nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado, psicólogo y médico psiquiatra, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección contra el Colegio de Psicólogos de Chile, asociación gremial, representada por su presidente nombre reservado, y en contra del Tribunal Calificador de Elecciones integrado por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado y contra ellos individualmente considerados, por el acto ilegal y arbitrario consistente en haber rechazado su candidatura como director estimando que no cumplía requisitos.

Fundamenta su recurso en que el Colegio de Psicólogos de Chile es una asociación regida por las disposiciones del Decreto Ley N°2757 de 1979. De acuerdo a los artículos 18 y 19 de dichos estatutos, éste es administrado por un Directorio compuesto por 9 miembros, con mandato por 3 años, elegidos en votación secreta, directa y unipersonal.

El último directorio inició su periodo el 1 de febrero de 2018 y su vigencia se extendía hasta el 30 de enero de 2021 pero fue prorrogado en virtud del artículo Único de la ley 21.239, por lo cual el proceso eleccionario para renovación del directorio planificado originalmente para el 27 de diciembre de 2020, quedó postergado para el 23 de abril de 2021.

De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento de Elecciones del colegio recurrido, este es supervisado por el TRICEL y entre otros asuntos debe resolver las reclamaciones que se presenten contra alguna lista, candidato o el proceso en general. Y conforme al artículo 13 debe recibir inscripciones y verificar el cumplimiento de requisitos así como declarara incompatibilidades.

Dentro de los requisitos para postular contenidos en el artículo 20 del Reglamento, se establece en la letra f) “El cargo de miembro del Directorio Nacional del Colegio de Psicólogos de Chile (A.G.) es incompatible con cargos directivos de nivel ejecutivo (presidente, Vicepresidente, Secretario o tesorero o equivalentes los mencionados) en otras entidades o Asociaciones de Psicólogos”. En base a ello y a una impugnación, mediante el comunicado Acta N°3/2021 de 8 de abril de 2021, el TRICEL resolvió que el recurrente quedaba inhabilitado porque ocupa el cargo de presidente de la Agrupación para el Desarrollo de la Supervisión en Psicoterapia o ASUPECH, sin previo traslado u oportunidad para controvertir.

En su concepto, este proceder es ilegal porque fue expedida con la sola información de una persona cuya identidad se desconoce y sin previo traslado. Más aún, los estatutos no prevén un procedimiento especial pata impugnar candidaturas razón por la cual no pudo aceptar aquélla. Por ello, advirtiendo la omisión, el TRICEL adoptó un acuerdo posterior en el cual crearon una instancia por 24 horas para recibir impugnaciones a las candidaturas, debiendo ser fundadas, con medios de verificación, hasta el 9 de abril a las 21:00 horas por correo.

En cuanto al fondo, la decisión se asila en un hecho falso ya que no desempeña actualmente ningún cargo directivo en otra asociación o entidad gremial ya que la ASUPECH es una corporación de derecho privado constituida en abril de 2017 por un grupo de 46 psicólogos cuyo objetivo es aportar a la supervisión de los psicoterapeutas en Chile y en cuyo acto constitutivo fue nombrado como presidente provisorio por 90 días para celebrar la elección de Directorio definitivo. El mismo documento tenido a la vista por el TRICEL dice “90 días” y previene que corresponde a la última actualización comunicada el 17 de abril de 2017. Se trató de un mandato provisional, caducado y cesado ya que no se pudo desarrollar el acto eleccionario de ASUPECH. En todo caso y para evitar suspicacias renunció el 25 de julio de 2018 expresamente al cargo de presidente transitorio de dicha entidad. A la fecha de inscripción de su candidatura al colegio hacía más de 3 años que no tenía ese cargo y la circunstancia de que dicha corporación no se lo haya comunicado al registro Civil e Identificación por intermedio del Ministerio de Justicia no le es imputable a su persona.

Además de lo señalado, la arbitrariedad y desproporción de la decisión se encuentra en que el TRICEL se niega a ponderar los nuevos antecedentes y descargos efectuados por el recurrente y respondiendo un correo enviado por su parte manifestando el error, la Presidenta contestó indicando que no es responsabilidad de ese tribunal que la institución de la cual forma parte no haya actualizado la información en la instancia correspondiente y que el único instrumento legal que demuestra si se es o no parte de la directiva, es el certificado del Registro Civil, ya que las Actas no lo son; y le recuerda que las asociaciones se forman por escritura pública y se deben autorizar o inscribir en un registro, el cual emite las certificaciones respectivas.

Cita el artículo 10 del Decreto Ley 2.757, de 1979, sobre los requisitos generales para ser director de asociación gremial y el artículo 23 de la Constitución Política de la República, para argüir también que aun cuando hubiese desempeñado algún cargo en ASUPECH actualmente, tampoco era impedimento para asumir cargos directivos en el Colegio de psicólogos porque la organización antes mencionada no es un colegio profesional ni una entidad de carácter gremial, sino una corporación de derecho privado sin fines de lucro, regida por el Código Civil y su normativa complementaria, sin que corresponda la inhabilidad.

Las garantías que estima afectadas son las del artículo 19 N°2, 3 incisos 1°, 3° y 5°, 15 de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de asociación.

Pide que se ordene al Colegio de Psicólogos de Chile A.G. aceptar e inscribir su candidatura a un cargo directivo para participar en las “próximas elecciones”, con costas.

Segundo: Que informando el recurso, la entidad gremial solicita el rechazo, también con costas.

Aclara que el proceso eleccionario terminó el 23 de abril de 2021 e indica, en primer lugar, que lo que se pretende es discutir materias electorales que deben ser revisados por los Tribunales Electorales, razón por la cual aduce incompetencia.

En segundo término opone excepción de falta de legitimidad pasiva del Colegio de Psicólogos ya que según refiere el recurrente sus garantías constitucionales habrían sido vulneradas por el TRICEL y su parte no puede modificar las resoluciones de aquél.

Finalmente en cuanto a fondo, asevera que no existe un acto u omisión ilegal o arbitraria que provoque alguna de las situaciones que se han denunciado por el recurso. Así, según consta del Acta N°5 de 27 de abril de 2021 el TRICEL declaró nulas las elecciones llevadas a cabo el 23 de abril pasado resolviendo que se realizarán nuevas elecciones en donde el recurrente puede participar si cumple con los requisitos, por lo tanto no existe un acto actual de afectación.

Tercero: Que en la misma ocasión se acompañó informe del TRICEL el cual expresa, en síntesis, que por Acta N°1 de 22 de marzo de 2021 se comunicó a los colegiados/as respecto de la normativa aplicable. El proceso de candidaturas finalizó el 5 de abril de 2021 a las 12:00 horas, se revisaron los antecedentes y se emitieron de manera pública los resultados.

El 8 de abril llegó un correo electrónico del socio N°6826 nombre reservado quien señaló la improcedencia de acuerdo a la reglamentación vigente de la candidatura del señor nombre reservado por ocupar el cargo de presidente de ASUPECH, adjuntando un certificado de 7 de abril del Registro Civil. Conforme a la investigación del Tricel y al certificado se concluyó que existía la incompatibilidad y así lo declaró. Posterior a ello recibieron un correo del señor nombre reservado señalando que la inhabilitación era ilegal y tendenciosa y que no existía garantía para una elección transparente y democrática. El 9 de abril se le responde que la impugnación no fue ilegal por cumplir con los estatutos y se le hizo ver que no era responsabilidad del TRICEL que la institución en la cual el recurrente forma parte no haya actualizado la información en la instancia correspondiente. Por último, dado que él mencionó que en la elección pasada se le permitió ser candidato y asumir como director sin renunciar o regularizar su situación como presidente de ASUPECH, se le explicita que tales actos y decisiones de la directiva anterior no son vinculantes para el TRICEL. Añade a esto, que se consultó a la Secretaría General del Consejo Ejecutivo, quien señaló que existiría un papel firmado por el recurrente (carta renuncia) pero sin la formalización debida y carecería de validez legal.

Cuarto: Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

Quinto: Que esta acción es una herramienta de carácter procesal cuya importancia se mide por su capacidad de dar protección a los derechos fundamentales de las personas, entendiendo por tales los señalados taxativamente en el artículo 20, y siempre que haya una actuación u omisión ilegal o arbitraria que los amaguen o afecten.

De ahí que se ha dicho que “la eficacia de este remedio se debe a que constituye un proceso cuyas ventajas principales son su rapidez y su carácter sumario y concentrado, que le permiten resolver situaciones de vulneración de derechos fundamentales que no pueden quedar entregadas a una tramitación de lato conocimiento, sin que con ello se consume un daño irreparable”.

De esta manera, sus características primordiales son que se trata de una acción de carácter autónomo que forma parte de la jurisdicción constitucional, de carácter declarativo y de urgencia, siendo su objeto la tutela de los derechos fundamentales, indicados taxativamente en la Constitución Política, frente a los actos u omisiones del poder político y/o de los particulares que infringen u atropellan tales derechos.

Sexto: Que en el presente caso, sin embargo, la denuncia que se realiza y la pretensión que se formula, se apartan de las características anotadas, ya que subyace en ellas una cuestión de fondo y también de contexto o temporaria, distinta a la que el constituyente tuvo en cuenta al incorporar esta acción cautelar.

Un problema de fondo porque lo que se pide es que se realice un nuevo examen de los requisitos de admisibilidad de una candidatura gremial que fue revisada por el mismo órgano al cual en su calidad de asociado le ha dado competencia soberana y porque si ello aún no le fuera de suficiente satisfacción, la naturaleza gremial de su asociación le permite debatir ante los Tribunales Electorales. Y un inconveniente temporal ya que la elección ya se ha efectuado.

Séptimo: Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y aun considerando que se cumplieran todas las exigencias a que se ha hecho referencia, lo cierto es que no se advierte cómo ha podido vulnerarse la garantía de igualdad ante la ley y que exige que ante similares situaciones se formulen idénticas soluciones, porque ha quedado en claro que el TRICEL fue constituido para los efectos de esta elección sin que haya tenido injerencia en la elección anterior o que haya tenido una posición interpretativa divergente en caso similar.

Octavo: Que por el mismo motivo no aparece que el órgano recurrido se haya erigido en comisión especial, pero además y especialmente porque las afirmaciones en que se apoya el argumento corresponden a aplicaciones prácticas efectuada por el ente a quien se le otorgó competencia en la material sobre la base de normas estatutarias.

Noveno: Que por último tampoco la libertad de asociación se encuentra afectada porque se comprenden en ella dos aspectos básicos, por una parte el derecho de toda persona a no ser forzada a incorporarse a un colectivo determinado sino es con su consentimiento libre y por otra la libertad de excluirse de ella, ninguna de las cuales ha sido amagada ya que sigue siendo socio y además posible de postularse como candidato si obtiene las certificaciones que le eran necesarias a juicio del órgano respectivo.

Décimo: Que, finalmente, la arbitrariedad es la manifestación de una conducta de un ente estatal o de un privado, caprichosa y carente de principios jurídicos, esto es, carente de razonabilidad en el actuar o el omitir, falta de proporción entre sus motivos y el fin o finalidad que alcanzar o derechamente ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o incluso inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar. Y la ilegalidad se produce cuando la conducta estatal o de un particular cualquiera no concuerda con la norma jurídica que prescribe lo debido, o sea, una conducta contraria al orden jurídico. Lo que no puede decirse haya ocurrido en este caso a partir de una interpretación posible dada por el TRICEL del Colegio de Psicólogos en relación a los requisitos que debía cumplir el postulante al cargo directivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto por don don nombre reservado.

Redactó la ministra (S) señora Poza.

No firma el Ministro señor Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-4364-2021.

� PINOCHET C., Francisco (Santiago, 2020) “El Recurso de Protección. Estudio Profundizado” (Ediciones Jurídicas)

� HENRÍQUEZ V., Myriam (Santiago, 2020) “Acción de Protección” (Ediciones DER)