nombre reservado con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, seis de Noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Compareció son Leonardo Contreras Marisio, Abogado, en representación de nombre reservado, asistente social, deduciendo recurso de protección en contra de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA representado por su Contralor, Sr. Jorge Bermúdez Soto, a fin de que se adopten las medidas, tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº 2 y 3 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio ha sido perturbada por la decisión del ente recurrido, contendida en el dictamen N° 4.972 de 14 de mayo de 2018.

Fundando la acción expone que la protegida, es funcionaria de la Dirección del Trabajo, y desempeña sus funciones en el Centro de Conciliación y Mediación Región del Biobío, prestando servicios desde el 01 de noviembre de 2002, en calidad de fiscalizadora grado 16 a contrata, pasando a la planta con fecha 14 de noviembre de 2005; manteniendo idéntico grado y escalafón, condición que mantiene hasta la fecha.

Agrega que por Resolución Exenta Interna N° 1929 de fecha 18 de diciembre de 2017, la Dirección del Trabajo, procedió a aprobar las bases del concurso interno de promoción de 50 cargos vacantes entre profesionales, fiscalizadores y técnicos, dándose a conocer las bases del concurso, modificándose el cronograma por Resolución Exenta N° 1949 de 28 de diciembre de 2017 de la Dirección del Trabajo, procediendo a postular con fecha 29 de diciembre de 2017, a los cargos de Fiscalizador Grado 13, Grado 14 y Grado 15 de la Región XIII, asignándose el Código N° 9077 a través del portal electrónico, lo que fue verificado por correo electrónico adjunto ficha de postulación en la que se indicaba, en resumen: cargo de postulación, código, y muy especialmente, los antecedentes registrados en la señalada plataforma, a saber: - Antigüedad en el Servicio: 15 años, 1 mes y 18 días. - Antigüedad en el grado: 15 años, 1 mes y 18 días. - Antigüedad en el estamento: 15 años, 1 mes y 18 días. - Etapa de capacitaciones pertinentes (últimos 10 años): 216 horas. - Evaluación de desempeño: Lista 1, nota 5.0 final (escala de 1 a 5).

Expone que el 02 de enero de 2018, a través de Resolución Exenta N° 4, la Dirección del Trabajo, procedió a modificar la fecha de término de las postulaciones, ampliándolo hasta el día 03 de enero de 2018 y el 12 de enero de 2018 se informó a la recurrente que su postulación a los grados 13, 14 y 15 fiscalizador, fue admitida, como el lugar habilitado para rendir el examen, publicándose los resultados el 29 de enero de 2018, obteniendo un puntaje de 79.48%, calificación que según las bases equivaldría a un 19.87% para la etapa de aptitud para el cargo (de un total de 25%).

Refiere que el 02 de febrero de 2018 fueron publicados los puntajes finales de los postulantes, informando que obtuvo 83.37%, cálculo que no coincidía con su calificación y los antecedentes de postulación que le hizo llegar el propio Servicio como ficha de postulación, no adjuntándose desglose para determinar si existía o no algún error en estos totales. De conformidad a lo expuesto y de acuerdo a las bases del concurso el 05 de febrero de 2018, presentó reclamación del resultado ante el mismo organismo, pues los resultados finales no coincidían con los antecedentes dispuestos por la propia Dirección del Trabajo en el documento denominado Ficha de Postulación, reiterando el reclamo el 15 de febrero de 2018.

Expone que el 21 de febrero de 2018, se le dio respuesta señalando que el comité de selección del concurso interno rechazó el reclamo, adjuntando detalle del puntaje obtenido, percatándose que el comité de selección, alterando las bases del concurso, determinó asignarle una antigüedad de 8 años, tanto en el subfactor “Antigüedad en el Estamento”, como en el subfactor “Antigüedad en el Grado”; es decir, muy por debajo de los 15 años, 1 mes y 18 días que indica su ficha de postulación, ello argumentando que no poseía el carácter “continuo” en el desempeño de sus funciones. Ante la respuesta dada, dedujo reclamo ante la Contraloría General de la República el 6 de marzo de 2018, el que fue tramitado bajo el N°82230, emitiendo pronunciamiento contenido en Dictamen 4.972 de 14 de mayo de 2018, el que le fue notificado por correo electrónico de fecha 15 de mayo del presente año, acto arbitrario e ilegal que perturba y amenaza derechos garantizados constitucionalmente.

En cuanto al acto arbitrario e ilegal cometido por el Comité de Selección, pasa a analizar el texto propuesto por las Bases del Concurso Interno de Promoción Dirección del Trabajo, cuya interpretación ha dado lugar al acto arbitrario e ilegal que se denuncia, en cuanto a los factores y subfactores para los efectos de determinación de la antigüedad y calificación en el grado, señala que de haberse considerado la antigüedad en la planta o estamento actual de la recurrente y la antigüedad en el grado, según el tiempo indicado en su ficha de postulación, es decir, 15 años, 1 mes y 18 días, le habría correspondido una ponderación de 21,75 para el factor “experiencia calificada” y en definitiva un puntaje de 91,62 en el señalado concurso, por el contrario el Comité de Selección le otorgó una antigüedad en la planta o estamento actual y una antigüedad en el grado de tan solo 8 años, con lo cual su ponderación para el factor “experiencia calificada” alcanzo solo 13,50, determinando así un puntaje final en el concurso de 83.37.- En cuanto al acto arbitrario e ilegal de la CGR contenido en el Dictamen 4972 de 14 de mayo de 2018, se indica “Pues bien, de los antecedentes tenidos a la vista consta que el comité de selección resolvió que en los subfactores antes referidos solo fueron considerados los últimos desempeños continuos en la institución, por lo que de existir un intervalo dado por el hecho se realizar una suplencia, tal intervalo modifica la permanencia en el cargo, citando al efecto la jurisprudencia contenida en el dictamen N° 24.254, de 2014 y que al no haberse especificado que se entendería por “desempeño continuo” en el cargo, criterio que también se aplicó para el grado, el proceder del comité de selección se enmarca dentro de las facultades que ese órgano posee para resolver toda disconformidad, vacío u omisión de las respectivas pautas, en resguardo de los principios de eficiencia, eficacia e impulso de oficio del proceso, que establece el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575, lo que resulta armónico con lo concluido en el dictamen N° 24.332, de 2014 y que, consultado el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado que mantiene esta Entidad Fiscalizadora, consta que en el periodo por el que se consulta, la recurrente no contaba de manera continua con el cargo y grado en virtud del cual postuló al concurso de promoción en estudio, por lo que no procedía considerarlo útil para los efectos de los subfactores desestimando el reclamo”. Que el acto de la CGR es arbitrario e ilegal al no reconocer el carácter continuo del desempeño profesional de la recurrente, en abierta transgresión a las Bases del Concurso Interno de Promoción de la Inspección del Trabajo, vulnerando así la garantía constitucional de igualdad ante la ley y el derecho a no ser discriminada arbitrariamente. Agrega que la decisión es arbitraria, sustentada en su interpretación caprichosa de las Bases del Concurso Interno de Promoción contenido en la Resolución Exenta Interna N° 1929 de fecha 18 de diciembre de 2017, ya que en las mismas para los subfactores solo se requirió “Desempeño en la Dirección del Trabajo de manera continua en la Planta o Estamento Actual, tanto en la calidad jurídica de Planta como en la calidad jurídica de Contrata”, constando de los antecedentes personales de la recurrente que cumple con dichos requisitos a partir del 01 de noviembre de 2002, desempeñándose en el mismo estamento, primero en calidad de contrata y luego como funcionaria de planta; y en el mismo grado, esto es, grado 16, no conteniéndose criterio alguno que indique que los periodos de suplencia en un cargo hacen perder la continuidad, ni se modificaron tales criterios, constituyéndose un derecho adquirido en favor de la suscrita de buena fe. Asimismo el acto sería ilegal, al entender que el desempeño profesional de la recurrente se ha interrumpido por el ejercicio de una suplencia, es contrario a la ley, para lo cual se debe tener presente que constituye la Planta de personal, el que se conforma acorde a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 18.834, como asimismo aludiendo a los conceptos de titularidad, suplentes o subrogantes, precisando que de acuerdo al artículo 86 de Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, los empleos son incompatibles entre sí, saldo lo dispuesto en el artículo 87 letra d) de la misma ley, que permite la compatibilidad con la calidad de subrogante, suplente o a contrata, siendo aún más evidente la ilegalidad en los términos del artículo 88 del Estatuto Administrativo el cual indica en su inciso segundo: En los casos de las letras d), e) y f) del artículo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el inciso precedente, y los funcionarios conservarán la propiedad del cargo o empleo de que sean titulares, de lo cual se concluye que no resulta jurídicamente procedente que la recurrida concluya que, el ejercicio de una suplencia por parte de la recurrente altera la continuidad de su desempeño como funcionaria titular de planta, afectando su antigüedad para los efectos del Concurso Interno ya referido.

Expone que el acto arbitrario e ilegal priva y perturba el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto a través del Dictamen se afecta esta garantía de igualdad ante la ley desde que en la decisión de la recurrida, carente de sustento legal, sin motivación y fundamento racional, priva a la protegida de su legítimo derecho a participar en igualdad de condiciones en el proceso de Concurso Interno de Promoción de la Dirección del Trabajo, perjudicando ilegítimamente a quien con una carrera funcionaria destacada de más de 15 años en el servicio público, pretende proseguir su camino en la carrera funcionaria.

Que Informando el recurso la señora nombre reservado, en representación de la Contraloría General de la República, solicita que el mismo sea desestimado.

Refiriéndose al Dictamen impugnado, indica que el mismo resolvió el reclamo de ilegalidad interpuesto por la recurrente, no advirtiéndose de que manera el oficio N°4972 adolecería de ilegalidad, toda vez que el órgano contralor se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas, ciñéndose al marco que la Constitución y las leyes disponen, obrando dentro de la esfera de sus competencias.

Haciendo referencia a las normas de la Ley 10.336 y 160 de la Ley 18.834, indica que el dictamen se emitió de acuerdo a la habilitación legal que las normas citadas le otorgan a la Contraloría General de La República, previo análisis razonado de las etapas del procedimiento concursal, como un estudio acabado en torno a la situación planteada y que, la sola opinión contenida en el acto sea adversa a los intereses de la recurrente no hace procedente la interposición del recurso de protección.

En cuanto a las facultades de la autoridad, indica que el artículo 17 de la Ley 18.834 prohíbe todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones o restricciones, de conformidad a los criterios que en la misma norma se explicitan, sin embrago el inciso 4° de la misma previene que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación.

Por otra parte refiere que el artículo 18 de la misma Ley establece los factores que deberán considerarse, a lo menos, en los concursos, siendo concordante lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37 del Decreto N° 69 de 2004 del Ministerio de Hacienda, en cuanto a la información mínima que deberá contener las bases de selección, los factores de selección, y lo que debe entenderse por experiencia calificada, de lo cual se advierte que la ley entrega a la autoridad la potestad de regular un concurso mediante la dictación de pautas, teniendo la administración la libertad de determinar el procedimiento a través del cual se evaluaran los requisitos y méritos de los postulantes.

Precisa que las bases del concurso establecieron expresamente que la antigüedad comprende el tiempo en que el funcionario se ha desempeñado de manera “continua”, tal como se desprende del punto 2.1 en que se estableció el subfactor antigüedad en la planta o estamento actual comprende el tiempo en que el funcionario se ha desempañado en la referida Dirección del Trabajo de manera “continua” en la planta o estamento actual, tanto en la calidad jurídica de planta como de contrata, reiterado en el punto 2.2, por lo que de los antecedentes tenidos a la vista consta que el comité de selección se sujetó a la bases.

Por otra parte refiere que la ponderación de los criterios de evaluación en los certámenes como el de autos es de competencia de la administración activa, esto es, el comité de selección y no del órgano contralor de conformidad a las directrices del concurso, el que se enmarcó dentro de sus facultades, y que si bien a la CGR le corresponde velar por el cumplimiento de las normas que aseguren la legalidad y trasparencia y no discriminación en materia de certámenes, el ejercicio de ella no sustituye a la administración activa en la ponderación de los diversos factores.

En cuanto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, refiere que no se advierte cómo a través de la emisión del dictamen 4972 de 2018 se habrían establecido diferencias arbitrarias contra la recurrente, ni amenazar, privar o perturbar el legítimo ejercicio de este, en cuanto su actuación se limitó a verificar que la actuación de la Dirección del Trabajo se ajustara a las bases del concurso y normativa existente en la materia.

En cuanto a la garantía contenida en el N°24 del artículo 19 de la CPR, señala que al participar en un certamen como el de la especie no existe derecho de propiedad que ingrese al patrimonio del postulante, confiriéndole solo la expectativa.

Por su parte informando don nombre reservado, Director del Trabajo, señala previamente que para los efectos del concurso al que postuló la recurrente debe estarse a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 19.994, que crea asignación de estímulo y desempeño y proporciona normas sobre carrera funcionaria para los trabajadores de la Dirección del Trabajo.

Precisa que tal como se informó a la CGR la Dirección del Trabajo mediante Resolución Exenta N° 1929 convocó a concurso, precisando el objetivo del mismo, como los factores, subfactores y ponderación de acuerdo a los punto 2, 2.1 y 2.2, de conformidad a los cuales la antigüedad en el estamento, corresponde al tiempo desempeñado de manera continua en el estamento actual, tanto en la calidad jurídica planta, como en la calidad jurídica contrata, mismo criterio que se utiliza para la antigüedad en el grado, concordante con lo dispuesto en la Ley N°19.994, previamente citada que, fue determinado por el Comité de Selección en la Sesión N°20 de 2 de febrero de 2018.

De conformidad a lo expuesto, para la evaluación de la experiencia calificada de la recurrente se consideró como período de desempeño continuo desde el día que dejó de ejercer la suplencia en el cargo de fiscalizador grado 15, esto es, a contar del 1 de julio de 2009, hasta la fecha de publicación de las bases, generando una antigüedad de 8 años, para dicho subfactor, por lo que se procedió a rechazar la reclamación por parte del comité de selección.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

SEGUNDO: Que en dicho ámbito, cabe determinar si el recurrente tiene el derecho indubitado, a que hace referencia, esto es, a que se le reconozca como antigüedad en el Servicio: 15 años, 1 mes y 18 días. - Antigüedad en el grado: 15 años, 1 mes y 18 días. - Antigüedad en el estamento: 15 años, 1 mes y 18 días y no la antigüedad que le asignó el Comité de Selección de 8 años, tanto en el subfactor “Antigüedad en el Estamento”, como en el subfactor “Antigüedad en el Grado”.

TERCERO: Que de acuerdo al punto 2.2 de las Bases Concurso Interno de Promoción de la Dirección del Trabajo, aprobadas por Resolución Exenta 1929 de 18 de Diciembre de 2017, el subfactor “Antigüedad en el Grado”, con un factor de 70%, comprende el tiempo en que la funcionaria se ha desempeñado en el grado al que era asimilado en el contrato o del que es titular en el caso de los funcionarios de planta, y se cuenta desde la fecha en que la funcionaria ejerce el grado desde el que postula y que se encuentra registrado en el sistema de Recursos Humanos, hasta la fecha de publicación de las bases, lo que se expresara en años, meses y días.

Luego en el mismo punto de las bases se indica el puntaje que corresponderá a cada uno según su antigüedad, así si fuere la antigüedad que señala la recurrente, debió obtener en ese rubro 90 puntos, en cambio con la antigüedad que le reconoció la Institución, obtiene solo 60 puntos.

CUARTO: Que la Contraloría para justificar el rechazo al reclamo, argumenta que de acuerdo al punto 2.1, de las ya citadas bases se estableció expresamente que la antigüedad comprende el tiempo en que el funcionario se ha desempañado en la referida Dirección del Trabajo de manera “continua” en la planta o estamento actual, tanto en la calidad jurídica de planta como de contrata, cuestión con la que estos sentenciadores concuerdan puesto que así lo indica el párrafo primero del citado punto 2,1, en relación con el punto.2.2.

El requerimiento del carácter continuo de los servicios en el mismo grado, también es el fundamento de la Dirección del Trabajo en su informe, señalando que tal requerimiento lo es de acuerdo a la Ley N°19.994, sobre normas de carrera funcionaria.

QUINTO: Que entonces corresponde hacerse cargo de determinar si es ilegal o arbitrario, el que los servicios de la recurrente no hayan sido reconocidos como continuos sino en una fracción un tanto superior a 8 años y no 15 años 1 mes y 18 días como argumenta la funcionaria.

SEXTO: Que, al respecto vale recordar que los cargos a contrata carecen de un grado específico de la planta, de modo que la autoridad competente, al disponer la contratación debe determinar, según la importancia de las funciones, un grado en el escalafón correspondiente.

En el presente caso, la recurrente nombre reservado, desde el 11 de noviembre de 2002 fue funcionaria a contrata en el grado 16, pasando a la planta en el mismo grado el 14 de noviembre de 2014 hasta la fecha. Al respecto sostienen los recurridos que el evento de haber ejercido como suplente un cargo grado 15 desde el 01 de enero al 30 de junio de 2009, interrumpió la continuidad en el grado 16, contándole para efectos de considerar su continuidad en el grado 16, desde la fecha que termina la citada suplencia.

SEPTIMO: Que en conformidad al inciso segundo del artículo 7 de la Ley 1994, sobre carrera funcionaria de los funcionarios de la Dirección del Trabajo, debemos en lo que dice relación con la Ley 18.834, esto es, el Estatuto Administrativo, traer a colación lo indicado en el artículo 87 cuando refiriéndose a materias como la incompatibilidad de cargos u oficios públicos entre sí, sostiene que sin embargo el desempeño de los cargos a que se refiere el citado Estatuto será compatible: letra d) “Con la calidad de subrogante, suplente o a contrata”, Luego los incisos primero y segundo del artículo 88 del mismo Estatuto señalan:

“La compatibilidad de remuneraciones no libera al funcionario de las obligaciones propias de su cargo, debiendo prolongar su jornada para compensar las horas que no haya podido trabajar por causa del desempeño de los empleos compatibles.

En los casos de las letras d), e) y f) del artículo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el inciso precedente, y los funcionarios conservarán la propiedad del cargo o empleo de que sean titulares.”, para luego el inciso cuarto sostener:

“La remuneración en el caso de nombramiento a contrata será exclusivamente la del empleo que desempeñe a contrata, y en el evento de la subrogación o suplencia, será sólo la del empleo que desempeñe en esta calidad, cuando proceda conforme a los artículos 4º y 82 y siempre que la remuneración sea superior a la que le corresponde en su cargo como titular.”

OCTAVO: Que entonces cuando el inciso segundo del artículo 88 del Estatuto Administrativo, señala que en el caso de la letra d) del artículo anterior, - suplencias- los funcionarios conservaran la propiedad del cargo, una interpretación armónica con las normas de carrera funcionaria, no pueden sino llevar, en el presente caso a la convicción de que el cargo no comprende solo ser funcionario titular de la Dirección del Trabajo, sino ser también titular en el grado 16.

NOVENO: Que a juicio de estos sentenciadores, pretender que para efectos de la continuidad requerida por la tabla introducida en el 2.2 de las Bases del Concurso, el hecho de haber asumido transitoriamente una suplencia en un grado superior, constituiría una interrupción de la continuidad en el grado, constituye un acto arbitrario de la Comisión de Evaluación, dado que con ello, sin razón, y en forma caprichosa, se perjudica la carrera, de quienes por tener un buen desempeño y méritos para ello son requeridos por la jefatura a suplir en un cargo de mayor grado. En otras palabras, de seguir el criterio de la Comisión Evaluadora, para no ver interrumpido todos los años transcurridos en un grado, los funcionarios deberían renegarse del legítimo derecho de suplencias en grados superiores, debiendo la jefatura recurrir a personal externo.

DECIMO: Que contribuye a las conclusiones de esta Corte, el hecho de que la misma Contraloría recurrida en su jurisprudencia administrativa, ha sostenido, que sólo aquellos empleados que son nombrados en cargos como suplentes, a contrata o de exclusiva confianza, y conserven en propiedad el empleo anterior en calidad de titulares, tienen derecho a mantener los bienios que tuvieren reconocidos, toda vez que en los demás desempeños, al producirse el cese, el afectado se desvincula de su anterior cargo, con el consecuente término en el goce de las remuneraciones que percibía por tal desempeño, entre ellas, la asignación de antigüedad.

Siendo lo primero, el caso de la recurrente, cabe concluir que si para efectos del cálculo de su asignación de antigüedad, tiene el derecho de serle considerado desde el año 2002 por conservar en propiedad su cargo y grado de titular, al no haberlo perdido con la suplencia, no se divisa razón que para efectos de la tabla contenida en el punto 2.2 de las Bases del concurso, se le reste todo el periodo anterior a la suplencia del año 2009.

UNDECIMO: Que, en consecuencia, tal decisión al reconocer solo ocho años de antigüedad, resulta, a juicio de estos sentenciadores, ilegal y arbitraria, puesto que la recurrente nunca cesó en su cargo de funcionaria de planta grado 16, a tal conclusión se puede arribar, por medio de una interpretación armónica del Estatuto Administrativo que rige a los empleados públicos como a principios de probidad en la carrera funcionaria.

De esta forma, la Comisión de Evaluación con su interpretación, alteró arbitrariamente las bases del concurso y vulneró junto con la Contraloría recurrida, el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, como también el artículo 17 de la Ley 18.834 que prohíbe todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones, restricciones, respecto de un concursante que se encuentra el igualdad de condiciones con los otros.

Con lo expuesto, normas citadas, lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que se acoge el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, solo en cuanto se ordena que la Contraloría General de la Republica, deje sin efecto el Dictamen N° 4927 de 14 de mayo de 2018, y disponga a la Dirección del Trabajo, que en el concurso de promoción Interno de dicha Dirección contenida en la Resolución Exenta Interna N° 1929 de fecha 18 de Septiembre de 2017, habrá de considerase que a la fecha de la apertura del concurso, la recurrida tenía 15 años un mes y 18 días de antigüedad continua en el grado 16, debiendo la Comisión Evaluadora, asignarle el puntaje que de acuerdo a ella le corresponde en la tabla de puntaje contenida en el punto 2.2 de las Bases del concurso.

Regístrese y comuníquese Redacción del Ministro Sr Hernán Crisosto Greisse Protección Rol 42416-2018.- No firma la ministro señora González Troncoso, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicio.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por el Ministro señor Hernan Crisosto Greisse e integrada por la Ministro señora Jéssica González Troncoso y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.