nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME)

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintidos.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Nicolás Alejandro Yáñez Inostroza, abogado, e interpone recurso de protección en favor del señor nombre reservado, funcionario público, y en contra de Servicio Nacional de Menores (en adelante también “SENAME”), representado por doña nombre reservado, por el acto ilegal o arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 263/5443/2021 de 26 de noviembre de 2021, que dispuso la no renovación de su contrata para el año 2022.

Funda el recurso en que ingresó a prestar servicios de arquitecto en la Unidad de Infraestructura de SENAME el 2 de abril de 2007, primero a través de contrato a honorarios y luego a contrata. Señala que la resolución que dispuso la no prórroga de su contrata para el año 2022 se sustenta, por un lado, en una reestructuración del SENAME a raíz de la dictación de la ley 21.032 y, por otro, en la idoneidad de su parte para enmarcarse en dicha reestructuración. Añade que se concedió al presidente de la republica la facultad de disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios desde el SENAME al nuevo servicio, en la medida que cumplieran con los requisitos que al efecto se establecerían; su parte se sometió a un proceso de postulación y evaluación. Agrega que se les aseguró que aquellos que no optaran por el traspaso o no calificaran para ello, podrían continuar su desempeño en su cargo actual en SENAME y, en su caso, manifestó claramente que optaba por la última posibilidad. Refiere que una exigencia de la Contraloría General de la República sobre el término de las contratas de personas que cuentan con “confianza legítima”, como es su caso, es que dicha prórroga o término debe ser debidamente fundada, motivación que debe ser específica y razonada y no formal y genérica, y que la Corte Suprema ha señalado que la única fundamentación posible y licita, para efectos de terminar una contrata de esta naturaleza, ha de ser la destitución, previo sumario administrativo o las malas calificaciones, nada de lo cual sucedió en la especie. Finalmente, reitera que la resolución no cumple con el requisito de ser debidamente motivada, pues es genérica o vaga y además no son efectivos los hechos fundantes de la desvinculación. Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita tener por interpuesta la acción de protección en contra de la resolución exenta mencionada, por ser ilegal y arbitraria, se ordene la reincorporación de su parte a la institución recurrida, se invalide el acto administrativo que recurre y se ordene al SENAME pagarle todas las remuneraciones y demás prestaciones por el período comprendido entre el acto impugnado y su reintegro.

SEGUNDO: Que doña nombre reservado, directora nacional del Servicio Nacional de Menores, informa el recurso y pide su rechazo, con costas. Señala que a contar del 1 de octubre de 2021 entró en vigencia el articulado permanente de la ley 21.302, razón por la que se han traspasado desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, aquellos funcionarios que cumplen con los requisitos que se establecen para el desempeño de los cargos y sus perfiles. Así, a raíz de lo indicado, siendo una reestructuración de origen legal y con la creación de este nuevo servicio, todos los funcionarios que serían traspasados a este, debían cesar en funciones. Por la creación de este servicio, la dirección nacional ha constatado que para atender de mejor manera las tareas que el servicio debe efectuar se hace necesario proceder a la reorganización de la estructura interna y a la determinación de funciones de diversas reparticiones institucionales, con el fin de dar cumplimiento de mejor manera a su misión y objetivos, así como a los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Agrega que la resolución que dispuso el cese del recurrente contiene en su texto los antecedentes suficientes para que tuviera conocimiento del alcance del mismo. Refiere que la Resolución Exenta N° 3295, que establece la nueva estructura del SENAME, a partir de la modificación de sus funciones, se encuentra ajustada al marco legal y reglamentario que rige al servicio y a la obligación de la autoridad de actuar de manera eficiente. Agrega que la contratación del funcionario recurrente y la decisión de no renovar su contrata deriva de las facultades contenidas en el artículo 5° del Decreto Ley 2465, que le concede a su parte dicha facultad. Agrega que si bien la contrata del recurrente había sido dispuesta por anualidades, disponiéndose su renovación anual, ello no muta de suyo el carácter precario del vínculo establecido, ni altera su esencial temporalidad, pudiendo la autoridad disponer que el vínculo no se renovara al finalizar el año, por lo que en consecuencia el término de los servicios de recurrente se produjo por el término del periodo de su contratación, teniendo esencialmente en cuenta la necesidad de reestructurar el SENAME, por lo que la causal de cese no ha sido mal invocada.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el SENAME no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata del recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio. Lo cierto es que el acto está motivado -en los motivos 12 a 19 de la resolución impugnada se lee que en virtud de la ley 21.302 se restructuró el SENAME, perdiendo recursos y potestades, suprimiéndose por Resolución Exenta N° 3295 de 22 de noviembre de 2021 la Unidad de Infraestructura e Inversiones, donde prestaba servicios el recurrente- y el hecho que el señor nombre reservado no comparta los argumentos del SENAME, no lo torna en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar la fundamentación pues en tal caso abandonarían su papel de juzgadores y se convertirían en administradores, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que, según lo informado por el recurrente, se tiene desde el 1 de noviembre de 2012, mientras eran necesarios sus servicios, decidiendo la misma repartición, por un acto motivado, que procedía no renovar la última contrata, que venció el 31 de diciembre de 2021.

QUINTO: Que, por lo demás, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que el recurrente fue nombrado “a contrata” para desempeñar funciones en el SENAME “y mientras sean necesarios sus servicios”, venciendo la última prórroga el 31 de diciembre de 2021. La resolución impugnada decidió no renovar dicha contrata para el período siguiente, esto es, a contar del 1 de enero de 2022, pero, en realidad, fue el solo transcurso del tiempo lo que puso fin a su empleo a contrata, y bien pudo el SENAME no dictar decreto alguno y se hubiera producido el mismo efecto jurídico.

SEXTO: Que, en consecuencia, la contrata del recurrente no se terminó por decisión de la Administración, esto es, no es la Resolución Exenta RA N° 263/5443/2021 de 26 de noviembre de 2021 la que puso fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley 18.834 señala que empleo a contrata es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, de suerte que ni siquiera ha debido el SENAME dictar el decreto impugnado, bastaba para terminar la contrata el que se cumpliera el plazo del último día del mes de diciembre de 2021.

SÉPTIMO: Que, además, en este caso concreto, resulta que la Unidad de Infraestructura e Inversiones, donde laboraba el señor nombre reservado, fue suprimida, como consecuencia de haber entrado en vigencia la ley 21.302, que llevó consigo la pérdida de dotación y de recursos presupuestarios por parte de la entidad recurrida, todo lo cual aparece claramente explicado en la resolución impugnada.

OCTAVO: Que, por todo lo expresado, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la Administración plasmada en la resolución impugnada de no renovar la contrata del señor nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880 y, en realidad, obedece al sólo transcurso del tiempo y consecuente vencimiento de la última renovación.

NOVENO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido; el N° 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil; y el N° 16° del citado artículo 19 sólo está protegido en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en su inciso cuarto.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

N° 41.944-2021.