ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete.

Sin perjuicio del estado de la causa, advirtiendo el tribunal que el escrito folio 320818 no fue proveído en su oportunidad, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparece don nombre reservado, en representación de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, quien deduce acción de protección por el acto que estima arbitrario e ilegal que hace consistir en la dictación del dictamen 017882, de fecha 17 de mayo de 2017, dictado por la Contraloría General de la República, de fecha 17 de mayo de 2017, contra quien dirige la acción constitucional.

Expone que el funcionario nombre reservado fue contratado por el municipio, como asistente de la educación para prestar servicios en la escuela municipal Instituto Bicentenario José Miguel Carrera, siendo desvinculado mediante decreto alcaldicio 8691, de 2015, con motivo de su actuación en ciertos hechos acaecidos en el ejercicio de sus labores y respecto de ciertas alumnas del establecimiento, como se consigna en la carta aviso de término de contrato, de acuerdo con las causales contempladas en el artículo 160 N° 1, letras a) y e) del Código del Trabajo; decisión que le fue comunicada al funcionario, otorgándole así la posibilidad de formular sus descargos. Continúa el relato señalando que el señor nombre reservado interpuso un reclamo ante la Contraloría Regional de Valparaíso, esgrimiendo la ilegalidad del despido, ante lo cual el ente contralor solicitó al municipio informe, que evacuó el 10 de noviembre de 2015, mediante Ordinario 1650, que explicita los motivos que deciden al ente municipal a poner término al vínculo laboral que mantuvo con el señor nombre reservado. A continuación, indica los hechos que provocaron el despido, los que hace consistir en haber enviado el funcionario vía whatsaap un video, que considera tendría un carácter erótico discutible a un grupo que fuera creado con fines educativos, ocasión en que se le brindó el derecho a ser oído, agregando que las explicaciones que en esa oportunidad dio no resultaron satisfactorias para la institución educacional. Añade, que unido a lo anterior, ocurrieron hechos que estima reprobables, pues el señor nombre reservado invitó a dos alumnas del establecimiento a participar en la plataforma virtual denominada Facebook, acusación respecto de la cual no presentó descargos.

La respuesta del ente contralor recepcionada el 01 de diciembre de 2015 señala: “ No se aprecia que se haya efectuado un particular procedimiento de investigación en los términos señalados”, agrega jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N° 86.425 y 93.882, ambos de 2014, que precisan que resulta suficiente que en él se acredite la ocurrencia de las circunstancias que configuran las causales que se invocan en un despido, y la comparecencia del afectado a efectos de poder ejercer el derecho a ser escuchado, a fin de garantizar el principio del debido proceso. En la misma línea, el recurrente añade que la autoridad exigió al ente municipal, que al tratarse del cese de funciones del personal municipal regido por el Código del Trabajo, la autoridad municipal debe, si invoca el artículo 160 del mismo cuerpo legal, realizar previamente una pequeña investigación sumaria, la que no requiere sujetarse a las formalidades que exige el proceso administrativo y reincorporar al funcionario, pagándole las remuneraciones adeudadas, si no se desvirtuaban los hechos que se le imputaban.

Prosigue haciendo alusión al Ord. Alcaldicio N° 45 de 08 de octubre de 2016, que indica que no fue posible afinar la investigación sumaria pues si bien concurrieron a declarar funcionarios del establecimiento educacional, no ocurrió lo mismo con el señor nombre reservado, a pesar de haber sido citado en once ocasiones, motivo que imposibilitó dar cumplimiento al citado Oficio N° 021600.

Seguidamente expone que se representó a la Contraloría que su actuar excedió con creces las facultades contempladas en la Constitución, al exigir la realización de gestiones que no están contempladas en la ley respecto de funcionarios regidos por el Código del Trabajo.

Agrega que nuevamente la Contraloría Regional de Valparaíso, mediante Oficio N° 046957 que reproduce lo expuesto en el oficio anterior, ordena invalidar el acto de cese de funciones y por consiguiente reincorporar al señor nombre reservado a sus labores, ante lo cual el órgano municipal mediante Oficio s/n solicitó reconsideración disintiendo del actuar administrativo y proponiendo se condonara la falta al funcionario, proponiendo pagar las sumas adeudadas durante el tiempo que estuvo separado de sus funciones. Expone que la Contraloría Regional, a través del dictamen N° 017882, no hizo lugar a la reconsideración deducida por el recurrente, exponiendo latamente los hechos ya relatados en esta presentación, señalando que el órgano contralor ya había resuelto la situación planteada y agregando que el órgano municipal no acompañaba nuevos antecedentes que permitieran modificar lo resuelto en el dictamen 46967.

En otro capítulo, el impugnante hace un extenso análisis de las normas que rigen en materia de despido de funcionarios regidos por el Código del Trabajo, cita normas del DFL N°2, de 1967 que dispone la reestructuración y fija funciones de la Dirección del Trabajo y de la Constitución Política de la República, todas las que estima vulneradas por el dictamen impugnado por este recurso de protección; especialmente en lo relativo a las funciones que le corresponden a la Dirección del Trabajo, único organismo que tiene la facultad de fijar el sentido y alcance de la legislación laboral, la que solo se ve limitada cuando se somete el conflicto a los tribunales de justicia, de lo que colige que la Contraloría habría invadido la competencia no solo del legislador sino también de la Dirección del Trabajo.

Entiende, además, que el dictamen discutido es ilegal en cuanto no brinda razones jurídicas que justifiquen la interpretación que hace la autoridad administrativa de los artículos 160 y 168 del Código del Trabajo.

En cuanto a la arbitrariedad la recurrente la hace consistir en la falta de razones que llevan a la Contraloría a sostener una posición que contradice lo resuelto por la doctrina y la jurisprudencia judicial en relación a la interpretación que debe darse a los requisitos que autorizan a poner término a una relación laboral, razón por la que estima se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los N. º 2, 3, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, se acoja el presente recurso de protección, declarando la ilegalidad y arbitrariedad del dictamen N° 178882 de 2017, dejándolo sin efecto o bien adoptando cualquier otra medida que se estime pertinente para el restablecimiento del derecho, con expresa condena en Regionacostas.

2°) Que evacuando informe la recurrida, solicitó el rechazo de la acción deducida, por los siguientes fundamentos:

Señala en primer término que si bien la acción constitucional ataca el dictamen N° 17.882, de 2017, lo cierto es que lo que se impugna es el Oficio N° 21.600 de 2015, de la Contraloría Regional de Valparaíso y el dictamen N° 46.957, de 2016, que lo complementa, por lo que entiende que al haberse deducido la acción de protección el 29 de junio de 2017, el plazo de 30 días estaría vencido con creces.

En segundo término, plantea la improcedencia de la acción constitucional por tratarse de una materia que no se aviene con la naturaleza cautelar del recurso planteado, argumentando que la pretensión de la actora es discutir la carencia de facultades que tendría el órgano contralor para interpretar la aplicación de la legislación laboral en temas de despido de funcionarios públicos regidos por el Código Laboral, infiriendo que ello supone que no estaríamos en presencia de un derecho indubitado, presupuesto que exige la interposición de una acción de protección.

Del mismo modo, entiende que la acción constitucional no es la vía para impugnar decisiones administrativas que se adoptan en el marco de las competencias que tiene la Contraloría, como lo la Constitución Política de la República.

A continuación se refiere a la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad del dictamen discutido, afirmando luego que por los hechos descritos no se ha vulnerado garantía constitucional alguna del recurrente.

En cuanto al fondo de la materia debatida, expone que la la actora considera que la Contraloría habría excedido sus competencias al interpretar las disposiciones del Código del Trabajo; que el asunto sería de carácter litigioso ; que el dictamen impugnado carecería de motivación y fundamentos, agregando además un requisito que no exige la ley para desvincular a un trabajador y, finalmente que el señor nombre reservado fue informado de los hechos que se le imputaron, otorgándole la oportunidad de defenderse. Prosigue y explica porque yerra la recurrente en todas sus apreciaciones. Así refiere que, a diferencia de lo que postula la recurrente, el dictamen 17.882 no ha hecho otra cosa que exteriorizar una competencia que la Carta Fundamental y la legislación confieren a este organismo contralor, como reza el artículo 98 inciso primero); 51 y 52 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y artículos 1° y 6° de la Ley N° |0.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General, legislación que conforma el sistema normativo en que se sustentan las potestades de la Contraloría para emitir el dictamen 17.882, de 2017; agregando que en el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia administrativa; concluyendo en este punto que no resulta posible entonces sostener de acuerdo a los criterios de la Contraloría y de la Dirección del Trabajo que el organismo contralor se haya excedido en sus facultades al emitir el dictamen discutido; en el mismo sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema (sentencias de 17 de diciembre de 2014, rol 17133-2014 y de 25 de enero de 2016 en causa rol 20.379-2015.) Seguidamente se refiere al carácter no litigioso de la materia objeto del recurso que se revisa en esta sede, como postula la jurisprudencia administrativa y judicial, pues para que lo sea, debe tratarse de un asunto que esté entregado al conocimiento de los tribunales de justicia. En cuanto a la exigencia que formula el municipio relacionado con la necesidad de hacer una pequeña investigación, sostiene que ello ya ha sido resuelto por el ente contralor, según da cuenta una nutrida jurisprudencia administrativa. En relación a la desvinculación, considera el recurrido que la procedencia de una investigación previa arranca no solo del citado artículo 160 N° 1, que exige que se debe tratar de conductas “debidamente comprobadas”, más aun si el trato jurídico que debe otorgarse a los servidores públicos regidos por el Código del Trabajo a quienes se imputa alguna de las conductas que trata el artículo 160 del código citado. A este respecto, expone que se debe garantizar al señor nombre reservado el derecho a un racional y justo procedimiento, por ser equivalente su desvinculación con la eventual aplicación de una medida disciplinaria de un funcionario público que en esta materia se rige por el Estatuto Administrativo.

3°) Que comparece nombre reservado como tercero interesado, compartiendo los argumentos planteados por la Contraloría General de la República.

4°) Que el recurso de protección procede respecto de quien es amenazado, perturbado o privado del legítimo ejercicio de un derecho garantizado taxativamente en la Constitución a causa de un acto u omisión ilegal o arbitrario y a fin de que la Corte de Apelaciones respectiva ordene restablecer el imperio del derecho, adoptando con prontitud las medidas que juzgue necesarias para asegurar de esa manera la debida protección al afectado.

5°) Que si bien el recurrente ataca el dictamen 17.882, de 2017, lo cierto es que el acto recurrido es el Oficio 21.600, de 2015, de la Contraloría Regional de Valparaíso complementado por el dictamen 46.957, de 2016, de la sede central de la Contraloría; como ratifica el propio recurrente al reconocer que el dictamen recurrido es aquel que se pronuncia respecto de la reconsideración interpuesta por la Municipalidad de San Antonio, dedicoda en contra del dictamen 46957, de 2016 que complementó el oficio 21600; expresando además en su libelo que las alegaciones que formula se centran en ambos pronunciamientos, de los cuales tomó conocimiento al menos el 23 de agosto de 2016, razón por la cual es posible concluir que la acción constitucional fue interpuesta en forma extemporánea.

6º) Que esta Corte estima que la Municipalidad de San Antonio intenta por esta vía se declare un derecho que ha sido puesto en duda precisamente por el órgano superior del Estado en materia de control de actos de la administración y, ello le confiere entonces el carácter de dubitado y por lo tanto no susceptible de protección por medio del recurso de que se trata.

7°) Que, sin perjuicio de lo anterior se debe tener presente que le corresponde a la Contraloría General de la República fiscalizar a las municipalidades, de acuerdo a la Ley 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría de la República, según lo disponen los artículos 51 a 54, lo que implica que aquélla puede ejercer todas las facultades de control respecto de éstas, con excepción de aquellas establecidas en la ley.

8°) Que, de otra parte, el recurrente no puede pasar por alto que es la Contraloría General de la República un ente de la Administración del Estado , encargado principalmente del control jurídico de las actuaciones de los órganos que conforman la Administración Pública, para lo cual cuenta con una serie de instrumentos jurídicos, dentro de los cuales los dictámenes adquieren la mayor relevancia, pues constituyen verdaderas interpretaciones de la ley, siendo obligatorios para la Administración Pública.

9°) Que ,además, lo que impugna el recurrente es la facultad del órgano contralor para emitir dictámenes en materia de despido de funcionarios municipales que se rigen por la Ley 19.964, de 1996; olvidando que el artículo 9° inciso primero de la LOCGR establece que en el ejercicio de sus facultades el Contralor General puede dirigirse a cualquier persona o funcionario que tenga relaciones oficiales con el organismo contralor, así como con las personas que le hagan una petición de dictamen, que precisamente es lo que sucedió en este caso.

10°) Que no se puede pasar por alto que cuando el órgano contralor adopta una decisión, en uso de sus facultades constitucionales y legales, ella debe ejecutarse, y quienes se sientan afectados por lo decidido tienen la facultad de discutirlas en sede de juicio ordinario, la cual les otorga la posibilidad de plantear sus pretensiones y argumentos que las sustentan.

11°) Que, finalmente, esta Corte estima que tampoco se demostró la arbitrariedad de la decisión ni la infracción de alguna garantía constitucional, ni siquiera en grado de amenaza.

Ciertamente que en estas circunstancias no podría proceder la interposición de un recurso de protección que pretende mantener una situación que ha sido calificada de irregular por el órgano de control.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal por nombre reservado en representación de la Ilustre Municipalidad de San Antonio.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción la abogada integrante sra. Chaimovich.4 No firma la Ministra (s) señora Merino, quien concurrió a la vista del recurso y al acuerdo, por ausencia.

Rol Corte Nº44206-2017.- Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes e integrada por la Ministra (S) señora Paula Merino Verdugo y la abogada integrante señora Claudia Chaimovich Guralnik.