INVERSIONES ESLAVAS S.A. con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

C.A. de Santiago Santiago, trece de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que el abogado don Ricardo Acevedo Troncoso, por Inversiones Eslavas S.A., representada por don nombre reservado nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de Las Condes, (en adelante la Municipalidad), por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la negativa a rebajar inversiones del capital propio determinado para los efectos del cálculo de la patente municipal correspondiente a los períodos 2° semestre de 2014 y 1° semestre de 2015 de la recurrente.

Explica que el artículo 24 inciso segundo del Decreto Ley 3.063 sobre Rentas Municipales, determina que el valor de la patente municipal será de un monto equivalente entre el dos y medio y el cinco por mil del capital propio de cada contribuyente. A su vez, el inciso final dispone que en la determinación del capital propio, los contribuyentes podrán deducir aquella parte del mismo que se encuentra invertida en otros negocios o empresas afectas al pago de patente municipal, lo que deberá acreditarse por un certificado extendido por la Municipalidad donde se encuentren ubicados los negocios o empresas.

Cuenta que el 11 de junio de 2014, solicitó a la recurrida a través de su página web, un certificado de rebaja por la inversión N° 2014-005450, el cual nunca se tramitó, ya que para los períodos cuestionados no se realizó la pretendida rebaja. Tanto es así que el ente municipal determinó el monto a pagar de los tributos, según información que le proporcionó el Servicio de Impuestos Internos, e inició las acciones judiciales para perseguir su cobro. Estos se concretaron en dos procesos que se tramitan en el 23° y 30° Juzgados Civiles de Santiago, respectivamente.

Además, por disposición de la recurrida, no es posible pagar períodos posteriores mientras no solucione los semestres dubitados.

Con la finalidad de obtener la rebaja pretendida, la actora le solicitó a la Municipalidad los certificados de rebaja de inversión, pero ella se negó a proporcionárselos, indicando que el período que se pretendía pagar estaba prescrito, a pesar que existe una demanda judicial debidamente notificada que interrumpió el plazo de prescripción.

Por lo anterior, el 8 de noviembre de 2018, dirigió una carta al Jefe del Departamento de Patentes Municipales de la recurrida, solicitando formalmente la emisión de los certificados de inversión y la rebaja del capital propio, sin embargo su petición fue rechazada mediante INF. N° 2544 de 31 de diciembre de 2018, manifestándosele que “…conforme a la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que trata sobre esta materia en sus Dictámenes Nros. 35437/03; 39695/15 y 37486/16, entre otros, sólo es posible la rebaja de capital hasta 3 años hacia atrás, conforme a lo señalado en el artículo 2521 del Código Civil, que trata sobre la prescripción de las acciones a favor o en contra del fisco y de las municipalidades, considerándose para ello las fechas en que se efectuaron los pagos de las patentes comerciales y la data en que se solicita la correspondiente rectificación, no siendo factible acoger la solicitud del contribuyente toda vez que han trascurrido más de tres años desde el vencimiento de las respectivas patentes y por otra parte estos períodos se encuentran impagos”.

Además de agregar que tales dictámenes no son aplicables al caso sublite, el recurrente difiere de la interpretación que la Municipalidad hace de las normas sobre prescripción. En efecto, agrega que en la especie ha operado la interrupción civil de ésta, la que se verificó una vez legalmente notificada la demanda. Así, en la causa seguida ante el 23 Juzgado Civil de esta ciudad, la demanda ejecutiva se notificó el 9 de febrero de 2016, por los que los períodos de cobro que se persigue en sede judicial, no están prescritos, ya que la prescripción se encuentra interrumpida.

Finalmente sostiene el actor, que el acto ilegal y arbitrario que le imputa a la Municipalidad, consistente en la negativa a rebajar el capital propio de Inversiones Eslavas S.A., para los períodos 2° semestre de 2014 y 1° semestre de 2015, ha conculcado las garantías de los N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La primera infracción, igualdad ante la ley, se verifica desde que la recurrida ha efectuado una diferencia arbitraria en su contra, al negarse a rebajar el capital propio, sin fundamento legal. Sin perjuicio de vulnerar los principios de juridicidad, tipicidad y legalidad con que deben actuar los órganos públicos.

La segunda contravención vulnera su derecho de propiedad, ya que le significa tener un pasivo que soportar superior al que corresponde verdaderamente pagar, lo que lo obliga a generar una provisión de fondos que no podrá ser usado por su dueño.

Pide que se acoja la acción de protección y se ordene a la recurrida a emitir los certificados de inversión solicitados y a efectuar la rebaja del capital propio para el cálculo de la patente comercial de los períodos 2° semestre 2014 y 1° semestre 2015, con costas.

2°.- Que informando la parte recurrida solicitó la improcedencia del recurso de protección, ya que se trata de una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos preexistentes; y que además supone la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte alguna (s) de las garantías protegidas.

No se trata de una acción que tenga por finalidad velar por la legalidad de los actos administrativos.

En el caso de autos, se le imputa a la Municipalidad haber infringido el artículo 24 del Decreto Ley 3.063 sobre Rentas Municipales, hipótesis que de conformidad al artículo 151 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, contempla una acción para discutir tal materia, cual es el reclamo de ilegalidad. Así se ha resuelto en numerosas oportunidades por los Tribunales Superiores de Justicia.

Señala que de acuerdo a las normas pertinentes sobre la materia (artículos 24 de la Ley de Rentas Municipales y 5 del Decreto Supremo N° 484 de 1980 del Ministerio del Interior y Dictamen 62.390 de 2010 de la Contraloría General de la República), le corresponde al interesado acreditar ante la Municipalidad, las inversiones de que trata, a fin de que se efectúen las respectivas deducciones o rectificaciones de capital que procedan, teniendo en cuenta al efecto que éstas pueden hacerse dentro del plazo de tres años, para lo cual debe considerarse la fecha de pago de la respectiva patente y la fecha de la solicitud de rectificación de la correspondiente declaración de capital propio.

Respecto de las presentaciones realizadas por el actor en la página web de la Municipalidad, en las que el actor no aportó antecedente alguno, conviene destacar que el silencio opera cuando la Administración no resuelve el procedimiento administrativo dentro del plazo previsto por la ley. Tal silencio, que puede ser positivo o negativo para el particular, de acuerdo a los artículos 64 y 65 de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, autoriza al interesado para pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro de plazo legal. Una vez expedido el certificado comienzan a correr los plazos para deducir los recursos que procedan.

En la especie el rechazo que se le imputa a la Municipalidad se encuentra firme, ya que la actora no ejerció en su oportunidad los recursos administrativos o judiciales, en particular, el denominado Reclamo de Ilegalidad.

A mayor abundamiento, la propia recurrente se puso en una situación de mora en el pago de la patente municipal, atendida su falta de diligencia al no aportar todos los antecedentes al Municipio para que éste analizara la procedencia o no de realizar la rebaja de capital propio.

En cuanto a las garantías denunciadas, la primera de ellas, supone que no haya una discriminación o diferencia de trato entre las personas que se encuentran en igualdad de condiciones, de lo que se infiere que la Constitución no prohíbe las diferencias, sino hacer diferencias arbitrarias. En el caso del actor, no se accedió a rebajar del capital propio para el cálculo de la patente comercial, puesto que no cumplía con los requisitos exigidos por los artículos 24 de la Ley de Rentas Municipales y 5 del Decreto Supremo N° 484 de 1980 del Ministerio del Interior.

Respecto de la segunda garantía supuestamente amagada, manifiesta que su ámbito de aplicación corresponde al derecho de propiedad que ya existe, sea cual sea su especie y que se radica en toda clase de bienes corporales e incorporales. Asimismo, tal protección exige acreditar una titularidad previa sobre tal derecho, lo que el actor no ha cumplido.

Por tales antecedentes solicita el rechazo de la acción de protección con costas del recurso.

3°.- Que según se desprende del tenor de la presentación efectuada por el recurrente, la razón de la Municipalidad recurrida para no emitir los certificados de inversión solicitados, ni efectuar la rebaja del capital propio para el cálculo de la patente comercial de los períodos 2° semestre 2014 y 1° semestre 2015, se debe a “la interpretación que realiza la Municipalidad de la institución de la prescripción regulada en el Código Civil es contra legem”. Luego agrega que “se verifica una errónea interpretación de las normas que regulen la prescripción conforme al art. 2521 del Código Civil, toda vez que la Municipalidad (mal) entiende que sólo procede la revisión de las patentes comerciales dentro del período de 3 años desde la solicitud de rectificación.”.

A renglón seguido, estima que el Municipio debió aplicar el artículo 2503 del Código Civil, que regula la interrupción civil de la prescripción, y que se verifica una vez notificada legalmente la demanda. Siendo un hecho que en la causa rol C-10125-2015, seguida ante el 23° Juzgado Civil de Santiago, se notificó la demanda a su parte el 9 de febrero de 2016, produciéndose la interrupción civil de la prescripción, por lo que los períodos de cobro no se encuentran prescritos, por la razón anterior.

A su vez, la dirección Jurídica de la Municipalidad estima que “solo es posible (la) rebaja de capital hasta tres años hacia atrás, conforme a lo señalado en el artículo 2521 del Código Civil, que trata sobre la prescripción de las acciones a favor o en contra del fisco y las municipalidades, considerándose para ello las fechas en que se efectuaron los pagos de las patentes comerciales y la data en que solicita la correspondiente rectificación.”.

4°.- Que como se advierte del tenor de los fundamentos legales que sirven de sustento a las pretensiones de cada una de las partes, la cuestión a resolver dice relación con la interpretación y aplicación de disposiciones legales referidas a la prescripción y su interrupción, situación que debe ser materia de un proceso declarativo de lato conocimiento, mas no de un procedimiento de naturaleza cautelar, que por su naturaleza persigue la protección inmediata o restablecimiento de un derecho fundamental preexistente e indubitado del cual el afectado ha sido privado, perturbado o amenazado por un acto u omisión ilegal o arbitrario.

Ergo, la presente acción de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo además con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, con costas, el deducido por el abogado don Ricardo Acevedo Troncoso, por Inversiones Eslavas S.A., representada por don nombre reservado nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Las Condes.

Regístrese y archívese sino se apelare.

Protección N°4.217-2019.- Redacción del Ministro Sr. Carreño.

No firma el abogado integrante señor Cristián Luis Lepin Molina, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.