nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, nueve de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en estos autos Rol N° 42.648 – 2017 mediante presentación de fecha 23 de junio de 2017 recurre de protección don nombre reservado, chileno, soltero, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, solicitando de ésta Corte que se determine que la señalada entidad ha procedido en forma arbitraria a consecuencia de la dictación de la Resolución Exenta IBS Nº 13.075 de fecha 25 de mayo de 2017, en cuanto resolvió el rechazo del recurso jerárquico identificado como 28.915-2016, respecto de las Resoluciones 3697, 3698, 3699, 3700, 3701 y 3702 todas emitidas por el Compin de Valparaíso, referentes a recursos de reposición presentados por el rechazo de las licencias médicas números 48532640, 48555742, 48733311, 48341445, 47643249 y 50251400 extendidas cada una de estas por 15, 21, 21, 21, 21, 21 y 21 días de reposo, respectivamente, a contar de los días 09.03.2016, 24.03.2016, 14.04.2016, 05.05.2016, 26.05.2016, 16.06.2016 y 07.07.2016 y, en su lugar, se aprueben subsecuentemente las licencias médicas a las cuales este alude.

Funda su acción constitucional, exponiendo que, con fecha 01 de diciembre de 2015 su empleador nombre reservado, inició actividades formales ante el Servicio de Impuestos Internos, con dirección en domicilio reservado. Con esa misma fecha, se firmó entre la citada empleadora y el recurrente un contrato de trabajo bajo régimen de subordinación y dependencia, lo cual constaría, además en el libro de asistencia respectivo.

Posteriormente, con fecha 09 de marzo de 2016, el recurrente presentó la primera licencia médica, continuando con las demás licencias, ya identificadas.

Acto seguido, refiere que, con fecha 02 de septiembre de 2016 presentó un recurso jerárquico que fue recepcionado con fecha 07 de septiembre de 2006. Mediante presentaciones de fecha 14 de noviembre de 2016, 11 de abril de 2017 y 24 de abril de 2017, se pidió por el recurrente que hubiese un pronunciamiento formal acerca del aludido recurso jerárquico, lo que no aconteció sino hasta que éste recurrente presentara ante ésta Corte un recurso de protección Rol N° 31.253 – 2017, dada la omisión en la respuesta al recurso jerárquico por parte de la Superintendencia.

De este modo, sostiene el recurrente, que con fecha 25 de mayo de 2017, se emite la resolución recurrida que, en definitiva rechaza el recurso jerárquico, fundado en que realizada una fiscalización en terreno se concluyó la inexistencia de empresas en los domicilios respectivos, que esos correspondían a domicilios particulares ya que no se acredita con documentos ni con ninguna otra información contable, que respalde la solvencia y/o entradas monetarias que avalen la elevada renta por la cual se estaba contratando al trabajador.

Manifiesta que, resulta discriminatorio y arbitrario juzgar como inexistente el vínculo laboral basado en las entradas de una empresa que recién está comenzando, cuando es el mismo empleador quien ha reconocido la existencia del vínculo y sus obligaciones; más aún, si ese empleador cumple con todas las obligaciones legales y tributarias pertinentes.

Agrega que, no se valoró la abundante información adjuntada, tanto al recurso de reposición, como al recurso jerárquico, la declaración jurada y la carta del empleador respecto a funciones y vínculo vigente; la declaración jurada de la Inspección Provincial del Trabajo; el certificado de la Inspección Provincial del Trabajo y vínculo laboral; la constancia del empleador, situación actual a la fecha emitida; el listado de finiquitos de la Inspección Provincial del Trabajo en el cual se menciona sólo el finiquito del trabajo anterior, citando como vigente a su actual contrato; la fotocopia del libro de asistencia del empleador, el inicio de actividades de la empresa ante el Servicio de Impuestos Internos y otra información adicional como: protocolo usado en el trabajo para listado de labores cumplidas y entregado como registro de avance; carta Gantt; correos electrónicos; parte de los estudios de mercado realizados; fotografías, extracto de los contratos celebrados entre la empresa y el cliente que motivaron a iniciar la empresa; fotografías captadas en la fecha y lugar de trabajo realizando las respectivas labores.

Todos los elementos descritos, a juicio del recurrente, descartarían la aseveración de la entidad recurrida en cuanto a la inexistencia de huellas laborales que permitan dar por establecida la calidad de trabajador dependiente del aludido recurrente.

En cuanto al derecho, junto con citar normativa de carácter administrativo como la Ley N° 19.880 de Bases sobre Procedimiento Administrativo, trae a colación disposiciones laborales, en especial, el artículo 3° del Código del Trabajo, respecto al concepto de trabajador; igualmente, hace alusión a la competencia de la Inspección Provincial del Trabajo, como órgano que podría corroborar la existencia del vínculo laboral y que, de hecho, lo avalaría en la especie.

Sobre las garantías constitucionales vulneradas, refiere, el artículo 19 numerales: 1°, “derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”; 2°, “igualdad ante la ley”; 9°, “el derecho a la protección de la salud”; 16°, “la libertad de trabajo y su protección”; y 22°, “la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.”

Concluye, solicitando que el recurso sea acogido en los términos expuestos.

SEGUNDO: Que informa don Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, alegando en lo principal la extemporaneidad del recurso de protección, en atención a que consta que con fecha 07 de septiembre de 2016 don nombre reservado recurrió ante la Superintendencia reclamando en contra de la resolución emanada de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Subcomisión Valparaíso, por haber rechazado por falta de vínculo laboral las licencias médicas números 48532640, 48555742, 48733311, 48341445, 47680949, 47643249 y 50251400, extendidas por 15, 21,21, 21, 21, 21 y 21 días de reposo a contar del 09 de marzo de 2016, 24 de marzo de 2016, 14 de abril de 2016, 05 de mayo de 2016, 26 de mayo de 2016, 16 de junio de 2016 y 07 de julio de 2016, respectivamente. De lo anterior, afirma la entidad pública, resulta palmario que el recurrente al interponer los referidos recursos de reposición ante la misma COMPIN en fechas aún anteriores al 07 de septiembre de 2016, estaba en conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas, de tal forma que es desde cada una de estas fechas o a más tardar desde que interpuso el reclamo ante la Superintendencia – 07 de septiembre de 2016 – que corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos que se contempla para ejercitar esta acción constitucional, por lo que el recurso intentado con fecha 23 de junio de 2017 resulta extemporáneo.

Seguidamente, en el primer otrosí de su presentación, evacúa derechamente en cuanto al fondo su informe de rigor. En lo pertinente, reitera que con fecha 07 de septiembre de 2016, el recurrente reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social en contra de la resolución emanada de la COMPIN Subcomisión Valparaíso que, había rechazado por falta de vínculo laboral las licencias médicas extendidas, cuya singularización y período fue descrito en el párrafo anterior.

Agrega que, con la finalidad de emitir un pronunciamiento con fecha 27 de septiembre de 2016, la Superintendencia, dando aplicación al principio de bilateralidad de la audiencia y las normas del debido proceso, solicitó a la COMPIN Subcomisión Valparaíso, un informe y antecedentes, los que no habían sido emitidos hasta la fecha del informe de la recurrida.

Es por ello que, estudiados los antecedentes, por el Departamento de Licencias Médicas de la Intendencia de Beneficios Sociales de la Superintendencia de Seguridad Social, se decidió por Resolución Exenta I.B.S. N° 13.075 de fecha 25 de mayo de 2017, no dar lugar a la reclamación presentada por el Señor nombre reservado, confirmando lo obrado por la COMPIN Subcomisión Valparaíso.

Continúa su informe, indicando que como se expresa en la resolución impugnada, se consignó: “…fiscalización realizada en terreno concluye inexistencias de empresas en domicilios respectivos, los cuales corresponden a domicilios particulares. No acreditan documentos ni ninguna otra información contable que respalde la solvencia y/o entradas monetarias que avalen la renta elevada por la cual está contratado el trabajador. En antecedentes aportados para apelación tampoco se adjuntan documentos contables que demuestren el respaldo laboral pertinente…”; agregando que: “…no existen huellas laborales que permitan dar por establecida la calidad de trabajador dependiente del Sr. nombre reservado, a contar del 01.12.2015, con una remuneración de $1.800.000.- desempeñando funciones de investigación, administrativas y operativas, como también estudios de mercado y de diversas materias que competan, además de impartir charlas y cursos de inducción para los trabajadores nuevos de la empleadora nombre reservado, RUN RUT reservado…”

Asimismo, señala que realizada consulta al Servicio de Impuestos Internos, consta que la empleadora doña nombre reservado, registra inicio de actividades a contar del 01 de diciembre de 2015, anotándose como actividad económica vigente “actividades de investigación”, coincidiendo esta fecha con aquella de inicio del contrato de trabajo del Sr. nombre reservado, sin que se registren documentos timbrados como: facturas, guías de despacho, boletas de venta y servicios, entre otros documentos.

Refiere que, no habiéndose acreditado la calidad de trabajador del recurrente, y atendido que tanto la licencia médica como el subsidio por incapacidad laboral, son beneficios que cubren contingencias relacionadas con la salud de los trabajadores dependientes o independientes, ya sean causadas por accidentes o enfermedades comunes, no resultaba procedente acoger la petición del recurrente.

En cuanto al derecho, el informe de la autoridad recurrida afirma que el sistema de seguridad social está destinado a cubrir los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen en riesgo a los trabajadores, agregando que esta incapacidad laboral (distinta de los cubiertos por el seguro social de la Ley N° 16.744), puede ser permanente o transitoria. En caso de ser permanente, está regulado en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas. En caso de incapacidades temporales o transitorias, el beneficio se denomina licencia médica, reglado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 y Decreto Supremo N° 3 de 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que solo una vez autorizada por la COMPIN o Institución de Salud Previsional (Isapre), pueda dar derecho – cumpliendo con los demás requisitos – al pago de la remuneración de los trabajadores, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal; debiendo hacer presente que, el principal derecho que asiste al trabajador con licencia médica es justificar su ausencia total o parcial a su lugar de trabajo.

Prosigue el informante, señalando que, la Superintendencia actuó dentro del marco de sus competencias legales – Ley N° 16.395 modificada por Ley N° 20.691 – y que, asimismo, no resulta procedente sostener, como lo hace el recurrente, que sea posible aplicar la norma del artículo 59 de la Ley N° 19.880 de Bases sobre Procedimiento Administrativo, respecto a la regulación del silencio positivo, dada la tardanza en responder de aquella Superintendencia, pues no resulta posible tener por autorizadas licencias médicas u otro derecho de seguridad social, en circunstancias que los antecedentes del caso dan cuenta que no se cumplen con los requisitos o condiciones exigidos por la legislación.

Finalmente, indica que, no existe una omisión ilegal o arbitraria de su parte ni vulneración a las garantías constitucionales alegadas, dado que, se resolvió dentro del ámbito de su competencia y a que la única intervención de la Superintendencia en este caso responde al mandato legal de pronunciarse sobre la reclamación que presentó el recurrente impugnando la resolución de la COMPIN Subcomisión Valparaíso, que confirmó el rechazo a las licencias médicas por no haberse acreditado su condición de trabajador dependiente invocada para hacer uso del derecho a la licencia médica.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso de protección con costas.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, deberá estarse a que el acto impugnado es una resolución cuyo origen nace de un recurso de naturaleza administrativa, que debe ser decidido por el competente órgano público, a la sazón, la Superintendencia de Seguridad Social.

De esta forma, debe seguirse para contabilizar el plazo de cualquier acción jurisdiccional, entre estas, el recurso de protección, la regla que sobre el particular establece el artículo 54 inciso segundo de la Ley Nº 19.880 de Bases sobre Procedimiento Administrativo, a propósito de los principios generales que informan la revisión de los actos administrativos. La norma en cuestión establece que: “Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo.”

En efecto, la Resolución Exenta Nº 13.075 fue dictada con fecha 25 de mayo de 2017 por la recurrida, precisamente como una conclusión al reclamo que presentó el recurrente en contra de la decisión de la COMPIN Subcomisión Valparaíso que no acogió el pago de sus licencias médicas, por lo que debe entenderse que durante todo el tiempo que la Superintendencia de Seguridad Social permaneció sin emitir una respuesta formal respecto de la petición del administrado reclamante, el plazo para acudir a esta sede protección se encontraba temporalmente interrumpido y sólo volvió a contabilizarse, una vez que se emitió la decisión que motiva el presente recurso; por lo que, conforme aparece del estampado correspondiente esta acción constitucional habiendo ingresado con fecha 23 de junio de 2017, lo hizo dentro del plazo de 30 días desde que se emitiera el acto recurrido, es decir, contados desde el 25 de mayo de 2017.

Así las cosas, será rechazada la presente alegación pues de los antecedentes que constan en autos aparece que el recurso de protección ha sido interpuesto dentro del plazo de 30 días que establece el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales.

CUARTO: Que yendo al fondo del asunto traído a conocimiento de ésta Corte, resulta preciso recordar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, norma consagratoria del recurso de protección, establece jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste dicho ejercicio.

QUINTO: Que, en este contexto lo impugnado por vía de protección es la Resolución Exenta IBS Nº 13.075 de fecha 25 de mayo de 2017 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, cuyo resuelvo textualmente señala lo siguiente: “Confirmase lo resuelto por la Subcomisión Valparaíso, en orden a rechazar las licencias médicas Nº s 48532640, 48555742, 48733311, 48341445, 47680949, 47643249 y 50251400.”

Así, concretamente, lo requerido a ésta Corte viene a ser que se otorgue protección al recurrente, disponiendo en definitiva el pago de las licencias médicas cuyo rechazo fue confirmado por la autoridad recurrida.

SEXTO: Que la naturaleza jurídica de la mentada resolución es la de un acto administrativo, conforme prescribe el artículo 3º inciso segundo de la Ley Nº 19.880, es decir, se trata de una decisión formal escrita emitida por un órgano de la Administración del Estado, entiéndase Superintendencia de Seguridad Social, que contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública. En este último sentido, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 sobre Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, establece -a propósito de las funciones de éste órgano público- en su letra a) que debe fijar en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia y, en su letra c) resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.

Dada su naturaleza de acto administrativo, goza también esta resolución impugnada de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, no bastaría ni sería suficiente que ésta Corte detuviera su análisis únicamente en motivaciones de carácter meramente formal.

Por el contrario, el arbitrio de protección admite que se pueda ponderar el mérito de la resolución atacada por este medio.

Al respecto, es posible apreciar de los “considerandos” que contiene la resolución recurrida que el fundamento primordial que permitió a la Superintendencia obrar como viene decidido, es la circunstancia que “…no existen huellas laborales que permitan dar por establecida la calidad de trabajador dependiente del Sr. nombre reservado, a contar del día 01/12/2015, con una remuneración de $1.800.000.-, desempeñando funciones de investigación, administrativas y operativas, como también estudios de mercado y de diversas materias que competan, además, impartir charlas y cursos de inducción para trabajadores nuevos de la empleadora nombre reservado, RUN RUT reservado.”

OCTAVO: Que de esta forma, la inexistencia de huella laboral, esto es, de antecedentes suficientes que permitan dar por acreditada la presencia prístina y verídica de una relación de carácter laboral, fue debidamente corroborado por el ente administrativo recurrido, quien para ello – conforme se puede leer de la propia resolución impugnada – tuvo a la vista la Cartola médica que la COMPIN Subcomisión Valparaíso que consignó: “…fiscalización realizada en terreno concluye la inexistencia de empresas en domicilios respectivos, los cuales corresponden a domicilios particulares. No acreditan documentos ni ninguna otra información contable que respalde la solvencia y/o entradas monetarias que avalen la renta elevada por la cual está contratado el trabajador. En antecedentes aportados para apelación tampoco se adjunta documentos contables que demuestren el respaldo laboral pertinente.”

A ello, es preciso sumar la consulta que acerca de la empleadora del recurrente hace la Superintendencia de Seguridad Social al Servicio de Impuestos Internos, que se fija como un último fundamento entre las consideraciones de aquella resolución recurrida, y de la que fluye que doña nombre reservado, “…registra inicio de actividades a contar del 01/12/2015, anotándose como actividad económica vigente “actividades de investigación”. Dicha fecha coincide con la de inicio del contrato de trabajo del Sr. nombre reservado, sin que se registren documentos timbrados como: facturas, guías de despacho, boletas de venta y servicios, entre otros documentos.”

NOVENO: Que conforme se ha razonado precedentemente, no aparece que la Superintendencia de Seguridad Social haya incurrido al dictar la Resolución Exenta IBS Nº 13.075 de fecha 25 de mayo de 2017, en alguna ilegalidad o arbitrariedad; por el contrario, ha ejercido sus potestades legales y el acto administrativo recurrida presenta fundamentos de hecho plausibles que hacen del todo atendible la forma en que se resolvió la petición del recurrente.

DÉCIMO: Que, en consecuencia no se vislumbra la infracción a garantía constitucional alguna del recurrente que pueda ser protegida a través de esta vía, pues la Superintendencia de Seguridad Social al decidir rechazar el reclamo en contra de la resolución de la COMPIN Subcomisión Valparaíso que, por la no concurrencia de los presupuestos que configuran una relación laboral, rechazó el pago de las licencias médicas presentadas por el recurrente, actuando en el desempeño de una actividad administrativa por expreso mandato de la ley, todo lo cual llevará necesariamente a desestimar, en todas sus partes, la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del abogado integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.

Protección Nº 42.648-2017.-