nombre reservado con ADM. DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de agosto de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que comparece Alejandro Samuel Birman Polanco, abogado, en favor de nombre reservado, chileno, casado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., del giro de su denominación, representada por nombre reservado, institución a la que atribuye el acto ilegal y arbitrario consistente en no transferir los fondos al afiliado, producto de la Ley de Protección del Empleo, afectando con ello, la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, referida al derecho de propiedad.

Explica que la empresa en la que trabaja el protegido se acogió a la Ley de Protección del Empleo, producto de la crisis económica y pandémica que atraviesa el país. En tal contexto, recibió un correo electrónico del AFC Chile con fecha 26 de abril de presente año, mencionándole la aceptación del pago mensual que corresponde al porcentaje de sus remuneraciones y que sería realizado a través de transferencia bancaria, lo cual se concretaría el 7 de mayo.

Declara que al día de hoy no ha recibido pago alguno por este concepto, encontrándose aquel en una situación económica compleja, sumado a que posee enfermedades de riesgo y necesita comprarse los medicamentos para su necesario tratamiento y también cumplir con sus obligaciones bancarias, entre otras.

Pide en definitiva que se ordene a la recurrida que se transfieran los fondos a la cuenta corriente del recurrente, tal y como manifestó la misma AFC, en correo electrónico de fecha 26 de abril de 2020.

Segundo: Que informó nombre reservado, Gerente General de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile ll S.A. Comienza explicando que el 6 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.227 que "Facultó el Acceso o prestaciones del Seguro de Desempleo Establecido en la Ley N" 19.728, en Circunstancias Excepcionales." Señala que de acuerdo con lo establecido en la citada ley, según los términos y condiciones que ésta establece, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la Ley N° 19.728 podrán acceder de manera excepcional a las prestaciones establecidas en los artículos 15 y 25 de la misma ley que establece un Seguro de Desempleo.

Plantea luego que la Ley N° 19.728 -en su artículo 1º-, dispone que el Seguro de Cesantía que ella regula se encuentra establecido "en favor de los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo". Luego agrega, en el inciso tercero del artículo 2º que ésta “no regirá respecto de (…) y los pensionados, salvo que, en el caso de estos últimos, la pensión se hubiere otorgado por invalidez parcial…”

En este mismo orden de ideas, expone que las disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Seguro de Cesantía dictado en uso de sus facultades legales por el organismo fiscalizador, la Superintendencia de Pensiones, en su Libro l, Título l, Letra B, Número 5, establece, en lo pertinente, lo siguiente: "la afiliación al Seguro se entiende permanente hasta que el trabajador se pensione por cualquier causa. En el caso de los pensionados por invalidez parcial transitoria o definitiva, continuarán incorporados al Seguro de Cesantía".

Precisa que en relación con aquellos trabajadores que se pensionan por cualquier causa, salvo aquellos cuya pensión se hubiere otorgado por invalidez parcial, según se establece en el artículo 19 de la Ley, podrán: (i) disponer en un solo giro de los fondos acumulados en su cuenta individual por cesantía o, (ii) traspasar parte o el total del saldo de su Cuenta Individual por Cesantía a su cuenta de capitalización individual que mantenga en una Administradora de Fondos de Pensiones, con el objeto de aumentar el capital para financiar su pensión.

Afirma que en el caso concreto del presente recurso de protección, la sociedad Integratec Ingeniería Eléctrica Limitada, Rut. N°RUT reservado, con fecha 17 de abril de 2020, ingresó al sitio web una nómina de trabajadores, entre los cuales se encontraba el recurrente, con quienes suscribió un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo conforme al artículo 5º de la Ley Nº 21.227, a fin de que éstos pudieran acceder a los beneficios establecidos en la misma.

Una vez ingresada la nómina de trabajadores referida en el numerando anterior, esa Sociedad Administradora procedió a realizar una revisión general de los antecedentes e informar el estado de la misma a los trabajadores, a través de correo electrónico.

Con posterioridad a la referida revisión y previo al pago del beneficio, en razón de un procedimiento regular que aplica conjuntamente con las AFP, detectó que el señor nombre reservado se encontraba en una de las situaciones de excepción que establece la Ley, esto es, tenía la condición de pensionado, pues se encuentra registrado en AFP Planvital como "pensionado por vejez normal" a contar del día 15 de marzo de 2019 y por lo tanto, al encontrarse excluido de la Ley, se procedió a suspender el beneficio e informó al protegido sobre dicha situación.

Concluye que por lo tanto, dada la condición de pensionado del recurrente, aplica a su respecto lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley, pudiendo, en consecuencia, disponer de los fondos acumulados en su Cuenta Individual por Cesantía bajo alguna de las modalidades señaladas como así también solicitar la devolución, conforme a las normas del Compendio, de aquellas cotizaciones pagadas con posterioridad a la fecha informada por AFP Planvital como aquella de otorgamiento de su pensión y consecuentemente, de su condición de pensionado.

Por lo argumentado razona que esa Sociedad Administradora ha obrado de acuerdo con la normativa vigente, por lo que no ha incurrido en ilegalidad alguna, limitándose a dar cumplimiento a sus obligaciones legales ya consignadas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio. Por tanto, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-, o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, es decir, que realmente priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado.

Cuarto: Que a fin de determinar la legalidad del acto recurrido que se ha impugnado en este recurso, es preciso analizar las normas que lo rigen. Al respecto, es necerario tener presente que el artículo 1º de la Ley Nº 21.227, dispone que cuando se den las circunstancias que la propia norma prevé, “los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Título, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda, en las condiciones que se indican en los artículos siguientes.”

Por su lado, la Ley N° 19.728 dispone en el inciso tercero de su artículo 2º que: “Lo dispuesto en esta ley no regirá respecto de los trabajadores de casa particular, los sujetos a contrato de aprendizaje, los menores de 18 años de edad hasta que los cumplan y los pensionados, salvo que, en el caso de estos últimos, la pensión se hubiere otorgado por invalidez parcial.” Es por esta razón, que respecto de los pensionados, el artículo 19 del mismo cuerpo legal establece un régimen especial relativo a los fondos de sus cuentas individuales de cesantía, al señalar: “Si un trabajador se pensionare, por cualquier causa, podrá disponer en un solo giro de los fondos acumulados en su Cuenta Individual por Cesantía.”

Quinto: Que de los preceptos citados, es claro que el señor nombre reservado, al ser pensionado, se encuentra en la hipótesis de exclusión que se establece en la segunda de las normas citadas, razón por la cual no le es posible acceder al beneficio que reclama por esta acción constitucional, no siendo en consecuencia, la decisión de la recurrida contraria a la ley.

Sexto: Que adicionalmente, la recurrida actuó dentro de sus compentencias, de conformidad a la ley y en base a los antecedentes de que disponía, de manera que la suspensión de los beneficios establecidos en la Ley Nº 21.227 se ajustó a la normativa aplicable y a las reglas de la Ley Nº 19.728, sin que se aprecie una conducta que pueda catalogarse de arbitraria y menos contraria a la ley.

Séptimo: Que luego, ante la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad en tal proceder, corresponde desechar al recurso de protección, sin que sea necesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Y de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-43134-2020.