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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 4192-202516 oct 2025

nombre reservado con MUNICIPALIDAD LAS CONDES

Fecha
16 de octubre de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Novena
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 4192-2025, sentencia de 16 de octubre de 2025

Resumen

Se rechaza la protección contra la Municipalidad de Las Condes: el decreto que declaró la vacancia por salud incompatible se ajustó al artículo 148 del Estatuto, al sumar 195 días de licencias en dos años, sin existir ilegalidad ni arbitrariedad.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veinticinco.

A los folios 37 y 38: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 6 de marzo de 2025, comparece don nombre reservado, por sí, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación del decreto alcaldicio N° 136/P2025, de 6 de febrero de 2025, en cuya virtud se declaró que su salud es incompatible con el desempeño de su cargo y la vacancia de éste, lo que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 1 de enero de 2011 comenzó a desempeñarse en la Municipalidad recurrida como funcionario auxiliar, cumpliendo diversas funciones, entre ellas, la de conductor de vehículos, siendo calificado positivamente por sus jefaturas. Además, desde el 2 de enero de 2019 fue designado como parte de la planta auxiliar del mismo ente edilicio, sin embargo, mediante decreto alcaldicio N° 136/P2025 se declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible con el desempeño de éste, argumentando sobre la base del artículo 148 de la ley 18.883.

Explica que recibió una serie de licencias médicas relacionadas con diversos problemas de salud que, empero, no implican la incompatibilidad de ésta con el cargo que desempeñaba.

En efecto, entre marzo de 2023 y mayo de 2024 se le otorgaron un total de 52 días discontinuos de licencias médicas por diversas patologías, como gastroenteritis, lumbago, ansiedad generalizada y bronconeumonía, sin embargo, en el mes de junio de 2024 se le diagnosticó síndrome de manguito rotatorio en su hombro derecho, debiendo someterse a cirugía el 20 de agosto de 2024, y que implicó que le se extendieran licencias médicas de forma continua desde el 17 de junio de 2024 hasta el 19 de febrero de 2025, encontrándose, actualmente, completamente sano.

Asevera que la circunstancia previamente descrita se condice con lo consignado en la Resolución Exenta N°131/25/480/24, de 21 de noviembre de 2024, que señala que su estado de salud era recuperable.

Sostiene que el acto que impugna en estos autos es ilegal y arbitrario, por cuanto el artículo 148 de la ley 18.883 dispone que se “podrá” considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, es decir, se trata de una atribución facultativa, que no se fundamenta en forma alguna conforme a criterios mínimos de proporcionalidad, racionalidad y suficiencia, al no contener motivación ni fundamento alguno que haga patente el motivo genuino de la supuesta incompatibilidad de la salud del actor con la función o cargo que desempeñaba, máxime considerando que no existe una evaluación específica y concreta de la compatibilidad de su salud con el cargo que detentaba y que su condición de salud fue declarada como recuperable, de lo que se sigue que se trata de una discriminación arbitraria por su condición de salud.

Previa referencia a jurisprudencia que estima pertinente, solicita dejar sin efecto el Decreto Nº 136/P2025, de 6 de febrero de 2025, y disponer el reintegro del recurrente a las labores que desempeñaba antes de ser separado de sus funciones, así como al pago de todas las remuneraciones que debió percibir durante todo el tiempo intermedio, con costas.

Segundo: Que, el 6 de mayo de 2025, los abogados don Jorge Gutiérrez Collinao y don Christopher Gonzalo Ramírez Ramírez, en representación de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, evacuaron el informe que le fue requerido, a través del cual solicitan el rechazo del presente arbitrio, con costas, por estimar que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de su representada.

Exponen que, atendido el uso de licencias médicas por enfermedad común por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años de parte del actor, el Municipio solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez su evaluación respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud, institución que se pronunció a través de la Resolución Exenta N°131/25/480/24, de 21 de noviembre de 2024, en el sentido de que su estado de salud es “recuperable”.

Indican que, sin perjuicio de lo expuesto, considerando que el recurrente hizo uso de licencias médicas por un plazo superior a seis meses en los últimos dos años, la Alcaldesa, en ejercicio de sus facultades exclusivas, ponderó su condición médica y declaró su incompatibilidad con el desempeño del cargo, resolviendo la vacancia de éste, por las razones señaladas en el acto cuestionado en estos autos.

Explican que dicho acto no es ilegal, al encontrarse amparado en los artículos 147 y 148 de la ley N° 18.883, y tampoco arbitrario, toda vez que se funda en un hecho objetivo, esto es, que el actor hizo uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses durante un periodo de dos años.

De otra parte, niegan que se haya incurrido en la discriminación arbitraria que se acusa en el libelo, toda vez que el Decreto Alcaldicio en cuestión fue dictado dando cumplimiento a los estándares de fundamentación exigidos por la ley y la jurisprudencia administrativa, según lo resuelto en los dictámenes N°s 17.351/2018, 22266/2020 y 318983/2023 de la Contraloría General de la República.

Finamente, niegan que no exista motivación o fundamento alguno, toda vez que el acto en cuestión tiene como fundamento el resguardar la continuidad y el correcto desarrollo de los servicios a fin de satisfacer las necesidades públicas de la comunidad.

Tercero: Que, evacuando el informe que le fue requerido, la Contraloría General de la República, en el sentido de referir si existen recursos administrativos interpuestos en contra del Decreto Alcaldicio N° 136/P2025 y, en su caso, su estado de tramitación, expone que el actor interpuso un reclamo en contra de la legalidad del acto administrativo antes mencionado, concluyéndose en el oficio N° E108726, de 30 de junio de 2025, que no se advertía irregularidad alguna en la declaración de vacancia por salud incompatible dispuesta.

Hace presente que, a la fecha de la dictación del oficio aludido, el Órgano de Control no fue informado de una acción judicial que le impidiera pronunciarse respecto al reclamo en cuestión.

Puntualiza que, posteriormente, el 21 de agosto de 2025, el actor solicitó la reconsideración de lo resuelto previamente, ocasión en que, considerando la judicialización del asunto, mediante oficio N° E151115, de 2025, se dejó sin efecto el aludido oficio N° E108726, del mismo año, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, inciso tercero, de la ley N° 10.336, toda vez que la situación abordada en éste se encontraba judicializada a la fecha de su emisión.

Cuarto: Que como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que deben tomarse ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contraria a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas;

Quinto: Que en el caso en análisis aparece palmario que lo que subyace a la impugnación que se efectúa al decreto alcaldicio N° 136/P2025, de 6 de febrero de 2025, dictada por la Municipalidad recurrida, que declaró vacante el cargo del recurrente por salud incompatible, es la aplicación a la situación de la recurrente del artículo 144 letra c) de la ley N° 18.883, que dispone: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales:

c) Declaración de vacancia”.

Luego, el artículo 147 letra a) del mismo cuerpo legal prevé: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales:

a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

Además, el artículo 148 de la referida ley prevé: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Lo decidido por la Alcaldesa de la Municipalidad recurrida se sustenta no en la salud irrecuperable del actor si no en el hecho de ser ella incompatible con el desempeño de su cargo;

Sexto: Que, como se ha dicho, para que prospere la acción constitucional deducida en estos antecedentes resulta indispensable que la recurrida haya desplegado una conducta ilegal o arbitraria.

Ahora bien, ciertamente no existe ilegalidad alguna en el caso en análisis, pues la resolución impugnada, pronunciada por la Alcaldesa de la Municipalidad recurrida, ha atendido a que el recurrente se vio comprendido en la hipótesis prevista en el artículo 148 del Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales, al haber hecho uso de licencias médicas de carácter común en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años -195 días-, sin mediar declaración de salud irrecuperable, dado que tras su evaluación la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, mediante Resolución Exenta N°131/25/480/24 de fecha 21 de noviembre de 2024, declaró que el recurrente presenta un estado de salud “recuperable”.

Tampoco se advierte arbitrariedad en el acto que se impugna, por cuanto no ha sido el capricho el motivo de él, sino precisamente el cabal apego de la recurrida a la normativa precedentemente transcrita;

Séptimo: Que por las razones expuestas en los motivos anteriores no cabe sino desestimar el recurso de protección deducido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Las Condes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4192-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, señora María Paula Merino Verdugo y el Abogado Integrante señor Cristián Parada Bustamante.

En Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.