nombre reservado con UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Santiago, catorce de abril de dos mil veintidós.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado y doña nombre reservado, abogadas, quienes actuando en representación de nombre reservado y recurren de protección en contra de la Universidad de Santiago de Chile, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la carta certificada que le fue enviada el 1º de diciembre de 2021 comunicándole que no se renovaría su contrata, vulnerando sus garantías constitucionales del artículo 19 Nº s. 2 y 16 de la Constitución Política de la República.

Explica que, el 1 de mayo de 2018 el recurrente comenzó a prestar servicios a la recurrida en calidad de contrata, dicha contrata fue renovada de forma continua y sucesiva, sin embargo, la recurrida por medio de carta enviada el 1º de diciembre de 2021 le comunicó que su contrata no se renovaría para el año siguiente, manteniéndose vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

Argumenta que, habiendo trabajado 3 años y 7 meses en la institución recurrida le asiste el principio de confianza legítima en relación con la renovación de la contrata. En este mismo sentido, reclama que el acto por el cual se le informó la no renovación carece de fundamentos puesto que habiendo ingresado a desempeñar funciones en el año 2018 no basta la sola invocación del carácter transitorio de la contrata para poner término a esta.

Sobre este punto, el recurrente precisa que la carta que le fue enviada solo hace referencia a argumentos genéricos fundamentos que considera no son suficientes para justificar el término de la contrata por lo que, el recurrido ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Nº19.880 en relación con la obligación de fundamentación de los actos administrativos.

En cuanto a la arbitrariedad alegada, refiere que esta se configura por la falta de fundamentación del acto que dispuso la no renovación de la contrata.

Agrega que, además de haberse afectado las garantías constitucionales ya referidas también se ha afectado la garantía de indemnidad recogida por el artículo 485 del Código del Trabajo puesto que, en noviembre de 2021 interpuso una acción de tutela laboral por haber sufrido acoso laboral por parte de su jefatura. En este sentido, sostiene que el término de la contrata constituiría una represalia por la acción ejercida.

Concluye solicitando que se acoja el recurso y se ordene al recurrido reintegrar al recurrente a su cargo y labores, además de disponer el pago de las remuneraciones devengadas entre la fecha de término de la contrata y la fecha de la reincorporación junto con lo anterior solicita que se le ordene al Universidad recurrida abstenerse de terminar nuevamente la contrata, con costas.

A su tiempo, don Jorge Pineda Jiménez, abogado en representación de la Universidad de Santiago de Chile e informando al tenor del recurso solicita su rechazo por estimar que el presente arbitrio resulta improcedente.

A dicho respecto, agrega que el recurrente dedujo acción de tutela laboral y de acuerdo con el inciso final del artículo 485 del Código del Trabajo, es que interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos.

Sobre este punto refiere que la presente acción cautelar se dedujo un mes después de haber ejercido la acción laboral y versa sobre la misma materia puesto que se cuestiona la motivación, procedencia y legalidad de la medida de no renovación de contrata.

Conforme a lo anterior y habiéndose deducido acción de tutela laboral resulta evidente que en la especie no existen derechos indubitados que puedan alegarse en sede de protección.

Agrega que, si bien existe un término de contrata por parte de la recurrida esto no implicó la total desvinculación del recurrente de la Universidad esto porque, el actor mantenía dos nombramientos de forma paralela, uno como personal de apoyo a la docencia y otro como profesional, siendo que solo este último el que fue cesado.

Alega que, la primera designación del recurrente en el cargo del que ha sido cesado fue realizada el 1 de enero de 2020, en consecuencia, no cumple con los requisitos para invocar el principio de confianza legítima puesto que, la contrata solo se renovó por una vez en el año 2021.

En cuanto a la fecha de inicio del servicio invocada por el recurrente señala que, esta corresponde al inicio de la prestación de servicios a honorarios.

Por último, señala que respecto al término de la contrata ha actuado dentro del ámbito de sus facultades sin que pueda verificarse arbitrariedad o ilegalidad a su respecto.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario, consiste en la carta certificada que le fue enviada el 1º de diciembre de 2021 por la Universidad recurrida en la que le comunicó que no se le renovaría su contrata, sin dar mayores fundamentos, vulnerando de esa forma sus garantías constitucionales previstas en el artículo 19 numerales 2 y 16 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, en relación al acto recurrido, que puso término anticipado de la contrata de la recurrente, cabe señalar que como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el régimen jurídico del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran en el artículo 3 letra c) del DFL Nº 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; y por su parte el artículo 10 del mismo texto legal regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Quinto: Que, de acuerdo a las disposiciones antes citadas los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración; circunstancia que no es óbice para que el jefe superior del servicio pueda ponerle término antes de la fecha indicada, si los servicios ejercidos ya no son necesarios, más aún cuando la resolución de nombramiento en el cargo expresamente dispone aquello como una causa posible de término.

Sexto: Que, en el caso que nos ocupa, el recurrente se desempeñaba a la fecha de esta actuación, desarrollando funciones profesionales en el grado 13, jornada completa, en la Unidad de Coordinación Institucional de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), cuyo último nombramiento correspondió al año 2021, manteniéndose vigente hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El cese se comunicó el 1 de diciembre de 2021, ello a través de una simple carta fechada el 30 de noviembre del mismo año, aludiendo escuetamente que: “…su nombramiento a contrata no será prorrogado para el año 2022 conforme lo autoriza el artículo 10 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo”.

Séptimo: Que, el artículo 10 de la Ley N° 18.834, consigna que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

El número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder de una cantidad equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de la planta de personal de ésta.

Podrán existir empleos a contrata por jornada parcial y, en tal caso, la correspondiente remuneración será proporcional a dicha jornada En los empleos a contrata la asignación a un grado será de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien sirva dicho cargo y, en consecuencia, les corresponderá el sueldo y demás remuneraciones de ese grado, excluyendo toda discriminación que pueda alterar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Los grados de las escalas de remuneraciones que se asignen a los empleos a contrata no podrán exceder el tope máximo que se contempla para el personal de las plantas de Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares en el respectivo órgano o servicio, según sea la función que se encomiende. En aquellos órganos o servicios en que no existan algunas de las plantas mencionadas, los empleos a contrata no podrán tener un grado superior al máximo asignado a la planta respectiva, en los otros órganos o servicios regidos por la misma escala de sueldos.”

Como se advierte, esta disposición tan solo consagra la duración de los cargos a título de contrata, su número y asignación a grados, pero en ningún caso permite hacer uso de la prerrogativa del cese sin mayor motivación ni suple la ausencia de esta, cuya falta se advierte en el presente caso, conforme ya se expresó, vulnerando lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Nº19.880 en relación con la obligación de fundamentación de los actos administrativos, lo que deviene por ello en arbitrario.

Octavo: Que, como esta misma Corte ha expresado en casos similares, se ha configurado un esquema de solución de equidad frente a una realidad innegable de que las contratas no son cargos excepcionales, porque constituyen la mayoría del empleo público en los servicios centralizados y descentralizados, por lo que el ejercicio de la facultad de terminar anticipadamente la contrata de la recurrente, necesariamente debe señalar los motivos considerados para ello.

En efecto, esa mención de motivos es la que permite a este tribunal analizar la pertinencia de esas razones, siendo que la arbitrariedad está constituida en este caso, precisamente por la ausencia de motivos, lo que impide valorar su razonabilidad en su actuar, la proporción de los motivos como el fin o finalidad que se pretende alcanzar, ausencia que en el presente caso es total.

Noveno: Que, la ilegalidad, se da en el ámbito de los elementos reglados de las potestades jurídicas; es decir, de lo contrario a la ley; en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se posee o detenta, se excede en su ejercicio, cualquiera sea el tipo, modo o manera que el exceso adopte, lo que también es posible de constatar en el caso propuesto al no tener motivos fundantes la decisión de la recurrida.

Décimo: Que, contrastado lo anterior, con el examen de la carta de 30 de noviembre de 2021, que puso fin anticipado a la contrata del recurrente que se acompaña a este ingreso, es posible advertir que esa comunicación incumple con todas las exigencias a que se viene haciendo mención, toda vez que no señala ni explica los motivos que tuvo la autoridad para adoptar dicha decisión, tan solo efectúa una referencia nominal a la disposición que reglamenta las contratas, por lo que en ningún caso satisface las exigencias que se desprenden del artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Política de la República que establece que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen; las del artículo 11, inciso 2° de la ley 19.880, que conmina a señalar que los hechos y fundamentos de derecho que deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limitan, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio y, las del artículo 41, inciso 3°, al requerir que las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada.

Undécimo: Que, lo anterior genera una afectación flagrante de las garantías constitucionales invocadas, al generarse un término anticipado de la contrata de la recurrente, mediante un acto administrativo arbitrario e ilegal, ya que, carece de fundamentos reales, racionales y proporcionados, conformando claramente infracciones a los artículos 11 y 41 de la ley Nº 19.880 y que la privan de la propiedad de su cargo y remuneración, conformando privaciones o violaciones de su derecho contemplado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, a la propiedad, afectando el ejercicio de su empleo y la percepción de las remuneraciones a que tenía derecho; de la garantía constitucional a la igualdad ante la ley; artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, al otorgársele un trato inequitativo y desigual.

Por todo lo anterior, es que se acogerá el recurso interpuesto, dejando sin efecto la decisión que se venía analizando.

Duodécimo: Que, solo a mayor abundamiento, cabe agregar que la argumentación contenida en el informe del recurso, no satisface la obligación de motivación, pues, ella debe estar contenida en las decisiones que aquí se cuestionan, y si estas no los especifican, tornan en ilegales y arbitrarias, pues no se encuentran revestidas de un fundamento plausible y más bien resulta una decisión antojadiza que no toma en cuenta la trayectoria laboral de la recurrente y que dejan en la oscuridad la verdadera razón de la decisión.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

Se ACOGE, con costas el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de UNIVERSIDAD DE SANTIAGO (USACH) y, en consecuencia:

a) Se deja sin efecto la comunicación de 30 de noviembre de 2021, emanada de la Universidad de Santiago, que dispuso poner término anticipado a la contrata anual de que gozaba la recurrente por ese año.

b) Se ordena la reincorporación inmediata de la recurrente al mismo cargo en el que se desempeñaba, mediante la dictación del correspondiente acto administrativo, que respete sus nombramientos anteriores a título de contrata, y c) Se deberán pagar al recurrente las remuneraciones a que tenía derecho por todo el tiempo que ha permanecido separado ilegalmente de su cargo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

Ingreso Corte Rol N° 42.078-2021.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor José Gutiérrez Silva.