SOCIEDAD DE TURISMO CASCADA DE LAS ANIMAS LIMITADA con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN M

Santiago, ocho de octubre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Primero: Que comparece Alejandro Antonio Cáriz Meller, abogado, mandatario judicial en representación de la empresa Sociedad de Turismo Cascadas de las Ánimas Limitada se dedujo recurso de protección en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, representada legalmente por el Secretario Regional Ministerial de Salud, señora nombre reservado, por haberse producido una vulneración de las garantías constitucionales del artículo 19 N°s 2 inciso segundo y N° 24 inciso segundo, en relación con los artículos 1, 6 y 7, todos de la Constitución Política de la República. Pidió que se deje sin efecto la Resolución N° 3437 de 15 de mayo de 2018, en contra de la empresa Sociedad de Turismo Cascadas de las Ánimas Limitada, y que se condene en costas al recurrido.

Señala que el 23 de mayo de 2018 su mandante fue notificado de la Resolución N° 3437, dictada el 15 de mayo del año en curso, transcribe el numeral segundo de la parte resolutiva. Esta sentencia administrativa proviene de la sentencia sanitaria N° 006094 de 3 de octubre de 2017, en contra de la cual se interpuso recurso de reposición administrativa el 23 de octubre de 2017.

Reproduce los tres últimos párrafos de la parte considerativa de la sentencia sanitaria. Agrega, que la autoridad administrativa reconoce diversas circunstancias y sin justificación alguna, decide acoger el recurso administrativo pero rebaja la sanción que previamente había aplicado la Inspección Comunal del Trabajo Cordillera, manifestándose de esta manera la arbitrariedad en la actuación de la recurrida.

Refiere, que los aspectos considerados en el recurso de reposición administrativa que menciona la resolución que motiva este recurso, algunos eran de competencia de la autoridad administrativa y otros de orden constitucional. Señala la excepción de cosa juzgada como cuestión previa, a los principios aplicables en el derecho sancionador y la exigencia de respetar la igualdad ante la ley para efectos de sanciones de esta naturaleza, la ley más favorable. Cita al efecto las Leyes N°s 18.575 y 19.880 y los artículos 506, 505 bis del Código del Trabajo.

Por su parte, el artículo 76 de la Ley N° 16.744 es una ley complementaria del Código del Trabajo, por lo que las sanciones deben ser tasadas conforme a lo que dicha ley diga o, en el evento que no tenga una sanción especial, deben ser aplicadas según el tamaño de la empresa (artículo 505 bis) y la escala que el legislador creó (artículo 506). A su vez las normas del DS 594 de 1999, también tienen la naturaleza de complementarias del mismo código, bastando solo el título de ella para llegar a esta simple conclusión (Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo). Agrega, que no obstante la multa no especifica el hecho particular por el cual su representada fue sancionada, se aplica una multa de 200 UTM que por mucho excede la escala de penas contenidas tanto en el Código del Trabajo como en la Ley 16.744.

Insiste que sin considerar los efectos evidentes de la resolución de multa, se encuentran frente a un caso de objetiva vulneración de garantías constitucional de igualdad ante la ley, desde el momento que la pena sería distinta en el caso de una fiscalización efectuada por la Autoridad Sanitaria o bien que la haga alguna Inspección del Trabajo.

En cuanto la infracción del principio non bis in ídem, señala que en este caso, la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, mediante resolución de multa N° 1782/17/40, de 3 de julio de 2017, sancionó a su representada por una supuesta infracción al artículo 76 de la Ley 16.744, misma norma que sirve de sustento a la sanción de 200 UTM que aplicó la autoridad sanitaria.

De este modo, el actuar de la recurrida contraviene abiertamente el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 inciso segundo de la Constitución Política de la República. La arbitrariedad de la recurrida se establece desde el momento que reconoce haber sancionado a su mandante por el mismo hecho que previamente usó la Inspección Comunal del Trabajo Cordillera para aplicar la sanción en Resolución de multa N° 1782/17/40; el sustento normativo invocado por ella es el mismo que invocó la autoridad administrativa del trabajo Cordillera, esto es, el artículo 76 de la Ley 16.744; que la multa aplicada por la Inspección Comunal del Trabajo Cordillera fue de 40 UTM; y al reconocer expresamente la aplicación del principio non bis in ídem en esa sede, la conclusión racional y ajustada a derecho jamás pudo rebajar la multa, sino que debió haber dejado sin efecto la sanción por existir otra condena previa emanada del mismo hecho. No obstante, que la multa no especifica el hecho particular por el cual su representada fue sancionada, se aplica una multa de 200 UTM que por mucho excede la escala de penas contenidas tanto en el Código del Trabajo, como en la Ley 16.744.

Referido al derecho de propiedad, la resolución recurrida y la actuación antijurídica de ella implica una acción arbitraria que amenaza el patrimonio de su mandante, ya que con el trato desigual que se denunció, no obstante reconocer que se ha infraccionado el principio non bis in ídem decide rebajar la sanción de 200 a 70 UTM. La condena administrativa con infracción a garantías constitucionales significa que se obliga a su mandante a pagar dos veces, esta vez por un monto mayor, la misma sanción aplicada previamente por la autoridad administrativa del trabajo, fundada en la misma norma, artículo 76 de la Ley 16.744.

Segundo: Que, evacúa el informe don nombre reservado, y previo a pronunciarse sobre el fondo, alega la falta de legitimación pasiva de la autoridad sanitaria. El recurrente menciona y acompaña copia de la Resolución de multa N° 1782/17/40 de la Inspección Comunal del Trabajo, señala que a través de la referida resolución le fue impuesta una multa de 40 UTM por contravenir el artículo 76 inciso primero de la Ley 16.744, al no haber denunciado al organismo administrador respectivo la ocurrencia de un accidente laboral grave. Sin embargo, de la Resolución citada de la Inspección Comunal del Trabajo, se establece claramente: “Que con fecha 1 de julio de 2017, en el curso de la fiscalización…”, por lo tanto resulta evidente que la Inspección del Trabajo se constituyó con esa fecha. Ahora bien, la Seremi de Salud RM, en el acta de fiscalización N° 0151694 cuya copia se acompaña, se establece el 5 de mayo de 2017 se constituyó el funcionario fiscalizador en el curso de la fiscalización que dio inicio al sumario sanitario N° 1890-2017. Esto resulta vital para determinar la competencia del órgano público encargado de fiscalizar, de conformidad al inciso tercero del artículo 191 del Código del Trabajo.

De lo anterior se colige y teniendo en consideración las fechas de las actas anteriormente individualizadas, tanto de la Seremi de Salud RM, como de la Inspección del Trabajo, se desprende que el órgano que debió abstenerse de conocer el asunto fue la Inspección del Trabajo y no la Seremi de Salud, por lo que el recurrente debe dirigir su acción cautelar hacia la Inspección del Trabajo y no contra la autoridad sanitaria, a fin de solicitar la anulación de la multa por el principio non bis in ídem.

En subsidio de lo anterior, pidió que el recurso sea rechazado, con costas, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho. Explica que el 22.05.2018 se procedió a notificar la Resolución Sanitaria N° 3437 de fecha 15.05.2018 en la que se establece en el punto 3 de la parte resolutiva, que se ratifica en todo la sentencia N° 6094 de fecha 03.10.2017 salvo la multa de 200 UTM, la que se rebaja a 70 UTM.

En efecto, el motivo por el cual se rebajó sustancialmente la multa fue por considerar el principio non bis in ídem, sin embargo la mencionada Resolución N° 3437 ratifica en todo lo demás la sentencia original, en la cual se constata además, de la infracción al artículo 76 de la Ley 17.644, los artículos 3, 37 y 53 del Reglamento sobre “Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”, aprobado por DS 594/99 del Ministerio de Salud. Esto, demuestra que la autoridad sanitaria multó a la sumariada no solamente por la infracción al artículo 76 de la Ley 16.744 y por lo que ya había sido multado el recurrente por la Inspección del Trabajo, sino que por otras deficiencias, las que no están contempladas dentro del principio del non bis in ídem, en consecuencia, la rebaja de multa respondió precisamente a tener por considerada la multa de la Inspección del Trabajo, no así la aplicada por la autoridad sanitaria respecto de infracciones constatadas y que no fueron consideradas por la inspección.

Por lo expuesto pidió el rechazo de la acción cautelar, con costas.

Considerando:

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante medidas de resguardo que deben adoptarse ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; de acuerdo a ello constituyen requisitos indispensables para la procedencia de esta acción cautelar la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, lo que implica que su fundamento provenga del puro capricho; que el acto o la omisión denunciada prive, perturbe o amenace el ejercicio legítimo de derechos y garantías cautelados por esta acción; que esa privación, perturbación o amenaza resulte manifiesta, ostensible, esto es, que sea posible de ser constatada o establecida con el mero examen de los antecedentes aportados por el recurrente y así pueda concluirse con el informe del recurrido; se requiere también que exista una relación causal entre el acto u omisión que se denuncia y la transgresión de derechos del recurrente; y, finalmente, que exista la posibilidad material, actual, del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Concurriendo tales circunstancias en la presentación del recurrente el acogimiento del recurso será motivado y deberá accederse a lo pedido en resguardo de sus legítimos derechos, por lo que debe procederse al examen de los antecedentes que han sido acompañados.

Cuarto: Que, a fin de resolver la cuestión planteada, se deben tener presente los siguientes antecedentes:

a)Copia de la Resolución de Multa N° 1782/17/40 de la Inspección del Trabajo Cordillera, de 3 de julio de 2017, emitido por la Inspección Comunal del Trabajo Cordillera, por la que se le sancionó a la recurrente con una multa de 40 UTM por infringir el artículo 76 inciso primero de la Ley 16.744, que prescribe: La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán también, la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia.

El origen de la sanción descrita, se acreditó el 1 de julio de 2017 por el fiscalizador Gerardo Neftalí Aguayo Zamorano al empleador Sociedad de Turismo Cascadas de las Ánimas, con domicilio en domicilio reservado, en que se constata “No denunciar al organismo administrativo en un plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente que afectó con fecha 21/04/2017, al trabajador don nombre reservado, que puede ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte, hecho ocurrido en domicilio reservado, San José de Maipo en fecha 21/04/2017, según se observa en DIAT otorgado por el representante de la empresa, el accidente se denuncia el 9 de mayo de 2017. Tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención a los eventuales accidentes del trabajo y dificulta a la autoridad disponer ante el empleador las medidas necesarias e indispensables para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. “ b) Copia de la Sentencia N° 006094 de 3 de octubre de 2017 de la Autoridad Sanitaria, en que se describe detalladamente lo constatado en el acta de inspección efectuada el 5 de mayo de 2017, de conformidad a ello y de los antecedentes del sumario queda establecido que la sumariada ha infringido las disposiciones del artículo 76 de la Ley 16.744 en relación a la Circular N° 2345 de la Superintendencia de Seguridad Social, y de los artículos 3, 37 y 53 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 594/99 del Ministerio de Salud.

c) Copia de la Resolución N° 3437 de 15 de mayo de 2018 que acogió el recurso de reposición interpuesto por el representante de la Sociedad Cascadas de las Ánimas Ltda., en contra de la sentencia N° 006094. Sostiene, que de acuerdo a lo señalado por la sumariada en el sentido de indicar que habría sido sancionada por dos organismos distintos aplicándosele la misma norma infringida, lo que acredita presentando la Resolución de Multa N° 1782/17/40 de la Inspección Comunal del Trabajo, establece que el hecho de establecer como infracción el mismo artículo en ambos instrumentos jurídicos sancionatorios, podría significar una infracción al principio non bis in ídem, toda vez que dicha norma aparece citada, además de la resolución de la Inspección del Trabajo, en la resolución Exenta N° 6094 de la Autoridad Sanitaria, por lo que es de justicia evaluar la multa aplicada y analizar, en base a la responsabilidad que efectivamente le pudiere caber a la sumariada en los hechos imputados, por lo que resuelve rebajar la muta aplicada de 200 UTM a 70 UTM, cuyo pago deberá efectuarse en la oficina de recaudación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de la notificación, bajo el apercibimiento del artículo 174 inciso segundo del Código Sanitario, si así no lo hiciere.

Quinto: Que, en primer término la recurrida alega la falta de legitimidad pasiva, fundada en que la fecha en que la Seremi de Salud RM, realizó la visita inspectiva, de acuerdo al Acta de Fiscalización N° 0151694, el 5 de mayo de 2017, esto es, con anterioridad al 1 de julio del mismo año, fecha en que efectuó la fiscalización la Inspección Comunal del Trabajo.

Sexto: Que dicha alegación será desestimada, teniendo presente para ello que la sentencia dictada por la Autoridad Sanitaria, -3 de octubre de 2017- lo fue con posterioridad al dictamen pronunciado por la Inspección del Trabajo -3 de julio de 2017- situación que coloca al infraccionado en la imposibilidad de haber previsto las infracciones a la normativa que se iban a hacer efectivas con posterioridad por la Autoridad Sanitaria. Además, tal circunstancia fue reconocida por la recurrida, al haber acogido en parte el recurso de reposición interpuesta en esa sede por el recurrente de autos, por lo que dicha alegación será desestimada.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, de los antecedentes tenidos a la vista en el motivo cuarto de la presente sentencia, se constata que el peticionario interpuso el recurso de reposición ante la Autoridad Sanitaria, sede en que se verificó que uno de los acápites que dieron origen a la infracción, objeto de sanción, ya había sido tomado en consideración por la Inspección Comunal del Trabajo Cordillera, lo que motivo que la Autoridad Sanitaria procediera a rebajar la multa de 200 UTM a 70 UTM.

En consecuencia, en sede sanitaria quedaron subsistentes las restantes infracciones constatadas por el fiscalizador en el Acta de Inspección realizada el 05 de mayo de 2017 y que explicita la Resolución 6094 y que consistieron en las siguientes: “la sumariada debe tener presente que el empleador está obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad de las faenas. Que los empleadores deberán vigilar y supervisar el cumplimiento por parte de sus trabajadores la normativa relativa a higiene y seguridad. Los empleadores deben tener presente que deberá suprimirse en los lugares de trabajo de cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad física de los trabajadores. Los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y todas las maquinarias, instalaciones, así como las herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas”.

Agrega en síntesis que: “No se acredita un procedimiento de trabajo seguro en las faenas en altura y consecuencialmente el trabajador accidentado carecía de capacitación pertinente para desarrollar su labor…”; “trabajador no empleaba elementos de protección personal al momento de ocurrencia del accidente, cuestión gravitante toda vez que estos implementos se erigen como mecanismos idóneos para la supresión de riesgos en las faenas…”; “No existían mecanismos de control, que advirtieran al trabajador de los peligros asociados a las faenas encomendadas…”.

Que las faltas constatadas por la autoridad, son constitutivas de infracciones al D.S. 594/99 del Ministerio de Salud, que en el Título I, titulado “Disposiciones Generales”, en su artículo 3 dispone: “La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella”.

Por su parte en el Título III “De las Condiciones Ambientales”, Párrafo II que regula “De las Condiciones Generales de Seguridad”, en el artículo 37 inciso primero prescribe: “Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores”.

Finalmente, en el Título III titulado “De las Condiciones Ambientales”, Párrafo IV “De los equipos de Protección Personal”, en el artículo 53 señala: “El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libres de todo costo y cualquiera sea la función que éstos desempeñen en la empresa, los elementos de protección personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir y la capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo”.

En consecuencia, de lo antes expuesto es posible constatar que las situaciones fácticas constatadas por la autoridad sanitaria constituyen infracción al D.S. 594/99 “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo” del Ministerio de Salud, en sus artículos 3, 37 inciso primero y 53, que no fueron considerados por la Inspección del Trabajo Cordillera al pronunciarse en la Resolución de Multa N° 1782/17/40.

Octavo: Que, además de lo señalado, el recurrente tenía la posibilidad de impugnar la resolución de multa, por la vía civil de conformidad al DFL 725, Libro X titulado “De los Procedimientos y Sanciones”, Título II “Sumario Administrativo”, que en sus artículos 171 y siguientes, regula el procedimiento a seguir en dicha instancia, no existiendo constancia en estos antecedentes que la parte hubiese acudido a dicha vía. En efecto, respecto de las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud, el recurrente podrá reclamar ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, reclamo que se tramitará en forma breve y sumario.

Noveno: Que, en consecuencia los fundamentos esgrimidos por el peticionario, carecen de sustento, por lo que no se divisa cómo el actuar de la recurrida podría ser arbitrario e ilegal; al contrario, la Autoridad Sanitaria ha actuado conforme a derecho ejerciendo las facultades conferidas por la ley en el ámbito de sus atribuciones, por lo que no se vislumbra de qué forma se perturbarían las garantías invocadas, por lo que necesariamente la acción cautelar invocada deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara: Que se rechaza el recurso de protección interpuesto por el representante de la Empresa Sociedad de Turismo Cascadas de Las Ánimas Limitada, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región Metropolitana, representada legalmente por la Secretaria Regional Ministerial de Salud, doña nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Ingreso Corte N° 44.185-2018.

Redacción de la Ministra (S) Ana María Hernández Medina No firma el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Dictada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro Tomás Gray Gariazzo e integrada por la Ministro (S) señora Ana María Hernández Medina y por el Abogado Integrante Jorge Norambuena Hernández.