nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

Santiago, veintidós de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece don nombre reservado, periodista, e interpone recurso de protección en contra del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, representado legalmente por su gobernador don Claudio Orrego Larraín, por haber vulnerado las garantías constitucionales previstas en los números 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, mediante un acto ilegal y arbitrario, y solicita se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección de sus derechos. Fundando el recurso señala que como periodista ha realizado diplomados y cursos en áreas de periodismo digital y mercadotecnia digital. Añade que ingresó en el mes de agosto de 2018, bajo la modalidad de “contrato a honorarios”, al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, época en la cual su jefatura se dio cuenta de sus capacidades, compromiso y buena disposición, por lo que mediante Resolución TRA N°815/212/2018 de 5 de noviembre de 2018, se le nombró como funcionario a contrata, en calidad de profesional, grado 9, dependiente de la Unidad de Comunicaciones, contrata que se fue renovando en el tiempo y de manera ininterrumpida, por lo que desde el 1 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2021 se ha desempeñado de manera continua y sin interrupciones, es decir, lleva 3 años y 4 meses como funcionario público y su contrata se ha renovado por 3 períodos. Precisa que, previamente a la asunción del actual gobernador, el 21 de julio de 2021, sus jefaturas citaron a todo el equipo de la Unidad de Comunicaciones para darles a conocer los nuevos lineamientos de trabajo y conocer a quienes los guiarían en esa nueva etapa, dejándoles claro que sus labores estaban supeditadas a realizar de la mejor manera el trabajo encomendado. Añade que el 14 de julio de 20221 se le solicitó revisar el streaming de un acto que se realizó en el cerro Santa Lucía, desempeñando su labor sin cuestionamiento alguno. En una primera etapa, con la nueva administración, su labor se enmarcó en la confección de minutas y comunicados para la autoridad, los que siempre fueron revisados por su jefatura antes de ser enviados al gobernador y, además, las labores de turno de prensa, a lo que se sumaron las labores en las redes sociales. Indica que, no obstante el compromiso manifiesto y el manejo demostrado respecto de su trabajo, el 30 de noviembre de 2021 se le notificó la Resolución Exenta N°1866 emanada del GOREM que dispuso la no renovación de su contrata, resolución que contiene fundamentos erróneos, ya que jamás fue asesor del gabinete, siendo un periodista que depende de la Unidad de Comunicaciones, no existiendo un gabinete en el GOREM y desconociendo la confianza legítima que tiene respecto a la renovación de su contrata. Asimismo, indica que no cumple con el perfil del cargo, señalando que el manejo de las redes sociales rebasa su capacitación, la que se califica de ordinaria, hecho que se desvirtúa con los antecedentes que dan cuenta de su manejo en dicha área y su experiencia previa. Agrega que, de conformidad a lo expuesto, el acto recurrido es ilegal al transgredir normas positivas y la jurisprudencia administrativa que es obligatoria para los órganos de administración del Estado, transgrediendo el principio de juridicidad, en relación con lo dispuesto en los artículos 3° letra c), 10 inciso primero y 89 inciso primero, todos de la Ley N°18.834 y la Ley N°19.880; y es arbitrario porque se afirma que su relación laboral se vincula con una Unidad inexistente, asignándole labores que no desarrolló.

Respecto de la perturbación y privación de sus derechos y garantías, sostiene que cualquier persona a la cual se le intenta terminar su relación laboral con mentiras, se sentirá, menoscabado en su fuero interno y que de la lectura del acto recurrido, no existe duda que se produce una afectación psíquica que es consecuencia directa de lo señalado en el considerando 8 del acto ilegal y arbitrario. Indica que la afectación de la garantía de igualdad ante la ley, al atribuirse en el acto funciones y cargos que no le corresponden y que la decisión de no renovar su contrata constituye una diferencia arbitraria de trato. Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24° de la Carta Fundamental, en relación con lo dispuesto en el artículo 89 inciso 1° de la ley 18.834, refiere que se le ha privado de su empleo y de sus remuneraciones.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 1866 de 30 de noviembre de 2021, emanada del GOREM y s ele ordene renovar su contrata con expresa continuidad de sus remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo su separación de funciones hasta la efectiva reincorporación, con costas.

Segundo: Que don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, evacuaron el informe al tenor del recurso de protección, solicitando su completo rechazo. Señalan que el acto administrativo considerado ilegal y arbitrario desarrolla los argumentos y motivos del servicio considerados por la autoridad para adoptar su decisión, en el que se explicitan las normas aplicables del Estatuto Administrativo a los funcionarios del Gobierno Regional de conformidad al artículo 27 del DFL N°1 de 2005; se indica la naturaleza transitoria del empleo a contrata, calidad en que los funcionarios ejercen labores únicamente hasta el 31 de diciembre de cada año, citando las normas procedentes como, asimismo, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en particular el Dictamen N° E156769 de 17 de noviembre de 2021, nuevo instructivo sobre la confianza legítima. Se refiere también el acto administrativo a las competencias de los jefes de servicio, en particular, las facultades de dirección, organización, administración y control jerárquico contenidos en la Ley N°18.575.

Sostiene que en los considerandos octavo a décimo se singulariza la contratación del recurrente y las renovaciones de su contrata y tareas ejercidas como asesor comunicacional en el gabinete, considerando el tiempo que se desempeñó en el servicio, para concluir que el funcionario no cumple los requisitos previstos para ser titular de la confianza legítima de conformidad a los estándares del nuevo instructivo sobre “confianza legítima” en las contratas, estimando imperativo el gobernador regional contar con un equipo de confianza que desarrolle la agenda estratégica comunicacional.

Sostiene que lo alegado por el actor es un asunto de lato conocimiento y exige probanzas que no son ofrecidas ni rendidas, por lo que el tipo de hecho que invoca frustra toda posibilidad de que a través de esta vía cautelar pueda probarse la supuesta lesividad del acto administrativo y los defectos de la presente acción impiden que este procedimiento sea el camino idóneo. Asevera que la resolución no es ilegal, respecto tanto de las normas que regulan el tipo de empleo, como la jurisprudencia administrativa y judicial aplicable, pasando a referirse a la naturaleza transitoria del empleo a contrata, del principio de confianza legítima y sus límites, además de las funciones asociadas al gabinete del gobierno regional. En cuanto a esto último, indica que no existe una definición legal y la jurisprudencia administrativa ha caracterizado las funciones asociadas al gabinete como aquellas que comprenden la colaboración inmediata y directa con el jefe del servicio o autoridad correspondiente, sin que constituyan cargos de exclusiva confianza ni ejerzan necesariamente tareas directivas, se trata de funcionarios que se encuentran más cerca de las autoridades que determinan los lineamientos políticos en los distintos organismos, ejerciendo labores de coordinación y apoyo directo a su gestión. Indica que en este punto resulta ilustrativo la ley 20.730 y que, en particular, respecto del gobierno regional, las labores de la Unidad de Comunicaciones comprenden la colaboración en las estrategias de comunicación, incluyendo mercadotecnia y gestión del servicio, junto con otras tareas propias del posicionamiento de la marca, proyectos e iniciativas financiadas, comunicación interna, entre otras, tratándose de una unidad que depende directamente de administración regional.

Por otra parte sostiene que la resolución recurrida no es arbitraria, pues refiere los elementos que debe tener todo acto que emane de la Administración del Estado, por lo que se encuentra debidamente motivado y razonado.

Pide el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que el Gobierno Regional Metropolitano no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio. Lo cierto es que el acto está motivado -en los motivos 3 a 10 de la resolución impugnada se lee que la denominada “confianza legítima” se produce a contar de la segunda renovación de la contrata; que esta institución, de existir, no se aplica a “asesores de gabinetes de jefes de servicios”; que el señor nombre reservado desempeñó sus labores “en labores de gabinete en el área de comunicaciones”- y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos del Gobierno Regional Metropolitano no lo torna en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar la fundamentación pues en tal caso abandonarían su papel de juzgadores y se convertirían en administradores, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que, según lo informado por el recurrido, se tiene desde el 1 de agosto de 2018, mientras eran necesarios sus servicios, decidiendo la misma repartición, por un acto motivado, que procedía no renovar la última contrata, que venció el 31 de diciembre de 2021.

Quinto: Que, por lo demás, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en el Gobierno Regional Metropolitano “y mientras sean necesarios sus servicios”, venciendo la última prórroga el 31 de diciembre de 2021. La resolución impugnada decidió no renovar dicha contrata para el período siguiente, esto es, a contar del 1 de enero de 2022, pero, en realidad, fue el solo transcurso del tiempo lo que puso fin a su empleo a contrata, y bien pudo el recurrido no dictar decreto alguno y se hubiera producido el mismo efecto jurídico.

Sexto: Que, en consecuencia, la contrata del recurrente no se terminó por decisión de la Administración, esto es, no es la Resolución Exenta 1866 de 30 de noviembre de 2021la que puso fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley 18.834 señala que empleo a contrata es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido el Gobierno Regional Metropolitano dictar el decreto impugnado, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del mes de diciembre de 2021.

Séptimo: Que, por todo lo expresado, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la Administración plasmada en la resolución impugnada de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880 y, en realidad, obedece al sólo transcurso del tiempo y consecuente vencimiento de la última renovación.

Octavo: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, no se advierte cómo lo decidido por la recurrida ha podido afectar la vida o la integridad física o psíquica del recurrente; en cuanto a la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido; y el N° 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

N° 41.981-2021.