Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, catorce de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Rodrigo Alejandro Ojeda Garrido, abogado, en representación de doña nombre reservado y de don nombre reservado, ambos con el grado de Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, interponiendo recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber dictado la Resolución Exenta RA NUM000 de fecha 09 de diciembre de 2025, la cual dispone la destinación forzosa de sus representados a la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Estima que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que fue emitida prescindiendo de una solicitud de permuta en trámite y omitiendo la ponderación de las circunstancias personales y familiares acreditadas ante la institución, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la garantía de ser juzgado por la autoridad competente que la ley señale, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto el acto impugnado.

Expone que los recurrentes, quienes mantienen un vínculo matrimonial y son padres de dos menores de edad, solicitaron en noviembre de 2025 una permuta hacia la ciudad de Osorno por razones de conciliación familiar, contando con el parecer favorable de sus jefaturas directas y regionales. Sin embargo, la institución recurrida, ignorando dicho procedimiento y los informes técnicos que lo avalaban, decretó un traslado intempestivo a Rancagua con menos de un mes de antelación para su cumplimiento. Fundamenta la ilegalidad del acto en la falta de motivación exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, y en la contravención a la Orden General N°2675, específicamente por cuanto la notificación se realizó fuera del plazo fatal de agosto contemplado en el artículo 23 y sin considerar los antecedentes personales definidos en el artículo 11 del citado reglamento.

Arguye además, un vicio de competencia formal, por cuanto el emisor del acto no consignó la fórmula delegatoria “Por orden del Director General”, contraviniendo la Resolución Exenta NUM001 de 2004 y los principios de juridicidad.

En cuanto a la arbitrariedad, sostiene que la decisión es irracional al desatender el interés superior de los niños, cuyo proceso formativo en el sistema de educación alemana se ve gravemente comprometido al no existir establecimientos de dicha naturaleza en el nuevo destino asignado. En cuanto a las garantías conculcadas, el recurrente identifica una vulneración actual al artículo 19 numeral 1, por el estrés y la inestabilidad psíquica derivada del desarraigo; al numeral 2, por el trato desigual al no ponderarse sus antecedentes particulares frente a otros funcionarios; al numeral 3 inciso cuarto, por emanar el acto de una autoridad que no acreditó formalmente su competencia delegada; y a los numerales 10 y 11, al entorpecer el ejercicio del derecho preferente a educar a sus hijos y la continuidad de su proyecto educativo.

Pide se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare ilegal y arbitrario el acto recurrido, debiendo la autoridad recurrida dejarlo sin efecto, manteniendo a los recurrentes en sus actuales unidades.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, don Gonzalo Enrique Ravanal Salazar, abogado, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional de protección deducida.

Indica que la acción de protección posee un carácter eminentemente cautelar y no puede constituirse en una nueva instancia administrativa para discutir méritos de decisiones de gestión interna. En cuanto al fondo, sostiene la plena legalidad y razonabilidad de la Resolución Exenta RA NUM000, la cual dispuso la destinación de los recurrentes, Comisaria nombre reservado y Comisario nombre reservado, a la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Argumenta que dicha decisión se enmarca en la potestad discrecional y jerárquica de la institución, conforme al artículo 5° letra a) del D.F.L. N°1, que establece el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, y a la Orden General N°2675 de 2021, que regula el Reglamento de Destinaciones. Enfatiza que la movilidad institucional es un elemento esencial de la función policial, al cual los funcionarios acceden voluntariamente al ingresar a la institución, y que, en el caso sub-lite, los actores han permanecido diecisiete años en la misma región, superando con creces el tiempo mínimo de tres años exigido por la normativa para un traslado.

Respecto a la supuesta falta de motivación, indica que el acto administrativo impugnado se encuentra debidamente fundado en la necesidad de reforzar con personal idóneo y experimentado las Brigadas Investigadoras de Delitos Económicos y de Delitos Sexuales en Rancagua, atendida la complejidad de la criminalidad en dicha zona. Sobre la solicitud de permuta alegada por los recurrentes, aclara que esta no prosperó debido a que los terceros interesados desistieron de la misma el 09 de enero de 2026, lo que constituye la falta de un requisito esencial para su materialización y no una arbitrariedad de la autoridad.

En relación a la presunta vulneración del interés superior del niño y de las garantías de los artículos 19 N°1, 2, 3, 10 y 11 de la Constitución Política de la República, la recurrida sostiene que no existe tal afectación, puesto que las destinaciones son actos de la esencia de la labor policial y que los inconvenientes personales o familiares, aunque comprensibles, no pueden prevalecer sobre la necesidad del servicio y la protección de la comunidad, por lo que solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, por no existir acto ilegal ni arbitrario que afecte garantías constitucionales.

TERCERO: Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de garantías indubitadas frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que las priven, perturben o amenacen. De ello se sigue que su procedencia exige la existencia de un acto contrario a derecho o carente de racionalidad suficiente y, además, la afectación actual o inminente de alguna de las garantías expresamente tuteladas por dicha vía.

CUARTO: Que, en la especie, no se advierte la concurrencia de ilegalidad en el actuar de la recurrida. En efecto, de los antecedentes allegados aparece que la Policía de Investigaciones de Chile actuó en ejercicio de potestades que le han sido legal y reglamentariamente conferidas para disponer destinaciones de su personal, habiéndose fundado la resolución cuestionada en la necesidad de dotar a las Brigadas Investigadora de Delitos Económicos y de Delitos Sexuales de Rancagua de funcionarios con experiencia, competencias y formación adecuadas para el cumplimiento eficiente de sus funciones.

Asimismo, la resolución impugnada consigna que ambos recurrentes han cumplido el tiempo mínimo de permanencia exigido por el artículo 9 de la Orden General N°2675, de 26 de febrero de 2021, y contempla las prestaciones asociadas al traslado, tales como mes adicional de remuneraciones, pasajes y flete, de modo que no aparece dictada al margen del estatuto que rige la materia ni por autoridad carente de competencia.

QUINTO: Que tampoco se aprecia arbitrariedad en la decisión recurrida, pues la motivación explicitada por la autoridad -consistente en fortalecer unidades policiales especializadas mediante la destinación de funcionarios con experiencia acreditada- resulta coherente con los fines institucionales invocados y permite comprender adecuadamente las razones del traslado. Que los recurrentes discrepen de dicha determinación o estimen preferible una alternativa distinta, como la permuta solicitada, no basta para transformar el acto en caprichoso o irracional, máxime si de los antecedentes del informe aparece que tal permuta no se encontraba en condiciones de prosperar al haber desistido de ella los funcionarios con quienes se pretendía efectuar.

SEXTO: Que, en cuanto a las circunstancias familiares invocadas por los actores, ciertamente ellas deben ser consideradas por la Administración en el marco del sistema de destinaciones; sin embargo, no tienen el mérito de enervar por sí solas el ejercicio de una potestad legalmente establecida cuando ésta se adopta por necesidades del servicio y dentro de los márgenes normativos correspondientes.

En este sentido, los antecedentes personales a que alude el artículo 11 de la Orden General N°2675 constituyen uno de los elementos que pueden ser tenidos en cuenta al resolver, pero no un factor decisivo o excluyente que paralice la facultad institucional de disponer destinaciones.

SÉPTIMO: Que, en lo relativo al interés superior del niño, esta Corte no desconoce la especial consideración que merece dicho principio en toda actuación estatal que pueda incidir en la situación de niños, niñas y adolescentes. No obstante, en la especie no se han acompañado antecedentes que permitan concluir que la sola medida de destinación dispuesta, adoptada dentro de las facultades legales de la institución y con las compensaciones previstas por el ordenamiento, configure por sí misma una afectación ilegítima y actual de tal entidad que haga procedente la tutela cautelar pretendida.

Las dificultades de organización familiar, continuidad escolar o adaptación derivadas de un cambio de residencia -aun siendo atendibles- aparecen como consecuencias posibles de una medida funcionaria inserta en el régimen estatutario especial que regula a los miembros de la Policía de Investigaciones de Chile, y no como manifestaciones de una conducta arbitraria o ilegal de la autoridad.

Admitir lo contrario importaría supeditar el ejercicio de la potestad de destinación a circunstancias personales que, por comprensibles que sean, no pueden prevalecer sin más sobre las necesidades institucionales propias del servicio policial.

OCTAVO: Que, por lo demás, la movilidad territorial constituye un elemento consustancial a la función que prestan los recurrentes. Quien ingresa a una institución policial sometida a un régimen jerárquico y disciplinario especial conoce, desde el inicio de su carrera, que puede ser destinado a distintas unidades del territorio nacional conforme a las necesidades del servicio, especialmente cuando ha cumplido con creces el tiempo mínimo de permanencia en una determinada región, como ocurre en la especie, en que ambos recurrentes registran una extensa permanencia funcionaria en la misma zona.

NOVENO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace en forma actual las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado y de don nombre reservado en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Toledo.

N°Protección-442-2026.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada por el ministro señor Pablo Toledo González y la ministra señora Claudia Parra Villalobos.