nombre reservado con MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Santiago, treinta de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, abogada, e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado Abogados SpA y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el registro electrónico de su contrato de trabajo de 3 de diciembre de 2021, efectuado por el primero, y por la dictación del Decreto Supremo N° 37, por parte del segundo de los recurridos, lo que estima vulnera la garantía constitucional contenida en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República; solicita a esta Corte disponer que su empleador, don nombre reservado, elimine todo el contenido del contrato de trabajo registrado electrónicamente en el portal de la Dirección del Trabajo, debiendo únicamente indicar sus estipulaciones contractuales, y ordenar al Ministerio recurrido, dejar sin efecto el Decreto Supremo N° 37; o bien, que se adopte cualquier providencia necesaria para reestablecer el imperio del derecho.

Expone que con fecha 29 de noviembre de 2021, comenzó a desempeñar labores como asociada en nombre reservado Abogados SPA, siendo su empleador directo don nombre reservado, oportunidad en que firma su contrato de trabajo, el cual contiene las cláusulas convenidas entre ambos. Agrega que con fecha 3 de diciembre de 2021, recibió la notificación que su empleador había cumplido con la obligación establecida en los artículos 9º bis y 515 del Código del Trabajo, pormenorizada en el Decreto Supremo N° 37 del Ministerio del Trabajo y Previsión social, que lo obliga registrar una gran cantidad de antecedentes laborales.

Refiere que consultó verbalmente a su empleador si habían sido incluidos los datos personales que entregó para la confección del contrato de trabajo, quien le indica que todos los datos que había entregado debían necesariamente registrarse y por tanto habían sido incluidos, ya que es su obligación legal, así como de la normativa administrativa que se ha dictado al efecto.

Explica que, dentro de su obligación de registro, se contemplan datos y antecedentes referentes al contrato de trabajo, tales como, su dirección particular y remuneración, que tienen carácter personal, datos que se encuentran ahora en manos de la Dirección del Trabajo, institución que, además, tiene la facultad legal de tratamiento de datos personales, pudiendo pasar esta información a manos de terceros.

Sostiene que su empleador, al registrar dichos datos, ha infringido su deber de reserva absoluta prescrito por el artículo 154 bis del Código del Trabajo; el deber genérico de protección a su vida privada señalado por el artículo 5° inciso segundo del mismo cuerpo normativo; y, la garantía constitucional consagrada en el N° 4° del artículo 19º de la Carta Fundamental.

Argumenta que en virtud del artículo 9º bis del Código del Trabajo, incorporado por la Ley N° 21.327, sobre modernización de la Dirección del Trabajo, se estableció la obligación de los empleadores de registrar electrónicamente los contratos de trabajo señalando sus estipulaciones, como su terminación, indicando la fecha y la causal invocada.

Añade que el artículo 515 del Código del Trabajo realiza una remisión a un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para que éste determine qué datos y documentación deben registrarse electrónicamente, con respeto al principio de legalidad.

Refiere que con fecha 28 de octubre de 2021 se publica el Decreto Supremo N° 37 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que en los artículos 3º y siguientes, se establecen aquellos datos y documentación que los empleadores deberán registrar en cumplimiento del artículo 515 del Código del Trabajo. Estima que dicha norma obliga al empleador acompañar una gran cantidad de antecedentes, excediendo lo dispuesto en el artículo 9 bis del Código del Trabajo, al exigir entregar una amplia gama de datos confidenciales y privados de los trabajadores, referentes a las estipulaciones contractuales, apartándose de la exigencia legal del artículo precitado de simplemente indicarlas, vulnerando de esta forma la obligación del empleador sobre confidencialidad y, en consecuencia, el derecho a la intimidad y vida privada de los trabajadores consagrado en el artículo 19º N° 4 de la Constitución Política.

Luego de un extenso análisis de la historia de la Ley N° 21.327, denuncia que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social se excede de sus facultades legales, al exigir por medio del Decreto Supremo N°37, informar electrónicamente el total contenido de los contratos, alegando que el órgano administrativo no está facultado para exigir informar a la Dirección del Trabajo todo el contenido del contrato, sino que solamente se deben indicar sus estipulaciones contractuales, infringiendo de esta manera el artículo 9 bis del Código del Trabajo. Por su parte, manifiesta que su empleador, al dar cumplimiento a la normativa administrativa, ha infringido su derecho a la intimidad, cautelado por los artículos 5 y 154 bis del Código del Trabajo.

Por último, explica que los actos denunciados vulneran la garantía fundamental que funda su pretensión, de la manera que expone, por lo que pide acoger el recurso en los términos ya señalados.

SEGUNDO: Que, informando el recurrido Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, pide el rechazo del recurso, con costas.

Alega, previo análisis de la historia de la Ley N° 21.327, sobre Modernización de la Dirección del Trabajo, en relación a la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, sostiene que el Ministerio del Trabajo es el que debe determinar, mediante reglamento, los datos a registrar (establecido en el artículo 515 del Código Laboral) por lo que en éste, se deben desarrollar las facultades generales de la Dirección del Trabajo, toda vez que la norma que la rige reza “toda documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización que les corresponda y todos los datos pertinentes para realizar las encuestas que patrocina la Dirección del Trabajo incluso la exhibición de sus registros para su examen”, indicando que no se establece una numeración taxativa de los datos a registrar, sino que deben ser aquellos pertinentes para que esa dirección cumpla debidamente su labor de fiscalización.

Manifiesta que, la dictación del Decreto Supremo N° 37, de 2021, corresponde a la facultad de ejecución o reglamentaria propiamente tal, conforme a lo dispuesto por el legislador en el artículo 515 del Código del Trabajo; no se infringe el principio de reserva legal, pues el acto se ha limitado a desarrollar los preceptos legales válidos y vigentes, que habilitan al Jefe de Estado para dictarlo; dicho acto fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, ente que debe observar la legalidad de los actos administrativos; no existe una vulneración al derecho de privacidad, dado que aquél no es un derecho absoluto; y, que su limitación procede en casos de un bien jurídico superior, en este caso, tutelar efectivamente el respeto de las normas laborales nacionales.

TERCERO: Que, por su parte, evacuó informe don nombre reservado, en representación de nombre reservado Abogados SpA, quien en lo que atañe al recurso, indica que la recurrente efectivamente ingresó a trabajar a su estudio de abogados el día 29 de noviembre de 2021, desempeñándose en el área corporativo laboral como asociada.

Agrega que en atención a la obligación impuesta por los artículos 9 bis y 515 del Código del Trabajo, así como por el Decreto Supremo Nº 37 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 2021, registró los datos personales de la recurrente en la plataforma midt.dirtrab.cl, dispuesta por la Dirección del Trabajo para esos fines, y que, de no hacerlo habría implicado una contravención a la normativa vigente en materia laboral, sosteniendo que actuó en pleno cumplimiento de la ley.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, entre las cuales se encuentra las invocadas por la recurrente previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

SEXTO: Que, en estos autos se ha interpuesto recurso de protección por doña nombre reservado, en contra de nombre reservado Abogados SpA y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por las ilegalidades consistentes en el registro electrónico de su contrato de trabajo y la dictación del Decreto Supremo N° 37, cometidas por los recurridos, respectivamente.

SÉPTIMO: Que, en la especie, la recurrente por el presente arbitrio requiere que esta Corte ordene al Ministerio del Trabajo y Previsión Social dejar sin efecto el Decreto Supremo N° 37 de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Reglamento a que alude el inciso 2° del artículo 515 del Código del Trabajo, norma modificada por la Ley N° 21.327.

Es decir, mediante una acción cautelar y de emergencia como es el recurso de protección, la actora pretende que se invalide un acto administrativo de aplicación general, pues el alcance del mentado Reglamento, como lo indica su artículo 1° es “determinar los datos y la documentación, de aquellos a los que se refiere el artículo 31 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que los empleadores deberán mantener obligatoriamente en el registro electrónico laboral disponible en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo.”

OCTAVO: Que, la petición realizada no se condice con el carácter y naturaleza del recurso de protección, atendida su naturaleza intrínseca y sus objetivos, ya que esta acción no puede interponerse para intentar con ella, -según se advierte de lo expuesto en el recurso-, una invalidación de un acto administrativo, acción que debe ser planteada directamente en un juicio de lato conocimiento ante el tribunal civil que corresponda, conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N° 19.880, en conformidad, justamente, a las normas que definen y conforman el debido proceso, que la recurrente pretende estar cautelando por la vía del presente recurso de protección, razón por lo que dicha petición del recurso debe ser desestimada, al ser del todo improcedente.

NOVENO: Que, en lo que concierne a la solicitud que el empleador elimine del contrato de trabajo registrado en forma electrónica en el portal de la Dirección del Trabajo, aquellas estipulaciones que la recurrente estima invaden su privacidad, tampoco se advierte ilegalidad o arbitrariedad en esa conducta, pues ya la Ley N° 21.327, modificando el artículo 10 del Código del Trabajo, incorporó en el numeral 2 del inciso primero del artículo indicado, a continuación de la palabra "nacionalidad", la siguiente frase: "... domicilio y dirección de correo electrónico de ambas partes, si la tuvieren", de lo que se sigue que el domicilio del trabajador es un dato del contrato que puede ser incorporado en el portal.

DÉCIMO: Que, además, cabe tener presente que el artículo 3° del citado Decreto N° 37, en lo que atañe al presente recurso, dispone:

“Artículo 3º.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9º bis y 515 del Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo habilitará en su sitio web institucional un registro electrónico en virtud del cual el empleador deberá ingresar los datos y la documentación laboral a los que se refiere el artículo 31 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyo cumplimiento será obligatorio para todos los empleadores a los que la ley les exija llevarlos. Los empleadores que no se encuentren obligados a llevar algún registro en específico podrán igualmente incorporar la información de forma voluntaria.

Los datos y la documentación que el empleador deberá registrar serán los siguientes:

A. Contrato de Trabajo:

(…)”

En este punto, es necesario destacar que -en el inciso 1° del artículo en comento- al referirse a las estipulaciones que “obligatoriamente” el empleador debe registrar del contrato de trabajo en el portal de la Dirección del Trabajo, la expresión “al menos” y, en la letra b) del mismo artículo, exige la “individualización de las partes”, lo que implica no solo el nombre del trabajador, sino también los datos para ubicarlo, como son su domicilio y dirección de correo electrónico, si lo tuviere, tal como lo indica el artículo 10 del Código del Trabajo, en virtud de la modificación incorporada por la Ley N° 21.327.

En lo que se refiere al monto de la remuneración pactada, la letra d) del citado Decreto N° 37, en forma expresa, indica como uno de los puntos que debe ser objeto de mención en el contrato de trabajo que debe registrarse en el portal esa circunstancia.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, y de lo que se viene razonando, se desprende que el empleador de la recurrente, solo se limitó a dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre los datos que deben mencionarse del contrato de trabajo para su registro electrónico en el portal de la Dirección del Trabajo, de lo que se colige que el acto que se impugna no es ilegal ni arbitrario, motivo suficiente para desestimar el recurso en todas sus partes.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de todo lo razonado a lo largo de la presente sentencia, a mayor abundamiento, y tal como lo indicara en su alegato en estrados, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, actuando por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el presente arbitrio ha perdido oportunidad debido a la dictación del Decreto Supremo N° 39, de 28 de abril del año en curso.

En efecto, en el artículo único del citado Decreto, se dispone:

“Artículo único: Modifíquese el artículo primero transitorio del decreto supremo Nº 37, de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el siguiente sentido:

1.- En el inciso segundo del artículo primero transitorio, después del punto aparte, que pasa a ser punto seguido se incorpora la siguiente frase: "Sin perjuicio de lo cual, su obligatoriedad se suspenderá por el plazo de 18 meses desde esa vigencia.".

2.- Reemplázase los incisos tercero a séptimo del artículo primero transitorio, por el siguiente: "Las disposiciones contenidas en los literales E; F; H; I; J y K del artículo 3º y las del artículo 4º comenzarán a regir en el plazo de 20 meses contado desde su publicación en el Diario Oficial.".

DÉCIMO TERCERO: Que, así las cosas, el recurso ha perdido oportunidad, por cuanto los actos que se estiman arbitrarios e ilegales por la recurrente, no se encuentran vigentes.

Por estas consideraciones, normas legales y reglamentarias citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por doña nombre reservado, en contra de nombre reservado Abogados SpA y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactado por la ministro Sra. María Paula Merino Verdugo.

Ingreso Corte N° 42013-2021 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por las ministras señora Inelie Durán Madina y señora María Paula Merino Verdugo. No firma la ministro señora Rojas, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo.