nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, empleada, quien deduce recurso de protección en contra de la CC La Araucana por el acto ilegal y arbitrario consistente en el descuento efectuado en su remuneración del mes de abril de este año, por concepto “créditos otorgados por La Araucana”, por la suma total de $ 176.328.- Indica que es trabajadora dependiente de la empresa “SQM Industrial S.A.” desde febrero de 2019, como analista contable, empleador que se encuentra afiliado a la CC la Araucana y que detectó el descuento señalado en el mes de abril de 2019.

Consultó a RRHH y le señalaron que mes a mes la Caja envía una nómina mensual de retenciones respecto de qué trabajadores debe efectuarles descuentos por préstamos.

Entre los años 2011 y 2012 trabajó en la empresa BPO SUR S.A., y solicitó un crédito de consumo por $ 9.345.384.- en febrero de 2012, pagadero en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $ 176.328.-, venciendo la primera de ellas el 31 de marzo de 2012.

Señala que no ha podido pagar la cuota correspondiente a octubre de 2012 y a la fecha no se ha realizado ninguna actuación judicial de cobranza en su contra. Indica que se ha percatado de descuentos por deuda contraída en el año 2016 por la suma de $ 153.075.

En cuanto a las garantías vulneradas refiere la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Pide se declare ilegal y arbitrario el acto: 1.- Se ordene el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas, hasta el momento de la devolución; 2.- Abstenerse de realizar por sí u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de su actual empleador o cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de sus remuneraciones; 3.- Se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Informando la recurrida, solicita el rechazo del recurso.

Sostiene que a la afiliada doña nombre reservado, se le otorgó el crédito social folio N° N°002002769386, por un monto total de $5.807.597 pesos, pactado en 60 cuotas, cada una por la suma de $176.328.-, a descontar a partir del mes de marzo de 2012, desde su remuneración por su empleador BPO Sur S.A., RUT N°RUT reservado, por lo que, vía descuento de remuneraciones la recurrente pagó desde la cuota N°1 a la cuota N°7 correspondiente esta última a septiembre 2012.

Posteriormente a pesar de que La Araucana enviaba las planillas de descuento a dicha entidad, no se recibieron más pagos por dicho concepto, pasando a figurar como moroso, sin que se recibiera algún pago producto del finiquito y/o la afiliada haya concurrido a la caja a efecto de regular su situación, a pesar de ser de su conocimiento.

Es en virtud de lo descrito precedentemente, y al no ser posible ubicar a la Sra. nombre reservado, que se comenzó a enviar la información al sistema integrado de cajas, hasta que en el mes de marzo de 2019, es posible encontrarla por estar trabajando en SQM Industrial S.A., RUT N°RUT reservado, entidad afiliada a La Araucana C.C.A.F., procediendo a enviar la respectiva planilla de descuento, a partir del mes de abril de 2019, no existiendo conforme a su base de datos, remesa alguna producto del descuento efectuado en dicho mes, ni tampoco respecto de otros meses.

Refiere que el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, aplicación de carácter obligatorio para las Cajas de Compensación.

En concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, normas que describen el mecanismo del pago del crédito social, el que opera, mediante el descuento en la remuneración del trabajador, retención por parte del empleador y la obligación legal por parte de éste de remesar la suma de dinero descontada a la Caja acreedora.

Además, se debe tener presente que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone que el empleador debe deducir de las remuneraciones de los trabajadores los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Por su parte, mediante Circular N°2.052, de 10 de abril de 2003, la Superintendencia de Seguridad Social impartió instrucciones a las C.C.A.F. para la administración del Régimen de Crédito Social, Circular, que define a la prestación denominada crédito social como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”.

Es por lo expuesto precedentemente que una vez detectado a quien mantiene una deuda con nuestra entidad, ya sea en calidad de deudor principal o codeudor solidario, su deuda se incorpora en la respectiva nómina, con el objeto de aplicar el correspondiente descuento conforme las planillas de crédito que reciben las entidades pagadoras de la remuneración, con la finalidad de retener y remesar la cuota descontada a la Caja acreedora.

En consecuencia, los descuentos practicados en la liquidación de remuneración, tienen su origen en el crédito social contraído por la recurrente con La Araucana C.C.A.F., el que era de su pleno conocimiento, al haber contraído la obligación y al practicarle los descuentos en su remuneración, teniendo en consideración además lo dispuesto en el artículo 1.546 del Código Civil, que señala: “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, por lo que es claramente sabido que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones como las del caso de marras, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia y que tiene que ser iniciada por el deudor.

A mayor abundamiento, es en el propio pagaré que se acompaña en este informe consta el mandato otorgado por el deudor para proceder al descuento, a saber: “El pago de las cuotas se efectuará mediante descuentos por planilla de mis remuneraciones que, desde ya, autorizo a mi actual empleador y futuros empleadores para realizar”.

Por ende, la recurrente no puede señalar que esta parte debió iniciar acciones judiciales para cobrar la acreencia, atendido que la forma de practicar el descuento era de conocimiento de la recurrente, además que es la misma recurrente quien reconoce que no pagó, lo que deja en evidencia, su actitud renuente a pagar una deuda legalmente contraída y actualmente exigible, por cuanto en ningún momento se ha declarado la prescripción de las acciones emanadas del contrato de mutuo o del pagaré mediante el que garantizó la obligación principal emanada de dicho contrato.

No siendo en consecuencia, el recurso de protección la vía idónea para alegar la extinción de una obligación, ni menos cuando el cobro de lo adeudado se fundan en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de un crédito que tiene evidente carácter social, más aún al tratarse de una obligación libremente contraída y que debe ser cumplida de buena fe, lo que en el presente caso no ha ocurrido; además que todo medio de extinción de la misma, debe invocarse y acreditarse en un proceso diverso, lo que impide que la recurrente se encuentre ante un derecho de carácter indubitado al que deba brindarse protección.

Acompaña a su informe la Carpeta crediticia Folio N°002002769386, correspondiente al crédito social otorgado a la Sra. nombre reservado.

Tercero: Que en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamenta, debiendo interponer dicha acción en el plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto: Que lo cierto es que las alegaciones que formula la recurrente no pueden ser oídas, desde que la actuación de la recurrida se ha ajustado a la normativa vigente aplicable en la especie, latamente expuesta por la Caja de Compensación, y en todo caso, lo que se enuncia como sustento del presente recurso, más bien es una solicitud tendiente a obtener que no se cobre la deuda, por encontrarse prescritas, lo que no es procedente en un recurso como el de la especie, debiendo perseguirse tal declaración en un procedimiento de lato conocimiento.

Por otra parte, cabe consignar, conforme al pagaré suscrito por la recurrente que mandato a la recurrida para perseguir el cobro del crédito de que se trata, por descuento realizado por el empleador de la época y los futuros empleadores que tuviere.

Sexto: Que de acuerdo a lo señalado, no se advierte un actuar arbitrario o ilegal de parte de la recurrida, que amague o vulnere las garantías constitucionales denunciadas como infringidas, por lo que el recurso en estudio será desestimado como se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza sin costas, el deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación La Araucana.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Rol Nº43528-2019.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por el Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.