nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIALREGIÓN DEL BIO-BIO

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, quien deduce acción de protección constitucional en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en razón del acto arbitrario e ilegal de la recurrida consistente en el rechazo del pago de licencias médicas.

Refiere que cualquier persona que no se encuentra en condiciones adecuadas de salud para realizar su trabajo tiene el derecho a la licencia médica hasta recuperarse totalmente con el debido tratamiento.

Indica que es vigilante del Metro de Santiago con autorización del OS-10 de Carabineros de Chile para portar arma de fuego en sus funciones, lo que se transforma en un peligro si no existe estabilidad mental, añadiendo que el estrés de su trabajo lo llevó a perder el control de la ira y a exponer la integridad de los pasajeros. Refiere que por lo anterior buscó ayuda psiquiátrica dadas sus reacciones agresivas, y estando en tratamiento con medicamentos, a los pocos meses sus licencias médicas empezaron a ser rechazadas.

Solicita que se acoja el recurso, dejando sin efecto la resolución dictada por la Superintendencia de Seguridad Social que rechazó sus licencias médicas.

Segundo: Que, comparece don Francisco Ortega Bello, abogado, en representación la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) quien, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo del presente recurso, con costas.

Previo a entrar al fondo del asunto, alega la improcedencia de la acción de protección, puesto que la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la enumeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Informando sobre el fondo, refiere que según consta en el expediente administrativo que acompaña, el recurrente reclamó mediante presentación de fecha 4 de enero de 2022, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, que rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 82 días, a contar del 15 de mayo de 2021, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, expresa que la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Expone que esta conclusión se basó en que los antecedentes médicos que se aportan no informan de manera suficiente sobre la sintomatología, la evolución clínica ni del proceso diagnóstico y terapéutico de las patologías señaladas en las licencias médicas reclamadas. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-49348-2022, de 22 de abril de 2022.

Al respecto, destaca que la Contraloría Médica de la COMPIN, en justificación del rechazo de su licencia, ante la Superintendencia, consignó en la cartola médica de la paciente lo siguiente: “(28/09/2021) (…) RR medipass 1379-4 5881-8 0406-k Adjunta informe médico insuficiente para justificar prolongación de descanso del ya autorizado, sin escala EEAG, no adjunta notificación GES, no adjunta informe de psicológico ni número se sesiones, sin fecha de probable de alta. Apelar a SUSESO. Se rechaza”.

Por su parte, los facultativos de la Superintendencia, consistente con lo señalado, informaron lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Paciente con 189 días aceptados de reposo por causa psiquiátrica, reclama LM emitidas por médico general (según RNPS) que firma como psiquiatra; AE. Adjunta informe extenso pero muy impreciso. Con fallas groseras de redacción y de ortografía, que hacen dudar de los conocimientos en la especialidad del emisor. Describe una serie de asuntos que supuestamente limitan al paciente, sin referirse en forma adecuada a los síntomas. Propone diversos diagnósticos, lo que también ocurre en las LM emitidas, sin una racionalidad en el proceso diagnóstico. No deriva a GES, no deriva a psicoterapia. Sugiero rechaza.”

Por otra parte, recalca que el médico tratante del Sr. nombre reservado, don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, quien han emitido la totalidad de las licencias médicas reclamadas, no posee la especialidad de psiquiatría, que corresponde al diagnóstico por las cuales fueron emitidas, según consta del certificado emitido por la Superintendencia de Salud.

Aclara que lo anterior, adquiere relevancia respecto de los requisitos para la emisión de licencias médicas de patologías mentales de continuación, establecido en el citado D.S. N° 7, sobre Guías Clínicas Referenciales, puesto que deben ser otorgadas por médico psiquiatra o médico tratante no psiquiatra, con consultoría por psiquiatra, situaciones que no se advierten en el caso en cuestión.

En consecuencia, asevera que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar la licencia médica del recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir. Junto con lo anterior, no se han cumplido los criterios establecidos en el D.S. N° 7.

En razón de lo expresado, argumenta que en la especie no ha existido un acto ilegal o arbitrario que atente contra las garantías constitucionales protegidas por recurso de protección.

Tercero: Que recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, en cuanto a la alegación planteada por la Superintendencia recurrida, de improcedencia de la acción de protección, al tratar el recurso de una materia relacionada con el derecho a la seguridad social, establecido en el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dicha petición debe ser desestimada, dado que si bien el recurrente no menciona expresamente las garantías que habrían sido vulneradas, del tenor del recurso se desprende la existencia de una eventual afectación, a lo menos, de su derecho de propiedad, en relación al pago de sus licencias médicas, garantía contemplada en el numeral 24° que sí se encuentra protegida por esta acción constitucional. por lo que el análisis respecto a su eventual vulneración resulta procedente que se conozca por esta vía.

Quinto: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó licencias médicas, se establece que obedeció a la causal de reposo injustificado.

En efecto, el acto impugnado correspondió a la Resolución R-01-UME-49348-2022, de 22 de abril de 2022, dictada por la Superintendencia que rechazó N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 82 días a contar del 15 de mayo de 2021, por reposo no justificado, conclusión que se fundó en que los antecedentes médicos que se aportan no informan de manera suficiente sobre la sintomatología, la evolución clínica ni del proceso diagnóstico y terapéutico de las patologías señaladas en las licencias médicas reclamadas.

Se destaca además que el médico tratante del recurrente, don nombre reservado, quien han emitido la totalidad de las licencias médicas reclamadas, no posee la especialidad de psiquiatría, que corresponde al diagnóstico por las cuales fueron emitidas, según consta del certificado emitido por la Superintendencia de Salud acompañado por la Superintendencia.

De esta forma, consta de los antecedentes tenidos a la vista que la recurrida estudió los antecedentes y, con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado.

Sexto: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, aprobó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto, y, en su artículo 156, trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica es definida en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, estableciendo que aquella es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Séptimo: Que, asimismo, el procedimiento para la autorización de una licencia médica está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, y corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se puede pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata, por las consideraciones médicas ya anotadas.

Octavo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, la que señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo, la referida norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Noveno: Que, de esta forma, es dable colegir que con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 16.395, que fija el texto refundido de la Ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a dicho organismo la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley.

Décimo: Que, como se advierte, la actividad realizada por la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Undécimo: Que, así las cosas, decidido el rechazo de las licencias de la recurrente por la COMPIN, la Superintendencia de Seguridad Social confirmó dicha decisión y luego resolvió las solicitudes que guardaban relación con el mismo asunto, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y a las facultades de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

Duodécimo: Que por lo demás, lo decidido guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo 1° del Decreto Nº 3 de 1984, de salud, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en cuanto “entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "COMPIN", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "SEREMI", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Decimotercero: Que, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21 del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de la Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que éstos por sí solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud de nuevos informes médicos.

Decimocuarto: Que descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías eventualmente vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-43946-2022.

Pronunciada por la Sexta Sala, integrada por el Ministro señora Veronica Cecilia Sabaj Escudero, el Ministro (I) señora Ana Maria Osorio Astorga y el Abogado Integrante señor Cristian Luis Lepin Molina.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.