GAS SECURITY SERVICES LIMITADA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO SUR ORIENTE

Santiago, treinta de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 4 de enero del año en curso, don Felipe Chacón Muñoz, abogado, dedujo acción de protección en favor de G4S Security Services Ltda. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de los (6) ordinarios N° 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 y 1733, todos de fecha 6 de diciembre de 2018, en los cuales se niega a conocer y resolver las reconsideraciones de multas administrativas impuestas a su parte, según detalla.

Alega que el rechazo de la reconsideración se debe a que la recurrida entiende que el plazo para recurrir contra la multa es de días corridos, lo cual no es efectivo en su concepto, lo que torna la decisión en arbitraria e ilegal, vulnerando con ello las garantías contenidas en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso, se dejen sin efecto los ordinarios indicados y se ordene a la recurrida resolver las presentaciones efectuadas por su parte, con costas.

Expone, en síntesis, que las multas impugnadas fueron notificadas a su parte el 16 de octubre de 2018, por lo que, considerando el plazo de 30 días que confiere el artículo 512 del Código del Trabajo, presentó las reconsideraciones declaradas extemporáneas el 29 de noviembre y que, atendida la paralización de funciones de la recurrida, que afectó su normal funcionamiento en esa fecha, dicha presentación la efectuó mediante el envío por carta certificada de los escritos a la recurrida. Sin embargo, la Inspección estimó que el plazo era de días corridos, por lo que las declaró presentadas fuera de plazo, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo cual no se ajusta a la legalidad, pues la norma no determina la forma de computar el plazo, por lo que debe estarse a la Ley 19.880 y estimar que el plazo es de días hábiles, no corridos.

Segundo: Que doña Loreto González, abogada, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente, al evacuar el informe solicitado, la recurrida solicitó el rechazo del presente arbitrio.

Expone, en lo pertinente, que la recurrida, en uso de sus atribuciones fiscalizadoras, impuso una serie de sanciones a la recurrente que se materializaron en las respectivas resoluciones de aplicación de multa que singulariza, las cuales fueron notificadas a la recurrente el 16 de octubre de 2018; que en contra de tales resoluciones, la actora, con fecha 30 de noviembre de 2018, dedujo sendos recursos de reconsideración administrativa siendo declarados inadmisibles por extemporáneos mediante los ordinarios 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 y 1733 todos de fecha 6 de diciembre de 2018. Advierte que de la lectura de los oficios ordinarios impugnados se aprecia que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el fundamento de la inadmisibilidad de las solicitudes de reconsideración administrativa de la empresa, estriba en que no se presentaron dentro del plazo legal de 30 días hábiles administrativos contados desde su notificación, esto es desde el 16 de octubre de 2018. En consecuencia, en su concepto, el recurso de la actora se funda en una premisa totalmente falsa, toda vez que la declaración de inadmisibilidad se sustenta en que las solicitudes no fueron presentadas dentro del plazo legal de 30 días hábiles, tornando las argumentaciones vertidas en el recurso carentes de sustento por lo que el mismo no puede prosperar.

Advierte que, en la medida que las resoluciones de multa fueron notificadas a la recurrente de autos con fecha 16 de octubre de 2018, de acuerdo con lo establecido en el dictamen N°25.891 de la Contraloría General de la República, el plazo para interponer el recurso de reconsideración administrativa contemplado en el artículo 511 del Código del Trabajo, venció el 29 de noviembre de 2018, respecto de lo cual no existe controversia, no obstante, tales solicitudes fueron presentadas el 30 de noviembre de 2018.

Hace presente que la actora alega haber enviado por carta certificada las solicitudes de reconsideración el día 29 de octubre, pero en la documentación que acompaña, sólo se hace referencia a una copia de orden de transporte de la empresa Chilexpress, la que no da cuenta de la dirección del destinatario, por lo que dicho documento no permite acreditar sus afirmaciones.

En otro orden de ideas, estima que el recurso de protección no es la vía idónea para la resolución del asunto, pues se está utilizando como un sustituto de las acciones judiciales ordinarias, establecidos en la legislación laboral. El acto, por lo demás, fue dictado por autoridad competente y de manera fundada, por lo que no se dan los requisitos para acoger una acción cautelar como la intentada por carecer de objeto y causa.

Tercero: Que cabe recordar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, de conformidad con lo precedentemente expuesto, procede analizar si, en la especie, se verifican las actuaciones ilegales y arbitrarias objetadas por el recurrente y si a consecuencia de tales actuaciones, se ha incurrido en privación, perturbación o amenaza en el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional;

Quinto: Que conviene precisar que la recurrente de autos sostiene que, el acto ilegal y arbitrario cometido por la recurrida, estriba en la dictación de los oficios ordinarios singularizados en el motivo anterior datados el 6 de diciembre de 2018 en los cuales se rechazan las reconsideraciones presentadas en tiempo y forma por la actora, por haberse presentado fuera de plazo al entender, erradamente, que el término contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos deviniendo en ilegal y arbitraria la actuación administrativa que por esta vía se impugna.

No obstante, del examen de los oficios administrativos impugnados, se desprende, sin lugar a dudas, que en todos, se invoca, como motivo fundante de la declaración de inadmisibilidad de la respectiva solicitud de reconsideración de la aplicación de la multa administrativa, el que ésta no se presentó dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos, contados desde su notificación (16.10.2018).

En consecuencia, no es efectivo lo afirmado por la recurrente de autos, en cuanto a que el fundamento de la declaración de extemporaneidad de las solicitudes de reclamación estriba en una errada interpretación de la naturaleza del plazo del citado artículo 512 del código laboral al estimarlo de días corridos.

Sexto: Que en este orden de ideas, resulta pacífico que el plazo establecido en la norma laboral en comento es de días hábiles, toda vez que, a falta de norma expresa sobre el cómputo del plazo en el caso de la instancia administrativa debe aquél ajustarse a la normativa contemplada en el artículo 25 la ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos, que estatuye que el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo es de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles para este efecto los sábados, domingos y festivos, norma que por su especialidad, prima sobre las reglas generales del Código Civil.

Séptimo: Que asimismo, no hay controversia en cuanto a que las resoluciones que impusieron las respectivas multas a la recurrida le fueron notificadas mediante carta certificada, el 16 de octubre de 2018, por lo que el plazo de treinta días hábiles para interponer la reconsideración ante la autoridad administrativa expiraba el 29 de noviembre pasado, como la propia recurrente admite en su arbitrio al consignar que tenía plazo hasta dicha fecha para presentar las respectivas reconsideraciones.

Octavo: Que la controversia estriba en la fecha en la que fueron efectivamente presentadas tales reconsideraciones, toda vez que la recurrente alega que, debido a un paro de los funcionarios públicos, acaecido en esa semana, no pudo entregar la documentación respectiva de manera presencial, siendo remitidas mediante carta certificada y entregadas el día 30 del plazo legal, es decir, el 29 de noviembre.

Al efecto, la actora acompañó documentación consistente en una orden de transporte de la empresa Chilexpress de fecha 29 de noviembre de 2018, con su respectivo seguimiento el que da cuenta que la documentación fue recibida en esa empresa de transporte el 29 de noviembre de 2018 a las 18:45 horas, remitida en tránsito al centro de distribución a las 19:47 horas y entregada al destinatario el 30 de noviembre a las 09:16 horas; tales documentos además, de los formularios F-10 acompañados por la recurrida en su informe con los timbres de recepción en la Inspección Comunal del Trabajo Sur Oriente, demuestran que las mentadas solicitudes fueron, en definitiva, presentadas el 30 de noviembre de 2018 en las oficinas de la recurrida, cuando el plazo de impugnación se encontraba vencido, conforme a lo anteriormente expuesto.

Noveno: Que en virtud de lo que se viene explicando, el fundamento consignado en los oficios ordinarios emitidos por la recurrida de autos, donde se declaran inadmisibles, por extemporáneas, las solicitudes de reconsideración administrativas, se estima ajustado a la norma aplicable en la especie, no divisándose, en consecuencia, ilegalidad o arbitrariedad en tales actuaciones, en la medida que tales solicitudes fueron presentadas, por los motivos antes indicados, fuera del plazo legal, lo que conduce a la desestimación del presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de acuerdo, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido en estos antecedentes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (s) señor Álvarez Maldini.

No firma la Ministra señora Solís, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

N°Proteccion-427-2019.