nombre reservado con nombre reservado

Santiago, a seis de noviembre de dos mil diecinueve.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Rodrigo García Aguilar dedujo acción de protección en favor de don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, dona nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y de doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación 18 nombre reservado, fundada en el acto arbitrario e ilegal consistente en haber informado que los recurrentes se encuentran impedidos de ser beneficiados con los créditos sociales otorgados por la citada Caja, solicitando se acoja la presente acción y se ordene a la recurrida que restablezca el derecho que tienen sus representadas a optar a ellos, en su condición de afiliados a dicha entidad, con condena en costas.

Funda el libelo de protección en que todos los recurrentes son empleados de la Corporación Educacional Pablo de Tarso, sostenedora de la Escuela Básica Particular Pablo de Tarso, ubicada en la comuna de La Cisterna, quienes con fecha 22 de abril pasado fueron informados por la recurrida que la totalidad de ellos estaban impedidos de ser beneficiarios de los créditos que entrega la citada Caja de Compensación, “debido al no descuento total de la planilla”, por lo que “una vez solucionado el problema puntual relativo a la trabajadora nombre reservado”, podrían solicitar que se les activara nuevamente el beneficio. Sin embargo, sostiene que pese a que sus representados han solicitado a la recurrida explicación o el fundamento legal para tal decisión, nada se les ha informado, aclarando que la situación particular de la trabajadora nombre reservado, consistió en que desde el año 2015 adeudaba cuotas de un préstamo que obtuvo el 7 de octubre de 2013, mientras prestaba servicios en otro establecimiento educacional.

La recurrida mantiene contrato con el colegio al que pertenecen los recurrentes desde el 1 de agosto de 2017, y tan solo el 22 de abril de 2019 les ha informado que se encuentran bloqueados por parte del área de riesgo de la posibilidad de acceder a créditos.

Sostiene el recurso que la finalidad de las cajas de compensación es la seguridad social, y que no existe en la regulación de las mismas ninguna norma que las autorice a negar créditos a los trabajadores de una misma empresa afiliada en razón de que alguno de ellos mantenga una deuda con la Caja. Aduce también que el actuar de la recurrida es ilegal, pues la seguridad social es un derecho que reconoce el artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, derechos que forman parte del aspecto dogmático de nuestra Constitución Política de la República. Asimismo, aduce que el reglamento especial que regularía la política de riesgo de créditos es ilegal, pues les impide al acceso a éste por deudas de otros compañeros.

Al finalizar sostiene que el actuar de la recurrida vulnera las garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, porque se ha establecido una discriminación arbitraria contra sus representados, impidiéndoles el acceso al crédito, a pesar de cumplir todos estos los requisitos legales para optar a él.

Pide acoger el recurso, declarando que se ordene a la recurrida que se restablezca el derecho que tiene sus representadas a optar a créditos sociales, en su condición de afiliados a la Caja de Compensación 18 nombre reservado, sin afectarles la deuda que mantendría uno de ellos, con costas.

Segundo: Que, informando la recurrida, en primer término afirma que existe una subutilización del recurso de protección, toda vez que en el caso planteado no existe un conflicto de garantías constitucionales, sino que el asunto debió plantearse a la Administración, en especial, a la Superintendencia de Seguridad Social, según disponen las leyes N°16.395 y N°18.833.

Sostiene además que el acceso al crédito no es un derecho fundamental, inherente al ser humano, y en el evento que se dé por cierta tal circunstancia, quedaría enmarcado en el artículo 18 de la Carta Política, excluido expresamente de la acción de protección. En todo caso, según aparece de los documentos aportados por la recurrente que ya habían tomado conocimiento del acto que les afecta con fecha 22 de abril de 2019, mediante correo electrónico remitido por la Caja de Compensación.

En cuanto al fondo del asunto, sostiene que su representada no ha violado, perturbado o amenazado los derechos y garantías constitucionales de los recurrentes, sino que ha dado estricto cumplimiento al artículo 22 de la Ley N° 18.833, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Ello, en concordancia a lo dispuesto por la Circular 2052, de la Superintendencia de Seguridad Social, que mandata en su numeral 8° las denominadas “Normas mínimas obligatorias de resguardo que deben adoptar las C.C.A.F. para la concesión del crédito social”, disponiendo que éstas, en forma previa al otorgamiento de un crédito social, deberán dar cumplimiento a normas mínimas de resguardo, entre ellas que la empresa a la cual pertenece el trabajador afiliado no debe encontrarse en mora con la C.C.A.F. en el reembolso de las cuotas descontadas a sus trabajadores por concepto de crédito social y/o cotizaciones previsionales.

De lo anterior, concluye la recurrida, puede sostenerse que la decisión comunicada al personal de la entidad afiliada encuentra respaldo en la normativa que regula la materia, y no se trataría de una decisión arbitraria y/o ilegal, sino de carácter provisional, hallándose supeditada a la normalización de la situación de morosidad a que se alude en sus comunicaciones.

Tercero: Que, por último, se solicitó informe a la Corporación Educacional Pablo de Tarso, la cual indicó que los profesores del citado establecimiento se encuentran impedidos de acceder a los créditos sociales de la Caja de Compensación 18 nombre reservado debido a que en el año 2014, la trabajadora nombre reservado, solicitó un crédito para pagar una deuda de su ex marido, de la que era aval, el que dejó de solucionar en el mes de mayo de 2015, porque quedó sin trabajo, de manera que no se continuó con el pago del crédito.

El 12 de julio de 2018 se indica a la Corporación que no realizaran descuentos, pues la Caja inició de cobro de la deuda en instancias judiciales, en causa E-1623-2019, del Juzgado de Letras de Peñaflor.

Finaliza recalcando que a los trabajadores del Colegio efectivamente se les ha negado el acceso al otorgamiento de créditos en tanto no se cancele la deuda contraída.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que efectivamente, como informa la recurrida, el legislador ha confiado a las Cajas de Compensación la administración del régimen del crédito social por medio de la Ley N° 18.833, estableciéndose normas especiales respecto al acceso a él, imputándose a la entidad afiliada Corporación Educacional Pablo de Tarso, a la que pertenecen los recurrentes, infracción a su artículo 22, al no deducir de la remuneración de un trabajador lo adeudado por prestaciones de crédito social para su integro a la Caja.

En tal virtud, acorde a lo regulado por la Circular N° 2052 de la Superintendencia de Seguridad Social, la Corporación quedó calificada como morosa, incumplidora de su función de custodia del fondo social.

Sexto: Que, no obstante lo dicho, al informar la Corporación al tenor del recurso, puso en vista que el crédito otorgado a la trabajadora que causaría la situación que afecta a los recurrentes se concedió cuando dependía de otro empleador y dejó de pagarse tras su desvinculación. Luego, la misma Corporación explicó que la Caja cobraba judicialmente el crédito, en la Causa E-1623-2019. Tales hechos no han sido desvirtuados por la recurrida.

Séptimo: Que, en consecuencia, aun cuando el otorgamiento del crédito sea una facultad de la Caja, atendidas las condiciones particulares de quien lo solicite, lo cierto es que esa prerrogativa aparece ejercida de manera arbitraria en el caso de autos, dada la calificación de “riesgosa” de la entidad afiliada a la que pertenecen los recurrentes, supeditando el acceso al crédito, además, a la efectiva solución de una deuda contraída por una trabajadora cuando pertenecía a una “empresa” diversa, lo que no puede endilgarse a la Corporación Pablo de Tarso y, consecuencialmente, a todos los trabajadores que laboren en ella.

Octavo: Que de acuerdo con lo antes razonado, al no haberse fundado debidamente la decisión impugnada, se ha efectuado una diferencia arbitraria en perjuicio de los recurrentes, vulnerándose con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, quienes en situación similar a trabajadores de otras entidades afiliadas a la Caja 18 nombre reservado, se ven impedidos de acceder a créditos sociales.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por el abogado Rodrigo García Aguilar, solo en cuanto debe eliminar del registro de riesgo, bloqueo y morosidad a la Corporación Educacional Pablo de Tarso, a consecuencia de la deuda que mantiene con Caja de Compensación 18 nombre reservado doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo de la ministro Sra. Plaza G.

Protección N°43498-2019.- No firma la ministra señora Villadangos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Paola Plaza González e integrada por los Ministros señora Maritza Villadangos Frankovich y don Guillermo de la Barra Dünner.