CORPORACIÓN EDUCACIONAL GODOY nombre reservado con DIRECCIÓN DEL TRABAJO

7 C.A. de Santiago Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintiuno.- Vistos:

Comparece el abogado don Nicolás Raúl Vassallo Fernández, quien interpone recurso de protección a favor de la Corporación Educacional Godoy Carrasco, representada por doña nombre reservado, en contra de la Dirección del Trabajo, representada por doña nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Dictamen N° 998/007 de 19 de marzo de 2021, en tanto impone obligaciones laborales retroactivas, vulnerando de tal forma las garantías consagradas en los números 2, 11 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que su representada administra el Colegio Polivalente Profesor Ildefonso Calderón, establecimiento particular subvencionado ubicado en la comuna de Puente Alto.

Se remite a la Ley N° 21.109, publicada en el Diario Oficial el 2 de octubre de 2018, la que “Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública”, modificada posteriormente por la Ley N° 21.152, la que, entre otros, agregó un nuevo artículo 56 al primer estatuto, fijando la forma de vacaciones de los asistentes de la educación que prestan servicios en “establecimientos particulares subvencionados”. Aduce que esta última disposición, fue objeto de análisis por la Dirección del Trabajo, a través del Dictamen número 3445/022, discriminando su aplicación, puesto que descarto a los que realizan funciones administrativas o auxiliares.

Arguye que, no obstante, el 23 de enero del año 2020, se publicó la Ley N° 21.199, interpretativa del aludido artículo 56 de la Ley N° 21.109, Conforme a esta nueva ley, la recurrida emitió el Dictamen impugnado, N° ​998/007 de 19 de marzo del año en curso, por el cual dejó sin efecto la distinción del Dictamen anteriormente anotado, no obstante, impone al empleador otorgar a los asistentes de la educación excluidos, los días de feriado previstos en la Ley N° 21.109.

Sostiene que el Dictamen impugnado es ilegal, pues no sólo modificó retroactivamente la interpretación de la ley que la misma recurrida fijó, sino que estableció la prestación de obligaciones de carácter laboral, sin que exista normativa alguna que lo faculte. Asimismo, lo acusa de arbitrario, ya que se ordena, bajo pena de multa, dar cumplimiento a una orden impartida por la misma autoridad, completamente contradictoria con la anterior, por hechos ocurridos precisamente bajo la vigencia de la interpretación del anterior dictamen.

Denuncia que lo anterior atenta contra la garantía de la igualdad ante la ley y la proscripción de las discriminaciones arbitrarias teniendo en cuenta la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en la causa rol 7236-19-INA, el 7 de mayo de 2020, que declaró la inaplicabilidad del artículo 56 de la Ley N° 21.109 que impone a los colegios particulares subvencionados cargas de carácter laboral iguales a las de los establecimientos municipales, y también conculca los derechos de propiedad y la libertad de enseñanza de su representada, en cuanto le impone soportar en su patrimonio el cambio en la interpretación de la norma y, la amenaza a su derecho a mantener y organizar establecimientos educacionales, ya que en la especie cuenta con 10 trabajadores a los que se le deberían otorgar retroactivamente los días de feriado retroactivo, que en un cálculo preliminar, asciende a un costo total de $15.074.798, razones por las que pide a esta Corte que acoja el presente arbitrio, ordenando se deje sin efecto el Dictamen N° 998/007 de 19 de marzo de 2021, con costas.

Informando la Dirección del Trabajo, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas, en primer término, por estimar que no es la vía para impugnar actuaciones administrativas, sino que para ello existe la reclamación judicial del artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 504 del mismo cuerpo legal.

Por otro lado, considera que la acción intentada es improcedente, ya que se limitó a ejercer una facultad legal de interpretación normativa, otorgada por artículo 5° del D.F.L N° 2, de 1967.

Asimismo, alega que el recurrente no goza de un derecho preexistente e indubitado.

En cuanto al fondo, pide se desestime el presente arbitrio, puesto que ha dado estricta interpretación del ordenamiento jurídico en su conjunto, en cuanto a hacer aplicables los efectos de los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley Nº 21.109 (condiciones laborales) a los asistentes de la educación que prestan servicios en educación parvularia, básica y media de los establecimientos educacionales particulares subvencionados regidos por el D.F.L Nº 2 de 1998, Ministerio de Educación y de los establecimientos educacionales regidos por el D.L Nº 3166, de 1980.

Afirma también, que el aludido Dictamen no puede considerarse arbitrario, pues es un acto que se encuentra fundado de conformidad a la ley, y en el ejercicio de las facultades de interpretación antes citadas.

Concluye que el Dictamen tampoco vulnera las garantías constitucionales denunciadas, ya que no establece diferencias arbitrarias entre categorías de trabajadores, y el fallo del Tribunal Constitucional que se invoca, sólo tiene efectos particulares para el caso respectivo, por lo que tampoco vislumbra la afectación derecho a mantener y organizar establecimientos educacionales ni al derecho de propiedad de la recurrente, todo lo cual, de ser el caso, será de competencia de los tribunales ordinarios de justicia.

Encontrándose en estado, se trajeron los autos en relación Considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada;

Segundo: Se recurre por la Corporación Educacional Godoy Carrasco, en contra de la Dirección Regional del Trabajo, por el acto ilegal o arbitrario cometido a través del Dictamen N° 998/07, de fecha 19 de marzo de 2021, que interpretando el artículo 56 de la Ley N° 21.109 de 02 de octubre de 2018, impone a los establecimientos particulares subvencionados, el pago retroactivo de feriados a los asistentes de la educación;

Tercero: En primer lugar cabe rechazar los argumentos de la recurrida en orden a que el recurso de protección intentado no es la vía idónea para dejar sin efecto un Dictamen de la Dirección del Trabajo, toda vez que la interposición del recurso de protección puede ser deducido sin perjuicio de otras acciones jurisdiccionales, asimismo, tener presente, que el artículo 420 del Código del Trabajo, en relación al artículo 504 del mismo cuerpo legal, no da competencia a la judicatura laboral para conocer de la materia en cuestión, cual es, dejar sin efecto un dictamen de alcance general;

Cuarto: Pues bien, la normativa que regula el estatuto funcionario de los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública, está contenida en la Ley N° 21.109, publicada el 02 de octubre del año 2018, orientada a los funcionarios que tienen intervención directa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

A dicho estatuto, se incorporó por la Ley N° 21.152, publicada el 25 de abril de 2019, el artículo 56, extendiendo sus beneficios laborales a los asistentes de educación particular subvencionada, beneficios que fueron restringidos por la Dirección del Trabajo a través del Dictamen N° 3445/022 de 11 de julio de 2019, señalando que la citada disposición “se circunscribía, exclusivamente, a aquellos que prestaban servicios en educación parvularia, básica y media, descartando a los asistentes de la educación que cumplían funciones administrativas o auxiliares en establecimientos particulares subvencionados, los que se regirán por el Código del Trabajo y supletoriamente por la ley N° 19.464, por cuanto no son de apoyo al procedo educativo y de aprendizaje”;

Quinto: Posteriormente, con fecha 23 de enero de 2020, se publica la Ley N° 21.199, interpretativa del artículo 56 de la Ley N° 21.109, la que mediante su artículo único, extiende los beneficios de ésta, previstos en sus artículos 38 a 42, a todos los asistentes de la educación, sin efectuar diferenciación respecto del estamento técnico, administrativo o auxiliar, o que realizaran tareas en aula o fuera de ella.

Sexto: Ahora bien, reseñado lo anterior y, en tal contexto, la Dirección del Trabajo, con fecha 19 de marzo de 2021, respondiendo a una de las consultas que le fueron formuladas por Corporaciones y Fundaciones Educacionales, respecto a la aplicación de beneficios a los asistentes de la educación, mediante el Dictamen 998/07, apartado IV, se pronunció respecto del feriado, y remitiéndose a las normas del Código Civil, artículos 6, 7 y 9, concluyendo en su numeral 4, lo siguiente “El empleador deberá otorgar a los asistentes de la educación que fueron excluidos de los efectos del artículo 41 de la Ley N° 21.109, los días de feriado a que tenían derecho, en los términos del presente informe”.

Séptimo: El inciso primero del artículo 41 de la Ley N° 21.109 dispone que: “Los asistentes de la educación gozarán de feriado por el periodo de interrupción de las actividades escolares entre los meses de enero y febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente, así como durante la interrupción de las actividades académicas en la época invernal de cada año…”.

Como ya se ha referido, dicha ley fue publicada el 02 octubre de 2018, restringida a determinados asistentes de la educación, modificada el 23 de enero de 2020, mediante la Ley 21.109, interpretativa del artículo 56 de aquella;

Octavo: De los antecedentes relatados y documentos allegados al recurso se advierte que el pronunciamiento que se lee en el apartado IV del Dictamen impugnado, resulta ilegal y arbitrario, ya que si bien no se desconocen las facultades de la Dirección del Trabajo para fijar el sentido y alcance de la legislación en materia laboral, en ejercicio de su labor interpretativa de las normas laborales, lo cierto es que en el caso en estudio, en el extremo que interesa, el ente administrativo fue más allá de una mera aplicación o interpretación, puesto que bajo tal argumento procedió a reconocer y declarar un derecho discutido a favor de los asistentes de la educación particular subvencionada, como consecuencia de otorgar un efecto retroactivo a la norma referida al descanso o feriado;

Noveno: En efecto, la recurrida desbordó los márgenes de las facultades que le han sido conferidas, al exceder las competencias propias de la Dirección del Trabajo, consistentes en fijar el sentido y alcance de la ley laboral, según lo señala el artículo 1º, letra b) del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1967, todo lo cual debió llevarle a abstenerse de emitir el pronunciamiento contenido en el apartado del dictamen impugnado, y al no hacerlo de este modo, actuó en forma ilegal, en tanto determinó la extensión de un beneficio laboral por aplicación del artículo 41 de la Ley N° 21.109, creando un derecho, con lo que sobrepasó el límite de las labores que la ley le asigna, llegando a invadir atribuciones propias de los tribunales de justicia.

El acto administrativo resulta también arbitrario por falta de razonabilidad, al imponer una doble carga a los establecimientos educacionales particulares subvencionados, que habiendo cumplido con un derecho laboral, como es el feriado legal, al amparo de la normativa del Código del Trabajo, por un cambio de su jurisprudencia administrativa, resta valor a lo ya actuado, ordenando el cumplimiento retroactivo, con la posibilidad de imponer multa;

Décimo: Es así como se encuentran afectadas garantías constitucionales de la recurrente, contempladas en los numerales 24 y 11 de de la Constitución Política de la República, al determinar la extensión de un beneficio laboral por aplicación del artículo 41 de la Ley N° 21.109, creando un derecho, sobrepasando de tal forma el límite de las labores que la ley le asigna y haciéndolo ante un cambio de su jurisprudencia administrativa, con lo que resta valor a lo ya actuado a su propio amparo, ordenando el cumplimiento retroactivo del beneficio, lo que importa una amenaza al patrimonio y al proceso educativo, puesto que genera costos adicionales para los sostenedores;

En cuanto al derecho de igualdad ante la ley, no se estima afectado, sin que el fallo del Tribunal Constitucional, citado por el recurrente, que declara la inaplicabilidad por inconstitucional el artículo 56 de la Ley N° 21.109, -básicamente por desligar a un grupo muy específico de trabajadores del sector privado o particular del régimen laboral general contenido en el Código del Trabajo, en lo que concierne al feriado -, pueda ser base para demostrar la afectación de tal garantía, puesto que solo produce efecto para el caso particular que le fue presentado.

Décimo Primero: Corresponde en consecuencia, hacer lugar al recurso de protección en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas razones, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se acoge el recurso de protección deducido a favor de la Corporación Educacional Godoy Carrasco, en contra de la Dirección del Trabajo, declarándose que se deja sin efecto el acápite IV, como el numeral 4 conclusivo, del Dictamen N° 988/022 de fecha 19 de marzo de 2021, mediante la cual se dispuso el pago de feriados a contar de la publicación de la Ley N° 21.109, en la forma que esta dispone.

Se previene que el ministro señor Astudillo concurre a acoger el recurso, estimando que además se afecta la garantía del artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Carta Fundamental, dado que con el proceder que ha sido cuestionado, la recurrida se ha erigido en una comisión especial.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministro Sra. Elsa Barrientos Guerrero.

Protección N° 4422-2021.- Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por los ministros señor Omar Astudillo Contreras y señora Elsa Barrientos Guerrero