Protección contra Consejo de Defensa del Estado y su presidente Juan Antonio Peribonio Poduje

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinte.

Proveyendo los escritos folios 14 y 15, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que Sergio Manfree Salazar Bobadilla, abogado, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección de Garantías Constitucionales en contra del Consejo de Defensa del Estado y su presidente Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de los fundamentos que expone.

Que el día 24 de abril de año 2020, el servicio de impuestos internos envió a la Tesorería General de la República un monto de $ 560.000 aproximados, para los efectos de hacer devolución de dichos dineros. Sin embargo, no devolvió dichos montos y por el contrario los abono a una supuesta deuda que el recurrente mantiene en la Tesorería General de la República cercana a las RUT reservado millones de pesos.

Agrega que revisando la situación se percata que el año 2005 se generó una multa en su contra por un monto cercano al millón doscientos mil pesos, que actualmente y luego de la aplicación de intereses ya iría en una cifra cercana a los doce millones de pesos.

Que sobre de los plazos de prescripción del artículo 200 del Código Tributario y artículos 2492, 2487 y 2521, estos se encuentran vencidos, por lo cual de existir esta supuesta deuda ya se encuentra vencida, no siendo válido al Fisco de Chile, a través de la Tesorería General de la República, imputar los dineros depositados en dicha institución por el servicio de impuestos internos de manera unilateral, sin la orden de un tribunal de la República.

Efectivamente la obligación prescrita a subsistido como natural en concordancia con el 1470 del Código Civil. Estas no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.

Ahora bien, jamás el recurrente ha autorizado la retención de los fondos, por lo cual el Fisco de Chile a través de la Tesorería General de la República, no tenía derecho a imputar mis dineros a una deuda prescrita.

Que el actuar de la Tesorería General de la República, por una parte vulnera la garantía de Igualdad ante la ley, del artículo 19 N°2. Esto en consideración a que se han vulnerado el derecho a un proceso judicial y se han imputado dineros, sin haber sido objeto de reproche legal de ninguna especie, lo que es atentatorio a la igualdad ante la ley al no reconocerme un derecho que se le reconoce a todos los ciudadanos. Además de verse vulnerado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, en cuanto recae sobre bienes que se encuentran en el patrimonio del recurrente, representados por las sumas correspondientes a la devolución anual de impuestos a la renta, sumas respecto la cuales tiene un legítimo derecho.

Finalmente solicita previos los trámites procesales se acoja el recurso de protección y en definitiva se ordene que el Fisco de Chile debe reintegrar y depositar las sumas retenidas por concepto de devolución de impuesto y que fuera debidamente autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, las que deben ser debidamente reajustadas, lo anterior con costas del recurso.

SEGUNDO: Que evacuado informe por doña nombre reservado, Abogado Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos con domicilio en domicilio reservado solicita que el recurso de protección sea rechazado, en virtud de las consideraciones que expone.

El recurso de protección no es la vía idónea para discutir y resolver la cuestión planteada.

La cuestión planteada en estos autos es ajena a la naturaleza cautelar del recurso de protección. En efecto, a través de la presente acción no se pretende amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado - requisitos copulativos que han sido exigidos por la reiterada jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia -, sino que el recurrente ha interpuesto el recurso de protección, según se expresa en su libelo, con la finalidad que se declare la ilegalidad del actuar de la Tesorería, por haber efectuado una compensación respecto a la cual una de las deudas estaría prescrita y, por cuanto, además, no se darían los requisitos legales para que opere la compensación En particular la excepción de prescripción debió ser opuesta oportuna y formalmente en el procedimiento legal previsto y tramitado ante el tribunal competente.

Ciertamente, la supuesta prescripción alegada en autos no es tal, desde que no ha sido declarada judicialmente, por el tribunal competente, en el pertinente procedimiento judicial y mediante sentencia ejecutoriada. Claro resulta, entonces, que la propia recurrente utiliza esta vía de la protección con el objeto de discutir acerca de una declaración judicial propia de un procedimiento ejecutivo ya incoado y evitar el procedimiento judicial natural para discutir este tipo de materias.

A partir de expediente administrativo, Tesorería ingresa demanda ejecutiva contra el recurrente con fecha 20 de abril de 2011, la que se tramitó ante el 25° Juzgado Civil de Santiago, autos rol 8404-2011, y que dio inicio al pertinente juicio ejecutivo en contra del recurrente y otros deudores. Tal demanda surge, precisamente, con el propósito de obtener el pago de la deuda que da cuenta de las cantidades que precisamente fueron posteriormente, y, de forma parcial, compensadas con la acreencia del recurrente en contra el Fisco. Demanda que fue notificada oportunamente.

Por este motivo, en caso alguno puede aceptarse que este procedimiento cautelar y de rango constitucional, puede utilizarse como vía de saneamiento de actuaciones judiciales extemporáneas o precluidas.

Que la discusión planteada requiere de un pronunciamiento declarativo. En concreto, lo que se está planteando en el recurso de protección deducido es una discusión acerca de la procedencia o no de declarar la prescripción de una deuda y de que opere la figura de la compensación.

Que tampoco existen derechos indubitados. Una contienda como la aquí generada, no puede ser esclarecida a través de este arbitrio, puesto que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indiscutidos, se encuentran amagados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por tanto, en situación de ser amparados o garantizados.

Al efecto, la única vía idónea para entender que los supuestos derechos que se pretenden salvaguardar por esta vía son indubitados y preexistentes, es la de considerar como un presupuesto, que la deuda cuyo acreedor es el Fisco, efectivamente sea considerada como una obligación prescrita.

Sin embargo, la declaración de prescripción solo pudo obtenerse a través de una sentencia judicial pronunciada por el tribunal competente – este es el 25° Juzgado Civil de Santiago que conoce los autos ejecutivos rol 8404-2011, que es, precisamente, el procedimiento ejecutivo deducido por la Tesorería, por cobro de la obligación supuestamente prescrita; ello, previa oposición de la pertinente excepción de prescripción, en tiempo y forma, lo que no ha ocurrido.

Se agrega en el informe que la recurrente infringe sus actos propios, desde el momento que, en contradicción con su actitud procesal de pasividad, manifestada en el juicio ejecutivo de cobro de la deuda ya referido, optó por no oponer la pertinente excepción a la acción ejecutiva, y, con ello, aceptar las consecuencias jurídicas y procesales derivadas de un procedimiento ejecutivo válidamente emplazado y tramitado. Siendo así, el recurrente no puede pretender mediante el presente arbitrio constitucional, contradecir sus actuaciones pretéritas que han tenido, como resultado, el de establecer situaciones jurídicas estables e inmutables; todo lo cual conlleva a la imposibilidad de alegar una prescripción improcedente en la forma y en el fondo.

Que en cuanto a las facultad o mandato legal del Servicio de Tesorerías, en relación a que no existiría norma legal que autorizara la compensación, cabe indicar que la facultad expresa del Servicio de Tesorerías para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones; por lo que dicha aseveración del recurso de marras no es efectiva.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al Artículo 1° del DFL N° 1, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, le corresponde a esa Institución efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas del pago de devoluciones anticipadas de renta.

Ahora bien, en el caso que motiva la presente acción de protección, con ocasión de una devolución anticipada de renta generada el 22 de abril de 2020, se produjo un crédito en favor del contribuyente recurrente, por la suma de $563.723.-, con cargo al proceso renta 2021.

Que en cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales aludidas en el recurso.

Al respecto, se indica que la garantía al justo y racional procedimiento está contemplada en el numerando 3° del art. 19 de la Constitución y no en el numerando 2°.

Por lo demás, resulta evidente – conforme lo informado – que el recurrente fue efectivamente parte de un procedimiento administrativo y otro jurisdiccional, ambos legal y válidamente tramitados, en los cuales tuvo la oportunidad procesal de oponer excepciones y defensas.

Asimismo, el recurrente no fue sujeto de discriminación arbitraria, desde que la actuación de la Tesorería impugnada, esta es, la compensación, fue motivada en la existencia de una deuda vigente y demandado judicialmente.

En cuanto al derecho de propiedad, ya se argumento que las facultades legales de Tesorería para efectuar compensaciones, tienen su fuente en norma expresa; y que, además, se han cumplido todos los requisitos generales para que tal compensación operara. No existe, entonces, derecho de propiedad alguno del recurrente, que pueda impedir a Tesorería ejercer sus facultades legales y hacer valer, por su parte, su derecho de propiedad respecto de créditos adeudados por un contribuyente y perseguir el pago de tal obligación respecto del patrimonio del deudor, conforme los autoriza el art. 2465 del Código Civil (derecho de garantía general patrimonial de los acreedores)

Finalmente solicita tener por evacuado el informe ordenado y, en definitiva, rechazar el recurso de protección intentado, por cuanto la Tesorería General de la República no ha cometido ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que lesione los derechos constitucionales del recurrente, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

QUINTO: Que, no resulta posible acoger la protección impetrada, atendido que el objeto de esta versa sobre aspectos que escapan al control de esta vía jurisdiccional. En efecto, el presente recurso, plantea la declaración de prescripción de la acción deducida en causa rol 8404-2011, la que se tramitó ante el 25° Juzgado Civil de Santiago, caratulada Tesorería General de la República con nombre reservado, no pudiendo por esta vía revisarse la legalidad o eventual arbitrariedad de las resoluciones judiciales, dictados en la esfera de su competencia No obstante, no cabe duda que un pronunciamiento de esa naturaleza excede del objeto que presenta el recurso de protección, pues además corresponde al recurrente deducir las acciones pertinentes en la causa ya iniciada a su respecto, con el fin de declarar la prescripción de la deuda alegada.

Ergo, la presente acción de protección no puede prosperar.

Por tales consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se RECHAZA el recurso de protección deducido por Sergio Manfree Salazar Bobadilla en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, sin costas.

Regístrese y notifíquese.

N°Protección-43236-2020.