nombre reservado con A.F.P. PLANVITAL S.A.

Santiago, uno de septiembre de dos mil veinte.

Visto:

Con fecha trece de mayo último, comparece ante esta Corte don nombre reservado, egresado de derecho, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, ecuatoriana, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de A.F.P. Plan Vital S.A., representada por su gerente general, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por vulneración de la garantía del derecho de propiedad, del artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, atribuyéndole como acto arbitrario e ilegal el haber negado a la recurrente acceder a la devolución de sus fondos previsionales, a pesar de cumplir con los requisitos de la Ley N° 18.156 para acceder a ese beneficio.

Señala que su representada, de nacionalidad ecuatoriana, por razones laborales ha decidido retornar a su país de origen, ahondadas por la pandemia Covid19, por lo que se acercó ante la recurrida para solicitar la devolución de los fondos de pensión, en atención a que cumple todos los requisitos prescritos en el Tratado de Exportaciones de Pensiones entre Ecuador y Chile, en relación al artículo 7 número 2 de la Ley N° 18.156. Sin embargo, la AFP Plan Vital le negó la devolución, argumentando que no tiene un sistema de protección análogo al chileno, como lo exige la ley en comento, siendo posible constatar del documento que adjunta, de una entidad previsional ecuatoriana, cuya denominación es “Eiss”, a la cual se encuentra afiliada su representada, que ese sistema cubre todas las prestaciones que nuestro sistema previsional obliga. Es por ello que la negativa injustificada de la devolución de fondos constituye un acto ilegal que conculca su derecho de propiedad.

Cita el artículo 7 de la Ley N° 18.156 y los artículos 3, 5 y 12 del Convenio de Seguridad Social entre la República de Ecuador y la República de Chile, el que alega se encuentra plenamente vigente en virtud del artículo 5 de la Constitución Política de la República, el que garantiza que el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social; en tal sentido, se consagra la protección de los fondos previsionales, en que el papel del Estado busca ser garante de la protección de las personas y de su previsión social, como también la de tomar las medidas que sean necesarias para su resguardo.

Pide a esta Corte que se ordene a la A.F.P. Plan Vital la devolución de los fondos de pensión de la recurrente nombre reservado inmediatamente, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, con costas.

Por resolución de quince de mayo último, se declaró admisible el recurso y se solicitó informe a la recurrida.

El pasado diecinueve de mayo evacuó informe el abogado Eder Juica Silva, en representación de la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., señalando que los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la Ley N°18.156 deberán suscribir en la correspondiente Administradora de Fondos de Pensiones un formulario denominado “Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156”, el que se encuentra disponible en todas las sucursales que su representada mantiene a lo largo del país; inclusive, el trámite puede realizarse a través de internet en el sitio web www.planvital.cl.

Adicionalmente, para la suscripción de dicho formulario, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación que acredite que cumple con los requisitos exigidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio, lo que debe ser analizado por la Fiscalía de la Administradora, la que dará una respuesta a más tardar dentro del 5° día hábil contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

Como es posible apreciar, señala el informante, este tipo de solicitud exige un procedimiento en que participa tanto el afiliado y/o mandatario, según corresponda, suscribiendo la solicitud y aportando los antecedentes exigidos por ley y, por otra, su representada, que tiene el deber de resolver esa solicitud ya sea aprobándola o rechazándola dentro de los plazos establecidos, todo ello mediante resolución fundada que conste por escrito, la que es debida y oportunamente notificada al solicitante.

El artículo 1° de la Ley N° 18.156, en sus letras a) y b), señala los requisitos que deben concurrir para que opere la exención de cotizar a un trabajador extranjero; y el artículo 7° contempla la situación de trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, señalando que éstos podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado texto legal.

La exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen de excepción que le es solo aplicable a trabajadores extranjeros dependientes de empresas o del sector privado que detenten la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan con los requisitos impuestos por la Ley N° 18.156. Respecto de esto último, el citado Compendio de Normas señala que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las disposiciones legales citadas establecen que para que proceda la devolución de fondos previsionales a los técnicos extranjeros, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos copulativos: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Añade el informe que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones complementa el requisito de la letra a) de la Ley N°18.156, disponiendo que su cumplimiento debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Agrega que, esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio. El régimen de previsión o seguridad social a que esté afiliado el técnico extranjero fuera de Chile puede revestir cualquiera naturaleza jurídica, toda vez que la ley no ha hecho distinciones.

Respecto del requisito de la letra b), se entiende cumplido cuando el Contrato de Trabajo o anexo del mismo, según corresponda, celebrado por el trabajador técnico extranjero con el o los distintos empleadores que le han enterado cotizaciones previsionales en una Administradora de Fondos de Pensiones, contenga además de las estipulaciones obligatorias a que se refiere el artículo 10 del Código de Trabajo, una que exprese inequívocamente la voluntad del trabajador de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

Lo único cierto en esta causa, afirma, es que la recurrente hasta el momento no ha suscrito ningún tipo de solicitud ni tampoco acompañado antecedente alguno ante la A.F.P. Planvital S.A. con el objeto de realizar el trámite de la devolución de fondos previsionales. Con todo, es claro que para que una solicitud de devolución de fondos previsionales se entienda rechazada o aprobada debe darse estricto cumplimiento al procedimiento dispuesto por nuestro regulador a través de su Compendio de Normas, el cual tiene un carácter obligatorio, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la Ley N°18.156, ya reproducida.

Señala que no ha existido ningún acto u omisión arbitraria e ilegal que pueda estimarse de responsabilidad de su representada; y tampoco se trata de un acto u omisión ilegal, porque el actuar de su representada se rige estrictamente en base a lo dispuesto por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la Ley N° 18.156 y demás normas aplicables.

Por resolución de veintitrés de julio se ordena agregar de manera extraordinaria y preferente a la novena Sala (virtual) para el día treinta y uno de julio.

El día fijado para la vista de la causa, alegó sólo el abogado Eder Juica Silva, quien se anunció en contra del recurso, escuchó relación y alegó.

Considerando:

Primero: Que, por la presente acción constitucional se impugna el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido la recurrida A.F.P Plan Vital, al negar una solicitud de la extranjera doña nombre reservado, por la que habría pedido la devolución de sus fondos previsionales para volver a su país, Ecuador, a pesar de cumplir con los requisitos de la Ley 18.156, por lo que se alega vulnerado el derecho de propiedad que tiene sobre dichos fondos, garantizado por el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, pidiéndose que se ordene la devolución inmediata de ellos.

Segundo: Que, la recurrente acompañó a su recurso un certificado de afiliación, de fecha 10 de mayo de 2020, el que indica que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que nombre reservado, con cédula de ciudadanía/código: 0909586794, registra afiliación a la fecha: 2016-12, en la empresa PULIDO nombre reservado con RUC, Número Patronal: 0917277303000, hasta 2016-12.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado -privación, perturbación o amenaza- contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que, sobre la existencia del acto en contra del cual se recurre, no es posible establecer la efectividad del mismo, porque la recurrente se funda en una petición de devolución de los fondos de pensión que habría realizado a la recurrida A.F.P. Plan Vital S.A., de la cual no existe ningún antecedente que permita establecerla y según expone en su recurso, sólo la habría realizado vía telefónica el 30 de abril de 2020, porque las sucursales presenciales se encuentran con atención de público restringida.

Sexto: Que, tampoco la recurrente acompañó algún antecedente o documento en que conste la respuesta negativa que presumiblemente habría dado A.F.P. Plan Vital, y sólo adjuntó a su recurso un certificado “IESS”, que en su concepto acreditaría que efectivamente se encuentra afiliada a un sistema de pensiones equivalente al de Chile en Ecuador, porque la negativa de la recurrida se habría fundado en que no cumplía dicho requisito, pero este antecedente no permite establecer la existencia esa respuesta ni del acto en contra del cual se recurre.

Séptimo: Que, por otro lado, se considera razonable la explicación que ha señalado la recurrida al informar el recurso, que la persona en favor de quien se recurre puede ejercer el derecho que le confiere la Ley N°18.156, presentando ante su Administradora de Fondos de Pensiones el formulario denominado “solicitud de devolución de fondos previsionales ley N°18.156”, el que según A.F.P. Plan Vital S.A. se encuentra disponible en todas las sucursales que mantiene a lo largo del país; y que inclusive, el trámite se puede realizar a través de internet en el sitio web www.planvital.cl, con cuya presentación podrá la recurrente acompañar la documentación que acredite que cumple con los requisitos exigidos en la ley, la que será analizada por la Fiscalía de esa Administradora, la que dará una respuesta a más tardar dentro del 5° día hábil contado desde la fecha de presentación de la solicitud.

Octavo: Que, en consecuencia, no existiendo ningún acto u omisión arbitrario o ilegal, tampoco es posible señalar que exista alguna vulneración a la garantía fundamental resguardada por el recurso de protección, por lo que se rechazará la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, en contra de A.F.P. Plan Vital S.A.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

N° Protección 42.016-2020