Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, veinte de febrero de dos mil veintiséis.

Proveyendo al escrito folio 19: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Christian Dueñas Foster, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, asistente social y auditora del Servicio de Evaluación Ambiental en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado, solicitando el restablecimiento del imperio del derecho frente a actos que estima arbitrarios e ilegales, con expresa condena en costas.

Expone que, desde el año 2023, mantuvo una relación de pareja con el recurrido nombre reservado, compañero de trabajo, quien le habría manifestado encontrarse separado de hecho de su cónyuge, la recurrida nombre reservado. Señala que, a partir de septiembre de 2023, esta última inició una serie de comunicaciones dirigidas a la recurrente mediante redes sociales, mensajería instantánea y correos electrónicos, en las cuales le profirió expresiones insultantes, injuriosas y denigratorias, responsabilizándola de la ruptura matrimonial y desacreditándola como persona.

Indica que tales actos se extendieron por aproximadamente seis meses, incluyendo mensajes enviados desde cuentas personales y desde la cuenta institucional del recurrido nombre reservado, así como comunicaciones remitidas a su correo electrónico personal e institucional. Sostiene que en dichos mensajes se le imputaron conductas impropias, se emplearon expresiones ofensivas hacia su persona y se amenazó con la difusión de supuestos videos de su vida privada, con la finalidad de perjudicarla laboralmente y provocar su despido.

Refiere que los hechos se intensificaron en febrero y marzo de 2025, cuando la recurrida nombre reservado habría enviado correos electrónicos al correo institucional de la actora, incluso utilizando la cuenta laboral de nombre reservado, conteniendo insultos, amenazas de divulgación de material privado y expresiones destinadas a afectar su honra y desempeño laboral. Alega que tales conductas invadieron su ámbito laboral en el Servicio de Evaluación Ambiental, servicio dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, generándole angustia, afectación emocional y temor de eventuales consecuencias disciplinarias o laborales.

La recurrente sostiene que estos hechos constituyen actos arbitrarios e ilegales que vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 4 y 16 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad física y psíquica, el respeto y protección de la vida privada y honra, y la libertad de trabajo y su protección, al afectar su estabilidad emocional, su reputación personal y su desempeño profesional mediante hostigamiento, injurias y amenazas.

Solicita que se adopten las medidas necesarias para resguardar sus derechos fundamentales, ordenando a los recurridos abstenerse de todo contacto con ella por cualquier medio, eliminar publicaciones o comunicaciones ofensivas, prohibir la reiteración de tales conductas y disponer las medidas necesarias para evitar la difusión de información relativa a su vida privada, con costas.

Segundo: Que pese a reiteradas solicitudes los recurridos no evacuaron el informe solicitado, prescindiéndose del mismo para resolver el asunto.

Tercero: Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, ahora bien, en lo que atañe a las comunicaciones de los recurridos mediante las plataformas Facebook, Whatsapp e Instagram, las que en concepto de la recurrente, contendrían imputaciones difamatorias y deshonrosas en su contra, es necesario reflexionar que en el evento de ser ello efectivo, corresponde que sea dilucidado en el procedimiento legal respectivo -de naturaleza penal o civil-, con amplias posibilidades de prueba y discusión.

Luego, dada la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que éste no resulta idóneo para resolver la materia propuesta a la consideración tutelar de esta Corte.

Quinto: Que, en consecuencia, en el caso que la recurrente considere ser víctima de un delito de injurias, calumnias o amenazas, debe proceder por la vía procesal correspondiente, la que por lo demás puede extenderse a la vía civil, en caso de que se entienda incurso al recurrido en un supuesto de responsabilidad extracontractual.

Sexto: Que reafirmando lo anterior, es preciso recordar que los derechos fundamentales no son absolutos, puesto que admiten limitaciones frente al ejercicio de otros derechos fundamentales, siendo precisamente un ejemplo clásico la colisión que puede darse entre el ejercicio de la libertad de expresión con el derecho a la privacidad o intimidad de las personas y su honra. En cualquier caso, la colisión en comento está resuelta en este caso por la Constitución y por la ley, específicamente por los artículos 19 N° 12 de la Carta Fundamental y por el artículo 1° de la Ley 19.733 y, en tal escenario, no corresponde a los jueces efectuar la ponderación que de manera ex ante, realizó expresamente el constituyente y el legislador.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que "El derecho a la honra y al honor no es un derecho absoluto. Su protección admite límites, muchos de los cuales se relacionan con la libertad de expresión y los deberes de tolerancia y crítica que implica la vida en sociedad". (Roles 1463/15; 2071/10; 2237/08):

Séptimo: Que, en este sentido, el ordenamiento jurídico chileno consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por proteger la honra y vida privada de las personas casi de manera exclusiva a través la persecución de responsabilidades ex post -con el establecimiento de responsabilidades en la ley de prensa o tipos penales específicos-, renunciando así a la posibilidad de la aplicación de la censura previa. Es más, el Tribunal Constitucional ha sostenido que, bajo ciertas circunstancias, la libertad de expresión puede constituirse como causal de justificación de imputaciones que puedan afectar el honor y la honra (Rol 1463/15).

Octavo: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, si la finalidad práctica del presente arbitrio ha sido la obtención de una decisión judicial que ordene la eliminación de determinadas publicaciones desde una o más plataformas sociales, lo cierto es que le asiste a quien se considere agraviado por divulgaciones difamatorias incorporadas en ellas la posibilidad de reportar en Facebook e Instagram el perfil en que se plasman tales expresiones, como el contenido de ellas directamente a la mencionada red, dado que posee atribuciones para eliminar de su plataforma social las publicaciones de imágenes o expresiones vejatorias e, incluso, la cuenta desde las que se vertieron;

Noveno: Que a mayor abundamiento, consideran estos magistrados que acoger el recurso a efectos de ordenar a una persona natural o jurídica eliminar determinadas publicaciones de carácter injurioso o calumniosas e instarlo a abstenerse de efectuar en el futuro otras de igual carácter, además de vulnerar el derecho de expresión y opinión de dicho ciudadano, mediante un procedimiento de cautela que no atiende a las exigencias mínimas del debido proceso; y en que, en la práctica, se efectúa una calificación jurídica a las expresiones objetadas que excede la competencia de esta Corte, lo cierto es que tal pronunciamiento comprende una declaración inane, pues no se advierte cómo podrían los recurridos inhibirse de efectuar expresiones “calumniosas o injuriosas”, dado que este discernimiento corresponde en definitiva hacerlo a la jurisdicción especializada en materia penal;

Décimo: Que, luego de lo dicho, debe necesariamente desestimarse la presente acción cautelar.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4337-2025.