Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, ocho de septiembre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 48, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 7 de marzo de 2025, comparece nombre reservado y deduce acción constitucional de protección en favor de su hijo menor de edad nombre reservado, actualmente de dieciséis años de edad, en contra del Liceo nombre reservado, por haber incurrido en la acción ilegal y arbitraria consistente en la negativa a reconocer la matrícula del alumno para el año escolar 2025, pese a haber sido confirmada previamente, lo cual vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 11 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone la recurrente que su hijo cursó en el referido establecimiento el primer y segundo año de enseñanza media, aprobando ambos con excelencia académica, de manera tal que le correspondía cursar el tercer año de enseñanza media durante el año escolar 2025.

Relata que, con fecha 2 de agosto de 2024, postuló a su hijo a diversos establecimientos mediante el Sistema de Admisión Escolar, en atención a las movilizaciones frecuentes en el liceo recurrido, pero que posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2024, el SAE le notificó que el alumno había sido aceptado en el mismo Liceo nombre reservado.

Señala que el 9 de diciembre de 2024 el liceo informó, por correo electrónico, la apertura del proceso de matrícula, procediendo la recurrente a realizar dicho trámite en la plataforma digital NAPSIS.

Añade que, con fecha 18 de diciembre del mismo año, recibió confirmación del establecimiento en el sentido de que la inscripción de asignaturas de nombre reservado para tercero medio E había sido aceptada con éxito, lo que se tradujo en la certeza de que el estudiante se encontraba matriculado y era alumno regular para el año académico 2025.

Sin embargo, el 5 de marzo de 2025, primer día de clases, al intentar ingresar a su curso en el Liceo nombre reservado, al alumno se le negó el acceso bajo el argumento de que no figuraba como matriculado, viéndose obligado a regresar a su hogar afectado, angustiado y deprimido por la situación.

Refiere la madre que, pese a esta negativa, el nombre de su hijo aparecía en el mural del establecimiento como integrante del curso tercero medio E. Posteriores gestiones realizadas por la apoderada dieron cuenta de contradicciones entre el liceo y el SAE, cada uno de los cuales atribuía la responsabilidad al otro, sin que se entregara una solución efectiva, encontrándose actualmente el estudiante sin establecimiento educacional y con riesgo de perder el año escolar.

Recalca que jamás aceptó un cambio de establecimiento por parte del SAE ni procedió a matricular a su hijo en otro colegio, lo que se corrobora con la respuesta positiva recibida de parte del Liceo nombre reservado y con la incorporación del nombre del menor en la nómina oficial de alumnos. Pese a ello, el establecimiento se excusó sosteniendo que el error provenía del sistema de admisión, negándose a reincorporar al alumno salvo orden judicial, mientras que el SAE indicó que era responsabilidad exclusiva del liceo.

Argumenta que el acto del colegio, consistente en desconocer la matrícula previamente aceptada y comunicada, resulta ilegal y arbitrario, configurando una vulneración de derechos constitucionales. Invoca en este sentido el artículo 19 N° 1, en cuanto a la afectación de la integridad psíquica del adolescente, quien se encuentra emocionalmente dañado y en estado de depresión por lo ocurrido; el artículo 19 N° 2, que garantiza la igualdad ante la ley, pues se le discrimina en comparación a los demás estudiantes matriculados; el artículo 19 N° 11, relativo al derecho de los padres a escoger el establecimiento educacional de sus hijos; y el artículo 19 N° 24, en cuanto a la propiedad sobre los derechos incorporales derivados de la condición de alumno regular y de la colegiatura ya perfeccionada.

Sostiene que la aceptación de la matrícula constituyó un verdadero contrato de prestación de servicios educacionales, con obligaciones correlativas, de modo que al negarse posteriormente el colegio a reconocerlo, incurrió en infracción de la Ley General de Educación, de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, del DFL N° 2 de 2009 y de la Ley N° 21.290, además de transgredir la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual impone a los Estados la obligación de garantizar el derecho a la educación sin discriminación alguna. Afirma que la presunción legal establecida en el artículo 42 del Decreto Supremo N° 152 de 2016, según la cual el estudiante prefiere un nuevo establecimiento al postular, no resulta aplicable en la especie, desde que no fue comunicada asignación distinta, existiendo confirmación expresa de la matrícula en el liceo recurrido.

Destaca que el error administrativo no puede perjudicar a un adolescente que, con excelencia académica, proyecta sus estudios futuros, ni menos trasladar al estudiante y su familia las consecuencias de deficiencias en el sistema de admisión. Enfatiza que el Sistema de Admisión Escolar debe resguardar ante todo el interés superior del niño y que la omisión del establecimiento de advertir en diciembre de 2024 la eventual falta de cupo, privó al recurrente de postular en el proceso extraordinario de admisión.

Finalmente, solicita a esta Iltma. Corte acoger el recurso, declarando que el Liceo nombre reservado incurrió en actos ilegales y arbitrarios que vulneran los derechos fundamentales de su hijo, ordenando la reincorporación inmediata del adolescente como alumno regular en el curso que le corresponde, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que con fecha 26 de marzo, comparece Bernardita Vicuña Figueroa, abogada, en representación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, sostenedora del Liceo nombre reservado, evacuando informe en estos autos, solicitando se rechace íntegramente la acción deducida, con costas.

Señala que es efectivo que el estudiante cursó segundo año medio en el Liceo nombre reservado durante 2024, pero que la propia recurrente, en agosto de ese año, lo postuló a otros establecimientos educacionales mediante el Sistema de Admisión Escolar regulado en la Ley N° 20.845, resultando aceptado en el Liceo nombre reservado. En virtud de lo dispuesto por el artículo 42 del Decreto Supremo N° 152 de 2016 del Ministerio de Educación, esa aceptación liberó automáticamente su cupo en el Liceo nombre reservado.

Refiere que la normativa citada establece expresamente que los estudiantes que postulen a otro establecimiento se entienden haber preferido ese por sobre su colegio de origen y, en caso de ser aceptados, pierden su matrícula anterior.

Agrega que el 13 de diciembre de 2024 el Ministerio de Educación comunicó oficialmente al liceo recurrido el listado de alumnos que continuaban en el establecimiento, indicando expresamente qué estudiantes se retiraban, entre los cuales se encontraba el hijo de la recurrente. Pese a ello, la apoderada intentó el 14 de diciembre matricular a su hijo en la plataforma NAPSIS, pero tal gestión carecía de efecto pues el SAE ya lo había asignado a otro colegio.

Precisa que fue el propio Ministerio quien informó la eliminación del estudiante de la nómina del Liceo nombre reservado, corriendo en consecuencia la lista de espera, lo que permitió la incorporación de otro alumno en su lugar.

Sostiene que es falso atribuir al establecimiento la obligación de notificar la pérdida de la matrícula, pues esta se produjo por el solo ministerio de la ley, en aplicación automática del SAE, sin intervención alguna de su representada.

Afirma que el liceo actuó conforme a la normativa legal y administrativa vigente, sin facultad para alterar los resultados del sistema de admisión, que es gestionado directamente por el Ministerio de Educación.

Añade que actualmente el Liceo nombre reservado no cuenta con vacantes disponibles y mantiene una lista de espera de más de ochenta estudiantes, recordando que, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Supremo N° 152, el número de cupos totales no puede exceder la capacidad autorizada del establecimiento.

En relación con las garantías invocadas en el recurso, sostiene que no existe acto ilegal ni arbitrario atribuible al liceo. La eventual afectación que experimenta el estudiante es consecuencia de la decisión de la apoderada de postular a otros colegios y de la aplicación automática del SAE, sistema que trata a todos los postulantes en condiciones de igualdad.

Rechaza que se haya vulnerado la integridad psíquica del alumno, la igualdad ante la ley, el derecho de los padres a escoger establecimiento o el derecho de propiedad sobre el estatus de estudiante, puesto que éste no se ha perdido, sino que debe ejercerse en el establecimiento al cual fue asignado.

Precisa que la situación no puede imputarse a la sostenedora, que carece de atribuciones para revertir la asignación hecha por el Ministerio, siendo este último el único órgano competente para determinar dónde debe continuar sus estudios el menor.

Concluye, en razón de lo expuesto, solicitando expresamente a la Corte que rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, habiéndole sido solicitado mediante resolución de 28 de abril, doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, acompaña antecedentes y exponiendo la información disponible en torno al proceso de admisión escolar del estudiante nombre reservado

Expone, en primer término, que el calendario de postulaciones, instrucciones y resultados del Proceso de Admisión 2024-2025 se encontraba permanentemente disponible en la plataforma oficial del Sistema de Admisión Escolar, correspondiendo a los apoderados la revisión oportuna de los resultados publicados en las fechas establecidas como medio de notificación.

Detalla a continuación la cronología del proceso seguido por el alumno en cuestión. Indica que, con fecha 2 de agosto de 2024, la apoderada nombre reservado ingresó la postulación de su hijo al periodo principal del SAE, aceptando expresamente los términos y condiciones del proceso, que incluyen la pérdida automática de la matrícula de continuidad en caso de ser admitido en alguno de los establecimientos postulados. En dicha oportunidad, la apoderada no incluyó al Liceo nombre reservado como preferencia, ni realizó modificaciones posteriores al listado.

Señala que el 17 de octubre de 2024 la plataforma notificó que el estudiante no fue admitido en ninguno de los establecimientos solicitados, otorgándole por defecto matrícula de continuidad en el Liceo nombre reservado.

En ese mismo momento, la apoderada optó por aceptar dicho resultado, pero simultáneamente activó la lista de espera en los establecimientos de su preferencia, quedando condicionada la matrícula en el liceo de origen a la eventual obtención de un cupo en alguno de los colegios postulados.

Posteriormente, con fecha 5 de noviembre de 2024, se notificó a la apoderada que el estudiante había sido admitido por lista de espera en el Liceo nombre reservado, en la comuna de Ñuñoa. Así, de acuerdo con las reglas del sistema, dicha asignación no requería aceptación expresa, puesto que ya se había manifestado previamente la voluntad de mantener activa la postulación, por lo que desde esa fecha el alumno dejó de contar con cupo en el Liceo nombre reservado.

Manifiesta que, en consecuencia, a contar del 5 de noviembre de 2024 el alumno no disponía de matrícula en el liceo recurrido, desconociéndose la razón por la cual este último habría informado a la apoderada que sí contaba con inscripción vigente, pues lo cierto es que debía haberse concretado la matrícula en el Liceo nombre reservado.

Añade, sin embargo, que actualmente, y de acuerdo con la información disponible, el estudiante se encuentra matriculado en el Liceo nombre reservado para cursar tercer año de enseñanza media, desde el 28 de marzo de 2025, circunstancia que obedece a una decisión del sostenedor del establecimiento y no al funcionamiento del Sistema de Admisión Escolar, el cual habría operado correctamente y ajustado a la normativa vigente.

CUARTO: Que, finalmente, tras haber sido solicitado con fecha 28 de julio, la Superintendencia de Educación, mediante su abogada Paola Alejandra Pollard Santander, evacuó informe al tenor del recurso, limitándose a exponer el marco normativo de su competencia y la situación particular del establecimiento recurrido.

Expone que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.529, que regula el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, corresponde a la Superintendencia de Educación fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional por parte de los sostenedores de establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, atender las denuncias y reclamos de los miembros de la comunidad educativa, y en caso de infracciones, instruir procedimientos sancionatorios, pudiendo imponer sanciones administrativas. Explica el procedimiento legal aplicable: la recepción de denuncias por la Unidad de Protección de Derechos Educacionales, el análisis preliminar de antecedentes, la eventual derivación a la Unidad de Fiscalización y, si se constatan contravenciones, la instrucción de procedimientos administrativos sancionatorios con formulación de cargos, descargos, informe del fiscal instructor y resolución del Director Regional, susceptible de reclamación administrativa ante el Superintendente.

Aclara que, conforme a las facultades que la ley le entrega, la Superintendencia solo puede intervenir en casos en que existan denuncias formales y en los que se detecten hechos que constituyan presuntas contravenciones a la normativa educacional, iniciando en tal caso el procedimiento correspondiente.

En cuanto al caso de autos, señala que la recurrente no ha ingresado denuncia alguna al sistema integrado de atenciones de la Unidad Regional Metropolitana de Protección de Derechos Educacionales respecto del Liceo nombre reservado, ni existe procedimiento sancionatorio instruido en contra de dicho establecimiento en relación con los hechos expuestos en la presente acción constitucional.

QUINTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción cautelar que busca amparar derechos preexistentes ante un acto ilegal o arbitrario. Por lo tanto, un requisito esencial para la admisibilidad de esta acción es la constatación de la existencia de un acto ilegal (contrario a la ley) o arbitrario (fruto del mero capricho), que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que del mérito de lo informado por la sostenedora del Liceo nombre reservado y de lo expuesto en el oficio evacuado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación Metropolitana, aparece acreditado que la apoderada del adolescente recurrente, doña nombre reservado, efectuó una postulación a diversos establecimientos educacionales mediante el Sistema de Admisión Escolar (SAE), ingresando la solicitud electrónica correspondiente y aceptando con ello los términos y condiciones del proceso. Dichos términos contemplaban expresamente que, de resultar admitido el postulante en alguno de los colegios elegidos, se liberaría automáticamente su cupo en el establecimiento de origen.

SÉPTIMO: Que, en efecto, así lo dispone el artículo 42 del Decreto Supremo N° 152 de 2016 del Ministerio de Educación, el cual establece, en su inciso segundo que “[s]e presumirá que el estudiante, al postular a otros establecimientos diferentes al que se encuentra matriculado, los prefiere respecto de su establecimiento de procedencia” y en el tercero, que, “[s]i el estudiante resulta asignado a un establecimiento de aquellos a los que postuló, su cupo será liberado en el establecimiento de procedencia”.

A su turno, el artículo 46 del mismo cuerpo reglamentario regula que, finalizado el procedimiento, “se dispondrá de las vacantes de los postulantes que rechazaron su asignación, lo que activa las listas de espera”; y el artículo 47 prescribe que el Ministerio de Educación debe comunicar a los establecimientos el listado de alumnos que continúan y aquellos que se retiran, dando certeza jurídica a los efectos del proceso.

OCTAVO: Que, conforme lo puntualiza el informe de la SEREMI, si bien en un inicio, con fecha 17 de octubre de 2024, la apoderada fue notificada de que su hijo no había quedado admitido en ninguno de los establecimientos de su preferencia, manteniendo entonces la matrícula de continuidad en el Liceo nombre reservado, lo cierto es que la propia apoderada optó expresamente por activar la lista de espera, decisión que condicionaba de antemano la vigencia de la matrícula en el liceo recurrido a que no se produjera vacante en alguno de los establecimientos originalmente postulados.

Así, consta que, con posterioridad, con fecha 5 de noviembre de 2024, se notificó a la apoderada que el estudiante había sido admitido por lista de espera en el Liceo nombre reservado, de la comuna de Ñuñoa, de modo que, a partir de ese momento, en aplicación automática de la normativa vigente, el alumno dejó de contar con cupo en el Liceo nombre reservado, lo que explica que al inicio del año escolar 2025 no figurara como matriculado en dicho establecimiento.

NOVENO: Que, de lo anterior, fluye que el establecimiento educacional recurrido actuó en estricta conformidad con la normativa legal y reglamentaria aplicable, entre ellas la Ley N° 20.845, sobre Inclusión Escolar, y el Decreto Supremo N° 152 de 2016 del Ministerio de Educación, en cuanto se limitó a ejecutar las decisiones emanadas del SAE y a respetar las comunicaciones oficiales del Ministerio de Educación, que daban cuenta de la liberación del cupo del estudiante.

En consecuencia, la imposibilidad de su matrícula para el año escolar 2025 no resulta imputable a la actuación del liceo, sino a la propia decisión de la apoderada de postular a otros establecimientos y de mantener activa la lista de espera.

DÉCIMO: Que, en tal entendido, no se configura en la especie acto u omisión ilegal ni arbitrario atribuible a la recurrida que importe privación, perturbación o amenaza a derechos constitucionales del menor, desde que la pérdida del cupo obedeció al diseño normativo del sistema de admisión escolar y a las opciones ejercidas por su representante legal.

UNDÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo señalado, y atendido el estado actual de las cosas, en cuanto consta que el adolescente de autos se encuentra efectivamente incorporado y cursando el presente año escolar en el Liceo nombre reservado, y considerando además la necesidad de evitar que la dictación de este fallo pueda traducirse en una interrupción abrupta e injustificada de su trayectoria educativa, con las consiguientes consecuencias negativas en el goce de su derecho a la educación, resulta indispensable disponer que el establecimiento recurrido mantenga al estudiante como alumno regular hasta la conclusión del período académico en curso. Todo ello, sin perjuicio de que su eventual continuidad en el mismo plantel, para años posteriores, deba sujetarse a los procedimientos ordinarios de matrícula y a las reglas y plazos previstos en la normativa educacional vigente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido en favor del adolescente nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado, sólo en cuanto se dispone que sea mantenido como alumno regular hasta la conclusión del periodo académico en curso, sin perjuicio de su eventual continuidad en el mismo plantel.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-4236-2025.

En Santiago, ocho de septiembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.