nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA-CCAF LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, doce de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber realizado descuentos automáticos en su remuneración por un crédito social prescrito, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que afecta su capacidad económica y el uso legítimo de su salario. Con ello, se vulnera su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N.° 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que, en el año 2012, contrató un crédito social con la Caja de Compensación Los Andes. Posteriormente, este crédito fue repactado en 2013 y 2014 de manera unilateral, sin su consulta o información adecuada sobre los términos. Desde la última repactación en 2014, transcurrieron más de diez años sin que la entidad tomara acción alguna para ejercer cobros, notificarle, o iniciar procedimientos legales para exigir el pago de la deuda. Sin embargo, en enero y febrero de 2025, mientras se encontraba trabajando en una empresa afiliada a la Caja de Compensación La Araucana, comenzaron a efectuarse descuentos automáticos sobre su remuneración por medio del sistema de intercajas.

Los descuentos ascienden a $52.533 en la liquidación de enero de 2025 y a $52.533 en la de febrero de 2025, y se realizaron sin notificación previa ni justificación legal o administrativa, lo que constituye una abierta contravención al debido proceso. El recurrente argumenta que este acto le ha provocado un perjuicio grave e irreparable en su patrimonio, afectando directamente su capacidad para cubrir necesidades básicas de subsistencia y causando afectaciones psicosociales para él y su familia.

Sostiene que el largo periodo de inacción de la Caja de Compensación Los Andes implica que la acción de cobro está prescrita, por lo que el descuento actual es ilegal. Basándose en el artículo 2515 del Código Civil, que establece un plazo general de cinco años para la prescripción de acciones ordinarias, el recurrente alega que la reactivación de un crédito otorgado hace más de diez años constituye un ejercicio extemporáneo y abusivo de las potestades contractuales de la caja.

Menciona que el principio de buena fe obliga a las partes a actuar con transparencia y a notificar oportunamente cualquier acto que afecte a la contraparte, lo cual no ocurrió en este caso.

Señala que los actos descritos vulneran el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, el cual está protegido por el artículo 19 N.° 24 de la Constitución. Los descuentos, realizados sin justificación ni aviso previo, impactan directamente su capacidad económica y el uso legítimo de su salario.

Segundo: Que, comparece Julio César Villalobos Villarroel, abogado en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado.

Para fundamentar su petición, la recurrida señala que, según sus sistemas, el recurrente no mantiene créditos con la Caja de Compensación La Araucana. No obstante, sí consta un crédito número de pagaré 24.RUT reservado con la Caja Los Andes, por la suma de $237.860, pagadero en cuotas de $27.729. En virtud de la existencia de este crédito moroso, la Caja La Araucana procedió a realizar el cobro, solicitando a la empresa empleadora del recurrente, Kallplat Chile Limitada, el descuento correspondiente.

La recurrida argumenta que su actuación se ajusta a derecho y no ha vulnerado las garantías constitucionales del actor. Indica que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, incluyendo los créditos sociales. Conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.833, las entidades empleadoras afiliadas tienen la obligación de deducir de las remuneraciones los montos adeudados por prestaciones de crédito social, y remesarlos a la Caja acreedora. Asimismo, el artículo 58 del Código del Trabajo faculta a los empleadores para descontar de las remuneraciones las obligaciones con instituciones de previsión.

En cuanto al argumento de la prescripción, la recurrida señala que, según el artículo 2493 del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de oficio. En tanto no exista una sentencia que declare la prescripción de las acciones emanadas del crédito social, los descuentos deben continuar practicándose. Este criterio es compartido por la Superintendencia de Seguridad Social y ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema. Además, la recurrida destaca que la finalidad del artículo 22 de la Ley N° 18.833 es facilitar el cobro de los créditos sociales, para asegurar los recursos necesarios para financiar prestaciones al resto de los afiliados.

Por lo expuesto, la recurrida solicita a S.S.I. tener por evacuado el informe y, en mérito de los antecedentes expuestos, solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta en su contra.

Tercero: Con fecha 19 de marzo de 2025, comparece Inés Riquelme Arao, abogada que representa a la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien evacuó informe y solicitó el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

Expone que el 20 de abril de 2012, otorgó a don nombre reservado el crédito con código 240478747-3, por un monto de $556.344, a ser pagado en 12 meses con cuotas de $52.533. Si bien las tres primeras cuotas fueron pagadas en el plazo establecido, las siguientes se pagaron con años de retraso y las cuotas restantes se encuentran en mora.

Sostiene que no existe actuación ilegal o arbitraria, ya que los descuentos de crédito social se informan al empleador del deudor de acuerdo con el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece que "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora". Agrega que la prescripción de una deuda debe ser alegada y declarada judicialmente, ya que no opera de pleno derecho, y que la vía idónea para realizar dicha alegación no es un recurso de protección, sino un juicio de lato conocimiento en la sede jurisdiccional correspondiente. Por lo tanto, mientras no exista un pronunciamiento judicial que declare la prescripción, la obligación de pago es plenamente exigible.

A pesar de lo anterior y sin reconocer la extinción de la deuda, la recurrida comunica que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas recibidas desde la reanudación de los cobros. Por este motivo, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección por falta de oportunidad, ya que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y a la restitución solicitada.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, la omisión que se califica de ilegal y arbitraria lo constituye, en definitiva, el descuento que alega el recurrente a través de sus liquidaciones, los cuales reactivaron, sin justificación, autorización, ni aviso previo, después de diez años.

Sexto: Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuados a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, respecto del referido crédito, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, razón por la cual se acogerá a este respecto el recurso de protección, como se dirá en lo resolutivo, lo que es concordante con la actuación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, dado que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4317-2025.

En Santiago, doce de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.