nombre reservado con AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Santiago, veinte de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA, órgano descentralizado, representado legalmente por su director don nombre reservado; por el acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N°343 de 18 de noviembre de 2021, notificado por carta certificada el 27 del mismo mes, en el cual se decreta la renovación parcial de la contrata hasta el 31 de marzo de 2022 y en un grado menor, el cual resulta ilegal y arbitrario, vulnerando los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que presta servicios en la Agencia desde el 01 de octubre de 2010 a la fecha como ejecutiva de gestión de personas, en calidad de profesional grado II. Además, desde abril del año 2018, se despeña como dirigente social.

Refiere que el 27 de noviembre de 2021 fue notificada, mediante carta certificada, de la renovación parcial de la contrata y reducción de grado para el año 2022, mediante Resolución Exenta N°343, de fecha 18 de noviembre de 2021, esgrimiendo como principal argumento, la circunstancia de existir a juicio del servicio un mal desempeño del cargo.

Indica que, el mal desempeño en el cargo fue informado por su jefatura sin que pudiera realizar los descargos correspondientes puesto que solo conoció de su informe una vez que le fue notificado el acto contra el que recurre.

Indica que el referido informe no debió haber sido evacuado puesto que, en su calidad de dirigente sindical, se encuentra exenta de este elemento de evaluación.

Reclama que el acto recurrido resulta arbitrario e ilegal puesto que no existen fundamentos que permitan sostener la necesidad de la renovación parcial solamente en atención a un supuesto bajo desempeño en el ámbito de sus funciones, cuyo único sustento es un mecanismo de evaluación que no es legalmente aplicable a la recurrente.

En este sentido señala que, de acuerdo con el artículo 25 de la ley N°19.296, en su calidad de dirigente sindical no fue calificada, conservando sus calificaciones correspondientes al periodo previo al año 2018, donde fue calificada en lista Nº1.

En síntesis, alega que la falta de exactitud de los fundamentos en los que se sustenta el acto resolutivo, permiten entender que hay faltas evidentes respecto de la legalidad de este, toda vez que se aleja de los casos en que el legislador permite modificar las condiciones de la renovación en razón de un mal desempeño funcionario, llegando al extremo de proceder a renovación parcial basado en un proceso de evaluación ad hoc.

Agrega que, no existe ninguna otra instancia de evaluación en donde se hayan esgrimido diferencias respecto a la forma en que presta sus servicios, por lo que no se puede permitir que una opinión de la jefatura, emitida a través de medios informales, tenga la entidad suficiente como para renovar parcialmente y reducir el grado a una funcionaria.

Concluye solicitando que se acoja el recurso y se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta N°343 de fecha 18 de noviembre de 2021 disponiendo la renovación por toda la anualidad en el grado original II, con costas.

Segundo: Que, comparece don nombre reservado, ingeniero comercial, en representación de la recurrida e informando al tenor del recurso solicita el rechazo del mismo.

Explica que, en la Resolución Exenta N° 343 / 2021, se describen los hechos, las razones consideradas y el derecho aplicable en la especie para adoptar la decisión de renovar parcialmente la designación a contrata de la reclamante para el año 2022, todo ello en conformidad con los criterios establecidos en la ley y en la jurisprudencia administrativa pertinente de la Contraloría General de la República, cumpliendo con todos los supuestos necesarios para adoptar una decisión fundada en relación con una funcionaria que goza de confianza legítima, como es el caso de la señora nombre reservado.

Tal como señala la recurrente, la resolución impugnada no se funda en el marco del proceso de calificación anual regulado en los artículos 32 y ss. del Estatuto Administrativo, sino con el proceso de revisión de antecedentes para decidir la renovación de contratas que realizan todos los jefes de servicio en noviembre de cada año.

Agrega que, esta decisión también es reclamable ante la Contraloría General de la República en conformidad con lo dispuesto en el referido Artículo 60, lo que la recurrente no hizo, aunque sí efectuó al respecto una denuncia de tutela laboral por supuestas prácticas antisindicales interpuesta ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT S-62-2021, el 23 de diciembre de 2021, mismo día y hora en la que dedujo esta acción de protección.

La recurrente agrega que la resolución impugnada sería ilegal y arbitraria porque fue dictada en contra de lo instruido por la Contraloría General de la República en dictamen N° E156769 / 2021 recogiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema que señala que no procede invocar la mala evaluación de desempeño para no renovar o poner término anticipado a una contrata respecto de funcionarios que gozan de confianza legítima, ya que los mecanismos que la ley establece al efecto son el sumario administrativo y el proceso de calificación anual, proceso este último que en ningún caso le sería aplicable atendida su calidad de directora de la asociación de funcionarios del servicio por disposición del artículo 25 de la ley N°19.296, debiendo mantenerse su última calificación en Lista 1, ocurrida en 2017.

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que la resolución recurrida en autos no calza en ninguna de los supuestos señalados en el dictamen CGR N° E156769 / 2021, ya que no pone término definitivo ni anticipado a la contrata para el año 2022, sino que la renueva de manera parcial, en el marco del proceso anual de renovación de contratas, caso al que no se refiere el citado dictamen.

Agrega que, según lo dispuesto en los artículos 3°, letra a) y 10 del D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, empleo “a contrata” es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que dura, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, expirando las funciones de los empleados que sirvan dichas plazas en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta su prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de aquellos funcionarios públicos que gocen de “confianza legítima”, la Contraloría General de la República, en uso de sus facultades legales y constitucionales y a través de algunos dictámenes, ha establecido los criterios que la autoridad debe considerar para no prorrogar sus contratas, ponerles término anticipado o renovarlas en condiciones distintas.

En tales casos, si la autoridad adopta la decisión de no renovar el vínculo funcionarial en los mismos términos, prescindir anticipadamente de los servicios del empleado o renovarlas en condiciones distintas, corresponde que emita el acto administrativo que contiene la decisión formal, el que debe ser motivado y, además, debe ser comunicado al afectado en la forma que establecen los artículos 45 a 47 de la ley N° 19.880.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que del análisis de los antecedentes, resulta que la recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura de la resolución impugnada se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que le llevó a renovar la contrata de la actora por tres meses, a contar del 1 de enero de 2022. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que la recurrente no comparta los argumentos de la autoridad recurrida no lo torna en infundado.

Quinto: Que, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley N° 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que la recurrente fue nombrada “a contrata” para desempeñar funciones profesionales para la recurrida a contar del mes de octubre de 2010 “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año, dictándose luego su renovación sucesiva hasta el 31 de marzo de 2022, al haberse renovado la contrata en el último periodo sólo por tres meses.

La decisión impugnada decidió renovar dicha contrata para el año 2022 sólo por tres meses, atendido los antecedentes tenidos en cuenta al momento de resolver, en el mes de noviembre de 2021, sobre la renovación de contratas y el periodo que ellas durarían.

Consecuentemente, la Administración, si tiene facultades para renovar una contrata por un periodo menor a un año, si estima, con argumentos fundados, que la misma no se debe extender más allá, como ha ocurrido en la especie.

A mayor abundamiento, en la especie el acto que decidió renovar la contrata por un periodo menor, está debidamente motivado y no corresponde a los tribunales hacer un juicio, al menos en sede de protección, de tales fundamentos.

Sexto: Que, por otra parte, en cuanto a la alegación referida a la vulneración del principio de confianza legítima, cabe consignar que, no obstante asistirle a la actora el resguardo que dicho principio le otorga, atendido el tiempo de duración de la contrata servida, ello no impide su renovación por un periodo menor, toda vez que se trata de un cargo que por su naturaleza es esencialmente transitorio.

Por otra parte, el principio citado obliga a la autoridad a dar termino a una contrata o, como en el caso de autos, renovarla por un periodo menor, mediante un acto fundado o motivado, requisito que como se ha dicho, aparece cumplido en la resolución impugnada, en la que se señalaron diversos antecedentes de hecho que fundan la decisión.

Séptimo: Que, por todo lo dicho, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, las decisiones impugnadas, no son ni ilegal ni arbitraria y se plasmaron en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley N° 18.834 y 11 inciso segundo de la ley N° 19.880, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

Octavo: Que, en todo caso, respecto de la garantía que se denuncia como infringida, esto es, la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado, demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que la recurrente, lo que no ha sucedido.

Respecto de la supuesta vulneración de la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que ella no tiene sustento, desde que, como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia, el nombramiento de un funcionario como titular de un cargo no confiere derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucre el dominio, por lo que si ni siquiera se reconoce la existencia de un derecho de dominio respecto de un cargo titular de planta, mucho menos puede predicarse aquél a propósito de una designación a contrata que por expreso mandato legal expira a más tardar el 31 de diciembre del año respectivo, confundiendo la actora, el derecho a la estabilidad en el empleo con una supuesta prerrogativa de permanecer perpetuamente en él, lo que no es procedente en ningún caso.

Noveno: Que, finalmente, a más de lo dicho, debe consignarse que la cuestión que se trae a conocimiento de esta Corte se encuentra entregada a la decisión de la judicatura laboral, toda vez que dedujo acción de tutela, por los mismos hechos, en causa Rol S-62-2021 del Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, por lo que la cuestión se encuentra actualmente sometida al imperio del derecho.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción constitucional deducida en estos autos por doña nombre reservado en contra de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Protección N°41921-2021.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el ministro (S) señor Córdova, por ausencia.