago de mis cotizaciones previsionales, sin perjuicio que atendido al estado de catástrofe que aqueja nuestro país, se haya autorizado su devolución.

Como conclusión de lo expuesto, con su ilegal omisión el Servicio recurrido además ha dejado de cumplir el artículo 8º bis N° 2 del Código Tributario conforme al cual “…constituyen derechos de los contribuyentes, los siguientes: 2° Derecho a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones previstas en las leyes tributarias, debidamente actualizadas.”

Atendido a todo lo expuesto, reclama que queda de manifiesto que existe un claro acto arbitrario e ilegal, sufriendo una privación de sus derechos y garantías constitucionales, especialmente el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el Derecho a la seguridad social.

Por lo anterior, solicita sea acogida la presente acción constitucional, y se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, ordenando a la Tesorería General de la República dejar sin efecto la compensación efectuada por medio de la retención que ha practicado respecto de la devolución de impuestos correspondientes a las boletas de honorarios emitidas como trabajador independiente en los meses de enero y febrero del 2020, por la suma de $1.973.241.- (un millón novecientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y un pesos) ordenando la devolución inmediata de los dineros retenidos desde su cuenta fiscal y que queden nuevamente disponibles para el Ejercicio 2021 de renta, o en su defecto que se giren de inmediato a su nombre dichos fondos, de acuerdo como estaba dispuesto por el Ministerio de Hacienda y ordenado por el SII mediante la entrega de un cheque o transferencia respectiva, por la suma de $1.973.241.- (un millón novecientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y un pesos) todo con expresa condenación en costas.

Segundo: Que evacuando el informe requerido, el Servicio de Tesorerías hace presente que el contribuyente ya ha deducido este mismo recurso, en los mismos términos, en el ingreso corte N°39.931 del 2020, habiendo sido declarado inadmisible por esta Ilustrísima Corte, ya que el recurrente solicitaba derechamente la declaración de prescripción de las deudas tributarias en cuestión, lo cual evidentemente no solo se aleja de los requisitos y del objeto propio de un recurso de protección, donde debe tenerse en consideración que existe procedimiento especial para hacerlo, que no es otro que el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias contenido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, y naturalmente deja en evidencia que el contribuyente no ha solicitado la prescripción, la cual evidentemente no opera de manera automática o por el mero transcurso del tiempo, como él señala.

En estos argumentos aflora de manera clara razones contundente para que nuevamente se declare la inadmisibilidad de este recurso, ya que lo que se persigue el contribuyente no es que se adopten medidas propias de un recurso cautelar, sino que lo que se busca es que esta Corte emita un pronunciamiento de fondo en razón de la supuesta prescripción, lo que escapa de manera absoluta a la competencia de este tipo de recursos.

Agrega que, a juicio del recurrente, el proceder de Tesorería atenta contra el derecho de propiedad, ya que el Fisco se habría apropiado sin fundamento legal de ninguna especie, aprovechando una oportunidad histórica para el cobro de estas deudas que no desconoce, según indica, y que el contribuyente se siente robado por las instituciones, ya que alega que los fondos son de propiedad del contribuyente hasta que termine el año fiscal respectivo.

Sobre el particular, refiere que la declaración de impuesto a la renta, año tributario 2020 presentada por la recurrente se encuentra retenida por SII y que en lo que respecta a la retención de PPM del 2021, arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma de $ 1.973.241.-, remanente que la Tesorería General debía restituir en el mes de abril del presente año.

Lo anterior concordancia con lo que fuera dispuesto mediante el Decreto N°420, de 2020, del Ministerio de Hacienda, el Servicio de Tesorerías debía devolver la suma ya señalada correspondiente a los pagos provisionales mensuales de los meses de enero y febrero pagados el año 2020.

En cuanto al origen de esta última devolución, como es de público conocimiento, a partir del mes de diciembre de 2019 hasta la fecha, se ha producido un brote mundial del virus denominado CORONAVIRUS-2, lo que ha provocado daños de consideración en la salud de las personas y bienes, ha reducido significativamente fuentes de ingreso o la pérdida del empleo producto de la paralización o drástica disminución de trabajos.

Que, en vista de esta situación, el 23 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dictó el Decreto N°107, de 2020, que establece como zonas afectadas por catástrofe las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país.

En virtud de esta situación de catástrofe, y a fin de paliar los efectos negativos que ha generado y continuará generando la enfermedad COVID- 19 en Chile, se han adoptado medidas excepcionales y extraordinarias en todas las comunas del país.

Que, entre dichas medidas, se encuentran aquellas de índole tributaria en el marco de lo señalado en el artículo 36 del Código Tributario y de lo indicado en el artículo 3° letra d) de la ley Nº 16.282, específicamente, las establecidas en el Decreto N° 420, de 01.04.2020, del Ministerio de Hacienda.

Este decreto en su numeral 7 dispone: Instrúyase al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente, en abril de 2020, la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020, conforme a los artículos 74 Nº 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Indica que de los artículos de la Ley sobre Impuesto a la Renta citados en el numeral 7 de dicho reglamento, se desprende que estas normas se refieren a la determinación anual del impuesto a la renta de los contribuyentes, esto solamente respecto de los pagos provisionales correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020, operando en la especie una devolución anticipada de renta correspondiente al año tributario 2021, por lo que no se aprecia razones por las cuales la Tesorería no cumpla con lo mandatado por su Estatuto Orgánico en lo que a compensación se refiere.

Por ello, la devolución anticipada de impuestos correspondiente a los pagos provisionales mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, no se verificaron por cuanto dichas devoluciones fueron compensadas, en virtud de la facultad concedida a la Tesorería General de la República por el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, contenido en el D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que la autoriza para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, apareciendo evidente que la acción deducida no se encuentra razonablemente fundada, toda vez que sus fundamentos de hecho se encuentran fuera de los casos y formas a que se refiere la preceptiva cuya aplicación se impugna.

En ese orden de ideas, refiere que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al Artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, le corresponde a esta Institución efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas del pago de devoluciones anticipadas de renta.

Ahora bien, en el caso que motiva la presente acción de protección, con ocasión de una devolución anticipada de renta generada el 23 de abril de 2020, se produjo un crédito en favor del contribuyente recurrente por la suma de $1.973.241 por concepto ya indicado.

Sin embargo, dicho pago no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas recíprocas del recurrente y del Fisco.

En efecto, al momento de verificarse el pago, Tesorería en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda tributaria del recurrente, en conformidad al certificado de compensación ya acompañado, con el crédito a su favor contenida en la devolución de renta anticipada, manifestando que dicha facultad que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

Al respecto, indica que el artículo 1.656 del citado código señala que la compensación opera por el sólo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que dos personas sean deudoras una de otra; 2) Que ambas deudas sean de dinero; 3) Que ambas deudas sean líquidas y 4) Que ambas sean actualmente exigibles.

En el caso que motiva el presente recurso de protección, se desprende que concurría el primero de los requisitos para que operara la compensación. En relación a los requisitos 2° y 3° no existe controversia toda vez que se trata de deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza. En cuanto al 4° requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, estima que éste requisito se cumpliría por cuanto al momento de operar este modo de extinguir su deuda era plenamente exigible, la deuda en cuestión estaba en Tesorería en condiciones de ser pagada o abonada, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, y por ende, en relación a estas deudas recíprocas operó, por el solo ministerio de la ley la compensación ya señalada.

Por tanto, habiendo despejado el supuesto actuar ilegal del Servicio de Tesorerías al haber actuado en conformidad a las normas legales citadas, en el entendido que es la propia ley quien faculta a la Tesorería a compensar de manera automática cuando hay deudas fiscales pendientes de pago cabe hacer presente respecto a las alegaciones del recurrente referidas a que la compensación es arbitraria, o carecería de título al descontar deudas que a su juicio están prescritas, no es efectivo y a mayor abundamiento el contribuyente tiene expedientes de cobro donde pudo haber solicitado la prescripción en la oportunidad procesal pertinente: Expedientes administrativo N° 1020 de 1997; 1006 del 2000; 514 del 2004;546 del 2005; 525 del 2006 y 1000 del 2008 de la comuna de Los Ángeles.

Por lo tanto, sin perjuicio que el debate en el presente recurso de protección no puede basarse en la aparente prescripción de la deuda que no sido declarada ni solicitada, no es efectivo que Tesorería no haya demandado la deuda y con ello interrumpido los plazos pertinentes. En efecto, el recurrente fue demandado por su deuda tributaria, juicios en los cuales no opuso excepciones y en el que, por tanto, la deuda al momento de su compensación era totalmente exigible, no existiendo convenio o alguna otra causal de suspensión de cobro que hubiese impedido la compensación automática y como ello la extinción de la deuda por el monto indicado.

Es preciso consignar que existe una reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que ha sostenido que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la facultad conferida a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, a vía meramente ejemplar la Corte Suprema en causa Rol 35.185-2016 que confirmó sentencia apelada de la Iltma. Corte de Apelaciones que Arica que rechazó un recurso de protección sobre una materia similar a la planteada en autos, en la que se declara que la circunstancia de encontrarse las deudas prescritas no corresponde que sea dilucidado en este procedimiento cautelar y en tanto los Tribunales de Justicia no emitan un pronunciamiento sobre ello, deben considerarse exigibles.

Así entiende que no ha existido violación al derecho de propiedad por cuanto la devolución anticipada de impuestos de un contribuyente al igual que la devolución en proceso renta tradicional no es un derecho absoluto, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no tenga deudas pendientes de pago.

Es la propia ley la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa.

Por último, señala que una de las causas por las cuales legalmente se puede alterar esa garantía, es precisamente, el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas.

En el mismo orden de cosas, y en lo que dice relación con las medidas contempladas en el Plan Covid-19, de las cuales deriva la devolución que fuera autorizada por el decreto N° 420, de 2020, del Ministerio de Hacienda, señalamos que estas no han efectuado modificaciones a la ley vigente, por lo que este proceso – como cualquier proceso masivo de devoluciones – está sujeto a las reglas generales sobre la materia, esto es, compensación si el contribuyente mantiene deuda fiscal, facultades que necesariamente deben ser ejercidas por el Servicio de Tesorerías, ya que cualquier instrucción en contrario conllevaría el incumplimiento de una obligación legal impuesta a esta entidad.

Concluye que para determinar la procedencia del recurso de Protección, se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional, situación que en caso alguno concurre respecto de la Tesorería General de la República, toda vez que ésta, según se ha demostrado, sólo se limitó a actuar dentro de la competencia que le otorga el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, sin que se advierta una vulneración de la garantía constitucional denunciada como vulnerada por la recurrente.

Que por otra parte, de las presentaciones de la recurrente, es dable concluir que los hechos que motivan la presente acción y cuya protección se reclama no tienen el carácter de indubitados, ya que los fundamentos y los hechos invocados por la recurrente no aparece determinada como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negada y discutida por la recurrida, no siendo esta acción cautelar una instancia para aclarar, constituir o declarar derechos, sino que para proteger derechos no discutidos, lo que necesariamente debe conllevar el rechazo de la acción interpuesta.

Solicita por tanto sea rechazada esta acción de protección, no haber incurrido su parte en actuación ilegal o arbitraria alguna.

Tercero: Que el recurrente solicitó se tenga presente que no es efectivo que no haya solicitado la prescripción en los procedimientos administrativos de cobro de impuestos ante el Juez Sustanciador de la Tesorería Provincial de Los Ángeles, acompañando copia de un escrito en que solicita la nulidad por falta de emplazamiento y en un otrosí la prescripción.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

Quinto: Que la ilegalidad y arbitrariedad imputada por el recurrente respecto de la actuación de la Tesorería consistiría en haber efectuado dicho organismo una compensación respecto de las retenciones por boletas de impuestos de honorarios, retenidos en cada cuenta fiscal de los contribuyentes y correspondientes a aquellas sumas que aparecían efectivamente integradas de los meses de enero y febrero del mismo dineros correspondientes a la devolución de meses de enero y febrero del 2020, ascendente a la suma de $1.973.241.-, por cuanto no se cumpliría con el requisito de que ambas deudas fueran actualmente exigibles, ya que las deudas impositivas que mantiene se encuentran indefectiblemente prescritas.

Sexto: Que analizados los antecedentes que obran en el proceso, es posible tener por asentado que el recurrente mantiene una deuda impositiva con el Fisco, por lo que fue demandado en juicio de cobro administrativos de impuestos, seguidos en los roles N°1020 de 1997; 1006 del 2000; 514 del 2004;546 del 2005; 525 del 2006 y 1000 del 2008 ante el Juez Sustanciador de la Tesorería Provincial de Los Ángeles, procedimientos en los que se encuentra emplazado el contribuyente.

Séptimo: Que por su parte el recurrente manifiesta que ha solicitado la prescripción en dichos procedimientos de cobro administrativos, habiendo acompañado para así acreditar dicha circunstancia un escrito que solicita la nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento en dichos procesos, y además habría solicitado la prescripción de dichas deudas.

Octavo: Que, sin embargo lo anterior, no hay antecedente alguno acompañado por el recurrente que de cuenta de la efectividad de haberse acogido la nulidad impetrada, mucho menos de haberse acogido la prescripción respecto de las deudas fiscales objeto de dichos procedimientos, debiendo tenerse presente expresamente que el artículo 2493 del Código Civil establece expresamente que la prescripción debe declarada por el juez y a petición de parte, en el procedimiento correspondiente, por lo que no es posible que por esta vía cautelar se determine la citada prescripción.

Noveno: Que respecto del argumento citado por el recurrente, y que se encuentra plasmado en el fallo de esta Ilustrísima Corte en la sentencia Civil Rol N° 199-2017, cabe mencionar que las circunstancias en dicho caso difieren de las presentes, por cuanto dicho causa dice relación precisamente con una apelación respecto de una solicitud de prescripción en el procedimiento de cobro de impuestos correspondiente, declaración de prescripción que no es el objeto de este procedimiento de naturaleza cautelar, debiendo el interesado recurrir en la forma que corresponda.

Décimo: Que, así las cosas, no habiéndose acreditado por el recurrente el hecho de haber operado algún modo de extinguir las obligaciones de impuestos adeudados, la Tesorería se encuentra posibilitada de compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, facultad contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías.

Undécimo: Que de lo anterior se colige que la parte recurrida sólo se limitó a cumplir con una obligación legal al practicar la retención que fuere impugnada por el recurrente, por lo que el actuar de la Tesorería se encuentra justificado legalmente, y por lo tanto, la presente acción de protección no puede prosperar.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese y notifíquese.

N°Protección 44.224-2020.-