SOCIEDAD COMERCIAL ARTILEC LTDA. con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero:

Que el abogado Flavio Viterbo Crisosto, en representación convencional de Sociedad Comercial Artilec Artículos Eléctricos de Protección Limitada interpone recurso de protección en contra de la sociedad Servicios Equifax Chile Limitada, solicitando que se lo acoja y se resuelva que al mantener al recurrente con Indicador de Riesgo en el valor “0” en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, y enero, febrero, marzo y abril de 2021, ha actuado en forma arbitraria e ilegal, perturbando y amenazando las garantías constitucionales previstas en los Nº 4 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, ordenando a la recurrida restablecer el Indicador de Riesgo por los meses indicados al valor “999”, eliminando del registro histórico información de las facturas, y que se abstenga de continuar publicando a su respecto obligaciones que no cumplan con las disposiciones de la ley 19.628, con costas.

Funda su acción señalando que el 13 de abril de 2021, la recurrida denegó a su representada la solicitud de corregir el denominado “Indicador de Riesgo” (Evolución del Predictor Empresarial), en adelante el “Indicador de Riesgo”, respecto de los meses ya referidos de sus registros, así como la eliminación del registro histórico de diversas facturas publicadas en forma ilegal. Explica que la solicitud para que se corrija el “Indicador de Riesgo” se fundamentó en una serie de publicaciones ilegales efectuadas por la recurrida, las que fueron parcialmente eliminadas a su requerimiento, restableciendo el “Indicador de Riesgo” actual a “999”, sin embargo, para los meses antes referidos, dicho “Indicador de Riesgo” es 0. En efecto, la recurrida publicó en forma ilegal y arbitraria las facturas emitidas por Telefónica Chile S.A. números 45082408, 44851329 y 44734092; las que fueron rechazadas dentro del plazo legal establecido en la ley 19.983, por lo que no se cumplen con los requisitos del artículo 17 de la ley 19.628, desde que no se trata de documentos de pago válidamente emitidos, ni donde conste el consentimiento expreso del deudor u obligado al pago. Asimismo, la recurrida publicó en forma ilegal y arbitraria la factura emitida por la empresa Aquafree N° 117587. Lo anterior, en abierta contravención al artículo 18 de la aludida ley, que prohíbe publicar datos luego de transcurridos 5 años desde la que respectiva obligación se hizo exigible, considerando que el artículo 17 inciso 2° prohíbe expresamente publicar información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen servicios de agua, siendo Aquafree es una empresa privada que proporciona servicios de agua. Ambas publicaciones referidas, fueron eliminadas por la recurrida a requerimiento escrito de su representada en la que advertía la ilegalidad y arbitrariedad en las publicaciones efectuadas, junto con actualizar el Indicador de Riesgo.

Es del caso, que no solo se está frente a publicaciones ilegales y arbitrarias, sino que adicionalmente se trata de información que no se basa en información objetiva relativa a morosidades, desde que no puede existir morosidad de un título que no es válido.

Segundo: Que el abogado Juan Enrique Nazar Muñiz, en representación de la recurrida, informó y solicitó el rechazo del recurso de protección con costas, pues el ingreso de información es de entera responsabilidad del aportante, quien libera a Equifax de toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

Así, indica que respecto de las facturas N° 045082408, 044851329, 044734092, informadas por el Aportante Telefónica Chile S.A., estas fueron reclamadas por la recurrente a fines del mes de marzo, por ello su representada solicitó los respaldos correspondientes al Aportante señalado, ocurriendo que este no remitió la documentación solicitada dentro del plazo establecido para tal efecto, razón por la cual tales instrumentos fueron suspendidos del Boletín Electrónico Dicom.

Distinto es el caso de los reclamos presentados respecto a la publicación de la factura N° 117587 por $30.163. La recurrente solicitó la eliminación de este documento por encontrarse publicada por un plazo mayor a cinco años que indica la Ley 19.628. Equifax solicitó los respaldos al aportante de dicha factura, quien los remitió dentro de plazo. Por ello, tuvo a la vista la factura y el registro de aceptación o reclamo ante el Servicio de Impuestos Internos, siendo fundamento para la publicación del cliente aportante Zeal Chile S.A. A mayor abundamiento, la factura no fue reclamada dentro del plazo legal de ocho días establecido en la ley 19.983, por lo que se encuentra irrevocablemente aceptada, además de serle inaplicable la ley 19.628 por su calidad de persona jurídica.

Actualmente la recurrente mantiene una publicación vigente en su informe comercial y además le fue corregido su gráfico respecto a las publicaciones de Telefónica Chile, según el indicador de riesgo y la evolución del Indicador de Riesgo.

Por último, alega la inaplicabilidad de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada a persona jurídica, señalando, en consecuencia, que no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a Equifax que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente y en consecuencia, no existe ninguna providencia que se deba impetrar en orden a restablecer el imperio del derecho.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que para los efectos de establecer la ilegalidad del acto que se denuncia, lo primero que se debe determinar es si la aplicación de la Ley 19.628 sobre datos personales se extiende también a las personas jurídicas. Y en este sentido, el artículo 1º de la norma en cuestión dispone que el tratamiento de datos de carácter personal se sujetará a las disposiciones de la referida ley.

Resulta pertinente, entonces, encontrar el significado y alcance del concepto “datos de carácter personal”. Y para ello, es la propia Ley 19.628 la que en su artículo 2º se encarga de definirlo: “Para los efectos de esta ley se entenderá por …f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”. Asimismo, también se puede citar la letra “ñ) Titular de datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

A mayor abundamiento, de la historia fidedigna de la Ley 19.628 se desprende que dicho cuerpo legal está orientado a la protección de datos personales, entendiendo la noción “personal” como perteneciente o relativa a la persona natural.

Es así como se señala en la moción de la ley que: “De acuerdo a la doctrina expresada en los diversos instrumentos internacionales y textos constitucionales que se refieren a la materia, la vida privada de las personas pertenece a la categoría de los derechos humanos”. Agrega más adelante: “Partiendo del precepto contenido en el artículo 19 N° 4 de nuestra Carta Fundamental, nuestra moción comienza anunciando la inviolabilidad de la vida privada y advirtiendo que toda intromisión es, en principio, ilegítima. Se enuncian los principales aspectos a los que ella se extiende, tales como el derecho a la propia imagen; a la intimidad personal y familiar”. Y finalmente se señala en el Primer Informe de la Comisión de Constitución correspondiente al segundo trámite constitucional: “Se aclaró que este artículo (artículo 2°) estaba referido a los datos personales de las personas naturales y se aplicaba en el ámbito de la intimidad. Por lo tanto, no es aplicable a las personas jurídicas”.

En razón de lo expuesto, se desprende que es la propia Ley 19.628 la que establece su ámbito de aplicación, circunscribiéndolo únicamente a la protección de datos de las personas naturales, no resultando aplicable a la recurrente, en su condición de persona jurídica.

Quinto: De lo anterior deviene, entonces, que no existe una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas. Por lo tanto, y como ya lo ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema (Vid. causas rol 16852-2018, rol 4949-2012, rol N° 1209-2018), al no existir norma legal que impida la publicación de información sobre personas jurídicas, y situándose el conflicto en el ámbito del derecho privado, en que se puede realizar todo aquello que no esté prohibido por la ley expresamente, ha de concluirse que la conducta reprochada no es contraria al ordenamiento jurídico, y la presente acción constitucional no puede prosperar.

Sexto: Que en el mérito de lo razonado, y habiéndose descartado la ilegalidad del acto impugnado por esta vía, resulta innecesario ahondar en las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas.

Por estas consideraciones, y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Flavio Viterbo Crisosto, en representación de Sociedad Comercial Artilec Artículos Eléctricos de Protección Limitada y en contra de Servicios Equifax Chile Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-4328-2021.

En Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.