nombre reservado con A.F.P. PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de junio de dos mil veinte.

A los escritos folios 22 y 23: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 24: a sus antecedentes.

Vistos:

Comparece el abogado don Walter Rosales Bravo, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, ecuatoriano, médico cirujano, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de AFP Provida S.A., sociedad del giro de su denominación, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado - Esquide Sandoval, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la negativa de devolución de fondos previsionales, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.156.

Expone que el señor nombre reservado trabaja desde el 1 de abril del año 2007 en Chile, desempeñándose en las Municipalidades de Quilicura y Til Til.

Afirma que durante el curso de su prestación de servicios bajo subordinación, sistemática e íntegramente se han descontado de sus remuneraciones, y enterado, sus cotizaciones previsionales.

Cita al efecto lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156 y señala que, constando de los documentos que acompaña que el recurrente cumple con los requisitos para ello, procede la devolución de lo cotizado en la AFP recurrida por sus empleadores.

Señala que el recurrente concurrió a dependencias de la recurrida con fecha 11 de diciembre de 2019 y presentó el formulario dispuesto por la misma AFP para efectos de requerir la devolución de fondos previsionales, acompañando la correspondiente documentación. Sin embargo, indica que la AFP rechazó tal solicitud, fundada en que no se habría acompañado título profesional apostillado ni certificado de Afiliación de sistema de Seguridad Social que le otorga “real y efectivamente” coberturas en caso de invalidez, vejez, muerte y enfermedad, documentos que sí allegó, y que en el contrato de trabajo de fecha 1 de febrero de 2014, suscrito con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til, don nombre reservado no expresa su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional de su país de origen, mención que sí consta en el anexo de contrato de 1 de noviembre de 2019.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene que el actuar de la recurrida afecta aquellas consagradas en el artículo 19 N° 24 y 2 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad y de igualdad ante la ley.

Solicita en definitiva se declare que la recurrida debe poner término al actuar arbitrario y/o ilegal alegado y, por tanto, debe hacer devolución de la totalidad de fondos previsionales de don nombre reservado, dentro del plazo que esta Corte determine, con costas.

Al informar la recurrida, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Refiere en primer término que la acción de protección, atendido su carácter cautelar, no fue concebida para conocer asuntos de lato conocimiento, en donde exista un carácter contradictorio. En efecto, señala que en el caso de marras no existe un derecho indubitado, sino que existe uno controvertido, motivo por el cual no puede solucionarse vía recurso de protección.

Indica que efectivamente el recurrente, con fecha 11 de diciembre de 2019, solicitó la devolución de fondos previsionales en su calidad de técnico extranjero, de conformidad a las normas de la Ley N° 18.156. Luego, con fecha 16 de diciembre del mismo año, habiendo analizado todos los antecedentes aportados, rechazó la solicitud efectuando las siguientes observaciones:

“a) En relación al requisito signado con el número 1.- precedente, acompáñese título profesional apostillado en el país extranjero donde fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, según corresponda;

b) En relación al requisito signado con el número 2.- precedente, se requiere se acompañe certificado de afiliación al Sistema de Seguridad Social del país de origen que contenga la siguiente información: El referido certificado debe expresar que el Sistema de Seguridad Social le otorga “real y efectivamente”, coberturas en caso de invalidez, vejez, muerte y enfermedad, independiente de que el afiliado cotice o no (esta cobertura corresponde al período en que el trabajador haya prestado servicios en Chile). Dicho en otros términos, el solicitante debe aportar un certificado en original que acredite que en su caso cuenta a todo evento y con anterioridad a la prestación de servicios en Chile, con la protección respecto de las coberturas exigidas. Además el certificado debe especificar que en el caso de enfermedad, comprende prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral. Todo lo anterior según criterios impartidos por la Superintendencia de Pensiones;

c) En relación al requisito signado con el número 3.- precedente, no podrán ser considerados los documentos individualizados con los números ***2) y ***3) por no constar en los contratos de trabajo la voluntad del trabajador de mantener su afiliación en el sistema previsional extranjero. Respecto a los documentos individualizados desde el número ***4) al ***12), no podrán ser considerados toda vez que conforme al criterio invariable de la Superintendencia de Pensiones, contenido entre otros en Dictamen Nº 61847/2006 y Nº 224/2009, la Ley Nº 18.156 constituye una excepción en materia previsional que debe interpretarse restrictivamente, de modo que no procede extenderla a quienes no están afectos a un contrato regido por el Código del Trabajo, por lo que no resulta aplicable a las personas que revisten el carácter de funcionarios públicos, como es el caso del peticionario que ha desarrollado funciones en la Municipalidad aludida, y d) Conforme a los documentos tenidos a la vista, no es posible por ahora tener por acreditados los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley N° 18.156 y, en consecuencia, no procede dar lugar a la solicitud de devolución de fondos previsionales.”

De lo anterior concluye que no existe un acto ilegal y arbitrario de su parte, sino que una estricta observancia a los requisitos impuestos por el artículo 1 de la Ley N° 18.156.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Sobre la existencia del acto que motiva el recurso no existe discusión, encontrándose por lo demás agregada copia de la carta de 17 de diciembre de 2019 mediante la que la recurrida comunica al actor el rechazo de su solicitud de devolución de fondos para técnicos extranjeros en los siguientes términos “1.- Acompáñese título profesional apostillado en el país extranjero donde fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, según corresponda;

2.- Se requiere se acompañe certificado de afiliación al Sistema de Seguridad Social del país de origen que contenga la siguiente información:

El referido certificado debe expresar que el Sistema de Seguridad Social le otorga “real y efectivamente”, coberturas en caso de invalidez, vejez, muerte y enfermedad, independiente de que el afiliado cotice o no (esta cobertura corresponde al período en que el trabajador haya prestado servicios en Chile). Dicho en otros términos, el solicitante debe aportar un certificado en original que acredite que en su caso cuenta a todo evento y con anterioridad a la prestación de servicios en Chile, con la protección respecto de las coberturas exigidas.

Además el certificado debe especificar que en el caso de enfermedad, comprende prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral.

3.- Contrato de trabajo de fecha 01/02/2014 con empleador Corporación Municipal de Desarrollo Social de Tiltil RUT N° RUT reservado, el solicitante no expresa su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsonal en su país de origen en Contrato.

Contrato de trabajo de fecha 01/02/2015 con empleador Corporación Municipal de Desarrollo Social de Tiltil RUT N° RUT reservadoEl solicitante no expresa su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional en su país de origen en Contrato.

Certificado de empleador Municipalidad de Quilicura, sin Rut, Jefa del Departamento de Salud de la Municipalidad referida, señala que don nombre reservado mantiene su afiliación al Fondo de Pensiones de Ecuador, Conforme al criterio invariable de la Superintendencia, contenido entre otros en Dictamen N° 61847/2006 y N° 224/2009, la Ley N° 18.156 constituye una excepción en materia previsional que debe interpretarse restrictivamente, de modo que no procede extenderla a quienes no están afectos a un contrato regido por el Código del Trabajo, por lo que resulta aplicable a las personas que revisten el carácter de funcionarios público, como es el caso del peticionario que ha desarrollado funciones en la Municipalidad aludida.”

Tercero: Que de conformidad a lo que dispone el artículo 1° de la Ley N° 18.156 “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o se seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por otro lado, el artículo 7° de la misma normativa establece que el “trabajador extranjero que registre cotizaciones en una AFP, podrá solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubiere depositado en ella, siempre que se cumplan las exigencia del artículo 1°”.

Cuarto: Así las cosas, las exigencias que fundan la negativa que se reclama, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente, más bien, por el contrario su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por el recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Quinto: A mayor abundamiento, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos correspondientes específicos, a los que debe sujetarse el recurrente; sino también porque lo que relevante, en definitiva, es que el recurrente afectado carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Sexto: Por último, cabe consignar que del tenor de la respuesta impugnada, aparece que el actor puede solicitar nuevamente la devolución de sus fondos previsionales adjuntando los certificados pertinentes.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección presentado por don nombre reservado, en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4347-2020.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las Ministros señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, señora Jenny Book Reyes y señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero.