nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, ocho de julio de dos mil veinticinco.

A los folios 16, 17 y 18: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Jorge Correa Fuentes, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, por estimar vulneradas las garantías constitucionales del recurrente contenidas en el artículo 19 N° 3 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que, con fecha 26 de agosto de 2020, el recurrente suscribió un pagaré por la suma de $2.876.529, del cual es beneficiaria la recurrida, y que, tras quedar cesante, dejó de pagar el crédito a contar del 28 de febrero de 2021.

Indica que, posteriormente, con fecha 17 de noviembre de 2021, la recurrida interpuso demanda ejecutiva de cobro de pagaré, Rol C-9147-2021, ante el 21° Juzgado Civil de Santiago, el cual en la actualidad se encuentra abandonado y, con ello, prescrita la deuda en cuestión. No obstante, pese a haber activado el cobro judicial, la recurrida habría comenzado a efectuar descuentos extrajudiciales a partir de febrero de 2025, sin aviso ni notificación, vulnerando con ello –a juicio del recurrente– su derecho de defensa y propiedad.

Denuncia que estos descuentos extrajudiciales carecen de causa legal actual, por cuanto la vía judicial ya fue ejercida para el cobro del mismo crédito, sin haberse informado avance ni resultado alguno de dicha acción, y sin haber obtenido sentencia favorable ni orden de descuento.

Argumenta que este actuar revive de forma unilateral un beneficio legal previsto solo para el cobro oportuno, actuando en forma caprichosa, arbitraria y sin fundamento.

Invoca como garantía conculcada el artículo 19 N° 3 de la Constitución, en cuanto a la igualdad ante la ley y la igual protección de los derechos, pues se alega que el actuar de la recurrida ha colocado al actor en una situación desventajosa frente a otros deudores civiles, al omitir la vía judicial y practicar cobros por vía unilateral sin sentencia ni autorización legal, lo que le impide ejercer su defensa. Denuncia vulneración del artículo 19 N° 24, referido al derecho de propiedad, puesto que los descuentos afectan la retribución económica del recurrente sin sustento legal, privándolo del producto de su trabajo y sin que exista causa jurídica válida para ello.

Imputa a la recurrida el ejercicio abusivo de la facultad contenida en la Ley N° 18.833 sobre Cajas de Compensación, al utilizar el mecanismo de descuentos extrajudiciales sin respaldo legal actual ni fundamento contractual o judicial.

Afirma que la falta de notificación, de título vigente y de oportunidad en el ejercicio del cobro hace que su conducta sea arbitraria y contraria al orden constitucional.

Solicita la devolución íntegra de los montos descontados ($177.070 al momento de interposición), debidamente reajustados e incrementados con intereses; que se ordene a la recurrida abstenerse de efectuar nuevos descuentos, directa o indirectamente, por sí o por terceros, especialmente por parte de la empresa TREMAC S.A., u otros futuros empleadores, y que; se impongan las costas del recurso a la recurrida.

SEGUNDO: Que informando al tenor del recurso comparece doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso, por no existir acto ilegal ni arbitrario imputable a su representada, conforme a los hechos y argumentos de derecho que se exponen.

En cuanto a los antecedentes del crédito, informa que con fecha 26 de agosto de 2020, la Caja otorgó al recurrente el crédito código 037CON102526347, por un capital de $2.876.529, con tasa de interés mensual de 1,79%, pagadero en 36 cuotas mensuales de $111.575, cuyo primer vencimiento fue el 31 de octubre de 2020. Precisa que las cuotas 1 y 3 fueron pagadas con retraso; las cuotas 2 y 4 fueron diferidas. Las cuotas entre febrero de 2021 y marzo de 2022 (N° 5 a N° 18) se pagaron entre octubre de 2021 y marzo de 2025. Aclara que, a la fecha, el crédito se encuentra en cobranza judicial, con cuotas morosas desde abril de 2022 a noviembre de 2023 (cuotas N° 19 a N° 38).

Indica que la demanda ejecutiva interpuesta contra el recurrente no fue por mera voluntad de la Caja, sino por obligación legal impuesta en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que las cajas deben iniciar cobranzas judiciales en casos de morosidad superior a 50 UF, y dentro de los 6 meses siguientes al inicio de la mora. Por tanto, niega que exista doble cobro ni actuar caprichoso, como sostiene el recurrente.

Enfatiza el carácter social del crédito otorgado, regulado por los artículos 19, 21 y 22 de la Ley N° 18.833, recordando que las cajas de compensación son corporaciones sin fines de lucro cuyo objeto legal es administrar prestaciones de seguridad social, entre ellas los créditos sociales, y que, estas operaciones están destinadas a mejorar la calidad de vida de trabajadores, pensionados y afiliados, y están financiadas con el fondo social previsto por la ley.

Explica que, conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.833, el mecanismo de descuento por planilla es un medio legal y obligatorio para recaudar estos créditos, estableciendo que las deudas por créditos sociales “deberán ser deducidas de la remuneración por el empleador afiliado, retenidas y remesadas a la Caja acreedora, conforme a las mismas normas que rigen las cotizaciones previsionales”. Añade que este descuento se considera pago efectivo desde el momento de su deducción, según interpretación reiterada por la Superintendencia de Seguridad Social y por el propio Compendio de Normas que regula a las C.C.A.F.

Sostiene que el mecanismo no es una gestión de cobro arbitraria ni facultativa, sino una obligación legal imperativa, incluso ajena a la voluntad de la Caja, pues recae sobre el empleador, quien debe efectuar el descuento al trabajador. Recalca que si el trabajador desea evitar estar sujeto a este mecanismo, debe acudir al sistema financiero ordinario, y no a las cajas de compensación.

Respecto a la prescripción alegada, indica que esta no puede declararse de oficio, conforme a los artículos 2492 y 2493 del Código Civil, y que debe ser alegada y declarada judicialmente, y que, mientras ello no ocurra, la deuda es plenamente exigible, siendo improcedente invocar la prescripción como argumento en sede de protección constitucional, que no admite discusión de fondo ni cuestiones controvertidas.

Cita el Dictamen N° 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, el cual confirma que, incluso si ha transcurrido un largo periodo desde el último pago, el descuento debe continuar mientras la prescripción no haya sido declarada por sentencia, por lo que afirma que la Caja actuó en cumplimiento de su mandato legal.

En cuanto a la supuesta vulneración del artículo 19 N° 24 de la Constitución (derecho de propiedad), niega que exista afectación ilegítima, ya que la deducción de remuneraciones se hace en virtud de una norma expresa, que faculta y ordena a la empleadora descontar y remesar el monto de cuotas por créditos sociales exigibles, sin requerir sentencia previa. Precisa que no existe expropiación, pues no hay traspaso forzado de dominio fuera del marco legal, ni desconocimiento de derechos reconocidos al recurrente.

Destaca que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja está autorizada a instruir al empleador a practicar descuentos, y que, si el deudor pretende hacer valer prescripción u otras excepciones, debe hacerlo en sede de lato conocimiento, no mediante acción de protección. Reitera que la acción interpuesta no es la vía idónea para discutir la procedencia del cobro ni para revisar la vigencia de obligaciones contractuales.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que ahora bien, impone el rechazo de la presente acción cautelar la sola consideración de que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados a su actual remuneración, los que, según su relato, responden a un crédito que le fue otorgado por parte de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con fecha 26 de agosto 2020, por la suma de $2.876.529, que se comprometió a pagar en 36 cuotas, cuyas mensualidades dejó de pagar, lo que motivó que se dedujere una demanda en su contra por parte de la recurrida, ante el 21° Juzgado Civil de Santiago, en los autos rol C-9147-2021, actualmente en tramitación, situación que, a su juicio, tornaría en ilegales los descuentos que actualmente se le hacen a su remuneración.

Informando, por su parte, la caja de compensación manifiesta que es efectivo que presentó la demanda que el actor indica y que ello obedeció al acatamiento de una obligación legal que establece el compendio de normas que regula a las cajas de compensación, en la Circular N° 3567, de 4 de enero de 2021, que obliga a tales instituciones a iniciar el cobro de los créditos sociales, de manera judicial, dentro del plazo de 6 meses a contar de la mora. Señala, enseguida, que el recurrente se mantiene en morosidad respecto del crédito que le fue otorgado, adeudando las cuotas N°s 19 a 38, devengadas los meses de abril de 2022 a noviembre 2023. Agrega que la exigibilidad de las obligaciones contraídas por el actor es actual y que ello justifica los descuentos que se efectúan a su remuneración.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca de modo cierto la falta de exigibilidad de la obligación que sustenta jurídicamente los descuentos, situación que en cualquier caso debe ser esclarecido y reconocido en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

QUINTO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza la acción cautelar deducida por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sin costas.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-4342-2025.