nombre reservado con FISCO CHILE - CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de junio de dos mil veinte.

Al folio N° 25: téngase presente.

VISTOS:

Al folio 1, recurre de protección constitucional doña Yorka Marangunic Núñez, abogada, en favor de don nombre reservado, pensionado, y en contra del Caja de Previsión de la Defensa Nacional, por el acto arbitrario e ilegal consistente en una serie descuentos realizados a su pensión mensual, equivalentes al 59% de esta por deudas contraídas en su calidad de aval de una deuda ajena. Hizo presente que el acto recurrido conculca las garantías constitucionales de su representado consagradas en el artículo 19 N° 1, 18, y 24 de la Constitución Política de la Republica. Finaliza solicitando se adopten todas las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho y, en especial, que se ordene a la recurrida abstenerse de retener montos superiores a los establecidos en la ley, además, que se haga devolución de los dineros retenidos en exceso entre los meses de enero de 2017 y hasta la fecha, con costas de la contraria.

Funda el recurso en los siguientes antecedentes de hecho y argumentos de derecho.

Explica que su representado prestó servicios para la Fuerza Aérea de Chile hasta el mes de octubre del año 2017, momento que jubiló de la institución, adquiriendo la calidad de pensionado. Refiere que en el año 2014 se constituyó en deudor solidario de otro funcionario por la suma de 1800 UF, deuda que fue pactada en 240 cuotas de 11,3 UF mensuales, pagaderas desde julio del 2014 hasta junio del 2034.

Agrega que, en su calidad de pensionado, le descuentan de su pensión mensual un total de 37,2 UF, lo que su representado creía era en gran parte por una deuda propia que había adquirido en su época de funcionario activo, lo que no fue así, ya que averiguó que los descuentos procedían en su calidad de aval de una deuda ajena. Estima como arbitrario e ilegal el proceder de la recurrida, toda vez que los descuentos a sus pensiones alcanzan el 59% de ella.

En cuanto al derecho, argumenta que el obrar ilegal se materializa por varias razones. Primero, por vulnerarse el artículo 58 inciso 4 del Código del Trabajo, precepto que señala que el descuento de las remuneraciones en ningún caso podrá exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador. En segundo lugar, cita el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, el que en lo pertinente señala que son inembargables “los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilaciones, retiro y montepío que paguen el Estado y las Municipalidades”. Y, en tercer lugar, se transgrede el artículo 96 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, que señala que queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes. Enseguida precisa que el citado precepto establece que los descuentos no podrán exceder en conjunto del quince por ciento de la remuneración.

En cuanto a las garantías vulneradas, refiere que estas fueron transgredidas por el actuar de la recurrida, especialmente el derecho a la vida e integridad física y psíquica; el derecho a la seguridad social y el derecho de propiedad.

Informó al tenor del recurso Milton Muñoz Gornall, abogado, por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, quien pide el rechazo de la acción con costas.

En primer lugar, postula la extemporaneidad del recurso, ya que el recurrente solo señaló en su escrito que se percató de los descuentos en sus remuneraciones en el mes de febrero del año 2019. El recurso, en cambio, fue presentado recién el 16 de enero del 2020, excediéndose con creces el plazo de 30 días para su interposición.

En segundo lugar, alega la falta de legitimidad pasiva para ser emplazada, ya que entiende que no posee personalidad jurídica de derecho público distinta a la del Fisco de Chile, único que debió ser emplazado en la presente acción.

Sobre el fondo de la acción deducida, informa que el recurrente entre el año 2012 y el año 2014 firmó tres pagarés con la institución. El primero por 2000 UF, el segundo por 1788 UF, y un tercero, en que el recurrente se obligó como aval, suscrito en junio del 2014, por la suma de 1.800 UF, pagaderos en 240 cuotas de 11,3 UF hasta el año 2034. Este último pagaré -que es objeto de reproche en esta oportunidad-, fue firmado por el recurrente aceptando las condiciones de este en especial que se admite por su parte una responsabilidad solidaria. Finalmente, hace hincapié en que en el propio pagaré el recurrente autorizó que le fueran descontadas de su pensión montos superiores al 25% de la liquidación de remuneraciones.

Así las cosas, señala que al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 18.108, que establece normas sobre descuentos por planillas al personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, además la Resolución Exenta N° 3395 de 6 de febrero de 2019, a Capredena solo le bastó proceder al descuento correspondiente.

Al folio 22, informa al tenor del recurso, nombre reservado, Secretario General de la Fuerza Aérea, el que detalló todos los créditos personales contraídos por el recurrente.

En el año 2012, el recurrente obtuvo un crédito por la suma de 2000 UF, pagaderos en 240 cuotas hasta julio del año 2032 por la suma mensual de 12,56 UF.

En el año 2014, el recurrente obtuvo un segundo crédito por la suma de 1.788 UF, pagaderos en 240 cuotas hasta el mes de abril del 2034 por la suma mensual de 11, 22 UF.

En el año 2014, el recurrente se constituyó en aval y codeudor solidario respecto de nombre reservado, quien suscribió un pagaré por la suma de 1800 UF, pagaderos en 240 UF hasta el mes de junio del 2034 por la suma de 11,30 UF. En el mencionado pagaré se constituyeron dos codeudores solidarios. Aclara que el deudor principal fue llamado a retiro a contar de diciembre del año 2015, sin derecho a pensión, razón por la cual se ha cobrado al recurrente en su calidad de deudor solidario solo en un 50% de la acreencia adeudada por el deudor principal, ya que el otro porcentaje se le cobra al otro codeudor solidario.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Segundo: En cuanto a la extemporaneidad del recurso, el recurrente afirma que efectivamente tomó conocimiento de los descuentos que considera ilegales en el mes de enero de 2019, es decir, aceptó que el mayor monto tuvo por causa la obligación asumida en calidad de aval y codeudor solidario. Sin embargo, consta de autos que los descuentos correspondientes al 50% de la cuota como aval se iniciaron desde el año 2016, cuando aún se encontraba en actividad. Asimismo, de lo informado en autos se aprecia que durante el tiempo que duró la tramitación de su pensión de jubilación –entre enero 2017 y noviembre de 2018- ningún descuento se pudo realizar, materializándose nuevamente a partir de diciembre de 2018. Por consiguiente, no cabe sino concluir que la acción intentada fue interpuesta fuera del término legal.

Tercero: Que en cuanto al fondo del asunto, este tribunal tiene igualmente presente que el recurrente autorizó expresamente en el pagaré suscrito con fecha 21 de julio del año 2014, en calidad de codeudor solidario, que autorizaba que fueran descontados de sus haberes “…un descuento superior al 25% de nuestro líquido de pago mensual”. Por lo anterior, habiendo manifestado su voluntad en el sentido que ahora desconoce no le asiste un derecho indubitado que este tribunal pueda amparar mediante el presente arbitrio cautelar.

Cuarto: Que de lo razonado solo cabe concluir el rechazo de la acción intentada, sin perjuicio de los derechos que el reclamante pueda ejercer por la vía procesal pertinente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido en contra Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-4232-2020.