FASA CHILE S.A con nombre reservado

Santiago, veintitrés de julio de dos mil quince.

A fojas 72: a todo, estése al mérito del proceso.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en la petición principal del libelo de fojas 8, comparece don Sebastián Parga Moraga, abogado, quien en representación de la empresa Fasa Chile S.A. interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago, y de la Inspección Provincial del Trabajo de esta ciudad, en razón de que la aludida autoridad con fecha 20 de abril de este año dictó el Ordinario N° 1.212, que pronunciándose respecto de un recurso de reposición formulado por la Comisión Negociadora de los Trabajadores del Sindicato N° 2 de Fasa Chile S.A. en contra de lo dispuesto en el Ordinario N° 1132, de 13 de abril del mismo año -que a su vez, fue dictado con ocasión de un recurso de reposición presentado por su parte en contra de lo resuelto en el Oficio N° 1.086 de fecha 8 de abril de 2015, acogiéndolo-, hizo lugar a dicho arbitrio, manteniendo en consecuencia “lo informado originalmente mediante Ordinario N° 1.086”, actuación que califica de arbitraria e ilegal, puesto que, estima, amaga las garantías constitucionales que la Constitución Política de la República le reconoce a la recurrente en los numerales 2°, 3° y 24° de su artículo 19.

Fundamentando el recurso explica, en síntesis, que la actuación que se impugna por esta vía constituye un acto jurisdiccional adoptado por la recurrida fuera de sus facultades, ya que el ordenamiento jurídico procesal respectivo no contempla la “reposición de la reposición”, debiendo considerarse, además, “que en el caso en particular nos enfrentamos a una resolución pronunciada apartándose del principio conclusivo”, que prevé al efecto el artículo 8° de la Ley 19.880 y “de cualquier certeza jurídica mínima que pudiere” a su parte asistir, habiéndose constituido, en la práctica, en una comisión especial que sin razón suficiente resolvió sobre una reposición esgrimida en contra de una resolución que, a su vez, resolvió otro recurso de reposición.

Explica que de no acogerse la presente acción cautelar a fin de restablecer el imperio del derecho, Fasa Chile S.A. quedará expuesta a que se deduzcan en su contra recursos de prácticas antisindicales, por vulneración al artículo 381 del Código de Trabajo.

Solicita, por tanto, que se acoja el presente recurso “disponiendo se deje sin efecto la Resolución Ordinario N° 1.212, de 20 de abril de 2015, ordenando al órgano administrativo dejar firme a su vez el Ordinario N° 1.132, de 13 de abril de 2015”;

SEGUNDO: Que a fojas 18, mediante resolución de fecha 19 de mayo del año en curso, se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a la recurrida;

TERCERO: Que a fojas 42 informa el abogado don Guillermo Vera Zapata, en representación de la recurrida doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago, quien solicitando el rechazo del presente recurso, con costas, esgrime, en primer lugar, la improcedencia del mismo, atendida la naturaleza del acto recurrido puesto que, en su concepto, “el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de todo procedimiento judicial específico que exista, más aún, si se pretende reemplazar procedimientos concebidos como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se pretendan afectados”, aduciendo al efecto que respecto de la actuación recurrida “la ley establece procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa como en sede judicial”.

Alega, enseguida, que la presente acción constitucional resulta improcedente “en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición”, refiriendo sobre el particular que la actuación de la recurrida “se encuentra exenta de toda ilegalidad y arbitrariedad, al haberse dictado la Resolución Ordinario N° 1212 dentro de la competencia que la ley le confiere y previa ponderación de los hechos y normativa aplicable”.

Afirma, finalmente, la ineficacia de la acción intentada por pérdida del objeto y de la causa de pedir, argumentando para ello que con fecha 27 de abril de este año concluyó el proceso de negociación colectiva en que incide el acto recurrido, en razón de que la Comisión Negociadora hizo uso de la facultad contenida en el artículo 369 inciso segundo del Código del Trabajo por lo que, en criterio de la recurrida, “pierde todo sentido discutir sobre el fondo de la presente acción, más aún, declarar -a pesar de no ser este un procedimiento declarativo- que el empleador pueda reemplazar a partir del primer día de hecha efectiva la huelga a trabajadores, por cuanto la huelga ha terminado, dándose por finalizado el proceso de negociación colectiva, en los términos ya expuestos”;

CUARTO: Que con fecha 19 de junio de 2015, según consta de resolución de fojas 62, se trajeron estos autos en relación. El 30 de junio del año en curso se procedió a la vista de la causa, escuchándose la intervención oral de los apoderados de la recurrente y de la recurrida;

QUINTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SEXTO: Que en el escenario propuesto aparece pertinente puntualizar que tal como se infiere del claro tenor de la presentación de fojas 8, el quid del asunto sometido al conocimiento de esta Corte por la vía de la presente acción cautelar consiste en resolver si la autoridad recurrida incurrió en ilegalidad o arbitrariedad con ocasión del pronunciamiento efectuado con fecha 20 de abril de este año mediante el Ordinario N° 1.212, que pronunciándose respecto de un recurso de reposición formulado por la Comisión Negociadora de los Trabajadores del Sindicato N° 2 de Fasa Chile S.A. en contra de lo dispuesto en el Ordinario N° 1132, de 13 de abril del mismo año, acogió dicho arbitrio y, consecuentemente, mantuvo el parecer informado originalmente mediante Ordinario N° 1.086, de 8 de abril de 2015, en cuanto señaló que en su última oferta la empresa Fasa Chile S.A. no dio cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 381 del Código del Trabajo, sustentando su reproche, sin hacer cuestión acerca de esta discusión sustantiva, únicamente en el hecho de haber carecido la Inspección Provincial del Trabajo de competencia para resolver dicha petición, por haberse efectuado al amparo de un recurso de reposición que no pudo ser resuelto en cuanto a su postulado de fondo, por el hecho de haberse pretendido por dicha vía la modificación de una decisión firme obtenida de la autoridad administrativa precisamente a raíz de haber acogido ella días antes un recurso de igual naturaleza formulado por la recurrente en contra de la decisión original que se expresó en el Ordinario 1.086, de 8 de abril de 2015;

SÉPTIMO: Que luego de lo dicho aparece pertinente recordar que según estatuye el artículo 59 de la Ley 19.880: “Procedencia. El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico.

Rechazada total o parcialmente una reposición, se elevará el expediente al superior que corresponda si junto con ésta se hubiere interpuesto subsidiariamente recurso jerárquico.

Cuando no se deduzca reposición, el recurso jerárquico se interpondrá para ante el superior jerárquico de quien hubiere dictado el acto impugnado, dentro de los 5 días siguientes a su notificación.

No procederá recurso jerárquico contra los actos del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los alcaldes y los jefes superiores de los servicios públicos descentralizados. En estos casos, el recurso de reposición agotará la vía administrativa.

La autoridad llamada a pronunciarse sobre los recursos a que se refieren los incisos anteriores tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlos.

Si se ha deducido recurso jerárquico, la autoridad llamada a resolverlo deberá oír previamente al órgano recurrido el que podrá formular sus descargos por cualquier medio, escrito o electrónico.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado”.

Por su parte, el artículo 60 del citado texto legal indica: “En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere o, en su defecto, ante la autoridad que lo hubiere dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias.

a) Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento;

b) Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento;

c) Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y d) Que en la resolución hayan influido de modo esencial documentos o testimonios declarados falsos por sentencia ejecutoriada posterior a aquella resolución, o que siendo anterior, no hubiese sido conocida oportunamente por el interesado.

El plazo para interponer el recurso será de un año que se computará desde el día siguiente a aquél en que se dictó la resolución en los casos de las letras a) y b). Respecto de las letras c) y d), dicho plazo se contará desde que la sentencia quede ejecutoriada, salvo que ella preceda a la resolución cuya revisión se solicita, caso en el cual el plazo se computará desde el día siguiente al de la notificación de ésta”;

OCTAVO: Que así las cosas, resulta evidente entonces que las alegaciones esgrimidas por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, en orden a afirmar que los pronunciamientos contenidos en los Ordinarios N°s 1.132 y/o 1.212, de 13 y 20 de abril de 2015, respectivamente, habrían sido efectuados con ocasión de la interposición de supuestos recursos de “reconsideración y revisión” y no propiamente de uno de “reposición” carece de todo sustento jurídico, pues en el evento de que ello hubiese sido efectivamente así, estas peticiones debieron ser interpuestas y resueltas, tal como expresa el artículo 60 de la Ley 19.880, por el superior jerárquico de la autoridad recurrida lo que en este caso no aconteció.

Corrobora asimismo lo concluido precedentemente el propio mérito y tenor de los documentos anteriormente individualizados, los que clara y reiteradamente manifiestan que los pronunciamientos que en ellos se efectúan se realizan con ocasión de la interposición de sendos recursos de reposición;

NOVENO: Que encontrándose circunscrito el análisis que ha de efectuar este Tribunal a la legalidad y/o arbitrariedad de la actuación de la recurrida en cuanto modificó lo resuelto en el Ordinario N° 1.132, mediante la dictación del Ordinario N° 1.212, so pretexto de resolver un nuevo recurso de reposición planteado, esta vez, en contra de lo decidido con ocasión de un recurso de reposición anterior, es menester reflexionar que a la luz del principio conclusivo estatuido en el artículo 8 de la Ley 19.880, que refiere que “Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad” y conforme a lo señalado en el propio artículo 59 de dicho estatuto legal, relativo al recurso de reposición, en cuanto prevé que en los casos en que no proceda recurso jerárquico contra el acto de ciertas autoridades dicho arbitrio agotará la vía administrativa, aserto del que es posible colegir que en el evento de que ellos procedan pero no sean deducidos, debiese aplicarse entonces idéntica regla; se impone necesariamente concluir que decidido un recurso de reposición por la autoridad recurrida no era resultaba procedente acoger a tramitación y efectuar pronunciamiento alguno después, de carácter sustantivo, respecto de un nuevo recurso de reposición orientado esta vez a modificar lo antes ya enmendado, pues dicha hipótesis plantea la posibilidad infame de una suerte de cadena interminable de solicitudes de reposición sobre reposición que claramente atenta contra principios básicos del debido proceso, tales como la certeza jurídica, la legalidad, la conclusividad y la economía procedimental, entre otros;

DÉCIMO: Que en lo que atañe a la inexcusabilidad que también se alega por la recurrida como justificación de su conducta, aparece pertinente reflexionar que, en un caso como el que nos ocupa, requerida ella para intervenir en un asunto que no era ya de su competencia, toda vez que su intervención se encontraba agotada en virtud del pronunciamiento recaído en el recurso de reposición planteado en contra de su primitiva decisión, debió enviar de inmediato los antecedentes a la autoridad que debía conocer de los mismos según el ordenamiento jurídico -superior jerárquico-, informando de ello al interesado, quien de este modo pudo satisfacer su derecho a impugnar debidamente el acto administrativo que le provocó agravio;

UNDÉCIMO: Que conforme a reflexionado precedentemente, habiendo la recurrida modificado una decisión que no se encontraba facultada legalmente a revisar, se afectó con dicha actuación el legítimo ejercicio del derecho de la recurrente a un debido proceso, aspecto por el cual se acogerá la presente acción cautelar, debiendo además considerarse que conforme a lo prescrito en el artículo 7° de la Constitución Política de la República, todo acto dictado en contravención a los parámetros que validan el actuar de los órganos del Estado es nulo, por lo que así se declarara en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se acoge el recurso deducido en la petición principal de la presentación de fojas 8 y, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución contenida en el Ordinario N° 1.212, de 20 de abril de este año.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

Protección N° 42.096-2015.- Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz e integrada por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich y el abogado integrante señor Oscar Torres Zagal.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintitrés de julio dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.

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