nombre reservado con nombre reservado

Santiago, doce de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece el abogado don José Ignacio Díaz Maldonado, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, química farmacéutica y deduce recurso de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, representado legalmente por su presidenta doña nombre reservado, con motivo de la resolución de fecha 1° de diciembre de 2021, de la cual tomó conocimiento el mismo día, a través de una carta, en la que se resuelve la no renovación de su contrata, la que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2021.

Señala que su representada trabajó en calidad de contrata para la recurrida desde el mes de enero de 2020 a diciembre de 2021 y sus contrataciones fueron prorrogadas en dos ocasiones en forma anual, hasta la fecha de su despido. En consecuencia, prestó servicios para la recurrida por un año y once meses.

Indica que, la misiva de no renovación, suscrita por el secretario general y la directora de salud de la recurrida, en lo pertinente señala:

“…. Por la presente, y en relación con la fecha de término de su contrato de trabajo, que vence el día 31 de diciembre de 2021, cumplo con comunicar a usted la decisión de esta Corporación de no renovar su contrato, en virtud de la causal establecida en el artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378 sobre estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, esto es, “por vencimiento del plazo del contrato”.

En virtud de lo anterior, se hace presente que, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la ley N° 19.378, los contratos a plazo fijo tienen por finalidad que los funcionarios contratados realicen tareas por periodos iguales o inferiores a un año calendario…”.

Aclara que, en el instructivo de la Contraloría General de la República N°E156769/2021, se señala que en los casos en que no se aplica la confianza legítima (contratación por más de 2 años), las contratas terminan por el cumplimiento del plazo por el cual se dispusieron, sin que resulte necesario dictar un acto que fundamente la no renovación, tal como lo manifestó el dictamen N°20.445, de 2019. Mayores sospechas aún genera el hecho de que la desvinculación de la protegida se haga cuando sólo le restaban un poco más de treinta días para cumplir los dos años en funciones.

Afirma que, su representada fue cesada en sus funciones de forma irregular, improcedente y en desatención de las más elementales normas y principios que regulan y resguardan el empleo y la estabilidad en la función pública.

Aduce que la acción u omisión arbitraria en la que incurrió la recurrida está constituida por la carta de despido y estima que el acto administrativo recurrido no tiene un fundamento claro y preciso, por lo que existiría un incumplimiento a la exigencia de una adecuada motivación. Cita jurisprudencia al respecto.

Esgrime el principio de la confianza legítima y asevera que la actora se ha visto afectada por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, que la ha dejado en la más completa indefensión y desamparo tras una desvinculación contraria a derecho.

Considera vulnerada la garantía de igualdad ante la ley al haber recibido un trato discriminatorio en relación con otros funcionarios en situación equivalente. Estima, igualmente, vulnerado su derecho de propiedad.

Solicita se acoja el recurso, y se restablezca el imperio del derecho, disponiendo que la recurrida reincorpore en sus labores a su representada por la totalidad del año 2022, y además, proceda al pago de todas las remuneraciones y emolumentos que no haya percibido desde el día 1° de enero de 2022 a la fecha en que sea reincorporada.

Acompaña al recurso, carta de no renovación de fecha 1 de diciembre de 2021; Instructivo de la Contraloría General de la República N° 156769/2021; Dictamen de la Contraloría General de la Republica N° 160316/2021, de fecha 29 de noviembre de 2021.

Segundo: Compareciendo el abogado don Sebastián Sánchez López, evacúa informe en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa y solicita el rechazo de la acción de protección, con costas, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.

Como cuestión previa, alega la presente vía no es la idónea para reclamar los derechos que se invocan, ya que se trata -a su juicio- de una contienda eminentemente laboral, que en nada se diferencia de una típica demanda por término indebido o improcedente de la relación laboral, materia sobre la cual los Juzgados del Trabajo tienen plena competencia y especialidad, recayendo sobre ellos el conocimiento del asunto planteado en el recurso.

Expresa que, en cuanto al marco regulatorio de las corporaciones municipales, éstas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, constituidas según las normas del Código Civil. No forman parte -por incompatibilidad- de los órganos de la Administración del Estado y, consecuentemente, ninguno de sus dependientes tiene la calidad de funcionario público.

En el caso del área de salud, el personal que trabaja en ellas se regula por la Ley Nº 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Dicho estatuto aplica supletoriamente las normas de la Ley Nº 18.883, la que a su vez hace aplicables las normas del Código del Trabajo para el caso del personal de los servicios de salud encargados a las corporaciones municipales.

Expone que con fecha 13 de enero de 2020, entre las partes se suscribió un contrato de trabajo a plazo fijo regido por la Ley Nº 19.378, mediante el cual la actora fue contratada para desempeñarse como Coordinadora Comunal. Con fecha 12 de enero de 2021, las partes suscribieron una renovación del contrato, modificando su cláusula 6ª, disponiendo que “se prorroga y tendrá como fecha de término el 31 de diciembre de 2021”. Mediante carta de fecha 1° de diciembre de 2021, se informó a doña nombre reservado la decisión de no renovar su contrato; luego, en cumplimiento de la normativa, el 06 de enero de 2022, se remitió copia de dicha carta a la Inspección del Trabajo.

Señala que la contraria yerra al calificar a la Corporación como una “corporación de derecho público” o “autoridad Administrativa”. En cuanto a la calidad en que fue contratada la funcionaria, indica que el contrato a plazo fijo de la recurrente no es asimilable a la designación a contrata de los funcionarios públicos. Por último, niega que se haya prorrogado el contrato de la funcionaria en dos o más ocasiones, afirmando que luego de haberse suscrito el contrato, éste fue renovado sólo por una vez.

Respecto del principio de confianza legítima, según el Dictamen NºE156769/2021 de la Contraloría General de la República, éste aplicaría en aquellos casos en que: “de manera constante y reiterada un organismo de la Administración del Estado haya requerido los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata…”; principio que no rige para el presente caso porque las corporaciones municipales no integran la Administración del Estado. Tampoco se trata de una funcionaria designada a contrata en los términos del derecho administrativo.

Indica que el término de la relación laboral fue ajustado a derecho ya que el artículo 48 de la Ley 19.378 señala en su letra c): “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: c) Vencimiento del plazo del contrato”.

Sostiene que, en el presente conflicto el derecho reclamado no es indubitado pues precisamente requiere de un acto institucional “declarativo” de los tribunales para su resolución. Se deberá, primero, evaluar todos los antecedentes de hecho y aplicar el derecho para determinar si, por el transcurso del tiempo, la naturaleza jurídica de las partes y cualquier otro antecedente, resulta procedente dar aplicación al principio de confianza legítima.

Concluye expresando que son razones objetivas y legales las que han motivado el actuar de su representada. A mayor abundamiento, la contraria tampoco logra explicar en qué consistiría la arbitrariedad en que habría incurrido la Corporación, tratándola en conjunto con la ilegalidad.

Acompaña al informe contrato de trabajo a plazo fijo suscrito con fecha 13 de enero de 2020, entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa y doña nombre reservado y sus cuatro anexos, tres de ellos de la misma fecha mediante los cuales se otorgan las asignaciones que se señalan y el último de fecha 13 de enero de 2021 mediante el cual se renueva el contrato primitivo, set de liquidaciones de sueldo de la recurrente correspondientes a los meses que van desde enero de 2020 a diciembre de 2021; Certificados de pagos de cotizaciones previsionales de la actora; Copia de carta de no renovación de 01 de diciembre de 2021 enviada por el secretario general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa; copia de comprobante de carta aviso de aviso para terminación del contrato de trabajo de la Dirección del Trabajo con fecha 06 de enero de 2022 y copia de los Estatutos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: El acto que por el presente arbitrio se impugna, por arbitrario o ilegal, corresponde a la decisión de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa de no renovar los servicios que la actora prestaba como Coordinadora Comunal Química Farmacéutica, los que esta última sostiene corresponden a una contrata a la que le resultan aplicables las normas de los funcionarios públicos, en tanto la recurrida afirma, derivan de una relación laboral regida por el Código del Trabajo.

Quinto: En este escenario, surge una controversia acerca de la naturaleza de los servicios prestados por la recurrente y que no le fueran renovados, por lo que se debe acudir a la normativa que los regula; en particular a la Ley Nº 19.378, que es aquella que se advierte citada en el contrato suscrito por las partes.

Sexto: Al respecto, el examen del citado documento evidencia que las partes celebraron con fecha 13 de enero de 2020, un contrato de trabajo a plazo fijo, regido por la Ley 19.378, hasta el 31 de diciembre de 2020, el que fue renovado el 12 de enero de 2021, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

El 01 de diciembre de 2021, se notificó a la actora que sus servicios no serían renovados, invocándose como causal el vencimiento del plazo, estipulado en la cláusula “Sexta”.

Séptimo: Por su parte, el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, establece en el artículo 1° que “…Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades al 30 de junio de 1991, en virtud de convenios regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980. Asimismo, normará los aspectos anteriormente citados, respecto de aquellos establecimientos de atención primaria de salud que sean creados por las municipalidades; traspasados con posterioridad por los Servicios de Salud; o que se incorporen a la administración municipal por cualquier causa. También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud…”.

A su vez, el artículo 2° señala que “…Para los efectos de la aplicación de esta ley, se entenderá por:

a) Establecimientos municipales de atención primaria de salud: los consultorios generales urbanos y rurales, las postas rurales y cualquier otra clase de establecimientos de salud administrados por las municipalidades o las instituciones privadas sin fines de lucro que los administren en virtud de convenios celebrados con ellas…”

Asimismo, el artículo 4° previene que “…Artículo En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales…”.

A su turno, la norma referida al término de la relación laboral, previene en el artículo 48 letra c) que los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente, por las causales que enuncia taxativamente, entre ellas, por el vencimiento del plazo del contrato;

Octavo: En virtud de lo expresado y la normativa transcrita, en lo pertinente, no resulta un hecho pacífico que la actora prestara servicios bajo la modalidad a contrata y que esa relación se rigiera por las normas aplicables a los funcionarios públicos, de modo que resolver la controversia en estas circunstancias implica el desarrollo de una actividad declarativa de derechos que a esta Corte le está vedada realizar, atendida la naturaleza cautelar de la acción impetrada, destinada a amparar el legítimo ejercicio de garantías y derechos preexistentes, requisito que, en la especie, no se satisface.

Noveno: En efecto, el ejercicio solicitado en esta sede importaría sustituir a la jurisdicción en lo que respecta a sus facultades de mérito, en cuanto a la calificación de las circunstancias de hecho que hacen procedente o permiten desestimar la alegación de la recurrente, actividad que no resulta pertinente por esta vía, dado el carácter excepcional y de urgencia de la acción cautelar, lo que pone de manifiesto que tal asunto deberá ser dilucidado ante el órgano jurisdiccional correspondiente, excediendo el objeto del recurso el ámbito de competencia del presente arbitrio.

Décimo: Solamente, a mayor abundamiento, aun en el evento de estimarse que la recurrente fue contrada en los términos que reclama, es decir, a contrata y sujeta al Estatuto de la Administración Pública, se advierte que no se encontraría amparada por la “confianza legítima” a que alude en el recurso, dado que, tal como lo expone en su texto, prestó servicios para la recurrida durante un año y once meses, siendo renovado su contrato en una única oportunidad, como se acredita con los documentos acompañados al informe y no desvirtuados de contrario.

Undécimo: En directa relación con lo anteriormente expresado, como se sostuviera en el arbitrio, mayores sospechas causó el hecho de que la desvinculación de la actora se hiciera cuando sólo le restaba un poco más de treinta días para cumplir los dos años en funcione; lo que da cuenta que no contaba con requisito objetivo necesario para que operara a su favor la “confianza legítima”.

Duodécimo: Por consiguiente, el recurso de protección habrá de ser desestimado por no concurrir los presupuestos básicos indispensables para ser acogido.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don José Ignacio Díaz Maldonado, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir a la parte recurrente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra (I) Ana María Osorio Astorga.

Protección N°42.134-2021.

No firma el ministro don Tomás Gray Gariazzo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro don Tomás Gray Gariazzo, conformada por la Ministra (I) doña Ana María Osorio Astorga y la Abogada Integrante doña Paola Herrera Fuenzalida.

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