nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

A los folios 16, 17 y 18; a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Alex Humberto Muñoz Miño, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, y de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional, don Luis Eduardo Thayer Correa, por la omisión ilegal en la que la repartición que encabeza ha incurrido, y que ha significado una privación, perturbación y, especialmente, una amenaza en el derecho de don nombre reservado y de doña nombre reservado, consagrados en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Indica, que el 25 de septiembre de 2023 el señor nombre reservado ingresó a través del portal en línea del Servicio Nacional de Migraciones, desde Argentina, -país en el que reside desde hace más de 5 años por motivos laborales-, su postulación de visa de residencia temporal para realización de actividades remuneradas, a la que se le asignó el número 67740919, registrando el correo electrónico correo reservado para efectos de notificaciones.

Agrega, que en dicha postulación se adjuntó una serie de documentación, entre la que se encontraba la oferta de contrato de trabajo suscrita por parte de los representantes de la empresa Luxottica of Chile S.A. en la que el señor nombre reservado trabajará en Chile si es aprobada su solicitud de residencia temporal. Dichas firmas fueron efectuadas en Chile y debidamente autorizadas ante Notario Público. Por su parte, el señor nombre reservado firmó la oferta de contrato de trabajo ante el Consulado de Chile en Buenos Aires, el día 11 de septiembre de 2023.

A mayor abundamiento, precisa que el señor nombre reservado incluyó en su postulación, en calidad de dependiente, a su cónyuge, doña nombre reservado, quien reside junto a él en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. De esta forma, ambas postulaciones fueron realizadas en un mismo acto a través de la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones.

Manifiesta que, desde la postulación de 25 de septiembre de 2023, el recurrente no ha recibido respuesta alguna sobre su postulación, transcurriendo más de 6 meses desde esa fecha, lo que configura una conducta, al menos, ilegal al sobrepasarse el plazo para resolver las solicitudes y emitir actos administrativos finales que la Ley N° 19.880 exige, específicamente en su artículo 27.

En cuanto al derecho, manifiesta que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, señala, en lo pertinente, que quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en dicho artículo, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, sin perjuicio, de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Por ello, y según lo indicado, aduce que el acto cuestionado constituye una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria, por falta absoluta de razón o argumento que solventen la omisión cuestionada.

Respecto de la ilegalidad que se acusa a través de la presente acción, el recurrente explica que el procedimiento administrativo, en este caso, sin que exista fuerza mayor o caso fortuito, se ha extendido por más de 6 meses, en los términos prescritos por el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, que ordena: “Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. Así las cosas, y de acuerdo con los antecedentes, previamente referidos, señala que es evidente que la omisión del servicio recurrido es, al menos ilegal, infringiendo las garantías constitucionales del señor nombre reservado y de su cónyuge, la señora nombre reservado, en los términos también descritos y dejándolo en una situación de completa incertidumbre laboral y familiar, que debe ser subsanada por esta Corte.

Por todo lo anterior, el recurrente pide se declare la vulneración de garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República del señor nombre reservado y de la señora nombre reservado, para restablecer de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a la recurrida aprobar la solicitud de residencia temporal del señor nombre reservado para el desarrollo de actividades lícitas remuneradas (número de solicitud: 67740919), y aquella, simultáneamente, presentada de su cónyuge, en calidad de dependiente (doña nombre reservado), postulación realizada el 25 de septiembre de 2023, o, bien, decretar cualquier medida idónea que esta Corte estime pertinente de acuerdo con los antecedentes del caso y que conduzcan al restablecimiento del imperio del derecho, todo con expresa condena en costas.

El recurrente, solicita tener por acompañados, bajo los apercibimientos legales pertinentes:

a) Resolución emitida del servicio recurrido, de 25 de septiembre de 2023, en la que se acusa recibo de la postulación del señor nombre reservado y de la señora nombre reservado en calidad de dependiente.

b) Oferta de contrato de trabajo firmada por los representantes de la empresa oferente.

c) Oferta de contrato de trabajo firmada consularmente por el señor nombre reservado.

d) Pasaporte del señor nombre reservado.

e) Pasaporte de la señora nombre reservado.

f) Certificado de matrimonio del señor nombre reservado y de la señora nombre reservado.

SEGUNDO: Que, a solicitud de esta Corte, el Servicio Nacional de Migraciones informó sobre el presente recurso.

Señala, que el 26 de septiembre de 2023, el extranjero de origen colombiano, don nombre reservado, realizó una solicitud de residencia temporal para extranjeros desde fuera de Chile, específicamente, para desarrollar actividades lícitas remuneradas. Dicha solicitud se ingresó mediante código de trámite ID #67740919 y, contra la presentación, se emitió comprobante que su solicitud de residencia fue recibida.

Agrega, que, de los antecedentes otorgados, la solicitud del recurrente se encuentra, actualmente, en trámite, esto es, en la última etapa del procedimiento, específicamente en “Resolución”, tal como se muestra en una foto captura obtenida del Registro Nacional de Extranjeros. Luego, y al momento de solicitar la residencia temporaria el recurrente también la requirió, en calidad de dependiente, respecto de su cónyuge, doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana. Dicha solicitud se ingresó mediante código de trámite ID #67746984, la cual también se encuentra en la última etapa del procedimiento administrativo, tal como también se demuestra en foto captura del Registro Nacional de Extranjeros.

En cuanto a la autoridad competente para resolver las solicitudes de residencia en Chile y sus atribuciones legales, el recurrido indica que cabe mencionar que la Ley N° 21.325, establece, expresamente, como una función del Servicio Nacional de Migraciones el autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país, sin perjuicio de las facultades que tenga la Policía en estas materias, y el resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior.” Por lo tanto, en cumplimiento con la normativa migratoria vigente y dentro de la esfera de sus atribuciones, dicha autoridad se encuentra tramitando la solicitud de la recurrente de la manera en que se expuso con antelación.

Respecto de la visa temporaria por motivos económicos, el recurrido precisa que el permiso de residencia temporal se encuentra definido en el artículo 68 de la Ley N° 21.325, y que, luego, el artículo 70 indica una serie de subcategorías de residencias temporales, dentro de las cuales cabe destacar la del N° 2, por ser la solicitada por el recurrente.

En lo que dice relación con la duración del procedimiento administrativo, el recurrido relata que, según lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley N° 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por dicha autoridad.

Completa su argumento manifestando que entiende que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, esto es, un plazo referencial y prudencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado. Además, a su respecto, no se ha establecido la sanción de caducidad.

Adiciona, que la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia Rol N° 115.064-2022 ha decidido zanjar la discusión sobre la naturaleza del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, confirmando su tesis de que dicho plazo no es de naturaleza fatal para la Administración.

Por otra parte, el servicio recurrido precisa que la acción de protección deducida no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, por cuanto, esta solamente es admisible verificándose una conducta que cumpla con dos requisitos copulativos: que sea una (i) conducta ilegal o arbitraria, y (ii) que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo que no ha ocurrido, por cuanto, la pretensión del recurrente es identificar la demora de la resolución de su solicitud de permiso de residencia como una omisión que, por sí sola, traería aparejada una serie de perturbaciones y dificultades en su vida cotidiana y que ha subsumido como una amenaza o vulneración a sus garantías fundamentales, específicamente, la del artículo 19 N° 2.

Previo a finalizar sus argumentos, el recurrido destaca los perjudiciales efectos que ha producido el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante dicha autoridad migratoria. Al respecto, hace presente jurisprudencia, en la que, -según sus dichos-, no se ha sido indiferente a las perniciosas consecuencias de esta situación.

En consecuencia, el servicio recurrido indica que se está en presencia de un procedimiento administrativo donde el legislador ha señalado quién es la autoridad competente y con las atribuciones legales para dictar el acto conclusivo, no pudiendo la actividad jurisdiccional determinar si los extranjeros cumplen con los requisitos para otorgar el beneficio migratorio requerido, por lo que, habiéndose actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que se entiende que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y que no existe, por tanto, perturbación alguna de derechos del recurrente, toda vez, que la solicitud de la parte recurrente se encuentra actualmente en tramitación. Por ello, solicita el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas al mismo.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en la especie, los recurrentes fundan su acción de protección por la falta de pronunciamiento a las peticiones de residencia temporaria en Chile para desarrollar actividades económicas lícitas, pese a haber transcurrido el plazo de seis meses que consagra el artículo 27 de la Ley N°19.880.

QUINTO: Que, para resolver, cabe considerar que: a) Los recurrentes son de nacionalidad colombiana y, con fecha 25 de septiembre de 2023, solicitaron ante el Servicio de Migraciones, el beneficio antes referido, mediante las correspondientes solicitudes y, b) Dichas solicitudes avanzaron a la etapa de Resolución el día 23 de diciembre de 2023, sin que se hayan resuelto a la fecha.

SEXTO: Que, en el escenario descrito, es posible advertir que las solicitudes de residencia temporaria se encuentran aún en trámite, y si bien se constata una demora en su tramitación, ella no es excesiva, habiendo transcurrido 8 meses y fracción desde su inicio y 5 meses y fracción desde que están en etapa de Resolución.

SÉPTIMO: Que, además, cabe tener presente que, la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año 2023 en los autos Rol N°115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte ‘‘dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

OCTAVO: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora en la conclusión del trámite de la solicitud de residencia temporaria, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, no se vislumbra arbitrariedad, pues la demora es razonable y tampoco ilegalidad, como quiera que los plazos que se confieren a la administración no son fatales, cuestión que aunada a la carga de trabajo que enfrenta el Servicio Nacional de Migraciones, llevan a desechar la presente acción constitucional.

Por las razones anotadas y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado y de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4285-2024.