nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, tres de septiembre de dos mil quince Vistos:

A fojas 6 don nombre reservado, profesor, interpone recurso de protección en contra de Tesorería General de la República y también en contra del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Católica de Temuco y en contra del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de La Frontera, por el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en haber retenido su devolución de impuesto operación renta año tributario 2015.

Pide a esta Corte que acoja el recurso de protección y ordene a Tesorería General de la República, la devolución de $277.933.-, que pide sean depositados en la cuenta corriente bancaria que indica, con el objeto de restablecer el imperio del derecho.

En cuanto a los hechos el recurrente señala que el 15 de abril de 2015 realizó su declaración de renta ante el SII, y el resultado fue la devolución de la suma de $277.933 ya indicada, pero que sin embargo el 13 de mayo del presente se efectuó la retención de dinero por parte de Tesorería General de la República, por concepto de deuda crédito universitario.

Refiere que el año 1984 estudió Pedagogía General Básica en la Universidad Católica sede Victoria, firmando un pagaré por un crédito regido por el D.F.L. N°4, de 1981.

Indica que la Universidad Católica de Temuco no tiene derecho a solicitar la retención de la devolución de impuestos, porque la ley 19.848, en su artículo 2° señala que son considerados deudores de créditos solidarios, todos aquellos que resulten de la aplicación de las Leyes 18.591; 19.287 y 19.848 y que nada dice respecto del DFL N°4, de 1981.

Indica que a mayor abundamiento, por tratarse de una deuda u obligación natural, la empresa Equifax dejó de publicar la deuda en su listado denominado “DICOM”.

Señala que en el caso de la Universidad de la Frontera, efectivamente estudió Pedagogía en Educación Física entre los años 1985 y 1989, financiando sus aranceles con crédito fiscal y luego crédito universitario; créditos debían comenzar a ser pagados después de dos años de egresado de la Universidad, durante doce años, e indica que lamentablemente no pudo cumplir con dicha obligación y tampoco fue notificado de algún cobro judicial en el mismo período.

Señala que si bien la Ley 19.989 faculta a Tesorería para retener la devolución de impuestos de los deudores del crédito solidario universitario, ello ocurre cuando la deuda sea civil, porque de lo contrario, si la deuda fuere natural, no procede acción de cobro.

Indica que el artículo 15 de la Ley 19.287 establece que en caso de incumplimiento del pago anual, dicha obligación devengará un interés penal del 1% por cada mes o fracción de mes en que se retrase su cumplimiento y el Administrador General del Fondo de la Institución procederá al cobro ejecutivo del mismo, éste debió ser el procedimiento de cobro legal y no a través de las nóminas que envían a la Tesorería, que constituye más bien un acto administrativo, dejándole sin posibilidad de defensa jurídica, lo que significa que es un acto ilegal y por ello recurre de protección.

Reclama, además, en relación a la segunda deuda de crédito universitario con la Universidad la Frontera, que se trata de una obligación natural, porque egresó el año 1989, la obligación debía exigirse a partir de 1992 y como su deuda era superior a 200 UTM, el plazo para pagar se amplía a 15 años, plazo que concluyó el 31 de diciembre de 2006, al día de hoy totalmente prescrita, ya que nunca fue notificado de cobro judicial alguno.

Finaliza señalando que si bien siempre le han retenido la devolución de impuestos en operaciones anteriores, esta vez solicita a I.Corte, que el administrador del Fondo Solidario de la Universidad La Frontera certifique que la deuda está extinguida por el vencimiento del plazo, no pudiendo seguir incorporando su nombre en la lista de deudores de esa casa de estudio.

Sostiene el recurrente que se le ha vulnerado en su garantía del artículo 19 N° 24, porque se le ha privado de bienes, como es la devolución de dinero por impuesto renta y la garantía del articulo 19 N° 3, derecho de defensa, porque las Universidades recurridas debieron haber accionado legalmente para el cumplimiento de sus obligaciones, y pide que se acoja el recurso de protección y se ordene a Tesorería General de la República la devolución de la cantidad de $277.933, mediante el depósito en su cuenta corriente bancaria que individualiza.

A fojas 19, informó Tesorería General de la República, y señala que la devolución de la operación renta año 2015 no se verificó, porque el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de La Frontera le solicitó, que en cumplimiento del artículo 1° de la Ley 19.989, retuviera de la devolución anual de impuestos que correspondiera a los deudores del crédito universitario solidario regulado por la Ley 19.287, entre los cuales se encuentra el recurrente, para el pago de los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la entidad acreedora, y que por lo anterior alega la inadmisibilidad del recurso porque dio cumplimiento a un deber legal, por lo que el acto impugnado no es ni ilegal ni arbitrario.

En cuanto al fondo de la acción calificada como arbitraria e ilegal, indica que la actuación de Tesorería General de la República no es arbitraria, porque tiene justificación en la orden emanada del Administrador del Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de La Frontera, que certificó la deuda del recurrente y tampoco es ilegal por facultad expresa del artículo 1° de la Ley 19.989.- A fojas 59 informó la Universidad de La Frontera y pide rechazo con costas del recurso.

Primero alega la extemporaneidad del recurso interpuesto el 22 de mayo de 2015, señalando que supuestamente se había enterado de la retención el día anterior, sin embargo, esa fecha no es la que legalmente debe entenderse notificado de la retención el recurrente, ya que conforme dispone el Reglamento que fija el procedimiento de retención, establece que las notificaciones a los deudores se efectúa por medio de un aviso en Diario de circulación nacional, entendiéndose notificado el deudor desde la fecha de la respectiva publicación, y que respecto del recurrente, la publicación de efectuó en el Diario La Nación online, mediante publicación de la nómina de deudores afectos a retención entre el 26 de enero y el 6 de febrero de 2015, en cuya nómina aparece el nombre del recurrente y el monto a retener.

Agrega que dicho procedimiento no le era desconocido al recurrente, por cuanto, como consta del certificado emitido el 2 de julio de 2015, del Administrador General del Fondo de la Universidad de la Frontera, ya que se le han efectuado retenciones por el mismo concepto y han ingresado dichos fondos a la Universidad con cargo a la deuda los años 2006 a 2015.

Por lo anterior, sostiene que el recurso se interpuso en forma extemporánea.

En cuanto al fondo del recurso cita normas legales que regulan el crédito universitario en cuestión y señala que en el caso del recurrente no pagó ninguna de las cuotas del crédito fiscal universitario obtenido en sus años de estudio y que el recurrente tampoco se acercó a las oficinas de la Administración del Fondo a tratar de repactar lo adeudado.

Afirma que claramente se desprende de las normas que rigen estas materias, especialmente del artículo 20 de la Ley 19.287, que cuando la ley se refiere a los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, ciertamente se está refiriendo a los Fondos de Crédito Universitario, que, a su vez, se crearon a partir de los fondos y activos provenientes del crédito fiscal universitario.

Señala que cualquier persona que haya obtenido algunos de los créditos, ya sea crédito fiscal universitario, crédito universitario y crédito solidario, es para la ley, deudor de Fondo Solidario de Crédito Universitario.

En relación a la prescripción, sostiene que es claro que la acción y la deuda cuya prescripción se reclama no se ha extinguido por el transcurso del tiempo en la forma que indica el recurrente, dado que falta un elemento importante, que es la declaración de la prescripción por los tribunales de justicia competentes, lo que en los hechos no ha ocurrido.

Agrega que además, ésta es la décima vez consecutiva, que se cursa y se efectúa la retención, mediante el mismo procedimiento al recurrente.

Que finalmente no existe infracción a norma constitucional alguna, por lo que el recurso debe ser rechazado, con costas.

A fojas 75 informó la Universidad Católica de Temuco, y pide el rechazo del recurso de autos, indicando que no se advierte de qué manera la recurrida habría conculcado las garantías constitucionales de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez, que su parte ha obrado en cumplimiento de los deberes que la propia ley 19.287 le encomienda al Administrador del Fondo Solidario de crédito universitario.

Que el propio recurrente reconoce expresamente que la Tesorería General de la República siempre le ha retenido la devolución de impuestos, pero esta vez solicita se califique de arbitraria o ilegal la retención del año en curso, de manera que todos los años anteriores dicha acción debería calificarse de legal o carente de arbitrariedad.

Por estos argumentos la Universidad Católica de Temuco, pide el rechazo de la acción por falta de fundamentos y acompaña documento en que se detalla la individualización del recurrente y el detalle del abono que se realizó a su parte por la Tesorería General de la República, por retención de impuestos en el año 2005.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que como primera cuestión corresponde establecer si el recurso de protección presentado por el recurrente nombre reservado, ha sido interpuesto dentro del plazo que establece el número 1°del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de garantías constitucionales de la E. Corte Suprema.

SEGUNDO: Que de los documentos acompañados por el recurrente de fojas 1 y 2 se encuentra acreditado que con fecha 15 de abril de 2015 presentó su declaración de impuesto a la renta año 2015, en la que ajustándose a la propuesta del Servicio de Impuestos Internos solicitó la devolución de la suma de $274.637, y que con fecha 13 de mayo de 2015 Tesorería General de la República efectuó la retención de la suma indicada, por concepto de deuda de crédito universitario en cumplimiento a lo solicitado por la Universidad de la Frontera a quien remitió dicha suma, y que corresponde al acto que el recurrente califica de arbitrario e ilegal en esta acción constitucional y que se invoca como fundamento fáctico para la interposición del mismo, en que el recurrente sostiene que se han vulnerado sus garantías constitucionales establecidas en los números 3 y 24 del Artículo 19 de la Constitución Política.

TERCERO: Que en consecuencia habiendo tomado conocimiento el recurrente que Tesorería General el la República retuvo el dinero de su devolución de impuestos operación renta 2015, el día 13 de mayo del presente, la acción constitucional presentada con fecha 22 de mayo del año en curso no ha sido presentada fuera del plazo de 30 días que establece el numero 1° del Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de garantías constitucionales de la E. Corte Suprema, motivo por el cual la acción presentada no es extemporánea.

CUARTO: Que en relación a la acción de protección constitucional interpuesta por don nombre reservado en contra de Tesorería General de la República, y en que reprocha que la retención de su devolución de impuestos operación renta año 2015, habría sido ilegal y arbitraria, cabe establecer que se encuentra acreditado de los propios dichos del recurrente que éste fue beneficiario del denominado crédito universitario primero el año 1984 cuando estudió pedagogía general básica en la Universidad Católica sede Victoria, y luego en los años 1985 a 1989, cuando estudió pedagogía en Educación Física, créditos regidos en su oportunidad por el Decreto con Fuerza de Ley N° 4, de 1981.

QUINTO: Que el artículo 20 de la Ley N° 19.278, de 1994, que se titula Modifica la Ley N° 18.591 y establece normas sobre fondos solidarios de crédito universitario, señala que para todos los efectos legales, los fondos solidarios de crédito universitario y sus respectivos administradores generales, son los sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y sus administradores, tanto en el dominio de todos sus bienes como en los derechos y obligaciones derivados de todo acto o contrato que éstos últimos hubieren celebrado.

Que a su turno el articulo 70 de la Ley N° 18.591, de 1987, creó un fondo solidario de crédito universitario para cada una de las instituciones de educación superior que reciben aportes del Estado, con arreglo al D.F.L. N° 4 de 1981, y el articulo 71 de la ley citada, señala que el patrimonio inicial de cada fondo estará constituido por los siguientes activos que aportará el Fisco: “a) Los recursos provenientes de crédito fiscal universitario adeudados por los estudiantes al Fisco, con excepción de aquellos cuyos vencimientos sean anteriores a 1988”.

SEXTO: Que en consecuencia Tesorería General de la República en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley N° 19.989, que faculta al órgano recaudador de cargas e impuestos públicos, ha actuado legalmente dentro de su competencia, que la faculta para “retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en al forma establecida en el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”, lo que ha ocurrido en el caso de autos, al amparo de la legislación citada.

SEPTIMO: Que en relación a la recurrida Universidad Católica de Temuco, cabe establecer que dicha entidad de educación superior no solicitó a Tesorería General de la República la retención de la devolución de impuesto a la renta del recurrente correspondiente a la operación renta año 2015 y que motiva el recurso interpuesto, según se acredita de la nómina acompañada a fojas 48 de autos, la que individualiza como entidad acreedora de crédito universitario a la Universidad de la Frontera, motivo por el cual Universidad Católica de Temuco carece de legitimación pasiva como recurrida en esta acción constitucional.

OCTAVO: Que en cuanto a la recurrida Universidad de La Frontera, cabe establecer que la citada corporación universitaria, requirió en su oportunidad a Tesorería General de la República, que retuviera la devolución de dinero por concepto operación renta año 2015, en ejercicio de los derechos que se establecen en tanto entidad acreedora de crédito de fondo solidario universitario, regulado en las Leyes números 19.287 y 19.989, por lo que no se puede concluir que la citada Universidad haya ejecutado un acto arbitrario e ilegal que haya podido conculcar o transgredir las garantías constitucionales del recurrente establecidas en los números 3° y 24° del artículo 19 en relación con el artículo 20, ambos de la Constitución Política.

NOVENO: Que finalmente referido a la argumentación del recurrente en cuanto a que la obligación que motiva la retención de dinero operación renta año 2015, se encontraría prescrita, por lo que sería una obligación simplemente natural, cabe señalar que este arbitrio procesal de naturaleza cautelar y reparatorio de garantías constitucionales, no es la sede jurisdiccional en que esta materia pueda ser debatida y dilucidada en definitiva, debiendo en consecuencia conocerse ésta cuestión en un proceso jurisdiccional de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 números 3 y 24 y 20 de la Constitución Política, Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales de la E. Corte Suprema y Leyes números 19.287 y 19.989, se desestima el recurso de protección interpuesto a fojas 6 por don nombre reservado, sin condena en costas por haber tenido motivo plausible para su interposición.

Redacción del abogado integrante señor Oscar Torres Zagal.

Regístrese y devuélvase.

Ingreso N° 43.963-2015.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich y el abogado integrante señor Oscar Torres Zagal.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a tres de septiembre dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.