nombre reservado con UNIVERSIDAD MAYOR.

Santiago, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece don nombre reservado, chileno, casado, abogado, en representación de los recurrentes don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, todos chilenos, profesores universitarios e interpone recurso de protección en contra de la UNIVERSIDAD MAYOR, institución de derecho privado, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos que califica de arbitrarios e ilegales consistentes en iniciar procedimiento sumario contra los recurrentes, negándoles sistemáticamente mediante conductas dilatorias la entrega del documento que informa y pone en conocimiento de los sumariados el procedimiento aplicable por la Universidad. Dichos actos dilatorios consisten en citar a una reunión para fechas posteriores a objeto de entregar el que denominan RI (Reglamento Interno), para luego entregar un nombre reservado Higiene y Seguridad, donde no consta que se trate de la normativa del proceso sumarial, o bien entregar un Reglamento del Profesor, donde tampoco consta la existencia de la normativa requerida, todos hechos acaecidos desde el día 13 de junio del presente año a la fecha, lo que estima habría afectado el derecho a defensa de sus representados vulnerando la garantía del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

Hace presente las movilizaciones estudiantiles y agrupaciones feministas, que han protagonizado tomas en las Universidades con petitorios reivindicatorios de una Educación no sexista y el reconocimiento de los derechos feministas. Es así que en un comunicado informando un paro indefinido, el día viernes 8 de junio del presente año, a través de la red social “Instagram”, publicaron un comunicado levantando una serie de acusaciones en contra de los recurridos, firmando de forma anónima por una agrupación autodenominada MFML (MOVIMIENTO FEMINISTA MUJERES LUCHADORAS), fundada por alumnas de la universidad recurrida.

Los recurrentes comenzaron a recibir mensajes de apoyo y fuerza por parte de diversos alumnos de distintas generaciones, hecho que los alertó sobre dicho comunicado. A través de la misma red se enteran que la agrupación MFML tendrá una reunión con altas autoridades de la Universidad el día lunes 11 de junio, mientras a los recurrentes no se les informó ni se les invitó a participar. Mediante la misma red, en horas del medio día del mismo lunes 11 de junio de 2018, a través de una publicación de un acta de reunión, y de un comunicado oficial de la agrupación MFML, los recurrentes se informaron que “en base a las denuncias, testimonios y evidencias se concluyó el comenzar con un proceso de investigación para los docentes ya mencionados suspendiéndoles de manera inmediata”. En la misma tarde, a eso de las 17 horas, los recurrentes reciben un email que les informaba que “como medida cautelar ha sido reemplazado provisoriamente de sus actividades docentes en las asignaturas…(según el caso de cada profesor)…a contar de mañana martes 12 de junio, semestre 2018-1. Solicito a Usted cumplir con el tiempo destinado a clases en funciones académico administrativas que serán indicadas por la Dirección de Carrera, las cuales según su naturaleza podrán ser realizadas desde su hogar o en nombre reservado Montt Oriente, tercer piso.” Asimismo, los recurrentes recibieron un llamado telefónico comunicándoles lo mismo.

Agrega que ante la petición de una notificación formal, se les indicó que la carta certificada sería enviada al día siguiente, y que el reemplazo es una medida cautelar que en ningún caso se considera abandono de funciones, ya que lo realizaban directamente como Director de la Escuela y bajo indicación del Decanato. La Universidad recurrida les ordenó no asistir más a clases, que sus remuneraciones serian respetadas, pero que no podían desarrollar sus actividades académicas normales, ya que se encuentran bajo una “medida de protección”.

La recurrida jamás comunicó con certeza el por qué de las suspensiones, ni los hechos que condujeron a la Universidad a notificar a los recurrentes de la decisión de someterlos a un proceso sumarial, ya que estas denuncias, testimonios y evidencias aún son bastante difusos, poco claros y por lo demás sin fundamento, toda vez que se les ha notificado que “….se han presentado antecedentes que podrían configurar infracciones a la normativa institucional…”.

La exigencia de un debido proceso para determinar una medida de tal gravedad para sus representados, está dada por derechos consagrados en la Carta Fundamental que ella misma ha señalado como de la esencia del ser humano y que no pueden vulnerarse por ningún criterio discriminador, por lo que también son aplicables a un procedimiento en que se realiza un sumario, donde se busca establecer los hechos, evaluar las denuncias, testimonios y evidencias para luego sancionar, vulnerando y restringiendo otro derecho como el acceso a la defensa, si no se cuenta con el debido proceso informado de forma previa. La recurrida sólo a uno de los docentes recurrentes, remitió una copia electrónica, en formato PDF, del nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Universidad, señalándole que ahí se encontraban todos los reglamentos solicitados y que con eso podría asumir su defensa en el sumario respectivo, y a otro le entregó copia del Reglamento del Docente, donde tampoco aparece el procedimiento sumario al que se les está sometiendo.

Se trata de un procedimiento ilegal y arbitrario, ya que no encuentra norma o fundamento legal en que se funde, y de existir dicho fundamento sólo es conocido por el recurrido, en desmedro directo de los recurrentes, es más, contravienen las normas de orden público relativas al debido proceso, establecidas en el artículo 19 Nº 3, como además el inciso primero y quinto del mismo artículo de la Constitución Política de la República, el derecho a un proceso justo realizado por un Tribunal Independiente e Imparcial, aplicado previamente a una investigación que cumpla las exigencias de un debido proceso.

Pide finalmente, se adopten de inmediato las providencias necesarias para permitir el pronto restablecimiento del derecho conculcado, ordenando a la recurrida la entrega inmediata de todos los reglamentos, ordenanzas, oficios u otros, que contengan la normativa del procedimiento sumario que la Universidad recurrida ha aplicado a los recurrentes, con costas.

Segundo: Que informado la recurrida solicita en rechazo total de la acción intentada, en primer lugar, por cuanto el debido proceso no se encuentra amparado por el recurso intentado como se desprende del texto del artículo 20 de la Carta Fundamental. En segundo término, señala que es un hecho público y notorio que ha existido una preocupación creciente por las situaciones de violencia de género en nuestra sociedad, la que ha adquirido fuerza en el ámbito universitario. En este aspecto el Ministerio de Educación elaboró un documento denominado “Protocolo Contra el Acoso Sexual en Educación Superior. Sugerencias para su Elaboración” y en el instrumento se reconoce que en el orden interno solo abordan directamente el acoso sexual la ley N° 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual en el Código del Trabajo y la Ley N° 18.834 que rige el sector público.

Señala que la Universidad Mayor no contaba con un protocolo que regulara los procedimientos a que debían someterse las investigaciones que se originan por denuncias por acoso sexual o acoso basado en género de estudiantes en contra de docentes o funcionarios de la universidad. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración, pero ello no obsta a que recibida una denuncia por hechos de esa naturaleza; la recurrida no se encuentra impedida de iniciar una investigación para esclarecer los mismos, es más, es una obligación.

Expone que la Universidad recibió un documento en que se recogen diversos testimonios de estudiantes respecto de los recurrentes, en uno se individualiza al denunciante y otros son anónimos; considerando las que contienen los nombres de las personas que las presentan se cuentan 8 testimonios respecto del señor nombre reservado, 4 respecto del señor nombre reservado y 7 contra el señor nombre reservado. Por ello estima que es claro que la Universidad debía iniciar una investigación para aclarar los hechos denunciados, para lo cual no era obstáculo el que aún no se hubiera elaborado el protocolo respectivo.

Indica que la Secretaría General de la Universidad Mayor remitió al abogado patrocinante un correo explicando la situación de los recurrentes, los motivos de la investigación sumaria iniciada y el procedimiento a seguir. Los recurrente fueron citados, dos han prestado declaración asistidos por sus abogados, quienes han sido oídos respecto a las dudas del procedimiento y han solicitado diligencias.

Agrega que los requerimientos de los recurrentes fueron canalizados ante la Dirección de Personas de la Universidad, esta entidad entregó los documentos que regulan las situaciones de carácter laboral, a saber, el Reglamento Interno y el Reglamento de los Académicos, por lo que tal proceder no tiene nada de ilegal o arbitrario, ni menos dilatorio. Por otro lado, la Secretaría General se coordinó con los recurrentes para las citaciones a declarar, como dan cuenta los correos electrónicos que indica.

Tercero: Que la acción constitucional deducida en estos autos tiene fines específicos y acotados, en cuanto persigue la tutela de los derechos y garantías taxativamente asegurados por ésta vía en el artículo 20 de la Carta Política que por efecto de un acto arbitrario o ilegal hayan sido menoscabados, todo ello en procura de un pronto restablecimiento para brindarle la debida protección al afectado cuando éste se encuentre privado de su ejercicio.

Cuarto: Que en el caso de autos el reproche del recurrente dice relación con la supuesta negativa de la recurrida a entregar a los investigados las normas que determina el procedimiento aplicable y por desconocer los supuestos hechos que le dan origen.

Sobre el particular, analizada la documental acompañada a la causa, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

a) La recurrida mediante carta certificada y por correo electrónico, respectivamente, comunicó a los señores nombre reservado y nombre reservado, con fecha 13 de junio de 2018, que se han presentado antecedentes que podrían configurar infracciones a la normativa institucional, por lo que se ha dispuesto instruir un sumario con el objeto de investigar esa situación. Al mismo tiempo se les comunica que como medida de protección se ha determinado “liberarlos de la obligación de prestar efectivamente sus servicios”, con goce de remuneración.

b) Por correo electrónico de 11 de junio de 2018, se comunica al señor nombre reservado que como medida cautelar ha sido “reemplazado provisoriamente en sus actividades docentes” a contar del día 12 del mismo mes. Asimismo, consta que éste se ha comunicado, por la misma vía, con Víctor Lara de la Universidad Mayor para efectos de acordar el día y hora en que concurriría a prestar declaración.

c) Con fecha 6 de julio de 2018, la Universidad a través de nombre reservado, Secretaría General de la Universidad, responde al abogado Omar Carrasco, manifestando que lo hace conforme a lo conversado, para explicarle las razones de la citación al señor nombre reservado, señalando que se ha iniciado una investigación sumaria en su contra por denuncias recibidas en la Universidad; se le indica que si bien la entidad educacional no cuenta con un protocolo especial de acoso sexual ello no obsta a que la Universidad pueda iniciar investigaciones para esclarecer los hechos denunciados, se le explica el procedimiento y se le cita para el día 6 de julio de 2018, asistencia que el recurrente confirma.

Quinto: Que el recurrente reconoce haber recibido de parte de la Universidad el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y Reglamento de Profesores, es decir, acepta que la recurrida, ante la falta de un protocolo específico para investigar hechos que puedan constituir acoso sexual, hizo entrega de la normativa vigente que regula las relaciones entre los distintos estamentos del citado centro de estudios. Por otro lado, se encuentra acreditado en autos que cada uno de los recurrentes fue informado de la medida cautelar de suspensión de funciones que le afecta y del hecho de haberse iniciado una investigación administrativa por denuncias recibidas en la Universidad acerca de su comportamiento como docentes. Así las cosas, no es efectivo que la Universidad se niegue, mediante maniobras dilatorias, a proporcionar el procedimiento que el recurrente reclama, es más, ha manifestado claramente que se encuentra en proceso de elaboración de un estatuto especial sobre la materia, sin que ello obste o limite el actuar de la recurrida en orden a investigar hechos que han sido denunciados como conductas que podrían afectar el respeto exigido a quienes desempeñan cargos docentes. Por otro lado, la investigación se encuentra en su etapa inicial de indagación preliminar -desformalizada- motivo por el cual mal puede afectar el derecho a defensa de los recurrentes, sobre todo si han sido formalmente informados de la existencia de la misma, citados a prestar declaración, compareciendo dos ellos al procedimiento disciplinario, con asistencia de defensa letrada.

Sexto: Que en el escenario descrito no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario que pueda afectar alguna de las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental. A lo anterior se agrega que si bien el debido proceso –reconocido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política y esgrimido por el recurrente como conculcado- se excluye de protección por el constituyente por esta vía, esa sola circunstancia no determina el rechazo del arbitrio intentado, por cuanto conforme a su naturaleza y finalidad, el sentenciador se encuentra facultado para revisar, probada la existencia de actos ilegales y/o arbitrarios, si estos han infringido alguna de aquellas garantías o derecho amparados mediante esta acción de emergencia.

Séptimo: Que, con todo, al no darse el requisito esencial para el análisis del fondo del recurso, esto es, la existencia de un acto ilegal o arbitrario, el interpuesto en autos debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado, nombre reservado Y nombre reservado, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra señora González Troncoso.

Protección N° 43713- 2018.-