nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veinte de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Comparece don nombre reservado y don nombre reservado y deducen recurso de protección en contra de nombre reservado, a quien acusan que por vías de hecho, mediante el uso de la fuerza y en forma ilegal y arbitraria, habría ejecutado actos que impedirían el ejercicio de los derechos emanados de un contrato de arrendamiento suscrito entre ambos recurrentes como arrendatario y arrendador respectivamente, lo que vulneraría sus garantías fundamentales.

Explican que el recurrente nombre reservado y el recurrido nombre reservado son comuneros del inmueble ubicado en domicilio reservado, el primero adquirió sus derechos como hijo y heredero del causante y el segundo, mediante cesión de derechos hereditarios realizada en el mes de marzo de 2016. Dicho inmueble consta de dos pisos y está provisto de dos locales comerciales en el primer piso, uno de los que se encuentra dado en arrendamiento al recurrente nombre reservado, mediante contrato suscrito por éste y el heredero nombre reservado, desde el año 2007, contrato que se ha ido renovando sucesivamente, encontrándose actualmente vigente.

Cuentan que en tal local comercial el recurrente arrendatario señor nombre reservado, ejerce desde entonces su industria de venta y arreglo de calzado, manteniendo el lugar una entrada independiente por Calle Victoria, provista de una reja metálica y candados. Refieren que, a su turno, el recurrido, reside en el segundo piso del inmueble junto a su familia.

Exponen el día domingo 20 de mayo de 2018, desconociendo arbitrariamente el contrato de arrendamiento que mantiene vigente con el otro comunero, el recurrido junto a su pareja, por vías de hecho y de manera clandestina, habrían ingresado al local descerrajando sus candados, para posteriormente saquear y destruir las pertenencias que se encontraban al interior, y sacar la mercadería para trasladarla en un camión hasta la casa de los padres del recurrente, lugar donde la abandonaron aduciendo que éste no habría pagado las rentas de arrendamiento, lo que no es efectivo, ya que siempre ha pagado las rentas a su arrendador, (el comunero nombre reservado), encontrándose al día en ello.

Cuentan que se efectuó la denuncia ante Carabineros y en compañía de funcionarios policiales acudió hasta el lugar, pudiendo retirar los libros contables, boletas y algunos zapatos que quedaron al interior, luego de lo cual se le ha prohibido el ingreso mediante la instalación de cadenas y nuevos candados. Estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía Centro Norte, en causa RUC 18.00.50.8220-6.

En cuanto a las garantías constitucionales, asegura que mediante los hechos relatados ha sido privado por el recurrido del uso y goce del bien arrendado, lo que además le impide desarrollar su industria, estimando vulneradas las garantías de la igualdad ante la ley, de la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, el derecho de propiedad y la de desarrollar una actividad económica lícita.

Por su parte, el recurrente arrendador, señor nombre reservado, estima que los actos referidos vulneran su derecho de propiedad, tanto sobre el bien raíz del que es comunero como sobre el contrato de arrendamiento suscrito.

Solicitan en definitiva, se acoja la presente acción constitucional y se ordene el inmediato ingreso del arrendatario al inmueble, ordenando al recurrido y a cualquier otra persona que no entorpezcan mediante vías de hecho, en forma violenta o clandestina, el libre ejercicio de sus garantías constitucionales; que se permita al arrendatario ejercer libremente su industria y abrir al público sin verse expuesto por el recurrido, su pareja o familiares a violaciones en el ejercicio de sus garantías fundamentales, además de toda aquella otra medida que juzgue necesaria para el restablecimiento de sus derechos y se condende en costas al recurrido.

Segundo: Que evacuó informe el recurrido nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso deducido en su contra, con costas.

Como cuestiones previas, expone en primer lugar, que la controversia es materia de un juicio declarativo civil de lato conocimiento, ya que versa sobre la ejecución o término de un contrato de arrendamiento, lo que excede de la naturaleza cautelar de la acción de marras, por no existir un derecho indubitado de parte de los recurrentes.

En cuanto a los hechos denunciados, expone que no existe acto arbitrario o ilegal alguno, señalando que adquirió el 62.5%, aproximadamente de los derechos de la propiedad ubicada en domicilio reservado, teniendo su domicilio al interior de ella en el segundo piso, por cesión de derechos por la suma de $ 60.000.000.- Explica que al momento de la cesión ambos locales estaban arrendados, el signado con el Nº 920 de calle Victoria, arrendado por nombre reservado, ignora las estipulaciones del contrato, toda vez que fue arrendado por nombre reservado, comunero minoritario, que posee el 12,5% y sin poderes para actuar en representación de la comunidad.

Expone que el contrato de arrendamiento por el cual fundan el presente recurso, data enero 2015 y no del año 2007, y fue maliciosamente suscrito por los recurrentes entre sí, con el claro fin de desconocer los derechos que a él le asisten. Explica que el arrendatario ocupa el local para la venta, fabricación y reparación de calzados, por lo que perturba su diario vivir, contaminado el lugar tanto por ruidos como por olores desagradables y perjudiciales a la salud, situación que estima contraria a derecho. Además, afirma que no percibe fruto alguno de dichos arriendos, pagando personalmente los gastos de luz y agua toda vez que los citados locales dependen del medidor de su casa, y que además paga las correspondientes contribuciones y retiros de basura, por lo que considera injusta tal situación, razón por la cual desde el año 2015, que está buscando terminar el contrato de arrendamiento con el recurrente nombre reservado, y que finalmente se habían puesto de acuerdo en terminar dicho contrato el día 30 de abril de 2018 y como fecha última para entregar el local arrendado el 20 de Mayo de 2018, comprometiéndose él a ayudarlo con la mudanza.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías fundamentales, afirma que no es tal, ya que jamás ha entorpecido en modo alguno el derecho a ser oídos y de recurrir ante la justicia de los recurrentes; que en este caso no existe un derecho indubitado, ya que el recurrido tiene mejor derecho que el recurrente nombre reservado en la propiedad ubicada en domicilio reservado y de la misma naturaleza que el recurrente nombre reservado, pero en mayor proporción, cuestiones todas que deben determinarse en un juicio declarativo civil y no en este tipo de recurso, toda vez que exceden los márgenes del mismo. Pide se rechace en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección es una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir particulares o autoridades. Ha sido creado para la mantención regular del orden jurídico; en otras palabras, para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada y devolver a las partes al estado en que se hallaban antes de padecer la reclamada afectación de sus garantías amparadas por la Carta Fundamental.

Cuarto: Que por esta razón, para que la presente acción cautelar prospere, deben concurrir ciertos requisitos tales como la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria; que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho indubitado; y, que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Éstos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal.

Acorde a lo anterior, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil, es decir, todo aquello que implica antijuridicidad, violación o vulneración del ordenamiento jurídico -o arbitrario, producto del mero capricho o voluntarismo de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que como se desprende de los dos motivos anteriores, para emitir el pronunciamiento solicitado por los recurrentes es preciso efectuar un análisis previo respecto de los hechos imputados al recurrido, esto es, que el día 20 de mayo el recurrido señor nombre reservado procedió a hacer ingreso por la fuerza, esto es violando los candados y cerraduras, al local comercial ubicado en el primer piso de domicilio reservado, sacando y trasladando los enseres, maquinarias y materiales de trabajo del recurrente señor nombre reservado a la casa de los padres de este en una camioneta. Luego de hacer una denuncia a Carabineros de Chile y en conjunto con la fuerza policial, el recurrente hizo ingresó a su local a obtener libros contables, boletas y otros bienes que aún se encontraban dentro del local, momento en el cual pudieron verificar que algunos de los muebles de su propiedad se encontraban destruidos.

Sexto: Que el denunciado señor nombre reservado, expresa, en relación a los hechos que motivaron este recurso, que había acordado con el recurrente que éste abandonaría el local comercial el día 20 de mayo de 2018 y dado que éste no se presentó, ingresó al local por una puerta que da al living de su casa, la que nunca ha estado clausurada y comenzó a cargar las cajas de mercadería que el mismo recurrente había antes embalado a fin de trasladarlas a la casa del padre del recurrente, quien incluso lo ayudó en el segundo viaje. Ya concluían el trabajo cuando apareció el recurrente (nombre reservado), diciendo que había cambiado de parecer y que no se iría hasta terminar su contrato el día 2 de enero de 2019, agrediéndolo verbal y físicamente a empujones, por lo que concurrieron los dos a la Cuarta Comisaría de Carabineros donde se tomó el procedimiento de rigor.

Séptimo: Que, apreciados los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, esta Corte adquiere convicción en el sentido que la decisión antes anotada de la recurrida de hacer ingreso al local comercial del arrendatario recurrente, sin su autorización ni conocimiento, a la fuerza y por una entrada no utilizada para esos efectos, es una acción arbitraria, pues carece de razonabilidad y de causa. Asimismo, es ilegal, si se tiene presente que el recurrente ha dado cumplimiento a las obligaciones que le impone el contrato de arriendo del referido local comercial vigente que lo liga con uno de los otros comuneros -también recurrente en esta acción de protección, nombre reservado-, del inmueble del cual el local comercial es parte, según lo informa el propio recurrente señor nombre reservado.

Octavo: Que la conducta de la recurrida ha privado y perturbado el derecho del recurrente garantizado en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, en virtud del cual toda persona tiene derecho a la libertad de trabajo y su protección, ya que el ejercicio de la labor de venta y reparación de calzado que el afectado realiza en el predio que ha arrendado especialmente para dicho fin, se hace imposible si ya no se le permite la entrada al lugar y si las herramientas para su ejecución no se encuentran en él, por lo cual se ha visto totalmente impedido de trabajar, impedimento que tiene como única causa el acto arbitrario de la recurrida.

Asimismo, se ha lesionado su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la misma Carta, al privarlo del beneficio pecuniario constituido por el uso y goce del predio arrendado que se había incorporado a su patrimonio.

Noveno: Que, en consecuencia, concurren en la especie todos los elementos que se requieren para que proceda la acción cautelar intentada, razón por la cual se impone el acogimiento de la acción promovida, en los términos que se expondrán en la parte dispositiva de esta resolución.

Décimo: Que esta corte no desconoce prima facie el derecho que alega detentar el recurrente señor nombre reservado como comunero del bien inmueble del que forma parte el local comercial a que tantas veces se ha hecho referencia, pero estima que existen otras vías por las cuales aquel puede ejercer de manera correcta y legítima sus derechos como comunero del inmueble, sin que ello importe necesariamente, desconocer por vía de la fuerza el contrato de arrendamiento que existe entre ambos recurrentes respecto del mismo.

Por estas razones y de acuerdo también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección; se acoge, sin costas, el recurso deducido en autos por don nombre reservado y don nombre reservado en contra de nombre reservado y en consecuencia, se ordena al recurrido señor nombre reservado a respetar el contrato de arrendamiento del local comercial ubicado en el primer piso del inmueble de domicilio reservado, celebrado entre los recurrentes señores nombre reservado y nombre reservado, permitiendo a este último la entrada al mismo, junto con todos sus enseres y materiales de trabajo, y permitiéndole el ejercicio libre de su industria, dentro de quinto día de notificada que sea esta sentencia, bajo el apercibimiento del Nº 15 del Auto acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección.

Acordada contra el voto de la Fiscal Judicial señora nombre reservado A., quien, sin perjuicio de estimar reprochable el actuar del recurrido, es de la opinión que el ejercicio de la presente acción constitucional no es la vía para solucionar el conflicto surgido entre las partes.

Redactó la abogado integrante señora Carolina Coppo Diez.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 43.061-2018 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Mireya López Miranda e integrada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y por la Abogado Integrante señora Carolina Coppo Diez. No firma la Abogado señora Coppo por encontrarse ausente. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.